El día de hoy 12 de diciembre siendo las 12 hrs, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, tomarón la caseta de salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco , para exigir el cumplimiento a sus peticiones de educación al gobierno del Estado de Guerrero. A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales , los cuales abrieron fuego contra los estudiantes, así como persecución contra ellos golpeándolos y deteniéndolos a varios de ellos; a las 12:50 estudiante de ayotzinapa confirmaban que habia tres muertos, heridos y 10 detenidos
Nos reportan un periodista de apellido Escobedo detenido.

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento.

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos.

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación:

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras.

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas.

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios.

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos.

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado.

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección.

En cuanto a las problemáticas de migración:

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones.

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros.

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos.

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel.

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos.

Relativo a la situación de jóvenes,

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida.

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones.

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen.

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor.

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género:

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho.

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva.

Finalmente,

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca.

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración.

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro  de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.
—
Michael. W. Chamberlin

—
Melissa A. Vértiz Hernández
Encargada de incidencia
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.
1ra Norte #37, Col. Centro. C.P. 30700
Tapachula, Chiapas
Tel. 01 (962) 642 50 98

Los pobladores de Xayakalan, en Michoacán, lanzan un llamado de alerta ante las amenazas de nuevas agresiones en su contra, pues, señalaron vía telefónica, “un grupo de los agresores que ultimaron a Trinidad de la Cruz se está concentrando en la Palma de Oro, en la sierra de Ostula, y se teme que estén preparando una matanza”.

Hace dos días en la salida de Xayakalan fueron secuestrados 12 integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad junto con de la Cruz, encargado de la guardia comunal del poblado construido sobre tierras recuperadas en junio del 2009, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al día siguiente en el predio Barranca de Reyes, municipio de Aquila.

Los integrantes de la caravana del Movimiento por la Paz regresaron a la ciudad de México y rindieron su testimonio con valentía, pues ellos también fueron amagados y amenazados, y presenciaron la tortura a don Trino. La comunidad, por su parte, se quedó “muerta de miedo, sola y con mucha zozobra”, informan desde Xayakalan.

“Estamos absolutamente solos, sin ninguna protección, mientras en estos momentos se reúnen los matones en la sierra y tememos un ataque”, señalaron.

http://www.desinformemonos.org

El dia de hoy, 7 de diciembre, el joven Noel Antonio Sanchez, menor de edad de 17 años, según denuncia de sus familiares ha sido detenido sin justificación alguna en Tocoa.

El observatorio internacional permanente de derechos humanos en el Aguan exige el respeto de su integridad física y emocional y su libertad inmediata.

Condenamos y denunciamos la sistemática violación a los derechos humanos de las personas organizadas y no organizadas de la zona.

Pueden llamar a la policía de Tocoa al número 2444-3105

Agradeceremos mucho su solidaridad

Compañer@s

El pasado 25 de noviembre una compañera adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y que participa y se organiza dentro de la Otra Campaña se le negó la entrada al Estado Español cuando se dirigía a Euskal Herria como invitada en calidad de ponente en un foro, en la denuncia explica con detalle todo el proceso que vivió la compañera.

Hacemos un llamado a las organizaciones adherentes a la Otra Camapaña y a aquellas que caminan abajo y a la izquierda a adherirse a esta denuncia publica. Interesad@s en firmar pueden enviar la firma de su organización a este correo: redvsrepresion.chiapas@gmail.com

Las fronteras de los de arriba no pararán la digna rabia que se une y

fortalece entre l@s de abajo.

El día 24 de noviembre del presente, a las 12:00 horas tiempo del estado Español, 05:00 tiempo de México en el aeropuerto de Barajas, Madrid, fue detenida la compañera Concepción Suarez Aguilar adherente de la Otra Campaña Chiapas, en un puesto fronterizo de la policía nacional española, bajo el uso de las leyes racistas y represivas de extranjería.

De este momento a las 14:30 del 25 de noviembre, en que la compañera fue conducida a un avión que la trajo de regreso a México, estuvo retenida durante 3 horas en una especie de separos para interrogatorios y posteriormente en la sala de inadmitidos de la terminal 1 del aeropuerto de Barajas, donde vivió y presenció las siguientes violaciones a los derechos humanos:

• Incomunicación durante las primeras horas de detención. La compañera logra comunicarse a México cerca de las 14:00 horas (hora nacional), gracias a que pudo comprar una tarjeta telefónica, que le vendieron en 5 euros.
• A todas las personas les es retenido su equipaje, no pueden cambiarse de ropa, no cuentan con artículos de higiene, incluyendo toallas sanitarias, son requisados teléfonos, memorias, usb, cámaras y hasta bolígrafos, que son cruciales para anotar datos que se puedan recibir telefónicamente para resolver su situación.
• En la sala de inadmitidos hay una televisión permanentemente encendida, las luces nunca son totalmente apagadas esto suma a la situación de stress, ya que el cerebro humano requiere de oscuridad y silencio para lograr descanso físico.
• Burlas, violencia psicológica y sexual en el auscultamiento y con frases como las siguientes:

“Viene a un foro de derechos humanos con los vascos, jaja, esto si que es bueno, los vascos son los que necesitan aprender que son los derechos humanos”, “seguro viene con los del partido ese”, “mira la morena que guapa está” “¿veniste a buscar un novio español?” “nos dijeron que íbamos a transportar a 3 gatitas pero no dijeron que las gatitas estaban tan buenas”, etc.

• Maltrato físico contra una mujer venelozana de más de 50 años de edad que fue empujada para subir a una ambulancia cuando pidió le dieran las medicinas que llevaba en su bolso y que son de un tratamiento médico prescrito por un médico en su país. Esta mujer no podía caminar rápido por el cansancio y el estrés y cuando dijo “soy una mujer mayor, no puedo ir más rápido”, le contestaron: “mujer, que no estás en un paseo por las nubes, joder, muévete ya”.
• A otra mujer mexicana que también solicitó sus medicinas la llevan al traslado y pregunta: ¿me llevan a un doctor? Y le responden: “a tí con un veterinario tía”.
• Los alimentos eran escasos y se encontraban en muy malas condiciones, el día en que la compañera fue sacada del Estado Español, todas las personas retenidas en la sala de inadmitidos sólo recibieron un café y un pan hasta las 14:30 en que a ella la sacan de ahí para subirla al avión. Pasan cerca de 7 horas más antes de que la compañera reciba los alimentos del vuelo, mismos que no pudo consumir en su totalidad pues el estado de estress, angustia, y falta de alimentos le produjeron trastornos digestivos.
• Se realiza una especie de juicio express en manos de la policía, proporcionan un abogado de oficio cuyo papel principal es asegurarse de que la policía encuadre bien los requisitos para sacar a la gente del país.
• La declaración de la compañera no fue redactada conforme a su dicho, el policía interpretaba su palabra y la redactaba a modo para coincidir con los criterios de negación de entrada al estado español. Cuando la compañera se negó a firmar, recibió palabras insultantes y un trato más agresivo de parte de los policías.
• Durante la toma de declaración fueron bajadas a unas oficinas policiales la compañera y otras dos mujeres mexicanas, durante la toma de declaración una de ellas solicita la lleven al baño y le dicen que al terminar. Después de que la compañera Coni declara, las llevan a unas sillas para que esperen. Las 3 solicitan nuevamente ir al baño y sólo les contestan que gracias a que no firmaron ahora tienen más trabajo y que se esperen. Pasan aproximadamente 30 minutos hasta que después de pedirle al abogado de oficio que intervenga, son conducidas por un policía hacia un baño.
• El departamento de acciones en el norte de Mundubat, organización que invitó a la compañera a su jornada en el País Vasco, envió los documentos que acreditaban el motivo de su estancia y quien cubriría sus gastos (motivos por los que le niegan la entrada) mismos que jamás le son entregados a la compañera, ni se consideran como evidencia a favor en su caso.

El neoliberalismo ha creado leyes para neutralizar los flujos migratorios a la vez que provoca la migración forzada a través de los procesos de despojo y explotación en contra de l@s de abajo. Estas mismas leyes les sirven para contar con el instrumento adecuado para impedir los encuentros de las resistencias anticapitalistas. Los defensores de derechos humanos, movimientos sociales, redes feministas, etc. que se asumen anticapitalistas fuera de la lógica de las luchas que se enmarcan en las vías institucionales como las ONGs u organizaciones que no cuestionan de fondo al sistema de explotación, despojo, represión y discriminación, nos convertimos en el blanco directo de estas políticas neoliberales de contención de las luchas.

La detención de Coni, no puede ser vista como un caso más de los muchos que ocurren a diario en los aeropuertos de Europa violando sistemáticamente los derechos humanos de l@s migrantes, es evidente que se trata de una embestida contra la presencia y la voz de una mujer de Chiapas, feminista anticapitalista y de la Otra Campaña que denunciaría en diferentes espacios la situación de violencia que prevalece en Chiapas bajo el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez: la reciente escalada en los ataques a las comunidades autónomas zapatistas, la violencia de género que a diario se suscita en nuestro estado, la situación de l@s pres@s políticos y personas injustamente presas adherentes a La Otra Campaña, los despojos a las tierras y territorios de los pueblos indígenas por la implementación de los megaproyectos, etc., información que ha sido ocultada por el gobierno de Sabines bajo el beneplácito de la ONU y otros organismos internacionales que incluso lo han galardonado.

Los de arriba han desatado la crisis, los de arriba buscan paralizarnos, pero no lo lograrán.

Por ello los colectivos, organizaciones y personas abajo firmantes les decimos a los de arriba:

No nos pararán, abajo y a la izquierda la digna rabia se levanta cada vez con más fuerza y decisión de luchar.

Convocamos a todos y todas las adherentes nacionales e internacionales a manifestarse según sus tiempos y formas.

Movilicémonos en contra de las leyes de extranjería.

Contra el clacismo y racismo de los cuerpos policíacos en puestos fronterizos.

Contra la violencia de género y el abuso de poder que ejercen los cuerpos policíacos contra l@s de abajo y en particular en contra de las mujeres migrantes.

Contra la inoperancia de la embajada mexicana que deja en la indefensión a sus connacionales.

Contra el capitalismo, por la democracia, la libertad y la justicia

La Otra Campaña VA

Brigada Feminista por la Autonomía adherente a la otra campaña,

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

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TO NATIONAL AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS

TO GRASSROOTS AND CITIZENS’ ORGANIZATIONS

TO MAINSTREAM AND ALTERNATIVE MEDIA

TO THE GOOD GOVERNMENT COUNCILS

TO THE OTHER CAMPAIGN

TO NATIONAL AND INTERNATIONAL CITIZENS’ ORGANIZATIONS

TO THE MOVEMENT FOR PEACE:

We denounce two years of impunity in the case of human rights defenders Margarita Guadalupe Martínez and Adolfo Guzmán

Two years have passed since members of the Chiapas state attorney general’s office (PGJE), specifically the District Office of the Border Mountain zone (FDFS), unlawfully entered our home in Comitán, Chiapas, committed abuse of authority and tortured the four members of our family. A formal complaint was made regarding these injustices at the Special Office for Protection and Attention to Human Rights NGOs (FEPAONGDDH), yet in spite of the time that has elapsed, neither the Special Office nor the Chiapas state government has done anything to shed light on what happened and they continue dragging their feet in order to cover up government officials and prevent the truth from coming to light.

Since legal proceedings of this case began, we have received death threats six times, Margarita Martínez has been kidnapped and tortured twice, first on February 25, 2010 (36 hours before the legal re-enactment of what occurred), then on November 24, 2011. Formal public complaints were filed on each occasion.

Following the kidnapping of Margarita on February 25, 2010, the Inter-American Commission on Human Rights (ICHR) called on the Mexican army to protect our family and decreed protection measures for us, consisting of police guards to be assigned by the Chiapas state government, from a “special corps” from the Secretary of Public Security and Citizen Protection (SSyPC). We were forced to accept these measures in light of the imminent risk and vulnerability we faced.

Yet protection measures have not helped our case nor have they produced a less stressful situation. In fact, Margarita’s kidnapping in November, 2010 happened while being accompanied by a police guard and in October of this year we received an anonymous death threat at our home, supposedly protected by the SSyPC,.

We believe that the ineffectual actions of the judicial branch of the state of Chiapas and its complicity with the parties we have sued have to do with the following circumstances:

First, regarding the delays in obtaining a verdict: FEPAONGDDH divided the case into three separate events, supposedly to carry out a better investigation, i.e. 1) illegal entry with abuse of authority, torture (which authorities have dropped); 2) threats, a charge aggravated by the fact that it was a death threat; 3) Kidnapping, torture and rape. Charges stemming from these three events were filed with FEPAONGDDH, but only the first has been formally admitted and prosecuted, and even then the accusation of torture was omitted.

Second, dealing with the reclassifying of crimes, a procedure we have questioned: FEPAONGDDH alleges that due to a lack of proof, the charge of torture cannot be prosecuted, in spite of the fact that a UN-certified psychologist on torture carried out an evaluation in accordance to the standards outlined in the Istanbul Protocol, and found that all members of our family had been tortured.

Third: the protection measures requested by the ICHR and implemented by the government of Chiapas have hardly ensured security, since, as noted before, two very serious crimes were committed even while our family was receiving police protection.

The Attorney General of Chiapas, Raciel López Salazar, and the Governor of the State, Juan Sabines Guerrero, have not contributed to clearing up these matters, in spite of the request by the ICHR, thus clearly showing a lack of justice and accountability in prosecuting efficiently and objectively the crimes committed by state officials under their authority.

Given the above, we hereby lodge a protest against the state’s breach of duty to carry out a prompt and impartial investigation. Two years have passed and the facts have yet to be investigated fully nor has a verdict been handed down against the accused parties. This points to a clear dereliction of duty of the Mexican government, and particularly the government of Chiapas, and underscores the total lack of guarantees for human rights defenders.

We therefore demand the following from the governments of Chiapas and Mexico:

• Full implementation of the ICHR’s protection measures (decree 52-10) in a efficient and professional manner.
• Guarantees for the lives and physical and emotional wellbeing of all members of our family.
• Public officials implicated in the serious accusations that have been filed (illegal entry, abuse of authority, death threats, torture, kidnapping and rape) should be suspended from duty until the matter is legally resolved, insofar as those involved have used their government posts to avoid prosecution.
• Those officials responsible for the crimes committed should be prosecuted and sentenced for the violations of human rights that occurred.

Stop the harassment of Human Rights Defenders

Stop the torture of Human Rights Defenders

Never again a Mexico without Human Rights

Sincerely,

Margarita Guadalupe Martínez Martínez

Adolfo Guzmán Ordaz