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Frente De Pueblos Morelos Puebla Tlaxcala

A tres años del asesinato Samir Flores, el #narcoEstado se destapa, el despojo continúa con la Guardia Nacional y los pueblos seguimos resistiendo

El tercer aniversario del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes está enmarcado en una serie de agresiones, violencias y asesinatos hacia integrantes de los pueblos y periodistas en el descaro de un #narcoEstado.
Este año inició con una serie de publicaciones en la prensa y en redes sociales de la vinculación del gobernador de Morelos con lideres de la delincuencia organizada, narcomantas dirigidas a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores en las que se utiliza el asesinato de nuestro compañero como forma de chantaje de la delincuencia organizada hacia el gobernador y otros políticos del estado como el Senador Ángel García Yañez.
A tres años las investigaciones han sido una burla, presentando a personas que ya estaban detenidas y solo dando largas a las demás acciones que se necesitan para fortalecer la investigación. Ahora es mas que clara la dilatación de la justicia en el caso, ya que con todo lo salido a la luz es evidente que el asesinato de Samir fue realizado por el #NarcoEstado, que el gobierno no sólo sabe quién mató a Samir sino que en realidad es parte de los autores intelectuales.
Por otra parte el 11 de febrero el asesinato del ejidatario Francisco Vásquez un día después de denunciar las amenazas hechas por Rogelio Plascencia al organizar su destitución al frente de ASURCO, genera un clima de alto riesgo al campamento afuera de las instalaciones de ASURCO, sostenido por los ejidatarios que defienden el agua ante el despojo de la Termoeléctrica, el cual intentó el mismo Plascencia desalojar el 10 de febrero. Ello se da después de la reunión que el mismo Rogelio Plascencia difundió en sus redes sociales con una fotografía tomada en enero de este año con López Obrador, Manuel Bartlett y Cuauhtemoc Blanco en el que presume la firma de un convenio ilegal, sin haber sido consultado a los ejidos que integran ASURCO y que promete 118.5 mdp a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos en contra de que se lleven el agua de los ejidos para la termoeléctrica. Nuevamente la presencia de Obrador en el PIM se baña de sangre y amenazas de desalojo.
Mientras que en Puebla, la Guardia Nacional y policía estatal desalojan el 15 de febrero la Casa de los Pueblos en el municipio de Juan C. Bonilla, ocupando las fuerzas públicas represivas para atacar a los pueblos y consentir el robo del agua de la transnacional Bonafont.
La cuarta T no tiene otra forma de resolver los conflictos con los pueblos mas que con la represión, el desalojo y la violencia, siempre en favor de los grandes capitalistas y del neoliberalismo que anunció haber terminado. Esta administración ha acrecentado el binomio “narco/fuerzas represivas”, ocupandose al crimen organizado como Secretaría del Terror del Estado Mexicano para hacer el trabajo más vil, sucio y cruel contra los que defienden la vida y la Guardia Nacional para reprimir a plena luz de día o la noche las justas protestas del pueblo que ven en las acciones de gobierno la continuidad del despojo y destrucción de la madre tierra. Todo bajo el monopolio de la palabra del Presidente y un falso discurso de un gobierno “bueno”.
Pero no olvidamos como Salinas de Gortari se proyectaba como el mejor Presidente que había tenido México en mucho tiempo, cuando estaba en el poder y, una vez que los zapatistas descubrieron su verdadera máscara y dejara el poder, hoy es una vergüenza para la nación.
No olvidamos las palabras de López Obrador hace 8 años “no queremos la termoeléctrica, el gasoducto y las minas, México no es territorio de conquista” Nosotros sostenemos esa posición, esa palabra, pero ¿cómo se puede respetar a un gobierno que no respeta las leyes, los derechos y ni siquiera su propia palabra? Realizando un acuerdo presidencial el 22 de noviembre de 2021 para imponer los megaproyectos del capital y desconociendo los más de 20 amparos y 11 suspensiones contra el PIM.
¿Cómo se puede seguir pidiendo justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores a un #Narcoestado? ¿Cómo se puede hablar de un gobierno que esta con el pueblo cuando lo que esta haciendo es agredir a todo aquel que esta en contra de su palabra o sus acciones? ¿Como se puede decir que vivimos en democracia cuando eres estigmatizado, denigrado, violentado por tener una opinión diferente?
El #narcoEstado nos plantea que no importan los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, que no importan los procesos legales como parte de los derechos que tenemos los ciudadanos ante el abuso de la autoridad, que no importan las vidas de las personas que están en contra de los proyectos de muerte impulsados por el gobierno y el capital. Es evidente que tanto el gran ego del presidente así como su política fundamentalista del que todo aquel que esta en contra de él, esta con los conservadores, le están provocando una gran ceguera política que nos está llevando a una situación muy grave en nuestro país. A López Obrador le quedan 3 años de gobierno, a los pueblos nos seguirá quedando más tiempo, porque hemos determinado vivir y ser consecuentes con la defensa de la vida.
ALERTAMOS a todas las personas, movimientos, organizaciones y pueblos de México y del mundo sobre una creciente ola represiva contra la defensa de la verdad, la justicia y la vida en nuestro país, en donde incluye acabar con la resistencia ante el Proyecto Integral Morelos, la cual intentará nuevamente retirar el digno Plantón de ASURCO y atacar a diversas personas y pueblos en contra del PIM, antes que termine el sexenio de la cuarta simulación, para poder presentar a los patrones del capital una chatarra termoeléctrica limpia de protestas, pero no de sangre, despojo y contaminación.
Por eso, llamamos a estar atentos ante la lucha contra el PIM y los cientos de megaproyectos de muerte en nuestro país y a sumarnos a la campaña de boicot a la empresa Bonafont/Danone y la caravana por la vida acordada el 16 de enero en las instalaciones del Altepelmecalli, la cual recorrerá más de 6 estados del país del 22 de marzo al 22 de abril, uniendo resistencias y denunciando las injusticias del mal gobierno y gran capital en nuestros territorios.
En la lucha por la vida está la justicia para Samir y por eso seguiremos construyendo autonomías y resistencias en todos los rincones en donde Samir y todos nuestr@s compañer@s asesinad@s y desaparecid@s han estado, sembrando dignidad, acordando vivir.
¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue!
¡Fuera el PIM! ¡Fuera Bonafont! ¡Viva la autonomía!
T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
 
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Avispa Midia

México: Escala violencia contra pueblos que resisten a megaproyectos

Por Ñaní Pinto

A escasos dos años de que concluya la llamada “Cuarta Transformación”, como le ha llamado a su gobierno el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo), los contextos de violencia hacia los pueblos originarios se han agudizado casi simultáneamente. Es “la escalada represiva, que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T”, sostuvieron los pueblos en un comunicado lanzado este miércoles (16).

Los pueblos organizados en el llamado Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejercito Zapatistas de Liberación Nacional (EZLN), en un comunicado que lanzaron conjuntamente,  señalan el aumento de ataques y hostigamiento por parte grupos paramilitares, de la Guardia Nacional y el Ejército en diversas geografías del país.

Condenaron puntualmente el asesinato de Francisco Vázquez, “quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos”.

Él era parte los ejidatarios que han opuesto resistencia a la ya conocida termoeléctrica de Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

El campesino, durante una reunión de ejidatarios, ya había alertado que había recibido “amenazas de muerte”, además señaló que si le sucedía algo a él o su familia, “responsabilizaba a Rogelio Plascencia, presidente de ASURCO (Asociación de Usuarios del Río Cuautla)”, revelaron integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM).

“Vemos con tristeza y con inseguridad lo que esta sucediendo, porque estamos expuestos y estamos en alerta. En Morelos ya asesinaron a dos personas por estar en contra del PIM”, puntualizaron los integrantes de la APPM que, por seguridad, decidieron mantenerse en el anonimato.

Desde que inició la “Cuarta Transformación”, los pueblos de Morelos se vistieron de luto por PIM, pues aquí fue dónde también asesinaron al indígena Samir Flores Soberanes, quién expuso su inconformidad sobre el PIM y, esto, le costó la vida.

El CNI y el EZLN han remarcado que el hostigamiento también lo están sufriendo las indígenas Otomí y activistas que han ocupado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), un espacio que resignificaron como “la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes”, ya que este, “ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos”, reza el comunicado.

Amlo, desde su llegada a la silla presidencial con aires de cambio y transformación para México, ha implementado un paquete de políticas expansivas de capitales en diversos rubros, principalmente en proyectos estratégicos. Un caso emblemático ha sido las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que Amlo sostuvo que dejaban de existir, pero solo cambiaron de nombre.

La ZEE de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz, marchan viento en popa. Aquí habitan al menos 12 pueblos originarios a los cuales no se le ha dado una información de lo que ya está implicando todo el reordenamiento territorial. Incluso, Adelfo Regino Montes, titular del INPI, ha sostenido que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Por ello, también, denuncian “la militarización del Istmo de Tehuantepec”, a través de la cual se busca “imponer el megaproyecto del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto, como ocurre con la comunidad Binnizá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa, Oaxaca”, agrega el comunicado.

En la escalada de violencia que denuncia el CNI y el EZLN está el desalojo de los activistas que sostenían la llamada “Casa de los Pueblos Altepelmecalli” en el estado de Puebla. Estas  instalaciones, antes de ser casa de los pueblos, estaban en las manos de la empresa Bonafont, subsidiaria de la francesa Danone. Estos pueblos se vieron empujados a realizar la acción de ocupar tras la explotación de los mantos acuíferos de sus pueblos, demostrando que la empresa extraía más de 1 millón de litros de agua diariamente.

Este lugar fue resignificado como “un espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca”, agrega la declaración de estos pueblos.

También denuncian la represión ejercida por la Guardia Nacional contra estudiantes que exigen la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos y, en contraste, la omisión de este órgano de seguridad  ante la violencia que se vive en Guerrero. “Mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata que se oponen a los megaproyectos extractivos y denuncian la complicidad de los gobiernos con los grupos narco-paramilitares, asesinando y desapareciendo a nuestros hermanos”.

El CNI y el EZLN responsabilizan al gobierno federal de México por esta escalada de violencia y exigen que “cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la explotación- destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado Mexicano”.

De la misma forma, hacen un llamado a los pueblos del mundo, organizaciones y colectivos, a estar alertas ante esta oleada represiva que, se prevé, será más agresiva, ya que el gobierno mexicano ha elevado, por decreto, los emprendimientos de “desarrollo” como, “de interés público y de seguridad nacional como pretexto para usar a sus fuerzas armadas en contra de aquellos pueblos que se opongan al despojo y a la destrucción sin precedentes del territorio mexicano”.

El comunicado concluye llamando a la solidaridad. “Las personas, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos en los territorios de SLUMIL K´AJXEMK´OP (también conocida como “Europa”) a que se movilicen y se pronuncien en contra de la trasnacional Bonafont-Danone –con sede en Francia-, y las representaciones del actual gobierno federal mexicano en Europa”.

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Avispa Midia

SCJN cancela concesiones de la minera Almaden Minerals en Tecoltemi, Puebla

Por Sare Frabes

La Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) canceló, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (16), dos concesiones mineras de la empresa canadiense Almaden Minerals en el territorio de la comunidad nahua de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla. Con la decisión, la SCNJ resolvió el amparo interpuesto, en 2015, por la comunidad Tecoltemi.

Se “determina que lo procedente es ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar insubsistentes los títulos de concesión minera”, de acuerdo con el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo y aprobado por unanimidad.

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La SCJN determinó que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y amparó a la comunidad Tecoltemi para que la Secretaría de Energía consulte a los pobladores antes de autorizar la concesión de una mina de oro y plata a cielo abierto. De manera que, no está cerrada la posibilidad de que los órganos de gobierno vuelvan a otorgan los permisos, después de un proceso de consulta.

“La decisión de la Corte es sin duda un gran logro para Tecoltemi y resulta de suma relevancia no sólo para ella sino para otras comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán y del resto del país, siendo ésta la primera vez que la SCJN reconoce la violación al derecho a la consulta y al consentimiento tratándose de concesiones mineras, y que ordena su cancelación como consecuencia de dicha violación”, manifestó la comunidad en un comunicado, conjuntamente con las organizaciones que la acompañan en su defensa legal, Fundar y el Consejo Tiyat Llali.

Por otra parte, la Suprema Corte dejó intacta la Ley Minera, reafirmando su constitucionalidad. La comunidad indígena también había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Minera.

Tecoltemi había reclamado la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la legislación, entre ellos, el 6 y el 19 que determinan que las actividades mineras son de utilizada pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio y que el titular de las concesiones tienen el derecho de obtener expropiación de terrenos así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

El ministro en la sentencia reconoce “la potestad exclusiva de la Federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales” y que los derechos de los pueblos indígenas “están sujetos a ciertos límites y restricciones”.

Sobre la Ley Minera, no hubo unanimidad en las votaciones de los ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández votó en contra del proyecto propuesto por el ministro Rebollero, anunciando que emitirá un voto particular, lo que significaría que, a su consideración, el contenido de dichos artículos de la Ley sí podría ser inconstitucional e inconvencional.

En el comunicado, la comunidad lamenta “que la SCJN haya perdido la oportunidad de analizar a fondo una ley que, al dar preferencia a las actividades mineras, viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas”. 

Y anuncia que “seguiremos denunciando el contenido violatorio de la Ley y estaremos pendientes de la publicación y notificación, en los próximos días, de la sentencia definitiva con la que se podrán conocer los razonamientos y argumentos finales”.

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Avispa Midia

Acuerdos de San Andrés perdieron vigencia con las reformas estructurales

Por Renara Bessi

Fotos: Santiago Navarro F.

Está en las manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Después de su aprobación, el documento debe ser enviado al Congreso de la Nación para ser evaluado y ser votado por los parlamentarios.

“Sobre todo, es una reforma intercultural porque se nutre de las visiones de nuestros pueblos y comunidades, de las diversas perspectivas culturales que tenemos a lo largo y ancho del territorio mexicano”, dijo el director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, durante el evento organizado por el Congreso, el 16 de febrero, en el marco del foro Pueblos Indígenas en México a 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, realizado en la sede del Senado, Ciudad de México.

En diversas ocasiones el titular del INPI, Regino Montes, ha mencionado que “reconocer en la Constitución los aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés es uno de los pendientes del Gobierno de México” y que con la reforma en materia de derecho indígena, que se está llevando a cabo, se sanaría esta deuda.

En la sede del Senado, el titular exhortó a todas las fuerzas políticas, a todos los partidos políticos, para que se asuma un compromiso colectivo para aprobar la reforma.

El mismo 16 de febrero, día en el cual se cumple los 26 años del acuerdo, Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que actuó como consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) durante el proceso de diálogo que resultó en la firma de los Acuerdos de San Andrés, afirmó que, si fuera objetivo del gobierno actual cumplir con los acuerdos de San Andrés, además “del retórico” y de los “formalismos jurídicos”, tendría que derogar las reformas constitucionales llevadas a cabo que permiten la “recolonización de los territorios de los pueblos indígenas”.

El investigador sostuvo, en un evento en la Casa de los Pueblos ‘Samir Flores Soberanes’, que habría que derogar, por ejemplo, la reforma del Artículo 27 constitucional, que legalizó la privatización de las tierras ejidales. Si realmente están en la tónica de cumplir con el espíritu de los acuerdos de San Andrés, “tendrán que derogar muchas leyes derivadas de las reformas estructurales, entre ellas, la Ley Minera”, que establece la actividad minera como prioritaria sobre cualquier otra actividad, incluso las que dicen respecto a la autonomía de los pueblos.

Para el abogado especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, que también participó del proceso de diálogo que llevó a la firma de los acuerdos, la multiplicidad de reformas neoliberales desconfiguró por completo el contexto en el cual fueron construidos los acuerdos. Como documento jurídico, “están totalmente rebasados, ya no responden a la realidad del país”.

“Entonces para haber un respeto mínimo a los derechos de los pueblos a nivel Constitucional y legal habría que haber profundas reformas que, con mucho, rebasa el contenido de los acuerdos de San Andrés”, evalúa.

Los acuerdos

Los acuerdos de San Andrés fueron suscritos entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, los representantes de los partidos integrados en la legislatura federal y del estado de Chiapas y el EZLN.

El compromiso era incorporar los acuerdos a la Constitución política de México, “con el fin de producir una reforma profunda de la estructura del Estado en la lógica de generar un país más justo, más incluyente y más equitativo, donde los pueblos originarios pudieran gozar de los derechos y de las garantías que el resto de los mexicanos tienen”, explicó González.

Además, “se entendía y se entiende que la nación había negado sistemáticamente la existencia y los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo.

En este sentido, los acuerdos de San Andrés contemplaban, desde el punto de vista del abogado, dos aspectos fundamentales. Uno era el derecho al reconocimiento de los derechos territoriales y el otro era el reconocimiento de los derechos autonómicos.

Los derechos autonómicos se establecían como un elemento angular, de manera que los pueblos pudieran ser reconocidos como entidad de derecho público como partes integrantes de la estructura del Estado mexicano y que tuvieran el pleno reconocimiento de sus funciones de gobierno, de sus atribuciones y que pudieran contar con recursos fiscales.

Reforma de 2001

La reforma constitucional, realizada en 2001, plasmó los derechos de los pueblos originarios en el artículo segundo constitucional. Sin embargo, los dos elementos centrales de los acuerdos de San Andrés fueron ignorados.

En lugar de hacer mención a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades, se habló de hogares, es decir, espacios individualizados. “El término ‘territorio’ está perfectamente acotado en el derecho internacional, específicamente en artículo 13 del Convenio 169 y otros instrumentos internacionales”, dijo el abogado, pero no fue considerado.

En segundo lugar las comunidades fueron reconocidas no como entidades de derecho público sino como entidad de interés público, es decir, se definió que los indígenas deberían ser tutelados por el Estado. “Fue un giro total de lo que se estaba proponiendo”, afirmó González.

San Andrés: parte aguas

Si los Acuerdos de San Andrés “como documento están rebasados, no lo están como proceso”, sostiene la periodista Gloria Muñoz Ramírez y autora del libro EZLN: 20 y 10 el fuego y la palabra. “Fue un proceso de mucho aprendizaje”. Uno de ellos, recuerda la periodista, es que crearon una nueva forma de dialogar con el Estado.

La mesa de negociación estaba compuesta, en una parte, por representantes del gobierno y, en la otra, por los delegados zapatistas. En la parte del gobierno habían 10 personas, del lado de los zapatistas había 130 personas, representantes de los pueblos, antropólogos, intelectuales, cuenta Muñoz.

“El comandante David dijo: ‘Nosotros no queremos que solo escuchen nuestra palabra, queremos que se escuche las voces de todos los pueblos que luchan como nosotros’”. Había más de 35 representante de pueblos indígenas.

Para la periodista, se inauguró una nueva manera de hacer política. “Ellos decían vamos hacer a un lado el sistema de ventanilla, en el cual los pueblos indígenas llegaban con algún funcionario de gobierno con un pliego petitorio” y el funcionario nada más palomeaba lo que sí se concedería y lo que no.

En el proceso de diálogo de San Andrés, “los pueblos llegan con demandas concretas que no son negociables. Y no solamente eran las demandas del EZLN, eran las demandas de todos los pueblos presentes”, afirma Muñoz.

Lo que siguió

Ante la reforma constitucional de 2001, que fue presionada fundamentalmente por las cúpulas empresariales, los pueblos originarios, específicamente el CNI y el EZLN, decidieron ya no optar por la vía de “solicitar o exigir al Estado su reconocimiento constitucional integral, sino ejercitar sus derechos territoriales, sus derechos de autonomía por el camino de los hechos, sin necesitar de una Constitución que nunca va a llegar frente a los grandes intereses económicos y políticos”, dijo González.

Años después, en 2003, el EZLN anunció la creación de las Juntas de Buen Gobierno que integran la organización de municipios autónomos zapatistas a nivel regional y los caracoles zapatistas como espacio de interlocución con el exterior.

“Así mismo los pueblos del CNI empezaron a caminar con más fuerza en dirección a la autonomía por la vía de los hechos, a ejercitar sus derechos de una manera más contundente en la gestión de sus territorios. Eso ha pasado de una manera más significativa a partir de las grandes crisis de seguridad, que ya se volvieron permanentes en este país”, analizó el abogado.

Así que el camino es “seguir impulsando el ejercicio de los derechos por la vía de los hechos, seguir haciendo la defensa de los territorios e impulsar mayor unidad entre los pueblos originarios”.

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ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO OAXAQUEÑO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO -APIIDTT-

Nuestra lucha es por la defensa de los bienes comunales y naturales: Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Jalapa del Marqués

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Al Pueblo istmeño
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec
A los pueblos de Oaxaca, México y el mundo que luchan y resisten por la vida

Quienes suscribimos, somos comuneras y comuneros constituidos en Asamblea pertenecientes al núcleo agrario de Sta. María Jalapa del Marqués, Oaxaca, somos una comunidad indígena zapoteca que nos resistimos a olvidar nuestras raíces y tradiciones, por lo tanto, nos resistimos a olvidar nuestra historia y memoria colectiva.

Como pueblo, fuimos desplazados hace más de 60 años por el mal gobierno, que con el discurso ya conocido de desarrollo, empleo y bienestar para nuestra comunidad iniciaron la construcción de la presa «Benito Juárez», con el mismo engaño, a los pueblos de la planicie costera les prometieron desarrollo agrícola, lo cual se desenmascaro en un par de décadas, ya que la principal necesidad de construir está presa fue para satisfacer el consumo de agua de la Refinería de Salina Cruz. Antes de la presa, nuestra comunidad era 100% campesina, destacaba nuestra capacidad de producción por contar con tierras fértiles rodeadas de 2 ríos: 1 proveniente del norte llamado río Grande y el río Tequisistlán proveniente del oeste. Pero esto se terminó por la ambición de unos cuántos.

En 2003 se anunció la modernización de la presa para convertirla en una Hidroeléctrica, la cual fue rechazada por la suma de fuerzas entre la comunidad, organizaciones y colectivos, que denunciaron la entrega de tierras y dinero por parte de los grupos políticos que pretendían imponer la hidroeléctrica, y que se fueron fortaleciendo con ayuda de gobierno hasta lograr tomar el control del poder municipal y comunal para hacer y deshacer a sus intereses particulares.

Desde hace décadas y al día de hoy, Jalapa del Marqués se encuentra secuestrado por autoridades municipales y comunales vinculadas al crimen organizado, que han amenazado, intimidado y comprado gente para poder sostener sus cargos en el poder, esto les ha permitido entregar tierras a sus familiares, políticos y socios a quienes les deben favores, claro, todo a cambio de dinero que es lo único que les interesa.

Por todo lo anterior y en vísperas de elecciones para elegir por asamblea al Comisariado Comunal, denunciamos lo siguiente:

  • Denunciamos al ex Sindico Municipal Ricardo Miniaga por la compra de votos para la elección de Comisariado financiada por la reelegida presidenta municipal Joselin Esquivel Balseca, quién se encuentra vinculada al asesinato del periodista Hebert López Vázquez.
  • Denunciamos a la Procuraduría Agraria de Tehuantepec encabezada por su directora y visitadores agrarios de estar coludidos con Ricardo y Joselin al darles prioridad e ignorar las necesidades y petición de la asamblea.
  • Denunciamos y Responsabilizamos a l@s antes mencionados del clima de conflicto y violencia al interior de nuestra comunidad, y de cualquier amenaza y/o agresión en contra de nuestros representantes, integrantes de la asamblea de comuneros y miembros de nuestra organización.

NOS OPONEMOS A LA COMPRA DE GENTE POR PARTE DE QUIENES SE SIENTEN DUEÑOS DE JALAPA DEL MARQUÉS Y PRETENDEN MANTENER SECUESTRADA LA COMUNIDAD EN FAVOR DE SUS INTERESES.

HACEMOS UN LLAMADO A L@S COMUNER@S DE JALAPA DEL MARQUÉS A PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES COMUNALES ESTÉ DOMINGO 20 DE FEBRERO Y DECIDIR QUE FUTURO QUEREMOS PARA NUESTROS BIENES NATURALES Y COMUNALES

ASÍ MISMO, LLAMAMOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE JALAPA DEL MARQUÉS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE ESTAR ATENTOS A LAS ELECCIONES POR CUALQUIER AGRESIÓN O ACCIÓN POR PARTE DE ESTE GRUPO POLITICO QUE QUIERE IMPONER SU VOLUNTAD.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTRXS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS Y COMUNIDADES

Asamblea de Comuner@s Comunitaria de Sta. María Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

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Noticias de abajo 17 de febrero 2021

 

ROMPIENDO FRONTERAS

GLOBAL: Día de la radio, de la libre rebelde solidaria.

GLOBAL: San Valentín no nos cuentes más cuentos + autonomía – dependencia. Crista

HONDURAS: Ambientalistas condenados judicialmente son liberados gracias a la presión internacional, la Corte Suprema resolvió en favor de los defensores. Radio Temblor.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

PUEBLA: Guardia Nacional destruye el Altepelmecalli, espacio comunitario construido tras la expulsión de Bonafont. Gobierno cómplice de empresas trasnacionales que saquean el agua.

MORELOS: Asesinan a otro opositor a la Termoeléctrica del PIM. Asesinan a Francisco Vázquez del Consejo de Vigilancia de ASURCO: La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre.
OAXACA: Libertad de expresión en peligro, asesinan al periodista Heber Lopez en Salina Cruz Oaxaca. El gobierno sigue sin garantizar el derecho a la libre expresion, se contabiliza el sexto asesinado en lo que va del año.y el número 150 desde el 2000 según datos de ongs.

MICHOACÁN: Policía estatal y Guardia Nacional reprimen a comunidad indígena de Caltzontzin por defender la lucha de sus maestros indígenas y denunciar la narco corrupción del Gobierno local y federal. Represión a Normalistas. Tiran estatuas coloniales

Música
Radio Capital – la furia
Reaparece -Lengualerta
Mar de fuegitos – Eduardo Galeano
Violencia – Lírica Podrida
Evelyn Cornejo – Sacrificados

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

CIPOG-EZ denuncia la relación del ejercito mexicano con grupos narco-paramilitares


POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ FRENTE AL OPERATIVO FALLIDO DE LA SEDENA EN QUECHULTENANGO, UNO DE LOS BASTIONES DEL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red Nacional contra la Represión
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

17 de febrero de 2022

Frente a la estrategia fallida del ejército el día de ayer miércoles 16 de febrero en Quechultenango, pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten. No concebimos que el ejército mexicano, con toda la capacidad técnica, logísitica, tecnológica, con todo eso que llaman “inteligencia militar”, no haya sido capaz de llevar a cabo las detenciones de los operadores del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en Quechultenango. No entendemos cómo entran a hacer un operativo y un grupo de 200 pobladores, cuya mayoría teme a “Los Ardillos” pero controlada por ellos, los amedrentan y expulsan de la comunidad.

Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de “Los Ardillos”, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias ¿a caso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de “Los Ardillos” y dirigidos por Bernardo Ortega, diputado local por el PRD en Chilpancingo? ¿A caso no hemos dicho hasta el cansancio y se ha comprobado que las policías municipales trabajan para el crimen organizado igual que muchos presidentes municipales incluyendo el de Quechultenango? ¡Firmaron una minuta con dirigentes de sicarios!

¿Para qué tanta palabrería y operativo, si al final terminan negociando con quienes tienen que detener, si al final se fortalecen los grupos narco-paramilitares a los que se tenía que desarticular?

En el registro de video que queda del “operativo”, una mujer, les dice en su cara a los militares que “ellos son ardillos”, en alusión a la gente que se manifestó para expulsar a los militares; con todo el cinismo que brinda la protección del estado. Ella no miente, efectivamente Quechultenango, así como Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco (base donde viven los Ardillos), son bastiones de “Los Ardillos”. Lo que no dijo, es que tanto en Quechultenango, como en sus demás bastiones, la mayoría de la población les teme, pues sufren extorsiones y el miedo de vivir algunas de las atrocidades que “Los Ardillos” han venido haciendo en el estado de Guerrero por más de 30 años, con la protección de los gobiernos del PRI, PRD y ahora Morena.

Que quede claro, que no denunciamos a la gente de Quechultenango que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los crímenes de “Los Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de cañón. Hacemos responsable al estado por lo que esta sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecemos al CIPOG-EZ, así como a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, pues si las fuerzas del estado no logran desarticular a los criminales Ardillos y Rojos, detener a sus cabezas, como es Bernardo Ortega (diputado), a Celso Ortega (llamado La Vela, brazo jefe del brazo armado de “Los Ardillos”), a Jorge Ivan Ortega y a Antonio Ortega, hermanos todos y jefes del grupo delincuencial, el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará.

Por eso exigimos:

  • Que se mantengan los operativos en Quechultenango y en los territorios que ya hemos señalado nosotras y nosostros como CIPOG-EZ (Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco), pero no sólo, sino periodistas, otras organizaciones y personas que han sufrido la violencia de “Los Ardillos”.
  • Que se depuren y desarticulen a “Los Ardillos” desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como lo es la policía municipal, presidentes municipales, fiscalía; no es posible que el ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos.
  • Que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen de manera contundente, de tal forma que los hermanos Ortega Jiménez, empezando por el diputado Bernardo Ortega, Celso, Jorge y Antonio Ortega, sean detenidos, no puede ser que a mas de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda.
  • También les exigimos a los comandantes y Capitanes y jefes de la Sedena, de la 35 Zona Militar, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien ¡dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos!

Nosotras y nosotros por nuestra parte, como CIPOG-EZ, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, nuestra palabra es verdadera y nuestra lucha es honesta, por la vida y el territorio, por eso sabemos que la razón está de nuestro lado y no escatimaremos en esfuerzos para proteger la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

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El Salto Diario

Marichuy: “Nuestra lucha es por la vida, una vida que no sea solo nuestra, sino de todos”

          

Por Sara Guerrero Alfaro

Las defensoras de derechos humanos María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores participan en la Gira de la Vida, orquestada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, es una médica tradicional de origen nahua y defensora de los derechos humanos. En 2017 fue elegida como vocera representante del CNI y precandidata en las elecciones presidenciales de 2018. Nisaguie Abril Flores es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y recientemente colaboró ​​con la producción del documental Gente de mar y viento.

Pudimos hablar con estos dos defensores de derechos humanos durante su breve visita a Galicia. Los encuentro una tarde soleada de fin de año en el Centro Social de Bouzas. En los días previos, ambas mujeres participaron en varios encuentros celebrados tanto en Santiago de Compostela como en Vigo por parte de universitarios y diversos colectivos. Llevan más de un mes de viaje, su final no está cerca y esa misma tarde su agenda apunta a un viaje a Barcelona.

A lo largo de la entrevista, la voz de Marichuy se quebró un par de veces por las varias semanas de trabajo continuo. A su lado, Nisaguie Abril Flores también se siente un poco cansada. Pero a pesar del largo turno de noche del día anterior y el viaje por delante, ambos me saludan con moderación. Su perspectiva de lucha, que se basa en la creación de alianzas entre diferentes grupos, establece pautas alternativas para la superación del realismo capitalista y los límites de las políticas identitarias.

Marichuy e Nisaguie Flores estiveron en Galicia. Pablo Santiago

Un poco de memoria, luchas a escala global

El 1 de enero de 1994 fue un año histórico para la República Mexicana. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cambió la perspectiva mixta del país y visibilizó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Dos años después se crea el Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio de organización propio de los pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía, con formas propias de organización.
Ahora, a 27 años del primer levantamiento y a 25 años de la creación del CNI, los pueblos indígenas de México intentan nuevamente cambiar la perspectiva de las luchas sociales. Esta vez, a escala global. Coincidiendo también con el 500 aniversario de la conquista de Abya Yala, el pasado mes de abril el EZLN anunció la denominada Gira por la Vida, una jornada en la que más de un centenar de representantes del EZLN y del CNI recorrerían varias ciudades europeas para realizar visible los procesos de lucha de las comunidades indígenas y la creación de redes con movimientos de resistencia a la opresión neoliberal en toda Europa.
El 20 de junio, tras varias semanas navegando, llegaba al Puerto de Vigo el barco bautizado La Montaña con el Escuadrón 421 a bordo. Esta comisión estuvo integrada por siete miembros del EZLN, quienes recorrieron varias ciudades europeas durante varios meses. Fue el 14 de septiembre de este año cuando llegó al aeropuerto de Viena una comisión llamada La Extemporánea, integrada por 177 personas de varias comunidades indígenas de todo México. María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores forman parte de esta Unidad de Escucha y Palabra que continuará con el camino iniciado por el Escuadrón 421.

¿Cómo está constituido el CNI?, ¿cuál es su relación con el EZLN?
Maria De Jesús Patricio (MA): En 1995, durante los diálogos de San Andrés, nuestros hermanos zapatistas convocaron a un Foro Nacional Indígena (FNI) en Chiapas, con el objetivo de que todos los pueblos transmitieran su palabra. En ese momento, tanto los medios como el gobierno dijeron que la situación en Chiapas era excepcional, que el resto de los indígenas estaban bien, que no tenían problemas. El Foro fue una respuesta a esto. Fue un movimiento estratégico de nuestros hermanos zapatistas. Absolutamente todas las poblaciones originarias de México llegaron a la FNI. Desde el principio notamos nuestro parecido físico. Mientras nos reuníamos allí, comenzamos a hablar. Todos vestían su traje, hablaban su idioma, compartían las costumbres de sus comunidades. Hablamos de los problemas que tenían nuestros hermanos de Chiapas, que venían resistiendo desde hace mucho tiempo. Eran problemas de salud, conflictos territoriales, violaciones de derechos colectivos.

El gobierno utiliza herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades

Fue ese encuentro el que nos hizo pensar en tener nuestro propio espacio. No una organización, sino algo que era un lugar donde se llevaba a cabo una gran asamblea y se sentía como el hogar de todos y cada uno. Luego se formó el Congreso Nacional Indígena. Esto ocurrió en un evento en la Ciudad de México, donde llegó la Comandante Ramona para entregar una bandera mexicana. En ese momento, los medios dijeron que los pueblos indígenas querían separarse del país, que querían crear otra nación dentro de la nación. Pero no, exigimos reconocimiento colectivo, como comunidades. Al entregar la bandera, la Comandante dejó en claro que somos mexicanos y queremos seguir siéndolo de México, pero queremos que se nos respete en nuestra integridad como pueblos.


Imagen: Eneas de Troya. Marichuy en Ciudad Universitaria. (CC POR 2.0)

El CNI integra a 68 pueblos. No todos están porque aunque todos llegaron a la primera convocatoria, algunos se han desvinculado con el tiempo o solo asisten a asambleas ocasionalmente. Los zapatistas son parte de este espacio y gracias a ellos el CNI no ha perdido el rumbo hasta el momento. Nació para hacernos más fuertes, para defendernos y buscar desde dentro nuestras propias formas de organización. Fortalecer nuestra autonomía en el tiempo.

Una lucha presente

¿Qué pasó con los Acuerdos de San Andrés, tanto en 1996 como en 2000?¿Cuál es el estado de la legislación en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas de México?
(MA): Luego de la aprobación de la contrarreforma indígena de 2001, la llamada Ley Cocopa, que cercenó derechos y no recogió el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, quedó claro que todo iba a tomar el mismo rumbo. Era la intención de seguir reglamentando las normas que están vigentes, pero bajo aquella primera que nació para lesionar a las comunidades.

Desde los pueblos vemos que esta ley fue la forma en que el poder y el capital aseguraron el despojo de las comunidades. Fue una preparación para poner en marcha los megaproyectos. Por lo tanto, no todas las leyes protegen realmente a las comunidades. Hay otras leyes, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número seis, que establece que todo lo que tenga que ver con las comunidades indígenas debe ser consultado. Pero lo que está pasando ahora es que se están haciendo consultas simuladas para que los proyectos salgan adelante. El gobierno está utilizando estas herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades.

¿Entonces actualmente no hay un diálogo real entre el gobierno actual y las comunidades indígenas?¿El gobierno de López Obrador no representa un cambio con respecto a los gobiernos anteriores?
Nisaguie Flores (NF): No. No ha cambiado. Por el contrario, el botín se ha agudizado. Porque con este “nuevo gobierno”, que se llama de izquierda o “de los pueblos”, se han adelantado muchos megaproyectos que se pararon en los últimos seis años, lo que no quiere decir que en esos otros periodos estuviéramos bien. Creo que este cambio de gobierno ha sido estratégico. En México había demasiada insatisfacción y descontento y “¿cómo parar eso?” Porque se le puso a alguien que se suponía iba a beneficiar al pueblo. Pero no. En ningún momento este Gobierno tomó en serio a las comunidades indígenas. No respeta nuestras formas de organización. López Obrador no representó un cambio, le dio continuidad a los megaproyectos. Ya desde su campaña electoral dijo que no los detendrían. No importa qué partido político esté en el gobierno. Al final, los mismos políticos se quedan en el poder, solo cambian de partido.

En 2016 se aprobó la creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). ¿Cuál fue la propuesta para postularse en la campaña electoral presidencial de 2018?
(MA): Este es otro tema que surgió cuando el CNI celebraba su 20 aniversario. Cuando realizamos el quinto congreso se hizo un repaso para analizar nuestra trayectoria y la situación de nuestras comunidades. La conclusión fue que las circunstancias eran más complicadas. A 20 años de caminar juntos hubo más despojos, más encarcelamientos, y ahora se sumaba la amenaza del crimen organizado, que estaba presente justo en los lugares donde se ejecutaban los megaproyectos. Llegaron, asustaron a la población e impidieron que los miembros de las comunidades se organizaran. Por eso dijimos: no podemos hacer otra declaración, como hicimos en las otras reuniones. Recuerdo a nuestros hermanos zapatistas diciendo: tiene que haber algo más fuerte, algo que sacuda al país y visibilice que el pueblo está sufriendo, que está siendo masacrado.

Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra los despojos que vivimos en todo el mundo

Fue entonces cuando nuestros hermanos zapatistas propusieron presentarse a las elecciones presidenciales 2017-2018. Creemos que fue muy preciso. Teníamos claro que el objetivo era visibilizar los problemas de nuestras comunidades y poder recorrer el país para invitar a la gente a construir otra forma de gobernar. Entonces dijimos, juguemos con las mismas herramientas, solo que vamos a tomar otros objetivos. Por eso participamos con una CIG, que iba a estar formada por concejales que iban a hacer una propuesta de gobierno. Al final, participar en este proceso electoral nos dio la oportunidad de viajar por el país y escuchar los problemas. Por lo tanto, aunque no logramos obtener las firmas necesarias para estar en una boleta electoral, el CIG terminó más fuerte. El hecho de salir a decir que tenemos que buscar otra forma de organización y no acatar lo que nos han impuesto. En ese proceso también nos dimos cuenta hasta qué punto los medios de comunicación están de acuerdo con todo lo que se ordena desde arriba, porque eran ellos los que en vez de apoyar y preguntar por los problemas de las comunidades indígenas preguntaban tonterías que desviaban la atención.

¿Cuál fue el resultado de la campaña electoral?, ¿ha cambiado su perspectiva sobre el país y el estado de las comunidades indígenas?
(MA): Recuerdo que al principio éramos 70 regidores y al final éramos 157 hombres y mujeres que logramos formar el Consejo. Pero lo que “tomamos” de ese recorrido fue ver que los problemas que se discutían en las asambleas del CNI, se estaban dando en los pueblos. Y que no eran sólo problemáticas de los pueblos originarios. También caminamos en barrios, municipios y ciudades. Hablamos con estudiantes, mujeres y otros grupos. Nos dimos cuenta de que dondequiera que teníamos la oportunidad de escuchar a la gente, los problemas eran similares.

Todo esto nos hizo hacer un “mapeo” de cómo es México. Hemos visto y coincidido que la carencia que vivimos en nuestros pueblos y comunidades, también se lleva a cabo en barrios, municipios, escuelas… escuchamos a algunos estudiantes de varias universidades y los problemas que comunicaron tenían que ver con el avance del capitalismo. que prepara una privación individual y colectiva. Nos quedó claro que había una necesidad de tejer las luchas del campo y de la ciudad, de la juventud, de las mujeres, de todas aquellas personas que de alguna manera resisten esta privación del capitalismo. Porque no solo manifestaron sus problemas, sino que relataron su proceso de resistencia. Eso nos pareció muy importante porque no importa si eran movimientos grandes o pequeños, son luchas que se están dando contra las condiciones impuestas, esto nos hizo iguales.

Los problemas de los pueblos ya no son sólo de los pueblos originarios, son más generales. Con esto nos quedó claro que la lucha no es solo nuestra. Si nos están afectando a todos por igual, necesitamos encontrar otras formas de relacionarnos, de tejer y de movernos juntas y juntas para construir algo fuerte de abajo hacia arriba. Estoy hablando de algo que no cabe en la urna. Tienes que hacer un esfuerzo adicional.

 

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar. propiedad .natural no importa quien este alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué esperan de Europa hoy?, ¿cuál es el propósito de esta gira?
(N): El propósito está en el mismo nombre: Gira por la vida. Porque creemos que la única forma de luchar es defendiendo la vida y la única forma de hacerlo es organizándonos. Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra el despojo que vivimos, porque no solo lo vivimos en México, sino que lo vivimos en todo el mundo y eso es lo que estamos viendo ahora en los diferentes países que hemos ido. Conocemos su propio despojo: aquí en Galicia, por ejemplo, están luchando contra las empresas mineras; en Austria, contra la construcción de una carretera y contra los parques eólicos. En Europa también hay movimientos de resistencia y es importante que los conozcamos. No es lo mismo escuchar todo esto desde México.

Llámense como se llame un megaproyecto, lo que hay detrás es el capitalismo voraz que nos quiere acabar y a quienes lo evitamos como pueblos indígenas.

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar los bienes naturales sin importar quien esté alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué opinas de la acogida e interés europeo por sus proyectos?
(MA): Vemos mucho entusiasmo. A pesar de no conocernos, son muy amables al darnos algo para comer y un lugar para dormir. Para nosotros esto ya es mucho porque venimos a invadir (risas). Sobre todo, nos están mostrando cómo el capitalismo está dañando a este continente. Antes de viajar, pensábamos que en los “países donde hay más progreso” no sufrimos lo que sufrimos en México. Pero, aquí estamos, dándonos cuenta de que era un concepto erróneo. Hay organizaciones de jóvenes, mujeres, agricultores que están desarrollando proyectos para recuperar la tierra. Y nos parece importante que nos compartan sus formas de organización porque tal vez podamos llevarlos a México para reforzar lo que allí se construye. Ya estamos encantados de compartir estas experiencias.

Ante la violencia, las desapariciones y otras prácticas represivas, ¿cómo continuar la defensa de la vida?
(N): La única forma es organizándonos. Lo que venimos a compartir en este recorrido son nuestras formas de organizarnos. Y vemos que el único camino es este: la organización desde abajo, desde las comunidades, desde la toma de decisiones de todos los pueblos y de los que luchamos por la vida. Creo que esa es la única forma en que podemos hacer frente a toda la violencia que estamos viendo como comunidades indígenas. Durante mucho tiempo nos hemos organizado a través de asambleas en las que todos tienen la oportunidad y el derecho a hablar. No podemos hacerlo solos. Y por eso necesitamos crear redes de apoyo para fortalecernos aunque estemos en geografías separadas.

Megaproyectos contra las comunidades

Nisaguie, estás trabajando para visibilizar las demandas de dos poblaciones del Istmo de Tehuantepec, que amenazas enfrenta actualmente esta zona de Oaxaca?
(N): La región del Istmo es una región que desde hace mucho tiempo ha sido identificada por el Gobierno como un punto estratégico, porque está en la parte más angosta de México, que conecta con dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, ha sido durante mucho tiempo un área en disputa. Actualmente existe un proyecto llamado Corredor Interocéanico, que en realidad es parte de un paquete de proyectos que conectan con el Proyecto Integral Morelos y el mal llamado Tren Maya. Al mismo tiempo, implicará la construcción de maquinaria, gasoductos, minas y más proyectos energéticos. También quieren hacer un canal seco, como el de Panamá. Este último cambia de nombre cada seis años, pero el proyecto es el mismo. El objetivo de este canal seco es reducir el tiempo que se tarda en mover mercancías. Sería mucho más rápido que Panamá.

México cuenta con 32 parques eólicos distribuidos en varios estados. La mayoría están en Oaxaca, donde hay 29. En total hay 2,100 aerogeneradores distribuidos en aproximadamente 50,000 hectáreas. Estamos luchando contra muchas cosas. Pero todo esto no está pasando sólo en la región del Istmo, está pasando en todo México. Cada pueblo está luchando contra un negocio o un megaproyecto que está despojando a las comunidades. Hay comunidades que incluso fueron desplazadas y tuvieron que migrar a la Ciudad de México, donde luego enfrentaron otras luchas. Por ejemplo, los yaquis del norte del país luchan contra un vertedero clandestino.

Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los que están debajo de nosotros, necesitamos construir otras que realmente garanticen la vida de todos.

Hay otros pueblos que luchan contra la imposición de los monocultivos de aguacate, un negocio que está totalmente controlado por el narcotráfico. Hay tantas luchas. De hecho, si miras en el mapa minero de México, verás que todo el territorio está concesionado a la minería. Es decir, nos quieren exterminar. Llámese como se llame la empresa o el megaproyecto, lo que hay detrás sigue siendo el capitalismo voraz que nos quiere aniquilar y a quien lo impedimos como pueblos indígenas. Por eso desaparecen y nos matan.

Sabemos que con todos estos megaproyectos viene el narcotráfico, la militarización, que a su vez aumenta el feminicidio, el tráfico de mujeres, de órganos… suena muy feo, pero, a pesar de todo esto, en cada comunidad nos estamos organizando para poder crear nuestros procesos de autonomía. No tenemos los años de lucha ni la capacidad de nuestros hermanos zapatistas, pero tratamos de hacerlo a nuestra manera desde nuestros propios contextos.

A nivel mediático poco se ha dicho sobre las implicaciones del narcotráfico en las comunidades indígenas. ¿Cómo ha afectado y sigue afectando la guerra y cómo gestionan esa lucha?
(MA): Es un paquete de herramientas de represión que está usando el gobierno, al que llamamos “narco-Estado”, porque da impunidad y permite que estos grupos criminales se muevan libremente, especialmente donde se están ejecutando los diferentes megaproyectos. El problema se agudizó en el sur con el Proyecto Integral Morelos. Los grupos del crimen organizado están llegando a todos los pueblos de México donde hay resistencia, donde se están organizando para frenar cualquier proyecto que atente contra la vida de las comunidades. Que con el fin de impedir la organización. Precisamente estos grupos están para fortalecer y asegurar la imposición de los megaproyectos. Ante esto, el pueblo no tiene más remedio que fortalecer su propia seguridad, porque ya no hay confianza en la policía, el ejército o la marina. Donde se supone que deben estar para cuidarnos, son los que están en contacto con los grupos criminales, donde matan y desaparecen a los activistas.

¿Ha aumentado la presencia policial y militar en las comunidades?
(MA): Andrés Manuel López Obrador había dicho que iba a sacar al ejército de las calles y no es así. Ahora las comunidades están tomando su seguridad en sus propias manos al crear su propio consejo de seguridad. Son policías asignados por la misma asamblea para cuidar a las personas y están a la espera de que los guardias caminen correctamente y no sean reclutados por grupos del crimen organizado. Entonces esto demuestra que la única opción es organizarnos. Aunque el Gobierno diga que estas medidas son ilegales, lo único que estamos haciendo es retomar los mecanismos de seguridad que originalmente tenían las comunidades y que finalmente se perdieron porque se introdujeron mecanismos ajenos, que son precisamente los que están perjudicando a la gente.

Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos

Por eso decimos que hay que buscar otros caminos, se trata de inventar. Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los de abajo, debemos construir otras que realmente garanticen la vida de todos porque de lo contrario seguiremos acatando lo que nos imponen, que ya hemos visto que no favorece la vida.

Mencionaste antes los problemas con los medios en cuanto a la visibilidad de los procesos de resistencia. ¿Cómo lidias con este problema?
Las comunidades y los medios libres están utilizando sus propias herramientas para poder difundir los problemas que existen. En ese contexto, los aliados que nos vamos encontrando en el camino son importantes para difundir la situación de nuestras comunidades, porque los medios tradicionales no hablan de nada de lo que pasa en ellas. Esto también ha llevado a las comunidades a crear sus propias radios o sus propios medios para comunicar lo que está pasando. Actualmente, los medios oficialistas, cuando hablan de Michoacán, Chiapas, Guerrero, solo hablan de narcotráfico, desaparecidos, muertos… han sido etiquetados en las regiones. Entonces lo que buscan las comunidades es comunicar que son mucho más que eso. Mostrar que son comunidades que tienen una historia y una forma de vida.

Sus reivindicaciones tienen muchos frentes. La lucha en defensa de la tierra, la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, la lucha decolonial, antipatriarcal y anticapitalista. ¿Cómo se articulan?
(MA): Lo que vemos es que tenemos un gran enemigo en común, que es el capitalismo, que tiene diferentes formas de despojarnos. Yo creo que las luchas que se están dando en distintas geografías de México y el mundo van encaminadas a lo mismo: a derrocar paulatinamente el sistema capitalista. Eso nos da más energía para buscar aliados. No es una sola lucha. No es solo la lucha de los pueblos, hay luchas de mujeres, hay hermanas y hermanos que han emigrado y que están luchando donde están; luchas de los campesinos y obreros de la ciudad. Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos. Y hacerlo desde abajo.

Hay varias luchas y la nuestra no es más importante. Todos son importantes y necesarias. Sean grandes o pequeñas, entre todas estas resistencias, es que algo podemos hacer y luchar contra el sistema capitalista que nos está acabando por separado. De ahí la importancia de tejernos y fortalecernos. De lo contrario, les estamos dejando el camino fácil para que ellos sigan decidiendo sobre nosotros y sigan despojando y asesinando. En las comunidades decimos que el calentamiento global es un llamado de la Madre Tierra que nos dice: haz algo, no me dejes solo. Por eso, como pueblos, decimos que la lucha es por la vida. Y una vida que no sea solo nuestra, sino de todos.

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Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre: Asesinan a Francisco Vázquez, Consejo de Vigilancia de ASURCO

Comunicado Urgente

 

Los ejidos de Ayala en defensa del Agua condenamos el vil asesinato del ExComisariado Ejidal de Abelardo L. Rodriguez y Presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO Francisco Vázquez Domínguez el día de ayer 11 de febrero de 2022 en su rancho ubicado en el ejido de Abelardo, presuntamente por sujetos en motocicleta, lo cual muestra una clara ejecución.

Se sabe que un día antes de su asesinato Francisco Vázquez como Consejo de Vigilancia de ASURCO se reunió con más de 20 comisariados ejidales en Chinameca, pertenecientes a ASURCO para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de la asociación de usuarios del Río Cuautla.

Se dice que en dicha reunión, Pancho Vázquez, como todos lo conocíamos, dijo que temía por su vida porque Rogelio lo había amenazado y que cualquier cosa que le pasara responsabilizaba a Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez tenía, como Consejo de Vigilancia, la facultad legal, conforme el artículo 35 fracc. VIII de los Estatutos de ASURCO, de convocar a asamblea para destituir a Rogelio Plascencia por manejo indebido de recursos financieros y mal servicio de riego, situación que justamente fue tratada como objetivo de la reunión donde denunció temer por su vida y al siguiente día lo ejecutan.

El mismo jueves 10 de febrero, horas antes de la reunión para tratar la destitución de Rogelio, este se presentó en el plantón de ASURCO con más de 40 personas, varias de ellas con palos en las manos, con el objetivo de abrir por la fuerza las oficinas de la asociación y desalojar el plantón.

Tras el fallido intento de desalojo, se acordó realizar el día de hoy sábado una reunión en el Axocoche, a la cual no asistiremos por temor a nuestras vidas y porque no podemos ver la cara al principal sospechoso del asesinato de Pancho Vázquez.

Destacamos que la inconformidad sobre el mal manejo de recursos deriva en la falta de transparencia de los recursos públicos que la CFE le dio a Rogelio Plascencia por la venta del agua, el desistimiento de los amparos y el retiro del plantón, situación que no ha podido cumplir Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez, además de ser Consejo de Vigilancia, cuando fue comisariado ejidal del ejido de Abelardo L. Rodriguez encabezó varios amparos contra el robo del agua para la termoeléctrica y cuando López Obrador anunció la consulta sobre el PIM en 2019. Hoy un opositor legal más al Proyecto Integral Morelos ha sido ejecutado y el principal sospechoso es quien ha recibido dinero de la CFE para usar, sin autorización de los ejidos, el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica.

La tensión en Ayala sobre el plantón de ASURCO y los recursos económicos proporcionados por la CFE se da justamente después que el 21 de enero de este año, el Secretario de Gobernación de Morelos Pablo Ojeda, se reunió con Rogelio Plascencia para darle seguimiento a los apoyos económicos por causa de la termoeléctrica, así como en el 3er informe del gobernador señaló que con los recursos económicos dados a ASURCO se acabó la inconformidad sobre el PIM.

Pero. ¿Porque le darían más dinero a Rogelio Plascencia si los 118. 5 mdp prometidos eran a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos, situación que a la fecha no logró Plascencia? Es evidente que Rogelio esta urgido de resolver el retiro del plantón y eliminar toda forma de oposición que se le presente, pues ha hecho compromisos con el Estado que no ha podido cumplir.

Es por todo esto que urgimos a las autoridades judiciales realicen las investigaciones necesarias con claras líneas de investigación que involucren la influencia y consecuencias que han causado los recursos económicos en favor del funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y como principal sospechoso de la ejecución extrajudicial de Pancho Vázquez, a Rogelio Plascencia Barreto, por ser el mismo Pancho Vázquez quien lo responsabilizó un día antes de su muerte.

Emitimos una ALERTA URGENTE a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de protección a personas defensoras que presionen al Estado Mexicano para garantizar la integridad de los ejidos de Ayala que nos oponemos al robo de nuestra agua para la termoeléctrica y la falta de transparencia y mal manejo de recursos de Rogelio Plascencia. Solicitamos al mismo tiempo a la CNDH y organismos internacionales de derechos humanos, emitan medidas cautelares en favor del plantón de ASURCO, pues Rogelio Plascencia declaró en medios de comunicación que, de no acordarse el desalojo del plantón el día sábado, este lo haría por medio de la fuerza/violencia.

Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

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Avispa Midia

Istmo de Tehuantepec: Intentan asesinar a defensor del territorio en Unión Hidalgo

Por Avispa

El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.

El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).

En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.

Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.