Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias tzotziles de Chalchihuitán, desplazadas por la violencia de grupos criminales en la región Altos de Chiapas. Foto: Cuartoscuro}

El ex titular del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco Emilio García Jiménez, pocos días antes de dejar su cargo, a principios de octubre, admitió que, por lo menos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, ha habido “apropiación de tierras ejidales y comunales por parte de la delincuencia” organizada, y que ha habido desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas, sobretodo en Chiapas. 

Las declaraciones fueron dadas por García Jiménez momentos antes del lanzamiento del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México 2024, en Morelos, que concluye que un poco más del 50% del territorio mexicano continúa siendo constituido por propiedad social – ejidos o comunidades-, donde se encuentran poco más de 5.4 millones de sujetos agrarios y sus familias. 

Gran parte de los recursos naturales se encuentran dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. 68 pueblos indígenas viven en estas tierras.

Alertas y denuncias sobre la acción de estos grupos, realizados por organizaciones de derechos humanos y de las comunidades y pueblos en todo el México, se han intensificado en los últimos años, especialmente en las regiones sur-sureste del país donde el gobierno federal ha implementado una reestructuración territorial impulsada por megaproyectos, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

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Recientemente organizaciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero – entre ellas Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – realizaron un foro público regional, en Oaxaca, para denunciar la situación. “Contamos con características y denominadores comunes en los tres estados del sureste del país, nuestras principales fortalezas y conquistas históricas han sido la propiedad social de la tierra y nuestro sistema de organización colectivo, basado principalmente en la toma de decisiones colectivas mediante nuestras asambleas comunitarias”, sostienen en un comunicado.

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La grave situación de violencia social ha sido desencadenada por el despojo de “nuestros bienes comunes”. “La mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman”, dicen.

La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades “son muestra de dicha situación”.

Además, sostienen, existe impunidad y no acceso a la justicia a personas defensoras que han sido agredidas por grupos paramilitares, de choque, delincuencia organizada “que se mueve al amparo de la impunidad”.

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Solamente en Chiapas, a partir de diversos informes, se han documentado la cifra de 21 mil indígenas desplazados en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social.

“Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social”, señalan.

Las organizaciones y comunidades hacen énfasis en el hecho de que apuestan en un modelo de sociedad en el que los bienes comunes son prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de los territorios, el fortalecimiento del tejido social. “Este modelo se encuentra en clara confrontación con el modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias agrarias al reconocimiento de los estatutos y reglamentos internos de las comunidades y la militarización de nuestros territorios”. 

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.}

Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.

La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.

Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.

“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.

Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.

Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.

Recuperar para resistir

En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.

Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.

Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.

“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.

Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras – aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión. 

“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.

Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.

“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.

Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
^{Foto por @deabajoml}

Las mujeres mazatecas por la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, pueblo originario localizado en el estado de Oaxaca, denuncian una nueva oleada de violencia y persecución jurídica en contra de campesinos e indígenas mazatecos. 

La persecución a 40 personas, entre ellas 6 mujeres, de acuerdo con este grupo de mujeres mazatecas, se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusadora en los casos, quien fue secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca, diputada federal y ahora fue nombrada diputada plurinominal del partido Morena.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Ya para el 2016 se habían liberado 40 órdenes de aprehensión contra los indígenas. 

Conoce más detalles sobre este proceso aquí.

Los campesinos criminalizados han logrado decisiones favorables en tribunales federales, pero los tribunales del estado de Oaxaca, especialmente el Juzgado de Huautla, donde están todas las carpetas del caso de Eloxochitlán, continúan entorpeciendo y dilatando los procesos penales en contra de los mazatecos, lo que vuelve un círculo vicioso que impide la libertad de los indígenas mazatecos. Algunos de ellos enfrentaron casi diez años de cárcel, sin sentencia.

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

La noche del pasado martes (1), durante el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y pese a las promesas de no repetición, elementos del ejército mexicano se vieron involucrados nuevamente en actos de violencia contra población civil, esta vez en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

Acorde a un comunicado del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur -integrado por una veintena de organizaciones de derechos humanos-, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes fue alcanzada por disparos realizados por elementos militares, lo que provocó que el vehículo se accidentara y dejara un saldo de seis personas migrantes fallecidas.

Según las organizaciones, por las imágenes difundidas se sugiere que las personas fallecieron por impactos de bala. También reportan 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas. Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres adultos, una niña y una joven, mientras los lesionados fueron trasladadas para recibir atención hospitalaria. Las personas en movilidad proceden de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Honduras, Cuba y Perú.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado mediante el cual ofrece su versión de los hechos. En el documento refieren que, elementos del ejército detectaron un vehículo que iba a alta velocidad, el cual eludió a las fuerzas de seguridad. “A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”.

México, a 2 de octubre de 2024.

A quien corresponda:

Nosotras, como hijas de personas desaparecidas y ejecutadas durante la época contrainsurgente en México, hemos participado activamente de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEH). Desde la primavera del 2022, cuando iniciaron las reuniones con comunidades de víctimas, las entonces cinco personas comisionadas anunciaron que investigarían diversas violencias perpetradas por agentes estatales, civiles y militares, en contra de militantes de organizaciones políticas armadas, de movimientos estudiantiles, movilizaciones sindicales, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares, periodistas, comunidades LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, víctimas de la lucha contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, y personas y grupos que se opusieron a proyectos extractivistas.

Interesadas y comprometidas con el esclarecimiento histórico del período contrainsurgente, en agosto de este año recibimos la colección Fue el Estado,realizado por los equipos de investigación de los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez y David Fernández y de manera reciente conocimos del informe Verdades Innegables, por un México sin impunidad, de la comisionada Eugenia Allier. Verdades Innegables es el único texto proveniente del MEH que se integró al Informe 2024, un resumen que informa de los resultados de los cinco instrumentos (esclarecimiento histórico, búsqueda, justicia, memoria y atención a víctimas) de la COVEH.

Creemos un desacierto rechazar la colección Fue el Estado, de los comisionados Barrera, Pérez y Fernández, desconociendo con ello la mayoría de las comunidades violentadas por el Estado en el pasado reciente, debido a la imposición, desde la Secretaría de Gobernación, de una clasificación de víctimas “políticas” y a una supuesta infracción del mandato. La imposición de una categoría de víctima políticas desconoce las luchas y movilizaciones por la transformación del país que también fueron violentamente reprimidas, como comunidades indígenas, campesinas, obreras, de la diversidad sexual, y miles de comunidades sobre las que la violencia de Estado cayó para controlar y aniquilar cualquier atisbo de insurgencia y resistencia ante el poder autoritario. Desconocer esas luchas y vioencias, significa también borrar, una vez más desde el poder, la diversidad de las memorias.

Apelamos a que la Secretaría de Gobernación reconozca de manera integral los trabajos del MEH y que sea la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y tribunales quienes determinen la calidad de víctimas y de posibles responsables en las listas integradas a partir de las investigaciones testimoniales y documentales. Exhortamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum a que retome y dé continuidad a este proceso para concretar los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral para toda víctima de las violaciones graves de derechos humanos del pasado y del presente.

Hoy honramos el recuerdo de nuestras madres y padres pensándoles como personas que lucharon organizadas con y para otras comunidades agraviadas. Y honrar ese recuerdo supone no permitir que se borren o desconozcan a otras personas o comunidades violentadas.

Agradecemos siempre la atención y la consideración. Jamás solos ni solas.

Alejandra Cartagena López, abogada feminista, hija de David Jiménez Sarmiento, ejecutado el 11 de agosto de 1976 y Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978.

Irma Pineda Santiago, poeta y docente, hija de Victor Pineda Henestrosa, desaparecido el 11 de julio de 1978.

Marakorea Navarro Fierro, periodista, hija de Jorge Varela y Olga Navarro Fierro, desaparecidos el 8 de noviembre de 1977.

Alicia de los Rios Merino, historiadora, hija de Enrique Pérez Mora,, ejecutado el 16 de junio de 1976 y Alicia de los Rios Merino, desaparecida el 5 de enero de 1978.

12 de Octubre, 532 Años de Resistencia y Rebeldía

“POR EL RESPETO A LA AUTONOMÍA, LA DIGNIDAD, LA RESISTENCIA Y LA REBELDÍA DE NUESTROS PUEBLOS”, TOMAMOS EL INPI, HOY CASA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS “SAMIR FLORES SOBERANES”

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo

Titular del Ejecutivo Federal y Jefa máxima del 2º piso de la Cuarta Transformación

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México…

DENUNCIAMOS: El despojo del agua, el territorio y la vida; la militarización, la impunidad del crimen organizado, los megaproyectos de muerte y la guerra capitalista que imponen desde el poder económico y político, en contra de nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas.

DENUNCIAMOS: Que la continuidad del segundo piso de la 4a Transformación, representa la continuidad de la GUERRA EN CONTRA DE NUESTROS PUEBLOS.

Claudia Sheinbaum. No nos representas y este es el único BASTÓN DE MANDO que recibirás el día de hoy!

Como muestra de tu herencia Obradorista, te dejamos el dato de los últimos tres sexenio:

“El primero, de Felipe Calderón, cerró con 122 mil 491 asesinatos y 16 mil 815 casos de desaparición.

El saldo de Enrique Peña Nieto fue de 159 mil 308 homicidios y 32 mil 590 personas desaparecidas.

López Obrador cierra rebasando por mucho a sus antecesores: 176 mil 406 muertes violentas al cierre de agosto de 2024, y 52 mil 222 casos de personas desaparecidas, los que triplican la herencia de Calderón. La cuarta parte corresponde a mujeres y niñas desaparecidas, cuyos casos se cuadruplicaron de 2006 a 2024. De idéntica manera, sus muertes violentas se duplicaron, pasando de las 9 mil 993 reportadas con Calderón, a más de 21 mil casos al cierre de agosto de 2024.”

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Denunciamos agresión en el Campamento Por la Paz de Nuevo Yibeljoj perteneciente a la Organización Las Abejas de Acteal, reinstalado el pasado 6 de agosto del año 2024^[1].

Hechos

PRIMERO: A las 8 de la noche del día 28 de septiembre del presente, llegaron en el Campamento Civil Por la Paz de Nuevo Yibeljoj en estado de ebriedad pero no inconscientes los señores Elías y Juan, ambos de apellidos Méndez Gómez pertenecientes al paraje Centro Nuevo Yibeljoj afiliados al municipio oficial de Chenalhó. INSULTARON A LOS COMPAÑEROS INTEGRANTES DE LAS ABEJAS DE ACTEAL, DESPUES se retiraron. Una hora después como a las 9 de la noche, regresaron CON MAYOR AGRESIVIDAD. Elías Méndez llegó insultando ADEMÁS DICIENDO que lo que hacen Las Abejas no está bien, que “el terreno en donde están no les pertenece, porque no colaboran en la comunidad…” MIENTRAS TANTO Juan empezó a jalar y romper la lona con la que cubrimos nuestra casita construida el pasado 6 de agosto. Después, Elías empezó a jalar la lona y LUEGO AVENTÓ HACIA FUERA JUNTO CON UNA LÁMINA. LOS COMPAÑEROS QUE ESTABAN AHÍ DE GUARDIA le pidieron a JUAN Y ELIAS que se calmaran y se retiraran del lugar, que el asunto se puede resolver de manera pacífica con sus autoridades. Antes de retirarse Elías Méndez se presentaron como, “los grupos de borrachos bravos”, que, “no le tienen miedo a nada” y que pueden, “destruir toda la casa si quieren”.

DESPUÉS DE QUE SE RETIRARON DEL CAMPAMENTO, LLEGARON jactándose en la tienda del señor Domingo Sántiz Sántiz predicador evangélico de la iglesia pentecostés quién también esta persona nos acusó de “provocadores”, durante una audiencia que tuvimos el pasado 5 de septiembre en la presidencia de Chenalhó.

SEGUNDO: EL SEÑOR Elías Méndez Gómez, DE NUEVA CUENTA, el día 29 de septiembre del mismo año, increpó a UNO DE NUESTROS COMPAÑEROS en las inmediaciones del Campamento Nuevo Yibeljoj. FUE JALONEADO POR ELÍAS MIENTRAS EL DECÍA QUE que estaba preparado para unos tiroteos.

TERCERO: Aclaramos, que Elías Méndez Gómez, ya había venido a insultarnos dos veces antes; en una de ellas golpeó el espejo de la camioneta de uno de nuestros compañeros que la tenía estacionado en nuestro campamento.

CUARTO: Otro caso de agresión FUE POR PARTE DEL SEÑOR MIGUEL VÁZQUEZ PÉREZ DEL PARAJE YIBELJOJ CENTRO QUIEN AGREDIÓ A UNO DE LOS HIJOS DE NUESTROS COMPAÑEROS YA AGREDIDO. LA AGRESIÓN DEL SEÑOR MIGUEL VAZQUEZ CONSISTIÓ EN TOMARLO DEL CUELLO DE FORMA VIOLENTA y que le dijera si están entrenando para ser del grupo “El Machete”.

Por Abel Barrera | Tllachinollan

Para mantener viva la memoria de los 43 normalistas desaparecidos, las madres y padres develaron un memorial en la avenida Reforma. En la marcha del 26 recibieron el saludo fraterno de varios colectivos de familiares desaparecidos, miles de estudiantes los acompañaron hasta la plancha del Zócalo. En medio de la pertinaz lluvia, el grito ¡No están solos! fue continuo a lo largo de las avenidas. Apesadumbrados por la ausencia de sus hijos y la indolencia de las autoridades, las madres y padres reavivaron su coraje al observar que desde el Hemiciclo a Juárez el gobierno colocó planchas metálicas, como si su presencia en el centro de la ciudad representara un peligro para la seguridad de los capitalinos.

El distanciamiento del Presidente de la República con las madres y padres se acentuó en las últimas reuniones que sostuvieron en Palacio Nacional. Su postura reiterada de culpar a los abogados, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a la OEA de conspirar contra el Ejército desalentó a los familiares, porque más allá de las denostaciones, nada comentaba de las líneas de investigación ni presentaba avances sobre el paradero de sus hijos. La falta de resultados orilló a los padres a dar por concluidos los encuentros con el Presidente.

Su lucha tenaz y duradera contrastó con el maltrato que recibieron en la Ciudad de México. Los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos llevaron en cajas de cartón el segundo reporte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Llegaron a las oficinas del Centro Miguel Agustín Pro para entregar un ejemplar a cada familiar. Las madres y padres pidieron más respeto: no estaban ahí para recibir correspondencia. Aclararon que sus domicilios se ubican en otros estados donde pueden recibir todo tipo de notificaciones. Sin tomar en cuenta sus consideraciones, el informe del Presidente se difundió a escala nacional.

La animadversión se materializó con el amurallamiento del Centro y la colocación de barreras de concreto para restringir el acceso al Zócalo. El trato de personas no gratas reavivó el coraje y la indignación de los contingentes que marcharon. Nadie contuvo a la juventud solidaria que demostró su cariño y adhesión al movimiento que han enarbolado las madres y padres de los 43. En su mensaje final calificaron de provocación el filtro que instalaron las autoridades. Recordaron que nadie les había puesto barreras por manifestarse pacíficamente. Sentenciaron que van a brincar lo que tengan que brincar para llegar a la verdad. Nadie detendrá su marcha y gobierne quien gobierne, su lucha seguirá.

No sólo son las murallas metálicas las que tienen que remover; la tarea más difícil en esta larga batalla será agrietar los muros de la impunidad que protegen al Ejército. No será la fuerza, sino la razón, la que develará sus tropelías que guardan como un tesoro en los 800 folios. Las madres y padres ahora son catalogados como adversarios por denunciar que el Presidente traicionó su confianza y que les dio la espalda para proteger al Ejército. El motor que los mueve es encontrar a sus hijos. La fuerza de su amor está por encima de filiaciones político-partidistas.

Llegaron a la ciudad para cimbrar la conciencia nacional y recordar que hace 10 años se cometió un crimen de Estado. Su valiente testimonio nos muestra la herida que se desangra por sus 43 hijos y por miles de personas desaparecidas. Hay una gran deuda con las víctimas que están invisibilizadas y relegadas de la agenda pública. Su presencia fugaz quedó grabada en miles de jóvenes que, en medio de las llamas de las murallas metálicas en Palacio Nacional, leyeron que los 43 viven en nuestra rebeldía.

A las nueve de la noche, la caravana de autobuses tomaba la calzada de Tlalpan rumbo a la Normal de Ayotzinapa. En la madrugada, las madres y padres de Tixtla enfrentaban la amenaza de que el agua de las barrancas se desbordara y entrara a sus casas. El temor fue mayor al saber que el agua de la laguna había llegado al santuario de la Natividad. Las familias afectadas desalojaban sus viviendas en busca de refugio. La incertidumbre y el miedo fueron mayores por las incesantes lluvias.

En los municipios de la Costa Chica, la situación es muy grave porque el huracán John entró con toda su furia en Marquelia y Copala. La mayoría de viviendas están dañadas y la carretera a Oaxaca, que recién inauguró el presidente López Obrador, tiene muchos derrumbes y árboles caídos. En la región de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, donde viven varias madres y padres, las comunidades están aisladas y sin recibir auxilio.

En La Montaña, los 19 municipios están incomunicados. La comunidad de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, donde reside una familia de los 43, hay muchas viviendas dañadas. La carretera de Tlapa a Marquelia requiere atención urgente por el desgajamiento de los cerros. La Costa Chica, la Montaña y la zona Centro conforman las tres regiones más afectadas por el huracán John. Más de 35 madres y padres residen en esos lugares en condiciones sumamente precarias. La mayoría de sus comunidades están incomunicadas. Los ríos, lagunas y barrancas están causando destrozos en sus casas y cultivos.

Les aflige no saber de sus familiares por la caída de Internet y por la angustia de no llegar a sus hogares. Los pocos reportes que se tienen es que hay daños en los techos de sus viviendas. La lluvia ha reblandecido las paredes de las que están construidas con adobe. En esta temporada ya no podrán comer elotes tiernos, porque el viento destruyó sus milpas. Sus huertas de café también se perdieron. Los pocos animales de corral que tienen fueron arrastrados por las barrancas, y el viento tiró una pequeña tiendita. La ausencia de sus hijos azota más fuertemente en sus vidas por las murallas del poder y la furia del huracán.

El dia de ayer, 26 de septiembre de 2024, a 10 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres junto con otros familiares y organizaciones colocamos memoriales con los rostros de los muchachos en la avenida Reforma junto al antomonumento +43.

Hace diez años amanecimos con la dolorosa noticia de la desaparición, hoy con la noticia de que varios rostros amanecieron rotos. Repudiamos este acto de desprecio y odio para los jóvenes y sus familiares. Exigimos al gobierno de la Ciudad y al gobierno federal brindar protección a los memoriales que con tanto esfuerzo hemos colocado para que nadie olvide a las personas desaparecidas y castigue a quien haya dañado los memoriales y, sobre todo, solicitamos enérgicamente se devuelvan estos memoriales que son fruto de la lucha y parte de la memoria que impulsamos las familias de personas desaparecidas.

Le aseguramos que cuando nuestros hijos regresen con nosotras, quitaremos sus rostros de todo el país. Pero mientras eso no suceda, seguiremos recordando a la sociedad y al gobierno que las personas desaparecidas nos faltan a todos. ¡No se puede borrar la memoria destruyendo los memoriales!

¡Hasta que los 43 vuelvan a casa!

¡Hasta enocontrarles a todos!

¡La memoria no se borra!

Colectivos de familias de Desaparecidas y Desaparecidos.

MEMORIA Y RABIA.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

26 de septiembre del 2024.

A las madres, padres, condiscípulos, compañeras y compañeros de los Ausentes de Ayotzinapa:

A quienes buscan:

  Sabemos que no ha sido fácil llegar hasta esta hoja del calendario.

  Sabemos del dolor y la rabia de entender ahora que, no importa el color, allá arriba siguen el desprecio y la mentira.

  Sabemos que no sólo ha sido la esperanza de encontrar a quienes les faltan, lo que les ha movido.  Porque en estos años su dolor se ha extendido a los miles de familiares de las personas desaparecidas en este país.

  Y cada madre, cada padre, familiar, amistad, ha profundizado ese dolor hasta llegar a su lecho de rabia que busca y no encuentra.

  Ni verdad ni justicia.

  Ni la más mínima empatía de quien tiene el Poder sólo para alardear y presumir, más no para servir y resolver.  El verdugo pretendiendo presentarse como víctima.

  En este largo caminar se han encontrado con traiciones, con quienes sólo usaron su dolor para tener un cargo, una causa para cambiar de color en el gobierno, o, los más miserables, una paga.

  Y en los malos gobiernos sigue la mirada del cazador buscando a su próxima víctima.

  Pero…

  Nosotros, los pueblos zapatistas, creemos que tenemos en común con ustedes este sentimiento que sólo se encuentra en el corazón de quienes luchan…

  Porque llegará el día en que las figuras de quienes buscan sin descanso a quienes les hacen falta, de los padres y las madres de los ausentes de Ayotzinapa, de sus condiscípulos, de sus maestros, de sus familiares y amistades, se asocien a dos palabras cuya ausencia real padece ahora esta geografía: verdad y justicia.

  Y porque llegará el día en que ser estudiante, hombre o mujer, de una normal rural o de lo que sea, empleado, trabajadora, adulto o anciano, no sea motivo de persecución, de desprecio, de desaparición, de muerte.

  Pero para que ese día llegue, hay que seguir.  Si no podemos heredar aún esa Verdad y esa Justicia a quienes nos siguen en calendarios y geografías, sí podemos heredarles la rabia, la memoria y la dignidad necesarias para no rendirse, no venderse y no claudicar.

  Si no lo logramos, siempre habrá una noche de Iguala acechando a los de abajo, a su sangre joven, y siempre serán culpables de rebeldía.

  Si no hay Verdad ni Justicia, que no falten la rabia y la memoria.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

A nombre de las mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños zapatistas.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, 26 de septiembre del 2024.