En el quinto día de actividades en la Caravana por el Agua y la Vida se visitaron dos comunidades Poblanas en resistencia para defender su territorio: Santa María Malacatepec y San Isidro Huilotepec. En la primera, intereses capitalistas de la empresa inmobiliaria PROYECTA, ha impulsado la depredación del territorio acompañado de agresiones y amenazas a quienes no han querido abandonar sus tierras. En la segunda comunidad se ha organizado ante varias amenazas, una de ellas es el gasoducto, que como una bomba de tiempo, amenaza la región volcánica y junto a estas amenaza se suma la ambición inmobiliaria con la empresa COLA DE LAGARTO quienes han buscado dividir a la comunidad para arrebatarles su tierras de cultivo.
Santa Maria Malacatepec
Por la mañana los caravanistas llegaron a Santa Maria Malacatepec que ha sufrido diferentes agresiones por parte del corporativo PROYECTA. La cercanía a Angelopolis en Puebla pone en alto riesgo a esta comunidad indígena, por la ambición para convertir esa zona, después de despojar a sus legítimos dueños, en una zona de fraccionamiento de lujo para gente adinerada en la ciudad. En el constante y continuado despojo, los fraccionadores han hecho una guerra contra las comunidades en resistencia. Les han quemado sus casas, los han amenazado de muerte, les han encarcelado y les han despojado terrenos de forma arbitraria e ilegal. Uno de los mecanismos es la división de las comunidades, en este caso de ejidatarios, para enfrentarlos entre ellos. Desde la altura del cerro de La Sombra, una decena de casas se mantiene en resistencia en medio de un desastre ambiental que avanza al ritmo de una ciudad ambiciosa de ganancias por encima de los derechos humanos y el respeto a la naturaleza.
Uno de los hechos más graves realizados en contra de la comunidad de Malacatepec fue el ataque perpetrado el 22 de Septiembre de 2019 por 25 pistoleros en los que desplazaron e incendiaron las viviendas de los campesinos que mantenían un campamento en resistencia por la lucha y defensa de la tierra, Proyecta, ha acosado judicialmente llegando a encarcelar por nueve meses a uno de los ejidatarios en resistencia, denuncian que también han provocado incendios forestales y adquirido irregularmente terrenos sin que estos hayan sido vendidos. Proyecta en sus deseo de desplazar a los campesinos en resistencia ha deforestado para presentar los terrenos en las instituciones de gobiernos como ociosos y expandir el territorio para construcción de casas. A pesar del constante acoso con sobrevuelos de drones y amenazas de muerte los ejidatarios en resistencia han vuelto al campamento y se mantienen firmes en defender su tierra para siembra y vivienda de familiares.
San Isidro Huilotepec
Por la tarde, después de el intento de detener la caravana por policías, seguridad privada y gente que llevaron la empresa, la caravana pudo salir sin mayor problema. Ya en la comunidad de San Isidro Huilotepec recibió a la Caravana en su segunda parada para presentar la denuncia del riesgo en el que se encuentra su su tierra. El mayor riesgo es la instalación del gasoducto para el Proyecto Integral Morelos (PIM) para la Termoeléctrica en Huexca, donde informaron como SENER (la Secretaria de Energía) ha buscado de formas irregulares que la gente venda su tierras, valiéndose de dividir a la comunidad, de no respetar la opinión de la comunidad, apostando al individualismo y la avaricia. El gobierno federal ha simulado estar interesado en la opinión de la comunidad, sin embargo, el PIM que fue votado en contra por mayoría en esta comunidad fue instalado por tener mayores votos a favor de ciudades como Cuernavaca, Huilotepec tendrá exposición al gasoducto en una zona volcánica a pesar de haber votado en contra del mismo mientras Cuernavaca y otras ciudades lo validaron sin ponerse en ningún riesgo.
Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.
Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).
Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.
“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.
Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México
Entrega de firmas y conferencia de prensa
Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.
Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.
Suspensión, en vilo
Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún
contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.
“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.
Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.
La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.
Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.
“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.
Infancia en defensa del ambiente
Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.
Manifestación de niñez de Homún para exigir el cierre de las fábricas de cerdos.
“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.
A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.
Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales: también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.
En portada: El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
La degradación de los bosques está acompañada de la discriminación contra los pueblos y una tendencia a la descriminalización de numerosas actividades empresariales destructivas.
“Los gobiernos siguen promoviendo destructivos sistemas de colonización, y la ley, incluyendo la ley sobre los derechos a la tierra, sigue utilizándose como un arma para apropiarse de recursos relacionados con los bosques”, afirma el informe Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible.
El documento elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) hace hincapié en las alianzas entre empresas y Estados responsables por la deforestación, un problema que se agrava con el paso de los años.
Con ello aborda las principales causas subyacentes que vinculan al sistema capitalista-racista-patriarcal y el legado colonialista: desde la definición de bosque de la FAO hasta la biopiratería, entre el conservacionismo, acuerdos comerciales y el robo legalizado de tierras.
De acuerdo al estudio de la WRM, en la década de los 80’s, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP, por su sigla en inglés) junto al Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO).
Entre sus planes estaba la reforestación, denominación que usó como ‘eufemismo’ para expandir las plantaciones industriales de monocultivos de árboles. “El TFAP no sólo fracasó” tampoco abordó las causas tácitas de la destrucción de los bosques.
Los pinos y eucaliptos consumen entre 20 a 40 litros diarios de agua. Cada vez que las plantaciones de las forestales se acercan a zonas habitadas acaban con el agua produciendo sequía. Fotografía: Santiago Navarro F
“Una de las principales razones de la fundación del WRM en 1986 fue cuestionar el falso entendimiento de las causas de la deforestación”.
En 1999 el proyecto colaborativo del WRM con el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) de las Naciones Unidas , documentó el proceso real de la degradación en 145 páginas bajo el título Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques: casos de estudio, análisis y recomendaciones políticas.
“Lo que más sorprende” de la investigación, cita la WRM, es que la perspectiva continúa siendo pertinente en la actualidad, pues las causas identificadas no fueron abordadas verdaderamente, “hoy siguen siendo tan importantes como siempre”.
20 años después del primer estudio
El informe actual, está basado en las conclusiones de ese proyecto de 1999; y en 20 puntos, la organización explica que el contexto se agrava con la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros defensores de los bosques.
En este tenor, el documento sostiene que la definición de bosque de la FAO se reduce a cualquier superficie cubierta de árboles, “con ello descarta otras formas de vida, así como la diversidad biológica, cíclica y cultural que define a un bosque en su permanente interconexión con las comunidades que dependen de él”.
Menciona el ejemplo de los agresivos programas estatales para instalar ‘desarrollo comercial’ en los espacios sagrados que son manifiestos desde India hasta Brasil: según cifras oficiales, en 2019 alcanzó su tasa más alta de deforestación en la Amazonia desde 2008.
En general, a las causas se le suman los métodos militarizados para tomar el control de las zonas, por ello la agroindustria es considerada tan destructiva como lo era hace 20 años.
“Los grandes proyectos de desarrollo o infraestructura, como las represas, las carreteras y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos”. Asimismo, el empobrecimiento de los defensores de los bosques, los modelos de inversión, el endeudamiento, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de mercancías y las relaciones comerciales.
“Más verdes” que el petróleo
“Irónicamente, lo que quizás las ha agravado más es la forma en que se han expandido y reinventado para resaltar nuevas dimensiones supuestamente ‘verdes’, ‘democráticas’ o ‘participativas’”, señala el estudio del WRM.
Como las plantaciones destructoras de bosques destinadas a la producción de aceite comestible, azúcar o celulosa y destinadas a la producción de “bioenergía” para el suministro de combustibles para electricidad, la aviación o las industrias automotrices.
“Se anuncian como ‘más verdes’ que el petróleo, el carbón o el gas. Debido a que se requieren enormes volúmenes de madera y otros materiales bióticos para generar la misma cantidad de energía que los combustibles fósiles, el impacto en los bosques es inmenso y creciente”.
El estudio del Movimiento Mundial por los Bosques considera que, en la actualidad, el control sobre las tierras de bosque está siendo centralizado no solo para facilitar la máxima producción de madera, minerales o energía hidroeléctrica, también para permitir el turismo de naturaleza o para avanzar en la “conservación de la naturaleza”.
Fiscalización autónoma de la Tierra Indígena Munduruku para detener la deforestación por la industria minera. Foto: Equipo de comunicación Munduruku
Cita que muchas de las mismas instituciones colonialistas que fueron responsables del daño a los bosques causado por la conservación tradicional de “bosques sin gente” se están posicionando para entrar de nuevo, en alianza con nuevos intereses comerciales.
“Han proliferado nuevos sellos y procedimientos que ofrecen una imagen más verde o democrática a los viejos agentes de la deforestación. La burocracia de la certificación del siglo XX, conocida como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (establecido en 1993), anunciado como capaz de hacer que la extracción industrial de madera sea amigable con el medio ambiente, ahora ve numerosas iniciativas similares, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (2003)”.
Al igual, otras organizaciones han desacreditado por completo a la RSPO, pero también hay una Mesa Redonda para la Soja Sostenible (2006); una Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible (2007); una “Iniciativa para mejorar la caña de azúcar” llamada Bonsucro (2008), por mencionar algunas.
Mientras, “los esfuerzos post-2000 de los economistas ambientales para poner un precio a más y más aspectos de la naturaleza han tendido principalmente a reforzar la dinámica”, lo cual hace que los bosques sean intercambiables, descartables y compensables.
El informe hace mención de innumerables organismos destinados a “tranquilizar al público sobre las credenciales de conservación” de empresas trasnacionales como Unilever, Cargill, Walmart y Starbucks, que no interrumpen ni interfieren en la dinámica de destrucción.
“El Estado también ha aprendido a infiltrarse en las bases con otras formas nuevas que ayudan a perpetuar la deforestación. Mientras tanto, la industria de las compensaciones de carbono exhibe continuamente sus propias etiquetas que afirman que sus productos dañinos de hecho son benignos”, dice el WRM.
Las nuevas y muy publicitadas políticas de la “economía verde” tienden a funcionar de la misma manera destructiva que las viejas políticas “no verdes”.
Por otro lado, explica que intentan contener a los movimientos feministas mediante el establecimiento de “políticas de género”, pero tales medidas simplemente le dan un color diferente al patriarcado subyacente, agregado a la explotación de la mano de obra forestal.
A menudo, este panorama dificulta aún más las luchas de los pueblos locales contra los principales agentes de deforestación.
Décadas de negaciones
Las negociaciones internacionales sobre el clima no exploran cómo enfrentar la mecanización del trabajo humano basada en los combustibles fósiles, cita el WRM, tampoco analizan la relación entre la deforestación y la exploración de petróleo, carbón y gas. “De lo que actualmente dependen las ganancias de las empresas”.
Un ejemplo son los 25 años de negociaciones mundiales sobre el clima, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron a un promedio de 1,6 por ciento anual entre 2008 y 2017 y “no hay señales de que hayan alcanzado el punto máximo”.
En 2017 alcanzaron el récord de 53,5 gigatoneladas de CO2 y sus equivalentes, más del doble de la cifra de 2000 que fue de 25 gigatoneladas.
En este contexto, científicos se sorprendieron recientemente al descubrir que en las próximas décadas, alrededor del 40 por ciento de las especies de insectos del mundo pueden extinguirse, amenazando por igual la agricultura y la regeneración de los bosques.
De la misma forma que con el TFAP, en la actualidad la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene un plan para analizar o abordar los históricos agentes políticos y económicos de la extracción y el uso de combustibles fósiles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, señala que la CMNUCC adoptó una metodología que oculta sistemáticamente las causas subyacentes de la deforestación y el cambio climático, “no hay señales de que esta tendencia cambie”.
Uno de los motores de la deforestación de la amazonía es la industria minera
El 3 de diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió que debería haber objetivos de biodiversidad “jurídicamente vinculantes” a escala mundial y de la Unión Europea (UE) para garantizar que para 2030, el 30 por ciento de las áreas naturales estén conservadas y que se restauren el 30 por ciento de los ecosistemas degradados.
Pero, “una vez más, la resolución no fue acompañada de un análisis serio sobre lo que estaba causando la pérdida de biodiversidad, o lo que podría detener su pérdida”.
En 2021, una nueva iniciativa de la UE surgió de la misma forma, para una nueva norma con “reglas obligatorias” para garantizar que solo los productos libres de deforestación de ciertas cadenas de suministro ingresen al mercado europeo, “ambas propuestas simplemente respaldan un mayor crecimiento económico”.
“En los dos últimos años se ha realizado una increíble cantidad de reuniones de alto nivel así como innumerables declaraciones internacionales sobre la pérdida de bosques, que son muy similares. Por un lado, dan la voz de alarma sobre la crisis. Por otro lado, o no tienen ni idea al respecto o simplemente eligen ignorar las causas subyacentes de la deforestación y cómo abordarlas. Lo que hacen es seguir promoviendo tales causas. Las políticas resultantes no solo están condenadas al fracaso sino que fomentan aún más la deforestación”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de marzo de 2022 Acción urgente No. 04
Niña de 9 años resulta herida durante los ataques con arma de fuego hacia las comunidades del municipio de Aldama
Se intensifica el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tsotsiles de las comunidades de Aldama.
Estado mexicano cómplice del exterminio.
El día de hoy 25 de marzo de 2022, alrededor de las 15:25 horas fue herida una niña de 9 años de edad por un impacto de arma de fuego en la cabeza ; originaria de la comunidad de Tabac, municipio de Aldama, Chiapas, actualmente se debate entre la vida y la muerte. Los disparos se realizaron desde algunos puntos de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó. En lo que va del mes de marzo, se han registrado 291 ataques dirigidos hacia las comunidades de Aldama.
El pasado 03 de marzo de 2022, los tres niveles de gobierno del Estado mexicano anunciaban la entrega de tierras para las comunidades de Aldama, una medida que simula la paz. El Estado mexicano olvida los puntos de atención que ha puesto sobre la mesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 23 de abril de 2021.
En dicha resolución la CIDH reconoció el ciclo de violencia que viven las comunidades de Aldama por los constantes ataques armados, mencionó la importancia de la delimitación de los territorios indígenas que den certeza a sus habitantes; el desarme y la desarticulación del grupo agresor; abordar la conformación, estructura y financiamiento de las personas armadas mediante procesos de investigación, sanción, reparación y justicia.
El Estado mexicano solamente reconoce una disputa agraria, sin atender los otros elementos del conflicto, lo que ha impedido soluciones integrales que atiendan realmente la problemática y generen una paz verdadera. Las instancias gubernamentales atienden a los heridos pero no toman medidas preventivas para salvaguardar sus vidas, su integridad física y psicológica, además no han tomado ninguna medida eficaz para evitar estas situaciones.
Hacemos un enérgico llamado urgente al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones e intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tsotsiles de las comunidades de Aldama e implemente las medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.
Llamamos a la solidaridad y convocamos a la comunidad nacional e internacional que envíen sus expresiones de repudio frente a la omisión del Estado mexicano y el aumento de la violencia en el municipio de Aldama, Chiapas, a:
– Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México.
Palacio Nacional-Plaza de la Constitución s/n. – 2° Piso. Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc. Cd. de México CP: 06066. Fax. (+52) 55 5093-4800, 55 5093-5300 Exts. 4103/4882.800-080-1127 Atención Ciudadana. Correo: amlo@presidencia.gob.mx y gobmx@funcionpublica.gob.mx
Twitter: @lopezobrador_
– Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México.
Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P.06600. Fax: (+52) 55 5093 34 14. Correo: secretario@segob.gob.mx
– Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Fax: (+52) 55 5128-0000 Ext. 33077Correo: ajencinas@segob.gob.mx y projasm@segob.gob.mx
Twiter: @A_Encinas_R
– Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.Delegación Álvaro Obregón. Ciudad de México. C.P. 01040. Fax: (+52) 0155 36 68 07 67. Correo: correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH.
– Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P.29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Fax: +52 961 61 88088, + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122.Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @RutilioEscandon
– Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas. Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 61 8 7460 Ext. 20003.Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com
– Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 TuxtlaGutiérrez,Chiapas. Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42Fax:(961) 60 2 57 84.Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
– Dr. Alejandro Gertz Manero. Fiscal General de la República. Av. Insurgentes 20 de la Glorieta de Insurgentes, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. Correo: atencionfgr@fgr.org.mx
– Dr. Olaf Gómez Hernández. Fiscal General del estado de Chiapas. Libramiento Norte y Rosa del Oriente número 2010 colonia El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29049, (961) 61-72-300, Ext. 17258. Twiter: @FGEChiapas Correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx
En el cuarto día del recorrido por la región de los volcanes en Puebla, seguimos documentando con asombro la devastación ambiental que capitalistas y malos gobiernos han generado en la zona. La cita ahora fue primero en el basurero tóxico en San Juan Tlautla, actualmente mal gobernado por el PAN, esta empresa privada tiene el permiso del gobierno y que a través de procesos irregulares se impuso en medio de milpas fértiles afectando a los campesinos y habitantes de la región. La calidad de la tierra de temporal ha ido perdiéndose, el mal olor inunda la zona y los escurrimientos de agua contaminada generada por los desechos se vierte por los campos de cultivo. La obra es un ejemplo de como el mal gobierno trabaja para el capital, despojando y despreciando a las comunidades. Pues si bien la basura es un problema que generamos todas y todos, hay unos más culpables que otros por la responsabilidad y de un sistema injusto que no consulta ni toma en cuenta la opinión de las comunidades afectadas.
La caravana por el Agua y la Vida arribo a la ciudad de Puebla desde la región Cholulteca para encontrarse con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, conjuntamente fueron tomadas las calles del centro para reclamar la complicidad por parte de las autoridades del Estado, en especial de Miguel Barbosa, quien se ha posicionado en contra de los intereses de los pobladores y negando la autodeterminación de los Pueblos Nahuas. En el tercer día de Caravana, se realizo esta marcha para después asistir al emblemático mercado Hidalgo donde hubo música, baile, denuncias y palabras de reflexión y esperanza.
La caravana avanzó nutrida con contingentes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales para realizar un mitín en la Casa Aguayo (sede del gobierno Estatal) donde les negaron escucha y atención, además policías del estado bloquearon el paso de los manifestantes. Los Pueblos Unidos de la región de los volcanes insistieron en la denuncia de la devastación ambiental y el saqueo del agua, así como la desatención de gobierno a esas comunidades. Denunciaron el doble discurso del gobierno de MORENA (partido en el poder) quienes han ocupado un discurso donde se dicen preocupados por las comunidades pero ha sido una continuidad del desprecio del los malos gobiernos con los pueblos. A pesar de la tensión entre policías y manifestantes las actividades se realizaron con normalidad enfatizando la contradicción en la que vive actualmente la humanidad bajo el sistema capitalista: La necesidad de ganancias y poder por la propiedad privada con la consecuencia de depredación, sobreexplotación, contaminación que destruyen los ecosistemas y el medio ambiente generando una situación precaria para la sobrevivencia de los humanos y el planeta. La situación planteada es tan grave que nos pone en una encrucijada de vida o muerte: o el sistema nos asesina a todos o nosotros liquidamos al sistema, desde la raíz.
En el mercado Hidalgo, los gritos de exigencia por justicia en el caso del feminicidio de Meztli Omixochitl, también se hicieron presentes durante todo el recorrido de la caravana, recalcando que no se ha hecho un debido proceso en su caso, la falta de una sentencia y las irregularidades por parte de las instituciones que podría poner en libertad al feminicida lo que sería una doble injusticia para las y los compañeros de la UPVA 28 de Octubre.
Durante los primeros días del mes de diciembre de 2021, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, en un vídeo institucional, propuso declarar Área Natural Protegida (ANP) donde sería el proyecto del aeropuerto de Texcoco, con una extensión de 14 mil hectáreas. De ellas 10 mil hectáreas son zona federal y 4 mil son zonas ejidales, fértiles y productivas para autoconsumo y también para el comercio regional con otras poblaciones.
El polígono del ANP comprende los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco y Ecatepec.
Además de contemplar el ANP, se alude a otro proyecto dentro de la misma que corresponde al llamado Parque Ecológico del Lago de Texcoco (PELT), un parque recreativo y no de conservación.
La declaratoria oficial del ANP programada para el pasado 24 de febrero de 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta el 22 de marzo de 2022. Durante los meses de enero y febrero, grupos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) apoyados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han recorrido la zona promoviendo la ANP y el PELT, cuando por el periodo electoral no está permitido.
Violaciones
Para la declaración de ANP se necesita la consulta previa e informada a pueblos y comunidades originarias, misma que no se ha llevado a cabo, lo que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocido y ratificado por el propio Estado Mexicano.
El gobierno federal pretende hacer pasar las reuniones informativas a ejidatarios como consultas públicas. Sin embargo la región Chimalhuacán-Atenco-Texcoco se define como pueblos originarios.
Además, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) pasan a ser contempladas como parte de la Federación, de manera que el territorio ejidal que pasa a ser parte del ANP perde autonomía en el uso de suelo. Los ejidatarios y ejidatarias, si desean continuar produciendo en sus tierras, tendrán que pagar para hacer modificaciones en el suelo.
Tampoco hay un peritaje sociológico y antropológico sobre los impactos socioculturales que causarían el ANP y el PELT, principalmente en este último porque se suscribe como un parque de recreación que ofrece servicios como zonas deportivas, de entretenimiento, comida, es decir, un proceso de gentrificación disfrazado de ecológico.
La disputa por el territorio
El discurso del Gobierno Federal, y de la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), es que con el ANP se recupera el agua y se evita la especulación inmobiliaria en la zona ejidal, puesto que grupos como Antorcha Campesina, de extracción priísta, podrían hacer negocios. En la región es conocido uno de los operadores de la mencionada organización paramilitar y de choque, Alejandro Santiago López, alias el “Oaxaco”.
Por otro lado, está la gestoría del actual Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra afines a la 4T y de gente ligada a su líder, Ignacio del Valle Medina, promotores del Área Natural Protegida y autonombrados “representantes” de las comunidades.
Entre ese fuego cruzado por la disputa territorial y de poder entre la 4T y el priísmo, hay otras versiones de los hechos, reflejadas en las voces de la Unión de Ejidos y de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México (CPOOEM) que, lejos de la polarización, han llamado a los pueblos y ejidos a tener una voz propia y crítica ante esos dos grupos y sus proyectos que, en el fondo, representan lo mismo, sea gentrificación por inmobiliarias o gentrificación en lo que algunos expertos, como el maestro Carlos Taibo, denomina ecofascismo, es decir, hacer pasar el concepto de lo ecológico sin un sentido humano, cultural y social. Ambas narrativas buscan el control del territorio por sus medios.
En una conferencia de prensa realizada el 17 de marzo de 2022 con la participación de ejidatarios de las comunidades de Nexquipayac Acuexcomac de la ribera del lago de Texcoco, con miembros de CPOOEM junto con los pueblos afectados de Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco, Atenco, Ecatepec, Zumpango, Tultepec y Tecámac, se hicieron presentes cuatro planteamientos.
El primero, las organizaciones y los ejidatarios hacen el deslinde de los afectados y afectadas de las dos facciones en disputa por el agua y el territorio. “Cabe aclarar que nos deslindamos de Alejandro Santiago López -alias “El Oaxaco”- y de Andrés Ruíz Méndez priístas relacionados con el grupo de choque paramilitar “antorcha campesina”; y de Ignacio Del Valle Medina que hoy denigra y explota como franquicia el nombre de aquél Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que hace 20 años con dignidad y fuera de los partidos políticos defendieron” el territorio contra la construcción de un aeropuerto, dijeron en un comunicado.
El segundo, el mensaje contundente hacia la administración de la 4T y los grupos de interés: “Desde aquí le decimos al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y a sus instituciones como la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) y la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural): ¡Ni PRI-antorcha! ¡Ni Morena-FPDT! Los pueblos, comunidades, barrios, ejidos, parajes y colonias de la Zona Oriente de la Cuenca del Valle de México NO tenemos representantes, cada uno tiene voz propia”.
El tercer planteamiento fue sobre la interconexión de los diferentes proyectos en la región como “el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el proyecto de Declaratoria de Área Natural Protegida del lago de Texcoco, el Parque Urbano y Turístico, mal llamado ecológico, y la Autopista Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco, entre otros”, que responden a una sola línea, el despojo del territorio y del agua.
Finalmente, el último planteamiento se refiere al manejo sesgado y con falta de contexto por parte de medios de comunicación que han dado cobertura y espacio al grupo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y sus señalamientos de que aquellas personas que se oponen a la ANP y al PELT pertenecen al PRI, dejando fuera otras versiones y narrativas que, en la misma problemática, velan por el agua, el territorio, la vida y la cultura.
Los pueblos ejidales iniciarán un juicio de amparo contra el gobierno de la 4T y su ANP-PELT, lo que fue expresado por un equipo jurídico de abogados solidarios con los ejidos.
César Godínez Meneses. Licenciado en Comunicación y Periodismo por parte de la FES-Aragón UNAM, ha colaborado en medios populares-comunitarios como Subversiones, La Voladora, Grieta y en la Revista Mexicana de Comunicación. Sus líneas de trabajo son educación, cultura, derechos humanos y medios populares-comunitarios, ha dado seguimiento al movimiento zapatista, al Congreso Nacional Indígena y luchas por la defensa del territorio. Participa de colectivos dedicados a la cultura y apoyo a movimientos sociales, uno de ellos en Nezahualcóyotl.
23 de marzo 2022, Región de los volcanes Puebla; El recorrido inicio muy temprano en una fila de autos, un autobús y un tractor que llevaban a las y los caravaneros mientras un par de bocinas compartían la información de la resistencia de los Pueblos Unidos junto a los objetivos del recorrido. La primera parada fue en el centro de Cuanala del municipio de Juan C Bonilla, donde de frente al palacio de gobierno se llevó a cabo un mitin donde denunciaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno de ser cómplices de la devastación ambiental, la contaminación y el saqueo del agua en la región; los acusaron de ser permisivos y aliados de las grandes empresas saqueadoras y contaminadoras como Bonafont-Danone. Tras ello encaminaron hacia la Junta Auxiliar de Santa Barbara Almoloya donde mostraron como uno de los Ameyales se había recuperado su nivel de agua tras casi un año del cierre de Bonafont, también hablaron del trabajo comunitario de mujeres que han rescatado un espacio de lavaderos comunitarios donde el agua es para toda la población y es un espacio para reunirse en comunidad. Después de esta actividad siguieron su ruta hacia la Comunidad de Coronango donde se expuso la fuerte contaminación de la tierra por empresas como la metalúrgica HYLSA ha tapizado de ceniza tóxica los campos de cultivo y casas habitación que lo rodean. Junto a este monstruo capitalista existen dos pozos que hizo el gobierno y que a colaborado a secar los ríos y ameyales donde antes tomaban agua para cultivo y hasta para la recreación de los pobladores.
Al final se llevo a cabo una recorrido para que los medios de comunicación vieran la devastación ambiental, al lado de una montaña de jales hecha con desechos tóxicos que no dejaba de emitir sus contaminantes al aire, las tierras de cultivo y la propia gente que vive y labora en la zona. Al pasar al lado de la empresa HYLSA pudimos constatar como sus desechos son arrojados al medio ambiente sin ninguna medida de seguridad. Así entre consignas, discursos y música camino la caravana por el Agua y la Vida en su segundo día de recorrido. Cabe destacar que una de las consignas principales es: el agua volvió. Pues los pueblos notaron que el agua regreso a sus pozos, ameyales y ríos tras casi una año de cerrar por medio de la movilización popular a la empresa saqueadora de agua Bonafont del corporativo francés Danone.
En nuestra cuenta de facebook y pronto en youtube puedes encontrar los discursos y dinámicas de esta importante iniciativa política que ha sumado a decenas de organizaciones para encontrarse y buscar fuerza en lo colectivo.
El pasado fin de semana, 18 y 19 de marzo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprendió la gira número 28 por el tercer estado más pobre de México, Oaxaca. Uno de sus objetivos fue supervisar los avances del Tren Transístmico y de los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec. Fue recibido, al menos, por tres protestas y un autobús incendiado.
Mientras AMLO, acompañado del gobernado de Oaxaca, Alejandro Murat, supervisaba las instalaciones del Tren Transístmico, en la comunidad de Donají, municipio de Matías Romero Avendaño, integrantes de la Unidad de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) se movilizaron. Realizaron pintas y lanzaron consignas para exigir la renuncia de funcionarios, “por actos de corrupción y opacidad, en detrimento de los campesinos de la región”, denunciaron en el mitin que realizaron.
Mientras tanto, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, donde se pretende construir un parque industrial, lanzó un comunicado junto con otras organizaciones y comunidades señalando que mantenían un bloqueo carretero en el kilómetro 185 de la carretera Panamericana. “Esta acción se enmarca en el marco de la gira 28 a la región del Istmo de Tehuantepec por parte del Ejecutivo Federal, con motivo de supervisar su magno Megaproyecto de despojo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, puntualizaron en el comunicado.
En portada: Mujeres del plantón en La Puya reciben apoyo y solidaridad de colectivos y organizaciones feministas de Centroamérica. Foto: Radio Victoria
Este mes de marzo marcó el cumplimiento de una década en la lucha de las comunidades integrantes de la resistencia pacífica de La Puya, en Guatemala. Fue el día 2 de marzo del 2012, cuando habitantes de las comunidades pertenecientes a los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, al atestiguar el tránsito de maquinaria pesada por su territorio, se enteraron de las actividades del proyecto minero Progreso VII Derivada, a ser explotado por una filial de la norteamericana Kappes, Cassiday y Asociados (KCA).
Ante ello, una a una, las personas se congregaron con el afán de proteger sus fuentes de agua, tierras y el medioambiente. Para detener las operaciones extractivas, instalaron un plantón permanente, el cual, pese a reiterados ataques, ha bloqueado efectivamente el acceso a la mina de oro por más de una década.
“Nuestra preocupación fue tan grande que nos indujo a que hicieramos esa acción, la cual fue sujeto de una serie de intimidaciones de parte de la empresa y también con apoyo de las autoridades de Guatemala”, relata para Avispa Midia José Ángel Llamas, integrante del movimiento que se ha caracterizado por su resistencia no violenta.
