En estos para algunxs días de júbilo y euforia nacional, quienes desde hace décadas resisten, caminan y alzan la voz nos han mostrado -como bien nos dicen Camila, Berenice y todxs aquellxs que han marchado estos días- la verdad más dura: si quienes buscan se cansan, este país se queda sin memoria, sin rumbo y sin futuro. México aún sigue siendo esto: dolor, individualismo, consumismo y violencia, pero también personas, colectividades y comunidades que a pesar de todo seguimos creyendo que otra vida es posible.

El mundial de la fiesta, pero también del dolor y la dignidad

Camila Zárraga

El problema muchas veces no es la falta de solidaridad. Muchas veces es el miedo. Es la cobardía con la que muchas personas han aprendido a vivir. Y, sinceramente, me resultan incómodos los mensajes que dicen que tengo un valor que los demás no tienen. No es porque no entienda; entiendo lo suficiente. Pero también estoy cansada. Porque no soy una superheroína, no soy diferente al resto. Sigo siendo una persona que marcha, habla, llora, se equivoca y tiene miedo. La verdadera valentía es otra cosa. La verdadera valentía es levantarse todos los días sabiendo que dos de los momentos más importantes de tu vida fueron el nacimiento de tu hijo y la desaparición de éste. La verdadera valentía es seguir enseñando porque amas tu trabajo, aunque no recibas lo suficiente para continuar haciéndolo dignamente. Perdí la cuenta de las veces que tuve que salir de clase para comprar un plumón y que la clase pudiera continuar porque simplemente no había presupuesto. Y, sin embargo, por primera vez en dieciocho años amé la educación. Amé a la gente con la que estudio y comparto la vida. Prefiero mil veces una escuela pública a una privada. No por la educación, porque muchas veces la educación pública también tiene problemas enormes. La prefiero por la gente. Porque si mañana me convierto en una de las decenas de personas que desaparecen diariamente en este país, muchos de mis antiguos compañeros dirían que me lo busqué por revoltosa. En cambio, la familia que construí aquí, el cariño que encontré en personas con las que jamás imaginé cruzar mi camino, movería cielo, mar y tierra para encontrarme. Es triste ver a personas que se creen ricas cuando los verdaderamente ricos ni siquiera las consideran sus iguales. Es triste verlas peleándose por un Mundial mientras en este país seguimos contando desaparecidos. Es triste admirar a personas por su trayectoria y después verlas celebrar mientras del otro lado golpeaban, detenían y humillaban a quienes salían a exigir justicia. También es triste ver cómo el obrero que debería cuidarte termina cuidando los intereses de quienes lo explotan. En el camino hacia el estadio vi avanzar a los policías. Y fue triste verlos porque también son trabajadores. Pero son trabajadores que pueden golpear, torturar o incluso matar. Perdónenme, pero por algo existe la frase: “policía con conciencia se tira un tiro”. A veces me pregunto cómo logran dormir. Cómo logran abrazar a sus madres después de haber humillado a otras madres que únicamente exigían que hicieran su trabajo. Un trabajo que tú y yo pagamos con nuestros impuestos. Un trabajo que debería evitar que existieran las madres buscadoras. Porque no es normal que existan. No es normal admirarlas. No es normal que haya mujeres recorriendo desiertos, fosas y carreteras buscando a sus hijos. Son personas a las que les arrebataron a alguien que amaban: un hijo, una hija, un hermano, una madre, un padre. Son la consecuencia de una violencia que hemos permitido normalizar.

Y, aún así, eso también es México.

México es celebrar con nuestros muertos y llorarles al mismo tiempo. Es recordarlos en una ofrenda mientras seguimos buscándolos. Es ver a jóvenes que, pese a todas las dificultades, logran acceder a una educación pública y se organizan para defender la vida, la memoria y la dignidad.

Por eso fue tan significativo marchar y cerrar Tlalpan junto a ellos. Es algo que siempre voy a agradecer. El recibimiento que nos dieron fue de las cosas más bonitas que he vivido. Ver sus rostros llenos de emoción, de esperanza y de convicción fue inspirador. Y esa emoción también empieza a regresar a mi universidad. Poco a poco, compañeras y compañeros recuperan sueños y esperanzas que durante años nos fueron arrebatados. Poco a poco volvemos a creer que podemos construir algo mejor. Y vamos a seguir luchando para que algún día la Universidad Autónoma del Estado de Morelos esté a la altura de las grandes universidades públicas del país, no por prestigio, sino por organización, participación y comunidad. Si necesitas ayuda para organizar una marcha, una denuncia o un paro, acércate a tus hermanos y hermanas del Poli. Seguramente encontrarás una mano extendida. Si necesitas acompañamiento de quienes apenas comienzan a organizarse y a defender su universidad, acércate a la UAEM. Con gusto caminaremos contigo. Porque este camino está lleno de represión, violencia, desigualdad, humillaciones y atoles con el dedo. Pero también está lleno de algo más importante: personas que, a pesar de todo, siguen creyendo que otro país es posible.

Registro visual Madres buscadoras 10/06/2026 inmediación del estadio Azteca:

Dónde no entra la justicia, entramos Nosotras

A.Berenice González Marín

Mi nombre es Berenice. A veces pienso que mi vida se ha ido armando entre búsquedas: las que acompaño desde afuera y las que me atravesaron desde adentro. Antes de integrarme a la colectividad de acompañamiento a madres buscadoras y a familias de víctimas de feminicidio, Existimos porque Resistimos, ya había recorrido ese territorio con mi propia madre, entre 2017 y 2018, cuando buscábamos a mi hermana y a mis sobrinos. Desde entonces entendí que la desaparición no es un hecho aislado: es un modo de respirar, una forma de sostenerse cuando el mundo se rompe.

Mis estudios en humanidades nacieron del deseo de comprender las desigualdades y violencias con las que crecí, pero también de la necesidad urgente de aprender a resistirlas conscientemente. La academia llegó después, como una herramienta; pero la formación verdadera, la que se queda en el cuerpo, vino de las calles. En los últimos diez años he aprendido más en los plantones que en los seminarios; más en las fiscalías que en las bibliotecas; más escuchando a una madre narrar la vida de su hija mientras esperamos que alguna institución nos reciba, que en cualquier clase sobre teoría del Estado.

Acompañar significa estar cuando se toman las calles, cuando se cierran avenidas, cuando se levantan mantas frente a edificios que parecen sordos. Significa caminar juntas hacia una fiscalía que promete recibirnos “en un momento” y nos deja esperando horas. Significa sostener la mirada cuando una madre abre la carpeta de investigación y encuentra más sellos que respuestas. Significa escuchar, una y otra vez, historias que deberían estremecer al país entero, pero que muchas veces solo conmueven a quienes ya están rotas.

Ese 11 de junio de 2026, mientras el país miraba hacia el Estadio Azteca como si ahí comenzara algo nuevo, algunas llegamos desde otro lugar: desde años de búsquedas, de fiscalías, de calles tomadas, de historias que no caben en ningún festejo. Donde no entra la justicia, entramos nosotras, y ese día no fue la excepción. La inauguración del Mundial prometía espectáculo, y lo hubo para unos cuantos, para otras y otros mostró, y que casi no apareció en los medios, la fuerza con la que el Estado encapsula la memoria. Entre vallas, cierres y filtros imposibles para las madres buscadoras, una madre de víctima y yo logramos avanzar por las grietas del dispositivo de seguridad, filtrándonos con la terquedad de quienes saben que la ausencia también merece un lugar en el centro de la fiesta, aunque en ese momento no lo entendiéramos del todo. Porque, a pesar de la experiencia en las calles, seguimos siendo ajenas a la lógica del Estado sobre quién puede entrar, cómo y desde dónde, especialmente en un evento como el Mundial.

No es difícil llegar al Estadio Azteca. Desde temprano, los alrededores se llenan de vendedores que acomodan camisetas y trompetas de plástico. El ambiente ya huele a fiesta antes de que empiece. Pero ese día, yo no iba hacia la celebración: me había quedado de ver en Paloma de la Paz con la mamá de una víctima de feminicidio. Acordamos encontrarnos a las 6:30 de la mañana para tomar uno de esos carros particulares que, por sesenta pesos, te llevan a la Ciudad de México. A mí me parecía tarde para un día que prometía caos, pero entendí sus tiempos, sus responsabilidades y su presupuesto.

Al subir al carro, ella comenzó a conversar con otro pasajero y con los dueños del vehículo. No era charla casual: estaba tanteando el terreno, tratando de entender el panorama. Al llegar a la caseta nos enteramos de que estaban haciendo retenes para identificar a quienes iban a protestar. Sentí un poco de inquietud, una mezcla de incertidumbre y alerta. Lo peor que podía pasar era que me detuvieran por llevar una manta de desaparecidos y que ella avanzara sola. Legalmente no podían impedirnos el paso, pero sí podían retenernos durante horas “por seguridad”, como suelen justificarlo.

Eso no ocurrió. Solo estaban deteniendo autobuses. Afortunadamente, yo iba en un carro particular.

Los jóvenes con los que íbanos en el vehículo, amables, le dieron varias rutas posibles para llegar al estadio sin quedar atrapadas en las manifestaciones o en los cierres. Yo, más dispersa, intentaba contactar a otras madres buscadoras, pero no lograba comunicarme con nadie. Así que decidimos seguir las recomendaciones que nos habían dado.

Aun así, hicimos una parada en Ciudad Universitaria, donde se había anunciado que habría un punto de reunión para madres buscadoras. Llegamos y no había señal de ellas. El personal de seguridad insistía en que estaban esperando una concentración, pero no vimos a nadie. Sin darle demasiadas vueltas, tomamos transporte público rumbo al Estadio Azteca.

En el trayecto vimos varias opciones para llegar. Una camioneta ofrecía llevarte de CU al estadio por 150 pesos, cuando normalmente el pasaje cuesta siete pesos. Ese espacio estaba lleno de extranjeros. La mamá observó la escena, eligió a la persona que le inspiró más confianza y se acercó. Le explicó que necesitaba llegar al estadio porque era madre de una víctima. No fue la única vez que lo hizo. Pocos se negaron a ayudarla; la mayoría le respondió con indicaciones precisas: dónde estaban encapsulando a las madres, por qué accesos podíamos avanzar sin que la seguridad nos detuviera, qué transporte tomar, en qué punto bajarnos, cómo mezclarnos entre la multitud para no llamar la atención.

Algunos incluso nos dieron consejos por si la autoridad se ponía violenta y hasta nos explicaron qué podían y qué no podían legalmente impedirnos. Era una mezcla extraña: por un lado, el país del espectáculo; por el otro, el país que sobrevive compartiendo rutas, advertencias y estrategias para sortear la violencia institucional.

Mientras tanto, alrededor nuestro, familias enteras avanzaban con paso ligero, como si la emoción les marcara el ritmo. Había risas, selfies, niños con la cara pintada. Todo parecía diseñado para que la fiesta empezara antes de cruzar los torniquetes. Nosotras, en cambio, avanzábamos con otra urgencia: llegar sin ser detenidas, sin ser encapsuladas, sin que la memoria fuera expulsada del perímetro del estadio.

Y llegamos. No nos dimos cuenta del todo hasta que estábamos a escasos metros de la entrada. Pasamos cada filtro sin que nadie nos detuviera, recibimos la bienvenida sin entenderla, y de pronto nos preguntamos: ¿es aquí? ¿Este es el último filtro? ¿Dónde están las madres, dónde están los pueblos que luchan? Por un momento pensamos que ya solo quedaba regresarnos.

Sacamos la lona de desaparecidos y la foto de la hija de mi compañera. Éramos dos frente a miles que venían a celebrar el Mundial y frente a un dispositivo de seguridad que no esperaba vernos ahí. Caminamos unos metros con la idea de dirigirnos hacia Taxqueña para volver a nuestro estado. Íbamos en sentido contrario al desfile de inauguración. La escena era irreal: un México sin feminicidios ni desapariciones, un México sin dolor, sin cuerpos descompuestos en SEMEFOS ni fosas. Un país que mostraba su rostro más bonito mientras ignoraba cómo duele el corazón por la violencia.

Vimos a varios medios de comunicación. Escuché dos veces que la mamá me decía que sacara la lona y me colocara detrás de los reporteros. La escuché, pero no me atreví al principio. Hasta que sus palabras dejaron de ser sugerencia y se volvieron decisión. Sacamos la manta y nos colocamos detrás de cada reportero que encontramos. Algunos se detuvieron a entrevistarnos; otros se alejaron para no mostrar ese lado del país.

Lo que más me sorprendió fue el apoyo de los aficionados. Nos acuerparon cuando la seguridad nos rodeó o nos siguió. Nos decían: “Compañeras, estamos con ustedes.” Ese respaldo inesperado nos acompañó hasta salir del perímetro del Estadio Azteca, un espacio al que miles de madres no pudieron llegar ese día.

En el camino nos encontramos con un grupo de resistencia, jóvenes de entre quince y veinte años, que nos invitaron a unirnos a su marcha y a regresar hacia el lugar del que nosotras veníamos. Sentí nuevamente ese apoyo que nace desde abajo, desde quienes entienden que la desaparición no es un tema ajeno. Aunque solo íbamos nosotras dos en representación de las madres buscadoras, las consignas y las exigencias se centraron en la lucha contra la desaparición.

Los medios volvieron a detenernos para entrevistas. En algún momento se acercó el secretario de Cultura. Nos dijo que no podíamos avanzar más allá de la primera valla, pero que, si queríamos hacerlo como madres buscadoras, ellos nos respaldaban. La oferta me pareció irreal. Acabábamos de salir del estadio sin mayor dificultad, con nuestra lona de desaparecidos y la foto de la hija asesinada de mi compañera, y ahora aparecían obstáculos… y ofrecimientos de apoyo. Ante un muro o vaya que antes no fue obstáculo. Era evidente: no era que no se pudiera acceder al estadio, porque ya habíamos estado ahí. Era que no querían que avanzáramos visibles como buscadoras, como resistencia.

Aun así, después de todo, lo que queda no es el ruido del estadio ni la sombra de las vallas. Lo que queda es la fuerza de esas manos que sostienen fotografías como si sostuvieran el mundo entero. Lo que queda es el temblor suave de una madre que no se rinde, aunque el país entero parezca cansado de escucharla. Lo que queda es ese paso firme, casi silencioso, que insiste en avanzar incluso cuando todo está hecho para detenerla.

Porque en un país que intenta acostumbrarse al dolor, ellas siguen recordándonos que la vida que falta no se olvida. Que cada nombre es un latido. Que cada ausencia es un llamado. Que cada búsqueda es una forma de amor que no conoce frontera.

Y quizá por eso duele tanto y al mismo tiempo sostiene: porque mientras ellas sigan caminando, este país todavía tiene una oportunidad de mirarse de frente. Mientras ellas sigan nombrando, la verdad no podrá ser enterrada. Mientras ellas sigan buscando, la esperanza no será un lujo, sino una tarea.

Ese día, el 11 de junio de 2026, entendí que la memoria no es un acto del pasado: es un pulso presente, vivo, que nos obliga a no rendirnos. En un país donde la violencia se vuelve paisaje y la impunidad se normaliza, la memoria es lo único a lo que no podemos, y no debemos, soltar. Es la respiración que persiste cuando todo alrededor parece diseñado para que olvidemos. Incluso esos uniformados que se olvidan a sí mismos, son parte del mismo pueblo, y que el gobierno los  ha sido convertido en mercancía para sostener la violencia.

Al final, lo que queda es reconocer algo que este país evita decir: aquí no se trata de voluntad institucional ni de discursos de paz. Se trata de que la vida pública funciona porque quienes han sido más golpeadas siguen moviéndose, aunque nadie las respalde. No es heroísmo; es necesidad. No es épica; es supervivencia. Y mientras el Estado administra la violencia como rutina, son las familias, las mismas que deberían estar protegidas, quienes cargan con el trabajo que las instituciones no hacen.

Ese día me dejó claro que la memoria no es un gesto simbólico ni un acto moral. Es una obligación impuesta por la realidad. Si no se sostiene, todo se hunde más rápido. Y aunque duela admitirlo, en México la búsqueda no continúa porque haya justicia, sino porque no hay otra opción. Porque si las madres se detienen, nadie más va a hacerlo.

No somos pocas las marginales ante la desaparición y feminicidios. Somos quienes vemos lo que otros prefieren ignorar. Somos quienes no pueden darse el lujo de olvidar. Somos quienes sostienen lo que queda del país mientras arriba se reparten versiones oficiales que no alcanzan para explicar nada. Y esa es la verdad más dura: si las que buscan se cansan, este país se queda sin memoria, sin rumbo y sin futuro.

Manifestación de madres buscadoras y colectivos solidarios en las cercanías del estadio Azteca 11/06/2026

Pronunciamiento madres buscadoras 10/06/2026

La lucha del magisterio.

En el mundo actual, todo lo que se mueve y todo lo que está quieto transmite algún mensaje comercial. Cada jugador de fútbol debe ser una cartelera publicitaria en movimiento, aconsejando al público consumir productos, pero la FIFA prohíbe que los jugadores porten mensajes que aconsejen la solidaridad social, lo que está expresamente vetado… (E. Galeano, 2017)

La Memoria, la Justicia y Dignidad no acudieron a la inauguración oficial del mundial en el estadio azteca. Se les negó la entrada por ser considerados “terroristas” y por cuestiones de “seguridad nacional”. Al interior del estadio nadie preguntó por ellos, no les nombraron, posiblemente pocxs los conocían. Pero sí estuvieron presentes en las movilizaciones de las madres buscadoras y también en los distintos recorridos de los maestrxs de la CNTE, quienes desde hace 15 días arribaron a la CDMX para sumarse a la protesta nacional y hacer escuchar su voz y la de miles de maestrxs más.

Maestros de la CNTE rumbo al estadio Azteca. 11/06/2026

Discurso maestras CNTE 11/06/2026

CDMX 15 de Junio 2026

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

12 de junio de 2026

Boletín No. 08

Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas

• Desaparición, despojo, asesinatos y criminalización, entre las graves agresiones hacia las comunidades del CNI

• Omisión por parte del Estado mexicano ante las denuncias de los Pueblos, organizaciones y colectivos

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra preocupación y nos unimos a la denuncia de los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero, Michoacán y Chiapas, afectadas por la escalada de violencia, incrementada en los meses de mayo y junio de 2026. Esta situación mantiene a las comunidades en resistencia bajo asedio poniendo en riesgo, la vida, seguridad, integridad, autonomía y ejercicio de derechos colectivos.

A partir del 6 de mayo de 2026, el grupo de la Delincuencia Organizada (DO) “Los Ardillos” intensificaron ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementaron tácticas paramilitares contra las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la Montaña baja de Guerrero, provocando el desplazamiento de 3,200 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección y permisividad del Estado mexicano.

En los días del 6 al 12 mayo la violencia se profundizó alcanzando a la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del Cipog‑EZ, en donde sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. Además, ocho personas fueron asesinadas, siendo los siguientes compañeros: José Guadalupe Ahuejote Xanteco, originario de Xicotlan; Víctor Ahuejote Arribeño, originario de Xicotlan; Saturnino Bartolo Tlalcorral, originario de Xicotlan; Benito Tlalcorral Rito, originario de Xicotlan; Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Eusebio Migueleño Zoyateco, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Martin Flores Migueleño, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; y Marcelo Calvario Hilario, originario de Acahuehuetlán.¹

Es preciso señalar que desde el 2015, por la embestida brutal de la DO, el Cipog-EZ ha registrado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.

El 28 de mayo de 2026, otro grupo de la DO asesinó a los comuneros de la Comunidad Indígena Pómaro (municipio de Aquila), Lucas Florentino Torentino, tesorero de Bienes Comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez; y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual.

Por lo ocurrido, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena Santa María Ostula, denunciaron públicamente los múltiples asesinatos solidarizándose con la Comunidad Pómaro. Estos hechos han marcado profundamente a los pueblos indígenas de Michoacán, quienes han venido sufriendo, en los últimos 20 años, por parte de la DO, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; acosos, daños y violencia generalizada.²

Por otro lado, en Chiapas, integrantes del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han denunciado discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de sus locales por el Consejo de Administración de la Coalición de Locatarios del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, así como la prefabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.³

El día 21 de mayo de 2026, nueve personas, integrantes del CNI Jotolá, fueron vinculadas a proceso y acusadas injustamente, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, por el delito de despojo agravado con violencia. Entre estas personas, Francisco Moreno Hernández continúa privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 12 de Yajalón.

Anteriormente, el 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se llevó a cabo un desalojo violento contra estas personas y sus familias (por un total de 35 personas maya tseltal) que fueron desplazadas de manera forzada, entre ellas una mujer embarazada y 17 menores de edad (entre ellos dos menores con discapacidad). En el evento sus casas fueron destruidas, sus pertenencias robadas y dos personas sufrieron privación arbitraria de la libertad y tortura. Cabe destacar que estas acciones de criminalización y desplazamiento se llevaron a cabo con la presencia del Instituto Nacional Indígena, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia indígena, y el Tribunal Agrario.⁴

Dicha situación está enmarcada en un patrón sistemático de despojo territorial y criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio; conducta que, en la actualidad, se recrudece sobre las tierras recuperadas en el 1994 con la imposición de proyectos carreteros, extractivistas y de turismo en la región. Todo esto aumenta la violación al derecho a la tierra y territorio de los pueblos originarios y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida de acuerdo con su cultura.

En este mismo sentido, el CNI de Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, enfrenta también amenazas a su territorio y ha expresado su rechazo absoluto al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin realizar la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en las Declaraciones de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2º de la Constitución mexicana. Las comunidades señalan que las obras iniciaron desde el año pasado, lo que ha generado división interna y pone en riesgo su forma de vida.⁵

Frente a esta cadena de violencias que atraviesa territorios y vidas, denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión sistemática, su incapacidad y su complicidad, al no actuar para frenar el avance de la DO y de las estructuras que sostienen el despojo. Lo que hoy enfrentan las comunidades del CNI en Guerrero, Michoacán y Chiapas es resultado de una estrategia de guerra que busca quebrar procesos organizativos, arrebatar territorios y silenciar la defensa de la vida.

Por lo anteriormente mencionado convocamos a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos originarios, defensoras y defensores de derechos humanos; así como a la sociedad civil en general, a manifestarse y expresar su apoyo e indignación ante estos actos de hostigamiento y represión contra las comunidades integrantes del CNI en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas que luchan en defensa de la tierra y la vida. Esta violencia ejercida es parte de una estrategia sistemática de ataque y despojo que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.

1Acción Urgente: Ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero. https://frayba.org.mx/260512_au02

2Pronunciamiento por el que la Comunidad Indígena de Santa María Ostula condena enérgicamente los homicidios cometidos en agravio de comuneros pertenecientes a la hermana Comunidad de Indígena de Pómaro y de un profesor integrante del Pueblo Purepecha. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/05/29/pronunciamiento-por-el-que-la-comunidad-indigena-de-santa-maria-ostula-condena-energicamente-los-homicidios-cometidos-en-agravio-de-comuneros-pertenecientes-a-la-hermana-comunidad-indigena-de-pomaro-y/

3Denuncia Pública de Comisión de Locatarios Afectados integrantes del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/06/08/denuncia-publica-de-comision-de-locatarios-afectados-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-samir-flores-soberanes-zona-10-patria-nueva-ocosingo-chiapas/

4Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá https://frayba.org.mx/270226-desplazamiento-criminalizacion-jotola

5Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos al-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos

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Fuente: Tlachinollan

Este 11 de junio de 2026, en el marco del mundial, las madres y padres de los 43, estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez tomaron las calles para exigir el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y 133 mil desaparecidos, pero los policías antimotines les taparon el paso en la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México.

Los normalistas llegaron a las 10 de la mañana, pero estaba atestado de policías. Después de unos minutos empezaron a mover los carros y avanzaron más de 200 metros, pero Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos de gobernación, se puso enfrente de las madres y padres para no dejarlos pasar. Al mismo tiempo los policías se desplegaron pasos adelante para no permitir que el contingente siguiera su camino al Estadio Azteca.

Los padres de familia instalaron un mitin después de que las autoridades se opusieran a que la marcha continuara. Las madres molestas encararon a Arturo Medina de que las investigaciones no han avanzado y que el ejército mexicano no ha entregado los 853 folios.

Los estudiantes criticaron a la presidenta Claudia Sheinbaum porque no hay verdad y justicia. «Que no se olvide que este 11 de junio en México gritaron más fuerte un gol que justicia» dijeron los estudiantes normalistas en el mitin.

Como un río acaudalado se encuentran las calles de la Ciudad de México, llenas de maestros y maestras y colectivos de desaparecidos de todas las latitudes del país.  Algunos van con el uniforme del mundial ajenos a las luchas sociales. Las madres buscadoras también se pusieron la playera para exigir la presentación con vida de sus seres queridos.

Las autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México en lugar de proteger a las víctimas que tienen el corazón destrozado impuso las fuerzas policiacas. Se han empeñado en criminalizar la lucha de las madres y padres de los 43, así como del magisterio y los colectivos de madres buscadoras.

Doña María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, vivió el hostigamiento de la policía en la caseta de Tlalpan. Esa acción nefasta e infame de las autoridades federales fue indignante para las madres de los 43. “Es un atropello, porque el día lunes, cuando llegamos a la caseta de Tlalpan estaba un operativo donde había más de 500 policías. Nos encapsularon. Lo peor de todo es que cargaban perros para rastrearnos, barretas, picos, marros y estaban bien equipados y armados”.

El operativo desplegado fue desmedido. Las autoridades irrumpieron sin permiso y sin orden de cateo. Tenían la orden de no dejar pasar a los normalistas y a las madres y padres. Nunca imaginaron que Arturo Medina fuera quien está obstaculizando la búsqueda de sus hijos. A pesar de que conoce a las familias no las dejó pasar.

“Nunca nos revisan, pero esta vez se atrevieron. Es una burla a la memoria de nuestros hijos y a nuestra lucha. Como padres de familia estamos muy enojados con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque nosotros lo único que traemos son nuestras lonas. Los policías con la leyenda los “zorros” estaban al acecho. A los delincuentes no los detienen, pero sí a nosotros que exigimos el regreso de nuestros hijos”, dijo doña María de Jesús.

Fue un atropello el trato vil que recibieron las madres por la presidenta, “tratándonos como delincuentes cuando nosotros realmente lo que buscamos son a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Nuestras armas son las lonas con el rostro de nuestros hijos”.

Las madres y padres solo exigen verdad a la presidenta, pero no han tenido respuesta del paradero de sus hijos. En las noches se pasan en vela para ver si llegan sus hijos. Por eso decidieron movilizarse para visibilizar el caso Ayotzinapa. Sin embargo, desde el 8 de junio no han dejado pasar a los estudiantes, el brazo fuerte de las madres. El cerco policial fue con el propósito de criminalizar su protesta.

Las autoridades han dejado a las víctimas a merced de los policías. En estos días han quedado relegados y marginados. El mundial es lo central para el gobierno, pero para las madres y padres de los 43 es la presentación con vida de sus hijos. “Tenemos esperanzas de que vamos a encontrar a nuestros hijos y que lo que está en la oscuridad pronto saldrá a la luz”.

Fuente: CDH FrayBa

Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

Los días 23 y 30 de diciembre de 2025, previo a la Noche Buena y Año Nuevo, el Colectivo de Madres Buscadoras de Chiapas se trasladó a la región de Los Llanos para buscar a Jesús Esteban Mazariegos Moreno y los hermanos Luis y Marvin Nanga Pérez, en uno de los territorios más hostiles de la entidad, controlado por el crimen organizado. 

Sin embargo, “fueron sólo simulaciones de búsqueda”, coincidieron las integrantes de la colectiva, pues, para ellas, la falta de capacitación e interés son obstáculos para una investigación eficiente e integral.

Avispa Mídia acompañó las dos búsquedas. Esta es la primera entrega de dos de la documentación realizada a partir de la convocatoria de las familias para participar en las actividades programadas en ambas fechas.

La zafra; “Caso Pujiltic” 

Por lo menos desde 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contaba con las coordenadas del predio conocido como “El Cedro”, según un informe de novedades del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste. El documento, contenido en Guacamaya Leaks al que Avispa Mídia tuvo acceso, da seguimiento a llamadas telefónicas de tres presuntos líderes del grupo delictivo ‘Los Pelones’, señalado por actividades de tráfico de drogas, armas y personas, cohecho y de vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

El reporte fechado del 6 de julio al 31 de agosto de 2022, menciona que Alan Aurelio N, sobrino de Luis Alejandro N, líder de Los Pelones, tuvo una comunicación con una tercera persona para indicar el traslado de armas y de alguien referido como ‘El Armero’ a ‘El Cedro’, predio ubicado en San Francisco Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. 

Entonces, CERFI dio parte a la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez y 31a Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo, “a efecto de identificar alguna actividad ilícita”, reza el mismo informe de la Sedena. 

Hace dos años (2024), las Madres Buscadoras de Chiapas recibieron un mensaje anónimo con las coordenadas de ‘El Cedro’, la denuncia fue por fosas clandestinas y les señalaron que el lugar funcionaba para reclusión de personas desaparecidas y adiestramiento criminal. La colectiva dio aviso a la fiscalía, pero no hubo seguimiento. Les advirtieron que el riesgo en la zona era alto: las familias podían ingresar, aunque nadie podía asegurar su regreso.

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Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

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Este podcast nos acerca a la crisis de desapariciones forzadas en Chiapas y en específico a la lucha de familiares de 7 habitantes de San Cristóbal que este 23 de noviembre cumplen un año de haber sido desaparecidos.

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PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.

Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.

Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?

En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

Ayotzinapa y Palestina sangran en el mismo mapa

Escucha este especial en el onceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el genocidio en curso del pueblo palestino.

Información generada por Eduardo Ibañez (Plantón de los 43 CDMX).
Producción de Radio Cósmica Libre en colaboración con las jornadas de articulación de Comunicadorxs por Palestina.

[podcast]https://archive.org/download/ayotzinapa-y-palestina-a-11-anos/Ayotzinapa%20y%20Palestina%20-%20A%2011%20a%C3%B1os.mp3[/podcast]

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México, 26 de septiembre de 2014. Palestina, julio de 2014. Dos fechas que parecieran no dialogar entre sí, pero que resuenan con un eco compartido.

Esa noche en Iguala, 43 estudiantes campesinos fueron arrancados de sus dormitorios, de sus aulas, de sus sueños. Ese verano en Gaza, más de 2 mil vidas palestinas fueron cegadas en cuestión de semanas por la maquinaria militar de Israel. ¿Qué une a un joven normalista guerrerense con una niña palestina que jamás llegará a ser adolescente? La respuesta está en el lenguaje de la violencia de Estado, en la economía de la muerte que conecta al narcoestado mexicano con la necropolítica israelí.

La historia es larga. En México, las normales rurales nacieron en los años 30 para educar a los hijos de campesinos pobres y formar docentes comprometidos con sus comunidades. En Palestina, la Nakba de 1948 inauguró una vida bajo ocupación, despojo y desplazamiento forzado.

Dos procesos que parecen distintos, pero que comparten la experiencia de pueblos a los que se les niega el derecho a existir en condiciones de dignidad. En 2014, las historias se cruzan. Mientras Gaza sufría bombardeos durante julio y agosto, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa salieron a las calles de México a protestar en solidaridad.

Apenas un mes después, ellos mismos fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato en Iguala. La desaparición no sólo borra cuerpos, también condena a madres, hermanas y esposas a una vida de búsqueda interminable. La violencia de Estado produce viudas, huérfanos, familias mutiladas, comunidades condenadas al duelo permanente.

El crimen de Estado no tiene pasaporte. Los gobiernos que matan en nombre de la seguridad aprenden unos de otros. La necropolítica se habla en varios idiomas, pero la muerte siempre dice lo mismo: “Ustedes no importan”.

Ayotzinapa y Palestina son heridas que sangran en un mismo mapa. Cuando los gobiernos callan, los pueblos se buscan. Así ocurrió días después de la desaparición de los 43. Desde Gaza llegaron mensajes de apoyo a las madres y padres mexicanos. No eran palabras diplomáticas, eran ecos de un dolor que reconocía su reflejo en otro continente.

En 2019, la organización palestina BDS envió un video a los padres de Ayotzinapa en el aniversario de la desaparición. En el Zócalo de Ciudad de México se organizó el juicio popular al papel de Israel en la militarización de América Latina. Ahí se documentó cómo el transporte y los equipos de comunicación usados en Iguala tenían origen israelí.

Los pueblos comenzaron a hablar de negocios de sangre, armas, spyware y entrenamiento vendidos como seguridad que en realidad sostienen regímenes represivos. La solidaridad no es abstracta. Madres campesinas de Guerrero y mujeres palestinas en campos de refugiados comparten la carga de sostener a sus comunidades fracturadas.

La resistencia se teje desde lo doméstico, lo escolar, lo comunitario, con cuerpos que cargan tanto con el dolor como con la dignidad. Si Gaza miró hacia Ayotzinapa y Ayotzinapa hacia Palestina, no fue por romanticismo, sino porque reconocieron que el enemigo es el mismo, el Estado que desaparece y el imperio que lucra con la muerte. Si los muertos fueran negocio, México e Israel serían socios mayoritarios. Y de hecho lo son.

Pegasus es el ejemplo más claro. El software israelí de espionaje se usó en México para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a los propios padres de los 43. El abogado Bidulfo Rosales fue una de sus víctimas.

El caso de Tomás Zerón muestra la complicidad transnacional. Zerón, arquitecto de la llamada verdad histórica, fabricó pruebas, encubrió responsabilidades y torturó a acusados. Hoy vive protegido en Israel, que se niega a extraditarlo.

No lo protegen por compasión, sino porque Zerón conoce demasiado sobre contratos de armas y sobre Pegasus. La vigilancia digital nunca es neutra. Periodistas mujeres, defensoras de derechos humanos, disidencias sexuales, madres buscadoras, son blancos prioritarios del espionaje.

El control patriarcal se refuerza con tecnología de ocupación. El ejército mexicano, implicado directamente en la desaparición de los normalistas, se entrena con fuerzas israelíes. La Guardia Nacional, presentada como institución de confianza, también nació con asesoría y equipo de ese país. Funcionarias como Rosalinda Trujillo Marial presumieron su cercanía con Israel mientras autorizaban compras multimillonarias de espionaje digital. Israel exporta la ocupación como modelo de seguridad. México la compra como receta para reforzar un narcoestado con fachada democrática.

El resultado es el mismo. Vidas descartables. Pueblos sometidos. Impunidad asegurada. Negocios de sangre. Así nombran los pueblos lo que los gobiernos maquillan como cooperación internacional. Pegasus en México. Bombas en Gaza. Contratos millonarios en Tel Aviv. La factura siempre se paga con cuerpos pobres.

Ante tanta impunidad, cabría esperar silencio. Pero lo que nace es lo contrario: resistencia. Y la resistencia no necesita visa. Viaja de guerrero a Gaza, de los campos a los barrios, de las aulas rurales a los campamentos de refugiados.

Las madres y padres de Ayotzinapa se convirtieron en símbolo contra el olvido. El pueblo palestino, que resiste a un genocidio continuado desde hace 77 años, es referente de dignidad frente a la barbarie.

México exige la extradición de Zerón. Israel la bloquea. La ONU condena crímenes de guerra en Gaza. Potencias occidentales los financian.

La impunidad es global. Pero también lo es la solidaridad. La lucha contra el olvido no puede separarse de quienes cargan con ella. Son mujeres, madres buscadoras, comunidades indígenas, pueblos desplazados quienes sostienen la memoria y ponen el cuerpo en primera línea. ¿Qué pasaría si los pueblos del sur decidieran romper con los negocios de sangre? ¿Qué pasaría si las luchas de Ayotzinapa y Palestina no fueran excepciones, sino el inicio de un frente global contra la necropolítica? Los 43 y Palestina son espejos. Nos devuelven la imagen de un mundo gobernado por la impunidad.

Pero también la certeza de que la resistencia es transnacional. Que el grito de justicia no tiene fronteras. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque Palestina vive en cada lucha digna. Y porque la memoria es nuestra arma más peligrosa.

En el caso de Palestina, la exigencia es clara y urgente. Que el Estado sionista de Israel deje de intervenir en el caso Ayotzinapa. Que cese la protección a Tomás Zerón y lo extradite de inmediato para que enfrente a la justicia mexicana. Porque la impunidad no puede seguir siendo un bien de exportación. En el caso de Ayotzinapa, la exigencia es igual de contundente. La aparición con vida de los 43 normalistas y justicia para los caídos en Iguala.

No discursos, no simulaciones, no verdades históricas fabricadas. Justicia real, verdad completa, reparación integral y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Ambas luchas, la de Palestina y la de Ayotzinapa, están unidas por una misma consigna.

Que los pueblos no pueden seguir siendo mercancía en el mercado de la muerte, ni botín de la necropolítica. Que la solidaridad entre pueblos se convierte en un muro mucho más fuerte que los muros de ocupación o de silencio. Decir justicia para Ayotzinapa es decir justicia para Palestina.

Decir verdad en México es también exigir verdad en Gaza. La memoria y la dignidad no se negocian, se defienden, se gritan y se siembran como semillas que tarde o temprano florecen.

Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Porque Palestina será libre y porque la justicia no tiene fronteras.