Fuente: Avispa Midia

Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del COPINH, comparte sobre las acciones legales contra el banco de desarrollo holandés FMO por su apoyo financiero a la empresa DESA, a pesar de las reiteradas advertencias de violación de derechos humanos en la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Escucha nuestro nuevo #NotiFrayba, especial sobre personas defensoras criminalizadas en Chiapas 👉🏼

Fuente: Avispa Midia

^{Con información de Pozol colectivo}

La mañana del pasado sábado (30), habitantes del ejido Tila, norte de Chiapas, marcharon por las principales calles de la comunidad para conmemorar el 88 aniversario del reconocimiento de sus tierras ejidales, lo cual sucedió a través de la resolución presidencial emitida el año 1934.

Las y los indígenas Choles, aprovecharon para denunciar “la corrupción de los tres niveles de gobierno y del sistema agrario”. Por ser indígenas “no somos tomados en cuenta, sólo en las contiendas políticas”, puntualizaron durante un mitin en la plaza central de Tila.

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Los también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), evidenciaron que Eduardo Gutiérrez Martínez fue reconocido como comisariado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en el periodo 2015-2018, falsificando firmas para obtener personalidad jurídica. Otro de los comisariados que posteriormente no han sido reconocido por el ejido es Miguel Vázquez Gutiérrez, denuncian los indígenas Choles. Ambos comisariados desconocidos por el ejido son respaldados por los tres niveles de gobierno y dependencias agrarias, recalcan los descendientes del pueblo Maya.

Los indígenas del norte de Chiapas, exigen se respete la resolución presidencial que ampara y protege las 5,405 hectáreas. Por defender la herencia de sus antepasados “hemos recibido amenazas, represión, hostigamiento, calumnias y difamaciones”, expresan los ejidatarios en resistencia.

Lucha histórica

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en el año de 1994.

En 1982, el Congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde diciembre del año 2015, los indígenas choles por acuerdo de la asamblea, retiraron a la presidencia municipal del ejido y a los partidos políticos, tomando en sus manos las gestiones de limpieza, seguridad, justicia entre otros rubros.

De acuerdo al posicionamiento de las y los ejidatarios, el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena, aunque fue emitida desde el 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Convocados y reunidos pueblos Chontales, Chatinos, Zapotecos de Valles centrales y del Istmo, Ñu saavi, Mazatecos, Chinantecos, Zoques y Otomíes residentes en la ciudad de México. Reunidos en Santa María Zapotitlán, comunidad Chontal al sur de Oaxaca declarada como territorio prohibido para la minería. Nos pronunciamos contra la guerra de exterminio capitalista y de sus diferentes rostros de muerte.

Tales como la imposición de 425 concesiones mineras existentes en el estado de Oaxaca que abarcan en su conjunto 6 millones 350 mil hectáreas, ya que ninguna de estas concesiones ha sido autorizada por los pueblos.

Los pueblos chontales exigimos a la Secretaría de Economía que, retire de su cartografía minera la concesión denominada Zapotitlán 1, y que se respete la libre determinación de las comunidades contra la imposición de la industria minera.

Responsabilizamos a la empresa minera Continuum Resources y al gobierno estatal y federal por los ataques paramilitares hacia la comunidad de El Rebollero, San Pablo Cuatro Venados, ya que, no bastando con la destrucción e incineración de sus viviendas y cultivos, se sostiene una agresión constante con armas de alto poder hacia la población que actualmente se encuentra bajo asedio para dar paso a la extracción minera.

Exigimos la cancelación inmediata de las 425 concesiones mineras emitidas en el estado de Oaxaca.

Además, alertamos que como parte de los pueblos originarios chatinos y chontales de la Sierra Sur y del Istmo en Oaxaca estamos siendo impactados por los efectos de la crisis climática, como la proliferación de plagas que están devastando los bosques.

También exigimos al Estado el respeto a la libre determinación de los pueblos y denunciamos la simulación de asambleas, y falsas consultas que buscan legitimar la imposición de proyectos neocoloniales que generan despojo, represión, explotación y desprecio, bajo una pretendida lógica de desarrollo y progreso, tales como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.

Exigimos un alto a las agresiones y hostigamientos contra David Hernández Salazar y la comunidad de Puente Madera San Blas Atempa, quienes se organizan contra la imposición del Corredor Interoceánico.

Nos declaramos en alerta máxima por la aceleración de los megaproyectos de desarrollo
establecidos para el sur-sureste mexicano y llamamos a fortalecer los procesos de resistencia desde los pueblos originarios, para posicionarse contra la violencia, el despojo y la devastación de los cuerpos y territorios. Nuestra lucha antipatriarcal se pronuncia contra el asesinato de las defensoras de los territorios y exigimos un alto a todas las formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales.

De la misma manera nos pronunciamos contra la biopiratería disfrazada de espeleología que durante más de 50 años ha realizado actividades sin la autorización de las comunidades mazatecas, a quienes tampoco les han informado sobre los objetivos de su trabajo.

Exigimos verdad y justicia para nuestro compañero zapoteco xiche Álvaro Sebastián Ramírez, asesinado cobardemente el pasado 19 de julio del 2022.

Denunciamos la privatización del agua que el gran capital lleva a cabo en el estado de Querétaro, lo cual ha sido señalado por la comunidad Otomí. Alto a las agresiones y hostigamiento para quienes defendemos el agua.

Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, así como del compañero Fidencio Aldama de la tribu Yaqui, y del resto de presos políticos del país.

¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas quienes han sido blanco de ataques paramilitares con la anuencia del Estado!

Atentamente
Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio (APCHDNT), Tequio Jurídico, Comuneras y comuneros de la comunidad El Rebollero, Colectivo Somos Pueblo, Pueblo y Migrantes Ñuu Savi, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio (APIIDTT), Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC – Sierra Mazateca), Pueblo Chinanteco, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Red de
Apoyo de la comunidad El Rebollero, Cuatro Venados, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Pueblo Zoque residente en la ciudad de Guadalajara y Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México.

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de julio de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

A las personas defensoras de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy nos reunimos de nuevo en Tierra Sagrada para seguir el ejemplo de lucha no violenta y fe que hemos estado aprendiendo y practicando desde hace casi 30 años para enfrentar la violencia, la injusticia y la impunidad. Hoy nos reunimos para darle voz a nuestros 45 mártires más 4 bebés que no permitieron nacer hace casi 25 años, para que sigan clamando a Dios que se detenga el espiral de violencia en nuestro municipio, en el estado de Chiapas, en el país y en el mundo. Hoy, seguimos uniendo nuestro corazón a todas las personas que son perseguidas, calumniadas, torturadas, encarceladas, desaparecidas y asesinadas por luchar por paz, justicia y verdad en medio de un sistema que se alimenta de violencia y muerte. Como organización civil maya tsotsil seguimos organizadas y resistiendo, seguimos en la lucha para construir una vida con esperanza, que se mantiene en el cuidado y respeto a la Vida y a la Madre Tierra. Hoy hacemos presentes a nuestras hermanas y hermanos que sufren por defender la Vida, aunque tengamos que entregar la nuestra. Hoy seguimos denunciando sin miedo a las personas y mecanismos responsables de traer la muerte y la destrucción a nuestros pueblos. Hoy seguimos llamando a todas las hermanas y hermanos de buena voluntad, a quienes nos conocen y a quienes no, a que nos unamos para defender la Tierra y la Vida, animándonos unos a otros a realizar acciones no violentas coordinadas en estos tiempos tan oscuros que nos está tocando vivir.

foto: Área de comunicación de Las Abejas

Hoy le exigimos una vez más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ¡YA HAGA PÚBLICO! su Informe de Fondo sobre el Caso Acteal, para que dé a conocer y ampare la verdad de lo que sucedió en esta Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal hace casi 25 años. Que indique ya al Estado mexicano cómo se debe hacer la justicia y que se aproxime a la verdad, ya que sexenio tras sexenio, se ha garantizado impunidad a todos los responsables tanto materiales como intelectuales de este crimen de lesa humanidad. Como resultado de esta incubación de la impunidad en Chenalhó y en Chiapas, es el florecimiento de la división y el aumento de la presencia de grupos armados en las comunidades en alianza con el crimen organizado con algunos de los carteles que opera en Chiapas, son una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento, sacrificando de nuevo a gentes inocentes.

Sólo publicando y validando la verdad, y dando castigo a los responsables de todos los niveles del gobierno, al Ejército Mexicano y la Seguridad Pública, se puede asegurar que no se repitan Masacres de campesinas y campesinos como la de Acteal y Aguas Blancas en Guerrero, que el pasado 28 de junio cumplieron 27 años sin justicia. Ambas masacres fueron coordinadas desde los puestos de mayor nivel en la gestión de Ernesto Zedillo Ponce de León con gobiernos estatales y municipales asesinos y por ello exigimos castigo para ellos. Para que no mueran impunes como Echeverría, entre muchos otros, el criminal Expresidente Zedillo; los exgobernadores de Chiapas, Roberto Albores Guillén y de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer; los Exsecretarios Federales de Gobernación Emilio Chuayffet y Raúl Acosta Chaparro, deben ser enjuiciados y condenados.

foto: Área de comunicación de Las Abejas

El Caso Acteal corre la misma suerte que la de nuestros hermanos p’urhepechas de la comunidad de Tarejero, Michoacán, quienes de manera organizada siguen exigiendo a la CIDH que emita el Informe de Fondo sobre el Caso de los cinco integrantes de la Familia Guzmán Cruz que fueron desaparecidos de manera forzada por la entonces Dirección Federal de Seguridad y el Ejército Mexicano, hace ya 48 años en Michoacán, durante la Guerra Sucia. Su caso fue admitido ante la CIDH en 2013 y el Caso Acteal en 2015 pero ambos Informes de Fondo siguen pendientes y por ello la justicia para todas nosotras y nuestros pueblos sigue denegada.

Hoy le seguimos exigiendo a la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas que es responsable del vergonzoso trabajo de fabricar delitos para muchos luchadores sociales que recapacite y, como ya lo dijimos este mes, retire inmediatamente la orden de aprehensión sin fundamentos con la que está criminalizando la admirable labor por la paz en nuestros pueblos que ha realizado el Padre Marcelo Pérez Pérez. Les exigimos que mejor dediquen sus energías y talentos para armar, bien y sin huecos mañosos, los casos contra los verdaderos criminales en el Estado de Chiapas, como los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López.

foto: Área de comunicación de Las Abejas

Exigimos a esta misma Fiscalía que actúe sin pretextos en lo que será la Tercera Audiencia en el Juicio Oral que se llevará a cabo en Pichucalco contra los responsables de quitarle cobardemente la vida a nuestro hermano Simón Pedro, defensor de la Vida y el territorio −asesinado por buscar activamente la paz en medio de la violencia generalizada que vivimos en los Altos de Chiapas por la alianza entre las autoridades municipales, estatales y el crimen organizado−. Les demandamos que integre efectivamente las 10 pruebas de peritos y testigos que se aprobaron en la audiencia pasada en Cintalapa, de manera que se encuentre culpable a quien está detenido por dispararle a nuestro compañero, y que den con quienes ordenaron su muerte, se castiguen a los que permiten los asesinatos que cada vez son más frecuentes en el estado de Chiapas y en el país.

Hoy y mañana seguiremos exigiendo Justicia Verdadera y que pare la impunidad para quienes permiten, planean, organizan y ejecutan a las personas defensoras de nuestros pueblos, cuya lista sigue creciendo de manera francamente alarmante. Al nombre de nuestro hermano Simón, se suman sólo en este mes el hermano defensor comunitario ayuuk (mixe) de Oaxaca Crispín Reyes, asesinado el jueves pasado, y el compañero activista Jesús Bañuelos asesinado el pasado 20 de junio en Atitalaquia, Hidalgo. El compañero Crispín había estado defendiendo a familias mixes de su municipio que hoy se encuentran desplazadas por huir del crimen organizado y el compañero Jesús fue asesinado mientras enfrentaban el desalojo de un plantón que mantenían para exigir el cierre de un basurero tóxico que está afectando su región.

Animamos y reconocemos a las organizaciones verdaderamente independientes y anticapitalistas que resisten heroicamente la desmedida violencia de grupos de corte paramilitar o narco-militares que traen terror a sus territorios, como es el caso de las Bases de Apoyo Zapatistas que enfrentan de manera pacífica los intentos violentos para despojarlos de tierras recuperadas en 1994, que ellas y ellos siguen trabajando como propiedad colectiva y no parcelada. Y también al Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en Guerrero, a quien queremos felicitar porque este mes logró con su tenacidad y acciones pacíficas que el Ejército Mexicano por fin ocupe las posiciones desde las cuales el grupo Narco-Paramilitar “Los Ardillos” les habían estado atacando por meses.

foto: Área de comunicación de Las Abejas

Queremos enviar nuestra palabra solidaria y nuestra oración para las 6 familias de bases de apoyo zapatista en Chilón que hace seis días están desplazadas ahora en la comunidad de Xixintonil para salvar su vida. Sabemos lo que están sufriendo, pues del mismo modo que nosotros en 1996 y 1997 tuvimos que huir de nuestras casas y ver muchas de ellas saqueadas y quemadas, buscando refugio en otras comunidades y resistiendo el desplazamiento por el acoso de los grupos paramilitares contrainsurgentes que luego perpetraron la Masacre de Acteal, ahora nuestros hermanos de la comunidad “El Esfuerzo”, perteneciente al Municipio Autónomo “Comandanta Ramona” vieron arder todas sus pertenencias el pasado 14 de julio. Tanto la amenaza de muerte y la quema de casas son responsables el comisariado ejidal de Muculum, Bachajón y otros ejidatarios, acompañados de policías municipales y agentes de protección civil que quieren apoderarse de las 54 hectáreas de tierra que los zapatistas recuperaron en 1994 y pertenecen a la comunidad zapatista de “El Esfuerzo”.

También exigimos que cese la impunidad con que ha actuado el grupo invasor de las tierras comunales de las BA-EZLN de Nuevo San Gregorio, cuyas amenazas de muerte llevaron a finales de junio a la cancelación de las Brigadas Civiles de Observación que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas coordinaban desde 2019 para documentar el encierro e intentar frenar las provocaciones que viven desde que les invadieron sus tierras a las familias y hermanas zapatistas.

Hermanas y hermanos que nos escuchan y reciben nuestra palabra, les pedimos que sigan trabajando y resistiendo organizados y unidos para no cansarnos de defender la vida, la autonomía, la tierra y la dignidad. Y les pedimos también de modo particular que sigan atentos a las próximas acciones pacíficas para alcanzar la justicia en el caso de nuestras hermanas, hermanos, hermanitos y hermanitas Mártires de Acteal y para nuestro querido hermano Simón Pedro.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

                                                                          Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva: