• Tras mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobierno reconoce su responsabilidad
• Notable ausencia del Ejército Mexicano en acto público de reconocimiento
• Después de 15 años de atropellos e impunidad, justicia llega “parcial, mutilada, incompleta”

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Ve también:

• Palabras de José López Cruz, padre de las víctimas Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández
• Palabras de Pedro Faro, director del Frayba

Ayer, 28 de enero de 2016, el Estado mexicano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad por los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000 en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde la explosión de una granada de fusil antipersonal de propiedad del Ejército Mexicano mató al niño Ángel Díaz Cruz e hirió de gravedad a Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández, en el contexto de las acciones de contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas y el EZLN.

El acto es parte de los acuerdos firmados tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, obligan al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en el caso. Es la culminación de un largo proceso de 15 años, en el que las víctimas y sus familiares se enfrentaron a la impunidad y el atropello por parte del Ministerio Público Militar.

En el evento, José López Cruz, padre de los niños lesionados, relató los abusos sufridos por víctimas y familiares en su larga búsqueda por justicia. Asímismo, Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, relató los detalles del caso, aseguró que “la justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como es de por sí el actuar del Estado mexicano” y llamó atención a la ausencia en el evento del “personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: el Ejército mexicano”.

Presentes en el evento estuvieron las víctimas Ricardo y José Leonardo López Hernández, su padre José López Cruz, Cristina Reina Cruz López (madre del niño fallecido Ángel Díaz Cruz) y Pedro Faro del Frayba. Por el gobierno de Chiapas, Manuel Velasco Coello, gobernador del estado, y Juan Carlos Gómez Aranda, secretario de gobierno. Por el gobierno Federal, Roberto Campa Cifrián (Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y Erasmo Lara Cabrera (Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores). Del Ejército Mexicano y la SEDENA… ni las luces.

A continuación, los audios del evento:

Juan Carlos Gómez Aranda – Secretario General de Gobierno de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Pedro Faro Navarro – Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba):
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

José López Cruz – Padre de Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Roberto Campa Cifrián – Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Manuel Velasco Coello – Gobernador de Chiapas:
(Descarga aquí)  

Traducción tostil:
(Descarga aquí)  

Fuente: http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/160128_aguaje.pdf

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

Caso El Aguaje
(Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)

Muerte
Anciana y triste muerte
Adulta y silenciosa muerte
Joven y llorosa muerte
Niña y estúpida muerte.

Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.

Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal[1] propiedad del Ejército mexicano. De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.

También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida.

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Escucha aquí:(Descarga aquí)  

Lee sobre Acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado y escucha todos los audios.

A 28 de enero de 2016.

Buenas tardes a todos los presentes,

Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.

Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.

Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.

Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.

Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.

A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.

Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.

Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.

Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.

Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.

Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.

Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.

Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.

Muchas gracias.

El pasado 26 de enero, como parte de las actividades que se realizaron durante la jornada por Ayotzinapa, se llevó a cabo un “funeral para Julio César Mondragón”. Familiares del normalista asesinado montaron guardia junto a un féretro vacío en la Procuraduría General de la República (PGR), y exigieron justicia para el normalista.
Al respecto manifestaron lo siguiente:

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jTatik Samuel Ruiz García, su legado en defensa de los derechos humanos

En el quinto aniversario luctuoso del obispo Samuel Ruiz García, este 24 de enero de 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fundado por él en 1989, reafirma su compromiso por la defensa de los derechos humanos, acompañando procesos comunitarios a lado del pueblo indígena en Chiapas.

“Las y los defensores no podemos voltear la mirada a los signos de los tiempos que nos interpelan día a día. Somos conscientes que la justicia no vendrá de los poderosos, nosotras y nosotros tenemos el compromiso de construirla desde abajo, en lo cotidiano, en los pueblos, comunidades y procesos sociales que trabajan por la autonomía y la libre determinación. Hoy es un tiempo de lucha y de esperanza.”

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El 21 de enero se presentó, en el Cideci/UniTierra Chiapas, el documental “Mi Lak Tyeñ Kotyañ Lak Ña’Lum. Juntos defendemos nuestra madre tierra”, producido conjuntamente por el Ejido Tila y Terra Nostra Films, que narra la larga lucha en defensa de la tierra y el territorio del pueblo ch’ol de Tila, en el norte de Chiapas. En la presentación dieron su palabra autoridades del Ejido Tila, así como comunidades pertenecientes a la organización Semilla Digna, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y pertenecientes al Congreso Nacional Indígena.

(Lee la nota de Radio Pozol.)

Enseguida, los audios de la presentación y, más abajo, el documental completo.

Introducción:

Español: (Descarga aquí)  

Tsotsil: (Descarga aquí)  

Palabras de la Ranchería Alcanfores, Semilla Digna:

Español (Doña Elena): (Descarga aquí)  

Tsotsil: (Descarga aquí)  

San Isidro Los Laureles, Semilla Digna:

Español (Marcos): (Descarga aquí)  

Tsotsil: (Descarga aquí)  

Autoridades del Ejido Tila 1:

Chol:(Descarga aquí)  

Español:(Descarga aquí)  

Tsotsil:(Descarga aquí)  

Autoridades del Ejido Tila 2:

Chol:(Descarga aquí)  

Español:(Descarga aquí)  

Tsotsil:(Descarga aquí)  

Autoridades del Ejido Tila 3:

Chol y Español:(Descarga aquí)  

Tsotsil:(Descarga aquí)  

Preguntas, comentarios y respuestas:(Descarga aquí)  

Documental “Mi Lak Tyeñ Kotyañ Lak Ña’Lum. Juntos defendemos nuestra madre tierra”:

Para entender la recuperacion de tierras de la comunidad San Isidro Los Laureles, Carranza, Chiapas:

Escucha/descarga el audio: (Descarga aquí)  

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Comunidad San Francisco Teopisca en defensa de la madre tierra

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Anselm Jappe nació y creció en Alemania y estudió filosofía en Italia y en Francia. Es autor de varios libros, entre los cuales: Guy Debord (Anagrama). Las aventuras de la mercancía: Por una nueva crítica del valor (Pepitas de Calabaza, de próxima publicación), Crédito a muerte y El abusurdo mercado de los hombres sin cualidades (de la misma editorial). Ha colaborado con las revistas alemanas Krisis y Exit (fundadas por Robert Kurz), que desarrollan la “crítica del valor”. El 17 de diciembre de 2015 se presentó en el Cideci/Universidad de la Tierra Chiapas, con la conferencia “En busca de las raíces del mal”.

En entrevista con medios libres de Chiapas, Anselm Jappe habla sobre cómo ciertos conceptos marxistas, en particular la crítica del valor, resultan indispensables para entender la realidad actual, en particular frente a lo que él llama la crisis terminal del capitalismo. Asimismo, Jappe reflexiona sobre las implicaciones que esto tiene en los movimientos emancipatorios actuales.

Enseguida, la entrevista en audio y en video y, abajo, el texto íntegro en español.

Ver también: Participación en el Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, Cideci/UniTierra, mazro de 2012.

Texto de la entrevista (en español):

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En conferencia de prensa, autoridades de la comunidad ñatho de San Francisco Xochicuautla (Estado de México) y miembrxs del Frente de Pueblos Indígenas en Defena de la Madre Tierra denunciaron la imposición ilegal del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, por parte de Enrique Peña Nieto y el Grupo Higga, a través de la empresa Teya S.A. Según afirman, dicho proyecto devastará 3 millones 900 mil metros cuadrados del Bosque Sagrado. Denunciaron también las constantes agresiones sufridas por la comunidad por parte del Estado: prisión política, persecución, atentados, amenazas de muerte, cerco militar a la comunidad y la continuación de las obras a pesar de dos amparos que obligan a la empresa a parar los trabajos.

Asímismo, se manifestaron en solidaridad con diversas luchas en defensa de la tierra y el territorio en Chiapas: San Sebastián Bachajón, San Isidro Los Laureles, Las Abejas de Acteal y el Ejido Tila.

A continuación, los audios de la conferencia y, abajo, el “Pronunciamiento por la memoria, verdad y territorio”.

Antonio Miguel Reyes Valdez
Consejo Supremo indígena de la comunidad Ñatho de San Francisco Xochicuautla
(Descarga aquí)  

Alicia Bustamante
Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la madre tierra de San Francisco Xochicuautla
(Descarga aquí)  

José Luis Hernandez
Vocero del Frente de Pueblos Indígenas en defensa de la madre tierra del Edomex
Pronunciamiento por la memoria verdad y territorio
(Descarga aquí)  

Pedro Faro
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(Descarga aquí)  

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Xochicuautla, pronunciamiento por la memoria, verdad y territorio

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En vulneración de sus derechos humanos y en riesgo a su vida e integridad y seguridad personal continúan en desplazamiento forzado 59 personas indígenas tojolabales, en su mayoría mujeres, niñas y niños del poblado Primero de Agosto, en Las Margaritas Chiapas, quienes fueron agredidas con armas de alto calibre por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica.

“El 23 de diciembre de 2015 cumplimos 10 meses de desplazamiento forzado, 10 largos meses de vivir bajo la inmensa lluvia, de lodo, vivir bajo naylo y suelo húmedo, 10 meses de hostigamiento, de violencia y exigiendo al gobierno estatal y federal el retorno, la justicia y hasta la fecha no han hecho nada.”

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