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Avispa Midia

Honduras: Caravana feminista ocupa territorio garífuna con arte y memoria

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Mujeres de al menos 16 organizaciones feministas e independientes de diferentes partes de Honduras se unieron en la Caravana Feminista ¡Viva Ofraneh!, y ocuparon entre los días 19 y 22 mayo el territorio garífuna, específicamente la comunidad Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, Atlántida, tierra en disputa y de la cual se intenta desplazar a la población afroindígena.

Las mujeres ocuparon el territorio garífuna para que “no sólo sepan, sino que todas entendamos que la solidaridad es estar juntas, conocer los nombres y las historias que nos fortalecen”, señalaron las mujeres en un comunicado.

“Este es un acto bien potente, un campamento en un territorio donde hay muchos conflictos movidos por los intereses empresariales. La presencia misma de las mujeres es un acto de resistencia”, define una de las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Melissa Cardoza, quien participó de las actividades.

Entre las acciones llevadas a cabo por las mujeres estuvieron el recorrido al territorio, actividades para las niñas y los niños, actividades de memoria por la desaparición de cuatro garífunas, todo eso marcado con arte, música y tambores. “La espiritualidad del pueblo garífuna es probablemente uno de los corazones más importantes de la lucha”, sostiene Cardoza.

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El objetivo de caravana fue ir contra la lógica del Estado y de las empresas de vaciar los territorios, dice Miriam Miranda. “El sistema de opresión patriarcal, militarista, capitalista y racista pretende sacar a la gente de sus tierras y apropiarse de ellas; convertir a la gente en asalariados miserables, personal de servicio, seres humanos sin proyectos vitales más allá de una sobrevivencia muy precaria, quitarles el tiempo y el gusto por la vida”, señala Miranda.

La lucha de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), desde hace más de cuatro décadas, es la defensa de la tierra y el territorio, “porque es el lugar preciso, material y concreto donde se asienta la vida comunitaria, la búsqueda del bien y la felicidad común, el anhelo porque estar en este mundo sea valioso, la arena donde habitan los grandes espíritus que custodian al pueblo”, sostiene la Caravana Feminista en un comunicado.

Así que los procesos de fortalecimiento comunitario del pueblo garífuna crecen en las casas de salud, en los colectivos de disidencias sexuales, en la recuperación del aceite de coco y la comida ancestral que pueblan la tierra garífuna y también en la resistencia contra empresas extractivistas que quieren apropiarse de su territorio.

“Ante el vaciamiento forzado, nosotras llamamos a los pueblos originarios a volver al territorio ancestral. Nosotras nos convocamos a escuchar y acompañar, sostenernos en la lucha por la vida en el lugar donde se han sembrado nuestros ombligos”, dicen las mujeres.

No es casual que Ofraneh tenga tantos enemigos y detractores que han usado todas las herramientas en contra de sus procesos, les han asesinado, encarcelado, exiliado y desaparecido liderazgos históricos y vitales para las comunidades.

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“Nosotras, feministas y luchadoras diversas que nos convocamos en la Red Nacional de Defensoras nos sentimos, no solo reconocidas en las luchas de la organización, sino parte de sus profundas búsquedas y victorias; es por esa razón que hoy nos llamamos a movernos al territorio rebelde del pueblo garífuna, para estar y conversar; aprender entre todas, sentir la brisa del mar y la vida gobernando nuestros días y sueños”, sostienen en el comunicado.

Enorme recordatorio

El 18 de julio de 2020 llevaron de sus casas, de manera violenta, a cuatro jóvenes garífunas de la comunidad Triunfo de la Cruz, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos. Desde entonces la comunidad garífuna exige explicaciones de las autoridades, pero el silencio continúa.

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Las mujeres dejaron en el centro de la comunidad un enorme recordatorio. Un mural con los rostros de los cuatro jóvenes raptados – Snaider Centeno, ex presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y Milton Joel Martínez Álvarez. También, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix.

Los pobladores relatan que, al amanecer del 18 de julio, arribó a la comunidad un convoy de tres carros con pailas, cada cual con un grupo de hombres armados abordo.

Uno a uno, sacaron a los cuatro de sus casas. La operación duró aproximadamente cuarenta minutos.

Corte Interamericana

Las violaciones a los derechos humanos contra la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras.

El Tribunal regional responsabilizó internacionalmente al Estado de Honduras por la violación a varios derechos de la comunidad Garífuna, entre ellos el derecho a la propiedad colectiva.

También puso al frente la discusión sobre el impacto de los proyectos turísticos o habitacionales que se instalan sin el consentimiento de la comunidad, como sucedió en la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, como otras poblaciones en la Bahía de Tela.

Pese a la condena a Honduras por parte de la CIDH en este caso, la administración del expresidente y ahora extraditado a los EEUU, Juan Orlando Hernández, hizo poco o nada para cumplir con la serie de reparaciones dictadas por el Tribunal regional.

Solidaridad

La Caravana recibió apoyo de organizaciones y mujeres de distintas partes del mundo. Entre ellas de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras.

“El pueblo garífuna y las comunidades organizadas en la Ofraneh son uno de los corazones de nuestra esperanza. No solo porque le han plantado cara al poder más depredador, violento y destructor, el poder opresor del mal gobierno, las empresas extractivas y sus caciques y los grupos de crimen organizado (…). Sino también porque han hecho realidad y vida ese otro mundo que necesitamos y soñamos, con el rescate de cultivos originarios, las radios comunitarias, los centros de salud ancestral, la lucha por la soberanía alimentaria, el territorio liberado de Faya, con su cosmovisión arraigada en la tierra, conectada con las ancestras, con la espiritualidad y el arte”, sostuvo la Iniciativa.

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Avispa Midia

Zonas Económicas Exclusivas, objetivo de los ejercicios militares en México y Belice

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

El viernes pasado (20) la Secretaría de Marina de México anunció oficialmente que los ejercicios militares llamados “Tradewinds 2022”, realizados en territorio mexicano y en Belice, habían concluido exitosamente. Uno de los objetivos fue fortalecer la relación de los Estados Unidos y los países socios. Otro propósito fue mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas.

Tradewinds es un ejercicio que se ha realizado por primera vez en territorio mexicano. Por lo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó al parlamento de México que aprobara la entrada de tropas extranjeras a su país durante el periodo del 7 al 21 de mayo.

Los ejercicios tuvieron la aprobación del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Fueron ejecutados y patrocinados por el Comando Sur (Southcom por sus siglas en inglés) de EEUU.

Participaron más de 1500 militares de 23 países, también organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Southcom en territorio mexicano. “La principal participación de World Hope International en Tradewinds 22 se enmarca en la vía de ayuda humanitaria en caso de catástrofe en Cozumel (México) y apoya el Sistema de Seguridad Regional”, dijo Kevin J. Bostick, uno de los altos mandos del Southcom,.

La WHI, quien es financiada entre otros por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Ayuda directa del Reino Unido (UKaid), ha participado en otros ejercicios, así como en contextos de guerra, como en Siria y, actualmente, apoyando a Ucrania.

Las Zonas Económicas Exclusivas

México tiene la decimotercera zona económica exclusiva más grande de la región con una superficie que comprende más de 3 millones de km², establecidas en el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de México.

Sumado a ello, durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sur de México, decretó diversas Zonas Económicas Especiales que conectan con el Pacífico y con el Golfo de México. Tras la llegada de AMLO al poder, cambió el término Zona Económica Especial (ZEE) para los proyectos estratégicos y decidió nombrarlos como Zonas Francas, aunque comprenden las mismas líneas de inversión que contienen la ZEE.

Los ejercicios militares Tradewinds 2022, ideado por los EEUU, se han enfocado a fortalecer su capacidad de reacción en está región y desarrollar nuevos procedimientos operativos estándar. El objetivo es “mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE); aumentar la preparación de EEUU y sus socios; promover los derechos humanos (…) y aumentar la conciencia del dominio marítimo”, señaló el alto mando del Southcom.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante la Quinta Reunión de Gobernadores del Sur-Sureste de México en Ciudad de México, anunció que su país invertirá 30 millones de dólares en esta región. Aunque ya había anunciado la misma cantidad en el mes de febrero pasado, junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) y Usaid.

En su momento firmaron una carta de intenciones para “fomentar la conservación y el desarrollo económico de la región sur-sureste” mexicano.

Actualmente las fuerzas armadas de México no solo se encargan de velar por la seguridad de estos complejos de desarrollo, sino que, además, están interviniendo en su construcción y parte de la administración. Esto se debe a que el mandatario mexicano elevó la importancia de estos complejos al decretarlas como de “seguridad nacional”.

Disuasión

En los ejercicios, las fuerzas armadas de México y Belice realizaron operaciones marítimas, urbanas y en jungla en Belice. También fueron asignados en la unidad de Localización, Búsqueda y Neutralización de Artefactos Explosivos.

Los participantes en estos ejercicios también recibieron entrenamiento para dilución de protestas o disturbios urbanos que califica dentro del “orden público y de lucha contra las bombas molotov”, coordinado y dirigido por el Real Regimiento de las Bermudas en la Academia de Formación de la Policía de Belmopan. Se utilizaron equipos y tácticas antidisturbios con simulacros de protestas con bombas molotov usadas por los propios militares.

La Marina agrega que, en los ejercicios, también se llevó a cabo un Ejercicio NAMSI (por sus siglas en inglés North American Maritime Security Initiative), “el cual es un esfuerzo de integración trilateral entre el Comando Marítimo de Canadá, la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Marina-Armada de México”.

Las fuerzas armadas de México concluyeron que estos ejercicios “permiten a las fuerzas armadas de los países participantes incrementar sus capacidades y nivel de adiestramiento, así como su interoperatividad e interoperabilidad, mediante el entrenamiento y aprendizaje de nuevas técnicas”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una crisis de derechos humanos en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2022

Boletín No. 18

Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una profunda crisis de derechos humanos en Chiapas

  • Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos que resisten y luchan.

 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en el marco del cambio de la Dirección, reafirma su compromiso de caminar junto a los pueblos que luchan y defienden la tierra y el territorio, de quienes ejercen la autonomía y libre determinación a pesar de las adversidades, omisión y aquiescencia de los gobiernos, quienes además de administrar los conflictos, no llevan a cabo acciones efectivas para detener y atender debidamente las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Chiapas.

En los gobiernos federal y estatal persiste un patrón común, a quienes defienden los derechos humanos y la vida les asesinan, criminalizan, amenazan y torturan en medio de un racismo y discriminación estructural. La violencia generalizada emanada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, la captura y complicidad con las instituciones es intensa, así como la proliferación de diversos actores duros que actúan con impunidad. Hay que sumar el Conflicto Armado Interno no resuelto, la renovada presencia militar, el ejercicio de autogobierno impulsado desde distintas propuestas comunitarias y las constantes agresiones a la autonomía zapatista en medio de un ominoso silencio del gobierno mexicano; así como el impulso de megaproyectos y programas sociales impuestos en las comunidades, que favorecen la división comunitaria y el despojo territorial.

 

Existe una crisis humanitaria en torno al fenómeno del desplazamiento forzado interno; alrededor de 14 893 personas han atravesado por esta situación debido a la violencia generalizada y la impunidad constante por parte de la inoperancia y omisión del Estado mexicano. La tortura es también una práctica generalizada y sistémica que sigue instalada como un mecanismo para simular justicia y fabricar culpables, dejando un grave impacto en las víctimas, sus familiares y la sociedad.

En la mayoría de los estados y municipios donde se ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) se registra un alza de agresiones, chiapas es un ejemplo de la ineficacia de las medidas que se han tomado para tratar esta crisis; en lo que va del 2022 el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registró un aumento alarmante de cifras: 55 muertes violentas, 7 feminicidios en grado de tentativa y han desaparecido 69 mujeres y niñas.

En medio de la alarmante cifra de 100,204 personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló la existencia en Chiapas de 542 personas desaparecidas, lo que no refleja la crisis profunda del fenómeno manifestado en medio de la disputa entre grupos armados ilegales en la frontera con Guatemala o la región de Los Altos, la cuál también es negada por La Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, sumándose la falta de debida diligencia de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares en el estado. El dolor que sufren las familias de las y los desaparecidos en México visibiliza la crisis de derechos humanos, su dignidad muestra impulsa la lucha continua contra la indiferencia del Estado y mantienen viva la Memoria Verdad, Justicia y Reparación.

Hoy vivimos tiempos violentos, obscuros y de incertidumbre ante la pandemia provocada por la COVID-19 que ha golpeado a nuestras familias y desnudado nuestras carencias, profundizando la crisis del sistema capitalista, civilizatoria y la crisis ambiental, que exige organizarnos como pueblos para defender la vida y el territorio. Son tiempos de grandes desafíos, que nos convocan a crear horizontes de esperanza; en el Frayba estamos convencidos de que la Paz se construye desde la búsqueda de la Justicia, la cual está anclada en la Dignidad de cada uno de los pueblos y personas que luchan.

Hacemos un llamado a la Comunidad Frayba, a organizaciones, colectivos a no cesar en las acciones y persistir desde abajo en el horizonte de la defensa de nuestros derechos, a juntar las luchas con los pueblos, comunidades, personas dignas de Chiapas, de México y el Mundo que han ubicado en este territorio de resistencia su mirada y trinchera; es urgente y necesario seguir andando los caminos de Libertad, Memoria y que la Verdad sea nuestra ética de trabajo, para romper las sistemáticas injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y patriarcado, para vigorizar la transformación social de manera radical de las diversas realidades humanas y fraternas que nos habitan y consolidar una sociedad nueva, democrática y justa.

 

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Avispa Midia

Chile | Boric despliega fuerzas militares en territorios Mapuche

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

A dos meses de haber asumido la presidencia de Chile, Gabriel Boric, considerado por muchos como políticamente de “izquierda”, decretó Estado de Excepción en Biobío y La Araucanía, al sur del país, donde están territorios del pueblo Mapuche.

El despliegue de las fuerzas armadas en la zona del denominado “conflicto mapuche” empezó el miércoles 18 de mayo. La ocupación militar debe durar 15 días, con la posibilidad de prórroga, sin la necesidad de autorización por parte del Congreso Nacional de Chile.

En esas zonas existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

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La declaración del Estado de Excepción se da en un contexto de reclamo de los camioneros y trabajadores forestales para, según ellos, restablecer la seguridad en la zona.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de Estado de excepción)”, anunció la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucaníay el Biobío no es algo novedoso. Fue ordenada por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021. La instrucción, ratificada 10 veces por el Congreso, no había sido renovada por el gobierno de Gabriel Boric, quien asumió el pasado el 11 de marzo.

La aplicación del Estado de Excepción en esas regiones fue una medida que Boric criticó durante la gestión de su antecesor Sebastián Piñera y había asumido el compromiso de no repetirlo.

Histórico del conflicto

En el sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. El pueblo Mapuche reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.

Oficialmente este proceso es conocido como la “Pacificación de La Araucanía”, en el que se explica la pugna entre los Mapuches y la ocupación del Estado chileno a finales del siglo XIX.

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En los enfrentamientos, un gran número de mapuches han muerto a mano de agentes del Estado, así como decenas de policías y colonos.

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Avispa Midia

Guatemala: ex preso político continúa defensa del río Cahabón

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria

Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.

“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.

Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.

Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.

Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.

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En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.

Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.

Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.

Recibimiento de Bernardo por pobladores de Sepos Semococh, la comunidad de donde es originario. Foto: Gilberto Cucul

En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.

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Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organización

Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecución

A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.

Bernardo Caal en una actividad pública, antes de ser encarcelado en enero de 2018. Foto: Prensa Comunitaria

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.

Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.

Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

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Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.

Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.

La prisión

En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.

Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.

Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.

Carta de Bernardo escrita desde la prisión.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.

Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.

Energía eléctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.

En Cobán, la hidroeléctrica española Renace se ha instalado con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo para la zona. Foto: Pedro Armestre

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.

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Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.

Libertad

Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

El Estado mexicano debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

13 de mayo de 2022

Boletín No. 16

 

El Estado mexicano debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua

  • Verdad y justicia para asegurar una investigación efectiva y castigo a los responsables.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha recibido información que el día 9 de mayo de 2022, aproximadamente las 17:00 horas, un grupo de integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan, en el estado de Puebla, fueron emboscados por elementos de la policía estatal quienes ejecutaron a Teófilo Barrera Herrera de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y Omar Herrera Raymundo de 15 años, todos del pueblo Nahua. Siete personas más resultaron heridas. Los hechos se dieron al momento en que las personas pasaban por la comunidad Zoquitatlán.

La comunidad de Coyomeapan se encuentra en resistencia pacífica por la defensa de su tierra y su territorio, así como por sus Derechos Civiles y Políticos, por tal motivo, 4 personas se encuentran presas en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa de sus derechos, entre ellas se encuentra la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño Gutiérrez integrante del Movimiento Unidad por Coyomeapan. Así mismo la periodista Claudia Martínez Sánchez fue desplazada de su hogar por ejercer su derecho a la libertad de expresión y dar a conocer la criminalización que enfrentan las comunidades nahuas.

El Estado mexicano debe debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua para que puedan disfrutar el derecho a la paz, además de prevenir, investigar, identificar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los habitantes de la comunidad indígena de Coyomeapan, particularmente investigando los hechos con la debida diligencia en el caso de las tres personas asesinadas y se castigue a los responsables de los hechos.

Desde el Frayba nos sumamos a la exigencia de libertad de las cuatro personas defensoras del territorio Privadas Arbitrariamente de su Libertad desde el pasado 21 de septiembre del 2021; en especial nos pronunciamos por la libertad de la defensora Basiliza Montaño Gutiérrez a quien le ha sido arrebatado su derecho a defender los derechos humanos y por el retorno de la periodista Claudia Martínez Sánchez garantizando la no repetición de los hechos y el ejercico de su derecho a la libertad de expresión.

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Avispa Midia

Incendio destruye comunidad Yanomami en la Amazonía brasileña

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

Un incendio destruyó la comunidad Yanomami Aracaçá, en el estado de Roraima, en la Amazonia brasileña, donde vivían alrededor de 30 indígenas. La destrucción ocurrió tras la denuncia de violación y el asesinato de una niña Yanomami de 12 años por garimperos (término portugués para designar los mineros informales, que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonia).

Una tía de la niña intento contener los agresores, sin embargo, los mismos lanzaron a un río a su hijo, que todavía está desaparecido.

La denuncia fue hecha el 26 de abril por el Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanommami, órgano encargado del sector de salud del pueblo Yanomami, y por el indígena Júnior Hekurari Yanomami. El tema tomó mayores proporciones días después con la denuncia del incendio que destruyó la comunidad.

El caso sigue siendo investigado por órganos del Estado. Sin embargo, la Hutukara Associação Yanomami (HAY), en un comunicado, sostuvo que viene trabajando para reconstruir los sucesos denunciados por los Yanomami. “Pese a que no se ha reunido informaciones suficientes para aclarar los crímenes denunciados, se obtuvo informaciones que develan un grave histórico de tragedias asociadas al garimpo en la comunidad”.

Una de las principales tragedias está vinculada con las violaciones a mujeres y niñas por los garimperos. Hasta el momento “se ha confirmado el escenario desolador vivido por la comunidad a partir de las relaciones impuestas por el garimpo, con reiterados testigos de violencia sexual en serie”, señala la organización en el comunicado.

En la comunidad Aracaçá “ha casos generalizados de abusos y violencia. La vulnerabilidad de las personas de la comunidad es tan grande que es muy probable que la violencia continúe cotidianamente”.

De acuerdo con el informe Yanomami sob Ataque, de la HAY, la región donde está la comunidad Aracaçá es una de las más impactadas por el garimpo. El informe también registra que los ataques de los garimpeiros hacia a los indígenas son frecuentes.

Para la organización, los últimos hechos de violencia denunciados deben ser comprendidos en este escenario, “en el cual mitad del territorio Yanomami está bajo presión de invasores”.

La recomendación hecha por la organización viene en un contexto en el cual se intenta responsabilizar los propios Yanomamis por el incendio.

“Con base en eso, defendemos que se conduzca una investigación más amplia y profundizada que lleve en consideración el histórico de violencias vividas por los indígenas en Aracaçá en consecuencia del garimpo en el territorio Yanomami”, llevando en consideración que es un pueblo que vive de acuerdo con sus costumbres tradicionales y con su lengua ancestral.

Violencia sistemática

El territorio Yanomami es el territorio indígena más grande de Brasil reconocido por el Estado, son 10 millones de hectáreas en la Amazonía. El territorio es conformado por diversas comunidades y Aracaçá es una de ellas.

La problemática que ha vivido Aracaçá no es un hecho aislado en el territorio Yanomami. “En todo el territorio el garimpo invade nuestras tierras, destruye nuestras tierras, destruye nuestro modo de vida, nuestras cosechas y genera hambre y violencia. Nuestras mujeres y niñas están siendo violentadas en diversas regiones aisladas por el garimpo. Nuestras familias están enfermándose y muriendo de enfermedades”.

De acuerdo con Biodiversidad en América Latina, se calcula que unos 29 mil indígenas viven en la zona, en aproximadamente 350 comunidades. Hay 273 comunidades afectadas por la minería, lo que impacta a más de 16 mil personas.

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Avispa Midia

Sembrando Vida: contrainsurgencia, neoliberalismo y uso clientelar

Fuente: Avispa Midia

En portada: El enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, John Kerry, acompaña al presidente de México en un recorrido por parcelas del programa Sembrando Vida en Palenque, Chiapas. Octubre, 2021

Mientras Andrés Manuel López Obrador recorre diversos países de Centroamérica para promover la ampliación de programas asistencialistas, tales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, este último es señalado por socavar la organización comunitaria en comunidades indígenas y campesinas de México, de acuerdo a un informe publicado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).

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“Las comunidades indígenas y campesinas en México tienen una amplia tradición de gestión colectiva del territorio, apoyada en la propiedad social de la tierra y en la asamblea como máxima autoridad. El programa Sembrando Vida está socavando intencionalmente estas estructuras que permiten cierto grado de autonomía a las comunidades”, escribe Ana de Ita en la publicación “Comunidad y Autonomía frente a Sembrando Vida”, elaborada por el Ceccam.

A esta denuncia se suman también otras consecuencias del programa: la de provocar deforestación para ingresar al programa, la opacidad en el manejo del presupuesto gubernamental, además de la creación de organizaciones paralelas a la de las comunidades para la toma de decisiones, la cual es utilizada para la compra de voluntades.

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Avispa Midia

Corredor Interoceánico y el tema energético

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

Por Colectivo Geocomunes / En portada: Pobladores de Álvaro Obregón se manifiestan contra la imposición de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. Foto: Santiago Navarro F.

En las primeras publicaciones se analizaron como el proyecto del Corredor Interoceánico está provocando un proceso de industrialización y privatización de tierras colectivas y la presión que ejercerá sobre el agua con su posible acaparamiento y contaminación.  Esta tercera y última publicación está enfocada en analizar cómo este proceso de industrialización implica también el despliegue de una nueva ola de proyectos de generación de energía para responder a las altas demandas energéticas relacionadas con el megaproyecto.

Para entender mejor esta nueva ola prevista, es importante analizar primero cuál ha sido el despliegue de proyectos energéticos en la región en las últimas décadas y el para qué y para quién de la energía producida.

¿Cuál es el despliegue actual de la infraestructura energética en el istmo?

En los municipios que han sido involucrados de manera directa en el proyecto del Corredor Interoceánico, existen diversas centrales eléctricas en operación las cuales hasta el 2022 sumaban 4,092 Megawatts (MW) instalados. Pero en esta misma región, diversas empresas se encuentran promoviendo nuevos proyectos eléctricos que de construirse agregarían 2,248 MW a la capacidad de generación operando hasta la fecha.

Para el caso de las centrales de generación eléctrica conocidas como “renovables”, el Istmo de Tehuantepec y en particular su zona sur se ha convertido en un área de expansión masiva de proyectos eólicos. Actualmente en el Istmo existen 28 parques eólicos en operación con una capacidad de generación eléctrica total de 2,700 MW, la cual se reparte en 1,580 aerogeneradores instalados hasta el momento. El área que ocupan estos parques corresponde a una superficie de 31 mil hectáreas (ha). También existen 10 parques en fase de construcción o en proyecto con una capacidad proyectada total de 1,100 MW, repartidos en 404 aerogeneradores previstos a instalarse sobre una superficie total de 13 mil ha.  En total son alrededor de 50 mil hectáreas que son ocupadas o amenazadas por proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

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Las principales empresas dueñas de los parques actualmente operando son: Acciona (6 parques y 596 MW), EDF (4 parques y 391 MW), Iberdrola (5 parques y 277 MW) y Enel Green Power (3 parques y 246 MW). Con la construcción de su nuevo proyecto eólico llamado “Gunaa Sicarú” (252 MW), la empresa francesa EDF se volverá la compañía con mayor capacidad instalada para la generación eléctrica en el Istmo.

Fuente: Realización GeoComunes

Para ver la ubicación y los datos detallados de cada central eléctrica, acceder al mapa interactivo:

Para el caso de las centrales eléctricas que consumen combustibles fósiles, en el Istmo opera 1 central de Ciclo Combinado y 19 centrales térmicas, principalmente ubicadas en la zona norte de la región ístmica (municipios de Coatzacoalcos, Nanchital, Cosoleacaque y Minatitlán). La mayoría de estas centrales funcionan con gas natural, con excepción de las que operan al interior de las refinerías de Minatitlán y Salina Cruz que funcionan con combustóleo y 3 otras centrales que hacen uso de diésel, bagazo de caña y combustóleo. La capacidad instalada de estas centrales acumula hasta la fecha es de 1,356 MW, de los cuales 619.5 MW pertenecen a centrales de PEMEX y los restantes 736.5 MW a empresas privadas como por ejemplo: CYDSA, Grupo Infra, Braskem Idesa y Contour Global PLC.

En la región del Istmo, existen proyectos con permiso autorizado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la construcción de 2 centrales eléctricas, una a base de gas natural con 200 MW de potencia y otra proyectada para consumir bagazo de caña con una capacidad de 28 MW. También existe un proyecto de central de cogeneración en Salina Cruz que consiste en la construcción de una nueva planta a base de gas natural con una capacidad de 812 MW. De realizarse estos proyectos sumarían 1,040 MW de nueva capacidad de generación eléctrica que incrementarían la demanda de combustibles fósiles en la región.

Mucha de esta energía eléctrica con base en el consumo de hidrocarburos alimenta a la misma industria fósil instalada en la región, y el conjunto de proyectos eléctricos fósiles y eólicos planeados para instalarse en el Istmo, responden a estas mismas necesidades energéticas de los proyectos industriales y de transporte masivo de mercancías que el Corredor transístmico promueve.

En el Istmo de Tehuantepec también están ubicadas algunas redes para la transmisión regional de esta energía eléctrica, las cuales se encuentran articuladas al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y su Mercado Eléctrico Regional (MER). El SIEPAC está en proceso de conectarse con el subcontinente suramericano por medio de una línea de transmisión que cruzará la frontera Panamá-Colombia, y que se suma a la interconexión eléctrica ya existente entre México y Guatemala, con lo que se está configurando un sistema integrado de trasmisión eléctrica de escala continental.

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Sumada a esta red de transmisión articulada hacia el sur del continente también existen proyectos para conectar con una nueva línea de transmisión de alto voltaje (500 KV) el área sur del istmo de Tehuantepec (Ixtepec) con Yautepec, Morelos en el centro del país. Esta nueva línea tiene por objetivo desahogar la electricidad generada por los parques eólicos en el istmo debido a que las líneas actuales se encuentran saturadas, lo que  permitiría la construcción de nuevos parques eólicos en la región. Si bien, en 2019 se canceló por parte de la CFE la  licitación para este proyecto de trasmisión, no deja de estar en la carpeta de proyectos energéticos a futuro.

El Istmo de Tehuantepec no sólo ha sido utilizado para la generación eléctrica; colindante al norte de esta esta región se encuentra la zona de mayor extracción y reservas de hidrocarburos del país, así como el núcleo industrial de la producción petroquímica nacional y una de las mayores zonas de producción de petrolíferos.

Según datos de la Secretaría de Energía (SENER) en 2021 el 95.6% de la extracción de petróleo y el 79.8 % de la extracción de gas natural en el país, tuvo lugar en pozos ubicados en la región conocida como cuencas del sureste colindante al noreste del Istmo, y es también ahí mismo donde se localiza el 74.8 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificadas hasta la fecha. Sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2021, el 38.2% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, proporción que aumentará en los próximos años cuando inicie operaciones la séptima refinería del país ubicada en Dos Bocas, Tabasco. En el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2021 llegó a representar el 92 % del total de la producción petroquímica.

Fuente: Realización GeoComunes

Esta extracción y transformación de hidrocarburos se encuentra articulada con una red de ductos para el transporte de los productos de la industria fósil. Uno de los elementos que involucra el Corredor Interoceánico es la ampliación de esta red en la región, la cual actualmente está compuesta por ductos de Pemex para transportar gas natural, gas LP, petróleo y petrolíferos, de entre los cuales destacan 2 oleoductos que van de Teapa a Salina Cruz, un poliducto de Minatitlán a Salina Cruz y un gasoducto que corre de Jáltipan a Salina Cruz el cual fue rehabilitado en el año 2014.

Para la ampliación de esta red de transporte de hidrocarburos se han contemplado varios proyectos que han cambiado de nombre con los años, pero que en la actualidad aún se encuentran en el tintero de proyectos energéticos en la región. Los principales son un gasoducto que lleve gas natural desde el norte del Istmo a Salina Cruz el cual estaba considerado en el plan de expansión de ductos impulsado en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se mantiene en la actual administración como un proyecto para “atender las necesidades del Corredor transístmico”.

El otro proyecto extiende la red de transporte de gas natural desde el sur del Istmo hacia los países centroamericanos el cual también se mantiene en los planes del gobierno actual bajo el nombre de Gasoducto Prosperidad. Con estas dos expansiones de la Red Nacional de Gasoductos entre Jáltipan-Salina Cruz y su extensión de Salina Cruz hacía Tapachula y Centroamérica, se pretende avanzar en la configuración de una red articulada de transporte terrestre de gas entre Estados Unidos, México y los países Centroamericanos.

A esta red habría que agregar el proyecto de instalación de una terminal de licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL) en el puerto de Salina Cruz de la que se comenzó a hablar desde 2014, como parte de una segunda fase del proyecto conocido como Cinturón Transoceánico, con el que se planeaba ampliar el transporte de gas natural desde el Istmo hacia Asia y Oceanía.  Para la realización de este proyecto de una terminal para la exportación de GNL en Julio de 2019, el director de Operaciones de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), ahora llamada International Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos, anunciaba la intención de financiar con 250 millones de dólares la construcción de esta planta en el sur de México.

En agosto de 2021, la CFE mediante su empresa subsidiaria CFEnergía, avanzaba en el diseño del proyecto mediante la publicación de una convocatoria para “conocer el interés por parte del sector privado en el desarrollo de infraestructura de licuefacción de gas natural en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”. Con la construcción de esos gasoductos en el Istmo y en Chiapas para conectarse con centroamérica se cumplirá una de las otras metas previstas dentro del “Proyecto Mesoamérica”, generar una interconexión de gas entre EEUU, México y Centroamérica. Lo que permitiría darle mayor salida a los excedentes de gas mediante la técnica de fracking en EEUU.

Fuente: Realización GeoComunes

¿Para qué y para quién sirve la electricidad producida o proyectada en el Istmo? Análisis de los contratos de autoabastecimiento para parques eólicos en el Istmo y de las empresas que se benefician de ellos

Hasta ahora, 20 de los 28 parques eólicos operando en el istmo están bajo la modalidad de “autoabastecimiento”. Estos 20 parques de autoabasto representan el 75% de la capacidad de generación de los parques eólicos instalada en el Istmo.

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La energía que resulta de estas centrales alimenta una parte del mercado paralelo de electricidad en el cual son las grandes cadenas comerciales como Soriana, Walmart o Chedraui las que demandan un cuarto de la energía eléctrica total que se genera en estos 20 parques ubicados al sur del Istmo.

Análisis del consumo de electricidad en el istmo:

En 2018, el sector industrial representó el 53.5% de las ventas de electricidad total en los 79 municipios que conforman el Corredor Interoceánico mientras el sector residencial representó el 36.8%.

Solo 10 municipios concentran el 75% de las ventas de electricidad para este año: Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Minatitlán, El Barrio de la Soledad, Salina Cruz, Cosoleacaque, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Acayucán y San Andrés Tuxtla. Tan solo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 37% de las ventas de electricidad en esos 79 municipios.

El gran consumo eléctrico en esos municipios se explica por su vocación industrial, principalmente  derivada de los productos petroquímicos en la zona norte del istmo. Solo dos de los municipios de mayor consumo de electricidad se encuentran en la zona sur del istmo. En el caso del municipio El Barrio de la Soledad, este gran consumo eléctrico se debe a la presencia de la cementera Cruz Azul que utilizó en el 2018 el 95% de toda la electricidad consumida en el municipio. Es 4.5 veces más que los 5,635 usuarios domésticos registrados en este municipio.

Tomando en cuenta el papel preponderante que tiene el sector industrial en el consumo eléctrico regional y nacional (la industria consumió en 2018 el 60% de la electricidad generada en México), la instalación de 10 nuevos parques en el istmo aumentará drásticamente la demanda eléctrica en la región.

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Según el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepecse estima que por la demanda eléctrica ligada a las actividades industriales previstas en el istmo se multiplicará por 2.5 entre 2030 y 2050 pasando de 3,294 a 8,348 millones de watt/hora anuales.

Para responder a este aumento de la demanda eléctrica se tendrán que instalar nuevas centrales eléctricas en el Istmo aunque por ahora no hay información precisa de cuántos centrales serían, donde se ubicarán y en qué tecnologías se basarán. Se puede, sin embargo, sospechar una nueva ola de proyectos eólicos en la parte sur del istmo, nuevas centrales basadas en gas en la parte norte y también en la zona sur abastecidas por los proyectos de gasoductos previstos dentro del Corredor Interoceánico.

¿Utilidad pública? ¿Quiénes y en dónde no cuentan con acceso a la electricidad en el Istmo?

Habiendo tantos proyectos energéticos, es necesario preguntarnos ¿las poblaciones circundantes tienen acceso a esta electricidad? Conocer si la existencia de estos proyectos se refleja directamente en un mayor acceso a la electricidad de las comunidades aledañas resulta muy importante para valorar su utilidad pública.

En 2010, Veracruz y Oaxaca fueron las dos entidades con mayor número de personas en hogares sin disponibilidad de energía eléctrica, registrando en Veracruz 219 mil 528 personas sin electricidad en sus viviendas, y 185 mil 309 en Oaxaca. Según la encuesta intercensal, en 2015, Oaxaca fue la entidad federativa con un mayor número de personas en viviendas sin acceso a luz eléctrica (183 mil 199), seguida de Veracruz con 136 mil 989 personas en esta situación. Para 2020, el Censo de Población de Vivienda registró en Veracruz 85 mil 742 personas en hogares sin disponibilidad de electricidad, mientras que Oaxaca fueron 78 mil 736 personas. En este último año (2020), la mayor parte de la población en viviendas sin disponibilidad de electricidad era hombre (53% a nivel nacional, 54% en Veracruz, 51% en Oaxaca).

Para el año 2020, tan sólo en los municipios abarcados por el Corredor Interoceánico, hay 11.8 mil viviendas sin electricidad, lo que representa el 1.69% de las viviendas de esos municipios.

A nivel de localidad, los contrastes son más amplios: de los 79 municipios que abarcan el proyecto, 35 de éstos tenían al menos una localidad donde el 50% de las viviendas no tenían acceso a electricidad (16 en Oaxaca y 19 en Veracruz). De estos municipios, 19 tenían al menos una localidad donde el 100% de las viviendas no tenía acceso a la electricidad (9 en Oaxaca y 10 en Veracruz).

Fuente: Realización GeoComunes

Como vemos en el mapa, las zonas donde más se produce electricidad, también es donde se concentra más la carencia de este bien: al norte, la zona adyacente a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque y, al sur la región centrada en San Mateo del Mar, Salina Cruz, Santo Domingo, Juchitán, Santa Maria Xadani, entre otros.

Dentro del debate energético actual, tanto a nivel mundial como nacional, el caso del Corredor Interoceánico, aparece como una cuestión y un sector clave. Por un lado, por el despliegue de una nueva infraestructura de centrales eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones para responder a la nueva demanda eléctrica de los parques industriales previstos. Por otro, y de manera complementaria, por el incremento del proceso de extracción de hidrocarburos en la zona norte del istmo con la puesta en marcha de la refinería de Dos Bocas y su procesamiento en los parques industriales previstos, así como su transporte y exportación por medio de la red de gasoductos previstas y de la ampliación de ambos puertos.

De la misma manera que lo que se constató en la publicación anterior sobre el tema del agua, no existe hasta ahora suficiente información sobre los proyectos energéticos concretos previstos para abastecer los nuevos parques industriales. ¿Serán centrales eólicas, de gas, hidroeléctricas, fotovoltaicas? ¿Dónde se instalarán? ¿Quién va a promover esas centrales? ¿La CFE? ¿Empresas privadas? ¿Ambos?

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Frente a tantas dudas, una cosa queda clara: cuál sea la decisión o el plan previsto, llevar adelante este proyecto implicará saturar aún más de infraestructura energética la región (de extracción, procesamiento y transporte de hidrocarburos o de generación y transporte de electricidad), cuando esos proyectos energéticos son los detonadores, en buena medida, de los importantes conflictos socioambientales, de agudización de la desigualdad, la violencia y de cambios profundos en los modos de vida de toda la región.


Esas tres publicaciones tenían por objetivo proyectar algunos efectos que sobre los bienes comunes tendrá la imposición del Corredor Interoceánico. Sin embargo, la falta de información clara, precisa y suficiente con la cual avanza actualmente el mismo, dificulta hacer proyecciones suficientemente detalladas, lo cual genera mucha incertidumbre dada la prisa con la que se está imponiendo el proyecto.

Algunos de sus impactos ya han salido a la luz (particularmente en relación a la tenencia de la tierra y los engaños realizadas en los supuestos ejercicios de consulta) pero muchos otros, tal vez más profundos, no han sido visibilizados, como los impactos que podrían generar en el acceso al agua y, en general, aquellos que se verán con el despliegue de un conjunto de megaproyectos de distintos tipos (de energéticos, de transporte, extractivos, etc.) y sus conexiones con los otros megaproyectos regionales (Dos Bocas, Tren Maya, planes migratorios, proyectos en Guatemala). Todo esto, está aún por verse.

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Avispa Midia

Poder Judicial no respeta demandas contra obras del Tren Maya

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Un grupo de ecologistas protestan contra la destrucción ambiental y cultural causada por las obras del Tren Maya. Playa del Carmen, México, 6 de marzo de 2022. Foto: NurPhoto

La organización Diálogo y Movimiento en Campeche y el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil interpusieron el primer amparo ante el Primer Juzgado de Distrito de Campeche contra el Tren Maya que, hasta ahora, no tiene resolución definitiva. Lo mismo sucede con otros amparos en los siete distintos tramos del ferrocarril en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

Una suspensión provisional en 2020 abarcó los cinco estados y, después, la suspensión definitiva para continuar el juicio sólo recayó en Xpujil, Quintana Roo.

En el caso del amparo del primer tramo de Palenque a Escárcega fue interpuesto por la organización Indignación de Mérida, Yucatán. Los jueces argumentaron que no se podían realizar trabajos por la pandemia.

Entonces, López Obrador dijo que las actividades económicas prioritarias no podían detenerse por la contingencia sanitaria del COVID-19 y una de esas fue el Tren Maya. En la actualidad la obra lleva avance del 50% a pesar de la declaratoria por la contingencia sanitaria.

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Para Elisa Cruz Rueda, abogada y asesora de Diálogo y Movimiento en Campeche, hubo la violación de derechos porque la declaratoria continúa y, en este contexto, existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para detener los trabajos.

En el tramo de Xpujil existe la suspensión por el amparo, pero las comunidades resienten la militarización y las denostaciones, hasta del presidente, contra los defensores de derechos humanos.

Obras del “tren maya”

Ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) también se han enfrentado con bloqueos que han retrasado los procesos judiciales. Cruz Rueda ejemplifica un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que ordenó acumular todos los amparos del Tren Maya en el Juzgado de Distrito de Mérida, Yucatán, a pesar de no ser la jurisdicción.

“Nos afecta porque nosotros no recibimos recursos para mantener un amparo. Por cada impugnación se detiene la resolución del juicio de amparo porque se tiene que resolver esas pequeñas impugnaciones, pero nuestro amparo sigue bien vivo en términos de que está en el cauce del procedimiento”, explicó la abogada.

La también antropóloga explicó que en todos los casos el Ejecutivo federal pasa por alto la orden del Poder Judicial y esto violenta el Estado de derecho porque parte de éste es justamente la división de poderes.

A este contexto se agrega el decreto por medio del cual declaran como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura en la cuarta transformación, dijo Cruz Rueda.

Nueva suspensión y expropiaciones 

En los últimos días de abril de este 2022, la organización ‘Defendiendo el derecho a un medio ambiente sano’ obtuvo una suspensión provisional del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán que ordena al Gobierno federal de México a detener las obras de construcción del tramo cinco de Cancún a Tulum. Es la segunda suspensión en dos años de procesos judiciales.

Científicos han alertado que las obras del “tren maya” ponen en peligro sistemas de cuevas vitales. En la imagen, espeleólogos exploran la cueva denominada “Avispa furiosa”, que se ubica en la proyección del tramo 5. Foto: Peter Sprouse

“[Andrés López Obrador] llegó a la silla presidencial con un amplio respaldo popular pero está aplicando técnicas peores que gobiernos anteriores porque justamente como se sienten legitimados por este respaldo y creen que por ser simpáticos y populares pueden pasar por encima de la Ley, cuando tenemos un Estado de derecho que tiene un principio fundamental: la Ley se aplica igual para todos”, dijo la Cruz Rueda.

La abogada recordó que el presidente dijo que no habrían expropiaciones, por el contrario, habló sobre asociaciones con campesinos, entre otras promesas no cumplidas como en gobiernos anteriores, “los engañan y los dejan sin nada”.

Hace tres meses la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció la expropiación de 231 terrenos más en Quintana Roo: Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.

La defensa

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó, el 30 de marzo de 2022, una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a las personas habitantes de comunidades de varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

A decir del Cemda las conductas en que ha incurrido el Poder Judicial perjudican el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.

Coincidió con Elisa Cruz Rueda, al señalar que los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional por no haber admitido la demanda para su análisis a casi dos años de interpuesta.

“Por lo anterior, y a sabiendas de que esta situación ya es del conocimiento del presidente de la Suprema Corte, se hace un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes”, reza la última publicación del Cemda.