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Vía CLACPI Latinoamerica

[Perú] ASESINAN A LIDERESA INDÍGENA DEL PUEBLO SHIPIBO KONIBO

La reconocida cultora de los conocimientos tradicionales del pueblo shipibo konibo, Olivia Arévalo Lomas, fue asesinada de cinco balazos al mediodía de ayer en su comunidad Victoria Gracia, Pucallpa (en las riberas del río Ucayali a pocas horas de la frontera brasileña).Un sicario motorizado le disparó a Olivia a pocos metros de su casa de habitación. Arévalo se une a una larga lista de indígenas del Perú, como Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y otros, que se sospecha fueron ultimados por madereros ilegales y narcotraficantes que los tenían amenazados.

Fotos facilitadas por la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) y TeleSurTV.

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CNI/CIG

[CNI/CIG] Se exige presentación con vida de los compañeros de Azqueltán, desparecidos a manos de grupo armado en Jalisco

El día de ayer, 19 de abril, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno alertaban de la desaparición de dos de sus compañeros de Azqueltán y San Lorenzo Azqueltán, el concejal Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, comunero y hermano del Concejal Gabriel Aguilar Rojas. Tal y como  se señala en la denuncia, a las 13,00 horas personas no conocidas y que estaban armadas subían a los dos compañeros a una camioneta marca Toyota Hilux de color gris; esto sucedía a la altura de Temastián, en el estado de Jalisco y se sospecha que con rumbo a San Martín de Bolaños, del mismo estado.

Igualmente, en la tarde de ayer y en el marco de la cuarta sesión del Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?, Ma. De Jesús Patricio Martínez, como vocera del CIG, pedía la aparición con vida de Catarino, representante agrario de la comunidad, y de Noé, indicando que la comunidad responsabiliza al gobierno municipal de Villaguerrero y al gobierno estatal de Jalisco de su integridad.

(Descarga aquí)  

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, San Lorenzo Azqueltán también  denunciaba la agresión armada en contra de los hermanos Noé y Gabriel Aguilar Rojas por parte de personas “ajenas a la comunidad” y se exigía a la autoridad municipal que dejara de promocionar proyectos que instaban a la invasión de tierras y a la agresión a comuneros. Recientemente, la cosa se habría ido agravando con amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de la delincuencia organizada vinculada a su vez a grupos de poder local y por la presencia de carteles como el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo.

San Lorenzo de Azqueltán está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika.  Forma parte del Congreso Nacional Indígena y su lucha agraria es por el reconocimiento legal de sus bienes comunales en base a título virreinal datado en 1777 y autentificado por las autoridades agrarias en 1954. La titulación quedó en suspenso largo rato negándose en el año de 2007 al conceder por la vía de dotación de ejido una parte del territorio a un pequeño grupo de “supuestos ejidatarios.”

Los comuneros han venido denunciando esta situación de continuo despojo territorial y de usurpación del mismo nombre de la comunidad manifestando que “ricos líderes”, “terratenientes”, “mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra.

Conformaron un gobierno agrario y se han interpuesto varias demandas -tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras- y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal y el cese de proyectos con los que se estaría privatizando el territorio con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales dado que también se otorgaron permisos para planes de aprovechamiento forestal y ganadero.

 

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CNI/CIG

Congreso Nacional Indígena y Concejo Indígena de Gobierno exigen la presentación con vida de sus compañeros, el concejal Catarino Márquez y el comunero Noé Aguilar, ambos de Azqueltan

El día de hoy a las 13:00 hrs aproximadamente, en el municipio de Temastián, Jalisco, personas desconocidas y armadas subieron a una camioneta Toyota Hilux color gris doble cabina y se llevaron, al parecer, con rumbo a San Martín de Bolaños, Jalisco, al Concejal de San Lorenzo de Azqueltan, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, Catarino Aguilar Márquez y a Noé Aguilar Rojas compañero comunero de la misma comunidad y hermano del Concejal Gabriel Aguilar Rojas.

Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros y responsabilizamos al gobierno municipal de Villa Guerrero y al gobierno estatal de Jalisco, por su integridad.

 

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

Ma. de Jesús Patricio Martínez, vocera del CIG

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Medios libres

Desalojo violento de maestros en San Cristóbal afecta gravemente a niños

San Cristóbal de Las Casas, 19/abril/2018.- Tras el operativo de desalojo contra profesores, que operó el día de hoy la policia estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas a la altura de la explanada de El Carmen, padres y madres de familia de las escuelas primarias y preescolares de la zona denunciaron la grave afectación a la salud de los menores que se encontraban en clases.

Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y por aire, desde un helicóptero, ocasionaron la salida inmediata de alumnos, que se vieron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo que no consideró ningún protocolo.

Aquí el testimonio de algunas madres de familia:

(Descarga aquí)  

 

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Radio Ñomndaa

Se moviliza Policía Comunitaria contra represión en La Concepción

Suljaa’, Guerrero, 12 de enero de 2018.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria se moviliza en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para exigir justicia para los comunitarios ejecutados por policías ministeriales y estatales, así como libertad para los comunitarios detenidos el pasado 8 de enero en la comunidad de La Concepción, bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

En entrevista Sabas, vocero de la CRAC – PC, manifestó que las movilizaciones son para “repudiar las acciones del gobierno del estado, respaldado por el gobierno federal en contra de la CRAC – PC y del CECOP.” Así mismo exigen respeto al sistema jurídico de las comunidades indígenas en donde los policías comunitarios “son nombrados en asamblea, están para defender los pueblos, están para defender los territorios y los recursos naturales, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y del gobierno federal.”

(Descarga aquí)  

Por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que fueron detenidas 38 personas, de los cuales 23 son del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), 11 de la CRAC y otros dos que estaban en reeducación, todos acusados de homicidio calificado. Durante las detenciones se cometieron violaciones graves de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, el uso de la fuerza letal, refiriendo las ejecuciones extrajudiciales contra dos policías, lo que “es gravísimo para un gobierno que se dice democrático”, así como la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos contra Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP.

(Descarga aquí)  

Fuente: Radio Ñomndaa

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Concejo Indígena de Gobierno

Concejo Indígena de Gobierno denuncia agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero


Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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CRAC-PC

Policía Comunitaria de Guerrero denuncia asesinato y detención arbitraria de miembros de la CRAC-PC

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

Escucha aquí:

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”
Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

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Tlachinollan

Detienen e incomunican a más de 30 policías comunitarios de La Concepción, Acapulco y ejecutan a tres

Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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Red Solidaria Década Contra la Impunidad

México: Memoria, verdad, justicia, reconciliación. Informe de actividades de la Red Solidaria Década contra la Impunidad

El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Resumen Latinoamericano

Nación Mapuche: “Fue una cacería racista, los fusilaron”

Luego de que fuerzas de seguridad desalojaran el jueves pasado a la comunidad mapuche que reclama sus tierras en la zona del Lago Mascardi, se produjo hoy un nuevo cruce que terminó con dos heridos y un muerto.


Imagen: Gentileza Diario Río Negro

El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió en la ciudad de Bariloche tras ser baleado por las fuerzas de seguridad federales que la perseguían desde el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y represión desatado en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció de un disparo en el estómago. Otros dos integrantes de esa comunidad, un hombre y una mujer, fueron heridos con balas de plomo y trasladados al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad.

La muerte de Nahuel provocó la reacción de centenares de personas que se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral. Durante la protesta hubo algunos incidentes. También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía montó un fuerte operativo.

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