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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

Comunicado del CIPOG-EZ | Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación
A las Organizaciones de Derechos Humanos

5 de octubre de 2022
Hermanos hermanas, a nombre de las comunidades que integramos al CIPOG-EZ llamamos al movimiento social y a los pueblos de Guerrero para hacer de su conocimiento que a partir de hoy se bloqueará la carretera de Alcozacan-Chilapa.

El día de hoy ante nuestras exigencias de justicia el Estado Mexicano envía su brazo armado el ejército mexicano e intenta desarmar a nuestros policías comunitarios, el gobierno en sus tres niveles incapaces de brindar seguridad en nuestras comunidades, prefieren proteger a grupos narcoparamilitares con quienes hacen alianzas, antes que atender nuestras justas exigencias.

Una vez más hemos demostrado nuestra organización y el pueblo organizado, las comunidades avalan y protegen su sistema de seguridad autónomo, respaldado sus policias comunitarias, se hace retroceder al ejército mexicano.

Exigimos justicia por nuestros hermanos asesinados y desaparecidos a manos de LOS ARDILLOS y EL MAL GOBIERNO, se de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES decretadas por la ONU a favor de los familiares, que dejen de engañar al Comité contra la desaparición forzada, emitiendo oficios falsos.

Así mismo la FISCALÍA proteje a los policías cómplices de los grupos narco paramilitares, se niega a seguir las investigaciones.

El encargado de la fiscalía Especializada en materia de desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Victor Parra Tellez se burla de nosotros diciendo que desconoce las ACCIONES URGENTES emitidas por el Comité contra la desaparición forzada de la ONU.

¡Exigimos que el Estado Méxicano de cumplimiento a las ACCIONES URGENTES
Emitidas por el comité contra la desaparición forzada de la ONU!

¡Seguiremos exigiendo justicia!

¡Nunca más un México sin nosotros!

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

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COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Pronunciamiento en defensa de la autonomía y la guardia comunal de Santa María Ostula

A los pueblos de México y del Mundo,

A los gobiernos municipal, estatal y federal,

A los medios de información nacionales e internacionales,

A los organismos defensores de derechos humanos.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michiacán, región costa-sierra, reorganizó su GUARDIA COMUNAL desde el año 2009 para defender la vida, integridad, libertad y derechos territoriales de sus habitantes ante el acoso permanente de los cárteles criminales, generalmente protegidos por los gobiernos en turno. La GUARDIA COMUNAL se rige de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad y está jerárquicamente subordinada a la Asamblea General de Comuneros y a las autoridades civiles de la propia comunidad, misma que cuenta con un autogobierno propio históricamente reconocido por las diversas instituciones del Estado Mexicano.

En consecuencia con los arriba dicho la comunidad de Santa María Ostula ejerce sus derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno y territoriales, lo que incluye la existencia y funcionamiento de su GUARDIA COMUNAL, de conformidad con las regulaciones constitucionales y convecionales vigentes como son los artículos 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 7  de la DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LAS NACIONES UNIDAD, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 y 9 del CONVENIO NÚMERO 169 CIENTO SESENTA Y NUEVE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO y 1, 2, y 5 DE LA DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Como lo señalamos en un comunicado anterior, entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Cabaleros Templarios; situación que provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y líderes comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65o. batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todo lo anterior a pesar de que la COmisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad desde el año 2010.

Actualmente, mientras el estado de Michoacán se encuentra desbordado por la criminalidad y el crecimiento territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la comunidad de Santa María Ostula y la parte del municipio de Aquila con presencia de Guardias Comunales, respiran un clima de paz y tranquilidad. Por lo anterior es inexplicable que actualmente el gobierno del estado esté amagando con desarticular las guardias comunales del municipo de Aquila mediante la utilización de la Guardia Nacional y los cuerpos militares y que el pasado dia seis de septiembre del año en curso el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, mencione que su actual gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”; y pone especial atención en el municipio de Aquila, al que pertenece nuestra comunidad, en tanto que señala y reitera que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.

LO ANTERIOR RESULTA PREOCUPANTE ANTE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA REGIÓN DE LA COSTA-SIERRA DONDE DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE PASADO EL CJNG TOMÓ EL CONTROL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINICUILA Y DESPLAZÓ A PERSONAS Y FAMILIAS FUERA DEL LUGAR CON EL PROPÓSITO DE EXPLOTAR LAS MINAS DE ESTE MUNICIPIO, OCURRIENDO QUE UNOS DIAS ANTES LA GUARDIA NACIONAL OCUPÓ ESTE POBLADO, DESARMÓ Y DESARTICULÓ A SU GUARDIA COMUNAL, DETUVO A DOS DE SUS ELEMENTOS Y COPÓ POR COMPLETO DICHA LOCALIDAD, EL RESULTADO ACTUALMENTE CHINICUILA ES UN LUGAR SEPULCRAL EN MANOS DE LA DELINCUENCIA ANTE LA PRESENCIA PASIVA DE LOS CUERPOS FEDERALES DE SEGURIDAD.

En dicho sentido volvemos a reiterar que nuestra guardia comunal no impide el libre tránsito de la población, ni en ella coexisten grupos delicuenciales que atenten contra la integridad de las familias michoacanas, señalando que nuestra comunidad indígena, por medio de sus órganos autónomos  de gobierno y sus normas propias, reglamente y faculta a la guardia comunal para brindarnos la seguridad en nuestro territorio.

EN CONSECUENCIA MANIFESTAMOS QUE ANTE LA INCONSTITUCIONAL REFORMA DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE, EN VIOLACIÓN DE NUESTROS DERECHOS DE AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTONOMÍA, ÚNICAMENTE OTORGA VALIDEZ A LAS RONDAS COMUNITARIAS Y GUARDIAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES QUE HAYAN DETERMINADO SU AUTOGOBIERNO, EJERZAN SU PRESUPUESTO DIRECTO Y HAYAN SIDO RECONOCIDAS CON ESE CARÁCTER POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DEFENDEREMOS LA EXISTENCIA, FUNCIONAMIENTO Y PERMANENCIA DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y DE NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA POR SER ÉSTOS LA GARANTÍA DE NUESTRA INTEGRIDAD TERRITORIAL Y DE LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEL MUNICIPIO.

EXIGIMOS A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMIA Y EN CONCORDANCIA CON ACUERDOS PREVIOS QUE HEMOS ADOPTADO CON LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE NOS SEÑALAN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN EXIGIMOS QUE LOS CUERPOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EL EJÉRCITO MEXICANO Y LA MARINA ARMADA DE MÉXICO DESTACAMENTADOS EN LA REGIÓN SE ABSTENGAN DE OCUPAR, EN FORMA PERMANENTE O INTERMITENTE, NUESTRO TERRITORIO COMUNAL CON EL PRETEXTO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III, PRECISANDO QUE SU PRESENCIA DEBE CONSTREÑIRSE, COMO HA OCURRIDO HASTA EL DIA DE HOY, A LA CARRETERA FEDERAL COSTERA NÚMERO 200.

SANTA MARÍA OSTULA, A CUATRO DE OCTUBRE DE 2022.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

 

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Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento de la reunión extendida del CNI-CIG en la Casa de los Pueblos «Samir Flores Soberanes» septiembre 2022, Ciudad de México

A los pueblos de México y del mundo,

A los pueblos originarios,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida,

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Reunidos en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes el día 24 de septiembre de 2022, nos dimos cita los pueblos maya, rarámuri, otomí, nahua, mixteco, chontal, mazateco, chinanteco, náyeri, tepehuano, totonaco, zoque, purépecha, mazahua, zapoteco, coca, mayo y yaqui de los estados de Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Compartimos palabra con quienes acompañan el caminar de los pueblos que somos el CNI, como el Colectivo Llegó la Hora, Coordinadora Metropolitana Anticapitalista, Red Universitaria Anticapitalista, Mujeres y la Sexta, Red MyCZ, Frente del Pueblo Resistencia Organizada, Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Colectivo Grietas del Norte, Tejiendo Organización Revolucionaria, Doce Pueblos de Tecamac, Partido de los Comunistas, Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco y la Coordinadora de Colonias de Ecatepec.

Desde nuestra asamblea escuchamos la palabra digna de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos por el gobierno mexicano, por las policías municipales, estatal de Guerrero y por el ejército mexicano, que siendo uno solo con distintas bandas delictivas, siguen protegidos descaradamente por el gobierno federal.

Escuchándonos, nos vemos en todo el territorio nacional como pueblos que resisten a la guerra abierta, militar, paramilitar y a través de los cárteles criminales; y entendemos que este gobierno en turno no solo garantiza la impunidad a las fuerzas armadas, sino que, militarizando peligrosamente al país, las pone al frente de la seguridad y de actividades que deberían ser tarea de civiles, las pone a proteger los grandes megaproyectos capitalistas y los intereses de los Estados Unidos de América, mientras permite que las bandas criminales se apropien del territorio nacional con el propósito de sembrar el miedo y la desorganización para permitir la proliferación de jugosos negocios mineros, energéticos, inmobiliarios o de tráfico de seres humanos en una abierta GUERRA EN CONTRA DE TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO. Estos megaproyectos y estos negocios son apostados en la geografía nacional y, sobre todo, en los territorios indígenas; espacios en los que desde hace algún tiempo crecen galopantes la criminalidad, el alcoholismo, la drogadicción y, por supuesto, la destrucción de la Madre Tierra, así como la pobreza y la explotación humanas.

En medio de esta realidad el gobierno federal llama a la mentira planes de justicia indígenas, y en ellos habla de la lucha que los pueblos han hecho durante años, sin tocar lo que ha dado lugar a la injusticia, sin afectar los intereses de las empresas mineras, de los especuladores de tierras, de las industrias extractivas; sin modificar su tradicional política indigenista. Con engaños, chantajes y programas clientelares, pretende ahondar la división y generar el apoyo masivo a la destrucción que traen consigo los megaproyectos y obras de infraestructura estratégicos. Dividiendo a nuestras comunidades entre quienes, cediendo al chantaje oficial, suman su voz para avalar el exterminio de otros pueblos; y quienes se resisten a ser exterminados en favor del gran capital, se resisten a ser despojados, criminalizados, asesinados o desaparecidos.

El capataz autoritario se ha querido valer de un descompuesto indigenismo, que ante la entereza de nuestros pueblos, no ha funcionado, y que es representado por el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).

La diferencia entre sus cálculos y la realidad, es que la dignidad hoy es una necesidad urgente, pues la agencia administradora del territorio mexicano a favor de las corporaciones capitalistas, que es el gobierno de la 4T, tiene emplazado al poder mundial sobre el territorio nacional y a los militares distribuidos en todo el país mientras aumenta la violencia en contra de los pueblos de México. Su objetivo no es el de la seguridad del país, sino el de la seguridad de los dueños del dinero, el de favorecer el extractivismo transnacional y es por eso la indiferencia descarada ante los asesinatos, las desapariciones, la violencia patriarcal creciente en contra de las mujeres, de los migrantes, de las y los diferentes; y la presencia de grupos delictivos que gozan de impunidad.

Al mismo tiempo los gobiernos de arriba pretenden desarticular las policías comunitarias y guardias comunales a lo largo y ancho del país, utilizando a las fuerzas armadas, condicionando el reconocimiento de los grupos de seguridad comunitaria a someterse al poder corrupto y garantizando el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobilirias y de los cárteles a su servicio.

En ese contexto, por acuerdo de esta reunión ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional indígena nos pronunciamos de la siguiente forma:

Repudiamos la guerra militar y paramilitar que mantiene cercadas a las comunidades zapatistas, que tiene por objeto el debilitamiento del gran proceso organizativo y de conciencia colectiva anticapitalistas que representan en México y el mundo, con cuyos fines somo uno y en ello no nos rendimos, ni nos vendemos, ni claudicamos.

Exigimos verdad y justicia a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fiueron desaparecidos por el gobierno de México y que hoy protege a los culpables escondidos en los cuarteles militares, mientras se reprime y desprecia la lucha digna de los padres y madres de los compañeros, así como de los estudiantes normalistas que siguen demandando justicia.

Rechazamos la simulación a la que los gobiernos llaman “planes de justicia” en los territorios indígenas, pues de manera clientelar pretenden callar las exigencias auténticas y legítimas de los pueblos, al mismo tiempo que protegen y garantizan las ganancias e impunidad a las empresas y cárteles de la droga que mantienen el terror como constante en beneficio de las ganancias de unos cuantos.

Exigimos el pleno respeto a la decisión de la asamblea de la comunidad de Santa María Coapan, municipio de Tehuacán, Puebla, misma que, conforme a sus usos y costumbres, ordenó el cierre definitivo del basurero que opera en su territorio, y que los gobiernos se abstengan de fomentar la división, confrontación comunitaria y la violencia contra quienes se oponen a la reapertura del basurero ilegal.

Ante los reciente sismos, cuyo epicentro fue la costa michoacana, llamamos a la solidaridad urgente con la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, donde fueron seriamente dañadas más de 700 viviendas, así como la iglesia que resguarda la imagen principal de la comunidad; a través de la cuenta bancaria número 6524900664, CLABE 021097065249006643, del Banco HSBC, a nombre de SERGIO CIRINO FLORES; lo anterior no sin dejar de señalar que esta emergencia, derivada de un fenómeno natural, se suma a la grave situación que actualmente vive dicha comunidad debido a que el gobierno del estado pretende la desarticulación de su Guardia Comunal y el desmantelamiento del sistema de Seguridad Comunitaria en el municipio de Aquila; lo anterior en un clima creciente de acoso y violencia en las regiones y estados aledaños por parte del crimen organizado.

Llamamos a detener la criminalización de la práctica de la partería tradicional, que es propia de nuestros pueblos, pero despreciada y discriminada por la Norma Oficial Mexicana 035-SSA3-2012, que hace obligatoria la existencia de un certificado de nacimiento por parte del sistema de salud, pretendiendo negar el registro a las niñas y los niños nacidos con nuestras formas ancestrales.

Convocamos para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías, de cada quien, el día 12 de Octubre de 2022, llevemos a cabo una ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS DE TODO MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO. Llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido, a las organizaciones sociales, civiles y políticas, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo.

 

Atentamente

Septiembre de 2022

Nunca más un México sin Nosostros

Por la Reconstitución Integral De Nuestros Pueblos

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO.

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Avispa Midia

Nuevos ataques en el Istmo por imposición de parque industrial

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Vías del tren en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

La Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunció que el pasado viernes 30 de septiembre, César Octavio Morales Toledo, actual Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Blas Atempa, ordenó a personas a su cargo a insultar, golpear y amenazar de muerte a Ismael Luis López, habitante de dicha comunidad zapoteca.

Esta acción es la más reciente registrada y denunciada por la Asamblea de Puente

Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes mediante comunicado aseguraron que la razón de las agresiones se debe a la resistencia de la comunidad zapoteca contra la imposición de un parque industrial en tierras comunales.

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“Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI (Polo de Desarrollo para el Bienestar) en nuestras tierras colectivas”, enfatizan mediante comunicado.

Foto: APIIDTT

Las organizaciones indígenas denuncian que días antes, el 25 de septiembre, se realizó una supuesta asamblea de comuneros, “que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo” como representante del Comisariado.

Las asambleas recuerdan que desde finales del mes de agosto habían alertado sobre el posible nombramiento de las nuevas autoridades agrarias, cuya urgencia “responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021”, debido a su rechazo al parque industrial.

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A su vez, señalan que César Octavio, conocido en la región como “Santa”, es hermano de Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal y mano derecha del gobernador electo en el Estado, Salomón Jara Cruz. En el testimonio de López, el indígena zapoteco asegura que Morales le agredió tirándole al suelo mientras declaró que el parque “se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo”, detalla el comunicado.

Vínculos con crimen organizado

Las organizaciones indígenas subrayan que, debido a los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo, se debe llevar a cabo una revisión de la legalidad en su nombramiento como Comisariado de Bienes Comunales.

Destacan que Morales ha sido detenido en dos ocasiones. La primera de ellas por elementos de la Policía Federal ocurrida en el año de 2018, en el marco del operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca”, por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal. Mientras, la segunda detención, documentada por la revista Proceso, ocurrió en enero de 2022, cuando elementos militares le detuvieron por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Los hermanos Cesar (izquierda) y Antonino (derecha) Morales Toledo.

Cesar Octavio Morales Toledo opera a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), movimiento político que consolidó su hermano Antonino Morales como apoyo a la candidatura del ahora gobernador electo, Salomón Jara.

De acuerdo a una investigación publicada por El Muro MX en mayo de este año, el gobierno estadounidense solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), congelar las cuentas de mil 669 personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de estas personas relacionadas al crimen organizado es Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara desde hace seis años.

Violencia continúa

Otra de las denuncias de las asambleas indígenas retoma las agresiones contra David Hernández Salazar y su familia, quienes el 19 de julio fueron violentados físicamente por Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, personas quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

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Las organizaciones indígenas responsabilizan del clima de violencia en la comunidad Binnizá de Puente Madera a funcionarios locales, estatales y federales. Entre ellos a los hermanos Antonino y Cesar Morales Toledo, así como a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, y Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por último, exigen respeto a la libre determinación de Puente Madera en su rechazo a la construcción del Podebi en las tierras de uso común, así como al cese de los hostigamientos y criminalización contra sus habitantes y representantes.

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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Ante los ataques de intimidación y criminalización que Antonino Morales Toledo encabeza contra nuestro pueblo ¡Llamamos a la solidaridad de los pueblos y movimientos de México y el mundo!

Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, a 03 de octubre de 2022

Contra el cacicazgo y la apropiación de los Bienes Comunales en San Blas Atempa

A los y las habitantes, comuneros y comuneras de San Blas Atempa y sus agencias
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública

DENUNCIAMOS

El día viernes 30 de septiembre, el compañero Ismael Luis López, habitante de la comunidad indígena de Puente Madera, se encontraba realizando sus labores de albañilería en una calle concurrida de San Blas Atempa, cuándo una camioneta se aproximó hasta su ubicación, de la cual sé bajo Octavio Morales Toledo conocido como “Santa” y ordeno se bajara la gente que venía con él para insultar, amenazar de muerte y golpear al compañero Ismael López. Tirándolo al suelo y diciéndole que el Parque Industrial, que forma parte de los PODEBIS del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo.

CONTEXTO

Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI en nuestras tierras colectivas, en específico, esta agresión, por quien ahora es representante del Comisariado de Bienes Comunales, hacia el compañero Luis López, se dan bajo el siguiente contexto:

El 19 de julio, el compañero David Hernández Salazar y su familia sufrieron agresiones físicas por parte de Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.

A finales del mes de agosto habíamos alertado sobre la convocatoria para el nombramiento de estas nuevas autoridades agrarias. En ese momento sabíamos, y lo confirmamos ahora, que este nombramiento urgente responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021, por nuestro rotundo rechazo a la instalación del Parque Industrial en nuestras tierras colectivas.

El día domingo 25 de septiembre del presente año, se dio la supuesta “asamblea de comuneros”, que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo conocido como “Santa”, nuevo representante del Comisariado de Bienes Comunales de San Blas Atempa, hermano de Antonino Morales Toledo, expresidente municipal, y mano derecha del gobernador electo en el estado, Salomón Jara Cruz.

Ante estos sucesos EXIGIMOS:

A la Procuraduría Agraria, que con base en el artículo 38 de la Ley Agraria, se revise a profundidad los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo. De los que nosotros damos al conocimiento de la opinión pública lo siguiente:

Que el susodicho, fue detenido en el año 2018 por el operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca” por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo explicar la procedencia legal del dinero. Y en el mes de enero de este año (2022) nuevamente fue detenido por personal del Ejército, por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Y que el ahora Comisariado de Bienes Comunales, promovió una demanda con el Expediente 71/21-15-01-9 en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; así mismo promovió un Amparo Indirecto con el Expediente 466/2012 en contra del Juez De Garantías En Tehuantepec, Oaxaca.

Respeto a la libre determinación y voluntad de la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera en la NO instalación del Parque Industrial del Corredor Interoceánico en tierras de uso común.

Que cesen los hostigamientos, amenazas y criminalización contra nuestros representantes y habitantes de la comunidad Binnizá de Puente Madera.

HACEMOS UN LLAMADO:

A los individuos, colectivos y pueblos indígenas de Oaxaca y México a realizar acciones dislocadas en solidaridad con la comunidad de Puente Madera y en contra del proceso de Industrialización de esta región que traerá consigo el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Llamamos a la solidaridad Internacional, ha realizar acciones contundentes en la embajada de México en sus países, en contra del proceso de criminalización que como pueblo indígena hemos venido sufriendo en el marco de la ejecución del megaproyecto de interés geopolítico Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

RESPONSABILIZAMOS del clima de violencia en la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, así como de cualquier detención, amenaza y agresión a los representantes y habitantes de Puente Madera y de nuestra organización regional, A:

Antonino Morales Toledo, líder estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas y presidente de la Fundación Antonino Morales Toledo;

Cesar Octavio Morales Toledo, representante electo del Comisariado de Bienes Comunales;

Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca;

Lila Rodríguez Villanueva, jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec;

Rafael Marín Mollinedo, Director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina;

Salomón Jara Cruz, gobernador electo del Estado de Oaxaca (2022-2028);

Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador del Estado de Oaxaca (2016-2022);

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república

Desde el Bloqueo Carretero
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

PD: A 54 años de la matanza de Tlatelolco
No perdonamos Ni olvidamos
Y recordamos que los militares de hoy
son los mismos asesinos de ayer

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Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes

No vamos a permitir que el robo de agua continúe en nuestros pueblos. ¡Ni extracción, ni distribución!

Al pueblo en general
A Los medios de comunicación

El pasado lunes 26 de septiembre de 2022, el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, hizo acto de presencia en las instalaciones que los pueblos cholultecas recuperamos el año pasado y convertimos en la Casa de los Pueblos, Altepelmecalli, en la comunidad de San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla, acudió para concretar otra traición: inaugurar una nueva etapa de despojo de agua en nuestra región y otros pueblos de la región cholulteca por parte de Bonafont-Danone.

Cinto Bernal, ha hecho la función principal de vocero y empleado de la planta, facilitando el operativo de la Guardia Nacional para desalojar a los pueblos de Altepelmecalli, permitiendo la intromisión de la empresa en asuntos comunitarios como ocurrió con la consulta realizada en Zacatepec, distribuyendo propaganda en contra de los pueblos y financiando obra pública a cambio de dinero, imagen y simulación.
Este vocero y empleado, ahora cumple la orden de intentar engañar una vez más a los pueblos a nombre de Bonafont Danone, como sabemos, la empresa Bonafont Danone con su filial Arcoiris, en 1992, realizó una consulta falsa en la que solicitaba autorización para un pozo agrícola, los pueblos campesinos de Juan C. Bonilla accedieron, sin embargo, el pozo que instalaron fue un pozo industrial de 36 metros de profundidad que acabó dañando gravemente los mantos acuíferos secando ameyales, canales, zanjas y pozos artesanales terminando con el trabajo local basado en el cultivo y producción de alimentos básicos, la salud y la seguridad económica no solo de Juan C. bonilla sino de más de 20 pueblos de la región cholulteca.

Bonafont-Danone mintió también al decir que tenía una concesión vigente para extraer agua. Sabemos que no es verdad y que estuvo extrayendo millones de litros de agua diariamente sin concesión y con la anuencia de CONAGUA y los tres niveles de gobierno. Según documentos de CONAGUA, la Concesión de extracción 04PUE100118/10FMDL08 se venció desde el año 2014 y la misma CONAGUA les negó la renovación oficialmente. Esta planta ha trabajado ilícitamente desde su creación y las instituciones gubernamentales son parte de este despojo a través de la corrupción.

Tras haber violentado a los pueblos nahuas que recuperamos el agua de miles de personas, mienten una vez más, reabriendo las instalaciones supuestamente para “distribuir” el agua que robarán de otros pueblos, sabemos que no es verdad, sabemos que esta ambiciosa empresa y sus empleados como Fabrice Salamanca (vicepresidente de Asuntos Públicos y Legales de Grupo Danone), Luis García (Director general de Bonafont), José Cinto Bernal (presidente municipal de Juan C. Bonilla quien en realidad funge como vocero y empleado de Bonafont) y Guillermo Malpica Soto (subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de Puebla) pretenden seguir traficando el agua de los pueblos a costa de la pobreza y sequía de las comunidades.

A cambio de estos favores y de la protección municipal, la empresa traficante de agua ha intervenido, como lo señala en su comunicado oficial del 26 de septiembre, en procesos comunitarios y de competencial local, comprando conciencias y simulando obras que le competen directamente al ayuntamiento. Los traficantes de agua señalan que: “la compañía ha impulsado la brigada de limpieza del río Metlapanapa en colaboración con trabajadores de la empresa; el “Proyecto Pintura” para la iglesia, en conjunto con el Consejo Parroquial; y los Apoyos para Escuela Bachillerato General Estatal Libertadores, donde se realizan labores de reparación, impermeabilización, entre otros”.

En este contexto, en una manipulación y simulación descarada el presidente municipal, José Cinto Bernal, junto con representantes de la parroquia, directores de escuela y supuestos “líderes y emprendedores” locales del pueblo de Zacatepec, han utilizado a la población para favorecer a la empresa, como lo muestran los actos detestables y cobardes donde han manipulado a la comunidad, chantajeado y puesto en riesgo la salud de

Emilia, [10/3/22 7:05 PM]
los estudiantes del Bachillerato General Libertadores de América para simular limpiezas en el río Metlapanapa y otras obras comunitarias, las cuales, como lo señala la empresa traficante, son financiadas por ella.

Es por eso que, Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes declaramos que no vamos a permitir que el robo de agua continúe en nuestros pueblos: ¡Ni extracción, ni distribución! Hacemos un llamado a los pueblos y comunidades a seguir atentos y denunciando las acciones de este crimen organizado llamado Bonafont – Danone y de sus empleados como José Cinto Bernal y demás cómplices. E invitamos a todos a la acción global y gran marcha por el agua, contra la militarización y la guerra capitalista, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre de 2022 a las 4:00 pm. Partiendo del Ángel de la Independencia hacia el zócalo de la Ciudad de México y que realizaremos en conjunto con el Congreso Nacional Indígena.

ATENTAMENTE
Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes
A 3 de octubre de 2022, San Mateo Cuanalá Juan C. Bonilla, Puebla

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Avispa Midia

Ejército sabía lo que pasaba con los 43 y no hizo nada

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Foto:Aldo Santiago

Un día antes de terminar su mandato en el caso Ayotzinapa, el jueves (29 de septiembre), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, ocurrida en la noche del 26 de septiembre de 2014.

El grupo de expertos consolidó, con nuevas pruebas, la vinculación del crimen organizado con las fuerzas públicas mexicanas, el Ejército, las policías Estatal y Federal, así como funcionarios de la administración del Estado Mexicano en el ataque, detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes.

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“Tenemos muchos más elementos en las manos, más documentación que muestran esta relación de una forma estrecha. No se trata solamente de declaraciones, sino que se trata de documentos, incluso oficiales, archivos de la Sedena [Secretaria de Defensa Nacional], archivos de diferentes corporaciones del propio Estado”, sostuvo Carlos Martin Beristain, integrante del GIEI.

El informe muestra que el Ejército y las policías Federal y Estatal hacían seguimiento en tiempo real a todas las actividades de los normalistas. “Tenemos toda la documentación que prueba los seguimientos que se hacía a los jóvenes, desde hacia mucho tiempo, pero también los seguimientos en el día 26 de septiembre de 2014. Tenían claridad de los autobuses, de las placas, de las marcas, para qué iban tomar autobuses, todo eso estaba perfectamente documentado. Nosotros hemos tenido acceso [a estos documentos]”, revela Beristain.

El Ejército recibió información en tiempo real mediante interceptación telefónica. “Sin embargo, ninguna de estas informaciones llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes, ni en la investigación del caso. Nos enteramos de estas interceptaciones el año pasado cuando pudimos revisar los archivos de Sedena”, dijo el experto independiente.

Intercepciones telefónicas en los archivos de Sedena, revelan conversaciones en las cuales hablan sobre “dónde había que mandar a los jóvenes”. Algunas de ellas son del 4 de octubre, es decir, varios días después de la desaparición. “Estas comunicaciones mostrarían que una parte de estos jóvenes estarían vivos en estos días”, dijo Beristain.

Integrantes del GIEI

Los expertos también pudieron corroborar, con el acceso a los archivos de Sedena, que el Ejército tenía personal de inteligencia matriculado en la escuela, quien daba información en tiempo real sobre las actividades que se hacia en la escuela, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.

Algunos integrantes del Ejército, al menos dos, tuvieron procesos disciplinarios, hechos por el propio Ejército, por su comportamiento durante la noche del 26 de septiembre. “Se negó por mucho tiempo. Pero tenemos las pruebas, aunque no sabemos el contenido de estos procesos disciplinarios. Eso falta por saber y hemos pedido acceso a esta información”.

De acuerdo con otra integrante del GIEI, Ángela María Buitrago, el Ejército ha negado que haya posibilidad de hacer monitoreo, interceptaciones y “niegan que ellos hallan realizado, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de las informaciones que recuperamos”.

Los expertos revelaron también parte del contenido logrado por medio de un testigo protegido quien señala que los jóvenes fueron separados en tres grupos y que habían sido llevados a diferentes lugares bajo la custodia militar, de la policía estatal y grupos criminales. Señaló también “que habían sido asesinados”, dijo Beristain.

Además, el informe muestra que el 5 de octubre se montó una coordinación de los altos mandos de todas las corporaciones de seguridad y de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue llamada War Room (habitación de guerra), que llevó a cabo investigaciones y acciones cuyo contenido se desconoce. “Consideramos que eso es algo que se tiene que aclarar”, sostiene Beristain.

Pegasus

Sedena utilizó el software espía Pegasus para monitorear teléfonos desde 2014, especialmente a partir de septiembre. Miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, familiares de los estudiantes, miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad fueron espiados. “Pegasus fue utilizado de forma indiscriminada”, dijo Buitrago.

Centro de Inteligencia Militar en Iguala

Los expertos de GIEI revelaron la existencia del Centro Regional de Inteligencia Militar denominado zona norte Iguala, que hacia actividad de seguimiento y monitoreo y, en algunos casos, interceptación de comunicaciones.

La Sedena ha negado que este Centro existía en 2014. “Nos han negado la existencia de este Centro en el año 2014, nos dicen que nasce en el año 2015, lo cual ya sabemos no es cierto”, dijo Buitrago. Eso porque GIEI tuvo acceso a informes provenientes de este Centro que atestiguan actividades de monitoreo en los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Comité de oadres y madres de los 43 normalistas desparecidos se manifestaron el apsado 26 de septiembre en el octavo aniversario del crimen de Estado. Foto: Aldo Santiago

Para la experta, el contenido de los informes generado por este centro es fundamental para saber lo que pasó en aquella noche. “Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la constancia de la insistencia: es fundamental encontrar los documentos que fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar”.

Los expertos saben que los archivos generados por este Centro “están todavía en las instalaciones de Sedena”.

Basurero de Cocula

Una pieza fundamental de la llamada “verdad histórica” – una versión dada a conocer en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de lo que habría ocurrido con los estudiantes – fue el basurero de Cocula.

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Dicha versión considera que los agentes de la policía de Iguala entregaron a miembros del cártel de drogas Guerreros Unidos a los estudiantes porque, supuestamente, harían parte de Los Rojos, grupo contrario. Los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan, en Guerrero.

En sus investigaciones los expertos corroboraron, por medio de documentos, que esta versión no procede. “No solamente tenemos las declaraciones de testigo que estuvieron el día 27 de septiembre en el basurero y que señalan que ahí no pasaba nada”, dijo Beristain.

“Sabemos que desde el día 4 y 5 de octubre la policía Estatal y Ejercito custodiaban el basurero de Cocula. Hay reportes oficiales que muestran, que el día 12 de octubre hay una inspección del basurero por parte de una patrulla del Ejército, que señalan que no hay nada extraño en el basurero. Quince días después de este informe aparecen unos restos que se señala que eran restos de los jóvenes”, explica.

El día 25 de octubre, supuestamente se descubre por una llamada anónima que habían tirado restos de los jóvenes en el basurero. “Ahora sabemos que esta llamada jamás existió, no es cierta. Sabemos que la persona que hizo eso se retractó y contó por qué lo hizo. Contó cuál fue la presión que sufrió para hacerlo”, relató el experto.

Quinto autobús

Otro elemento clave para entender lo que pasó en la noche del 26 de septiembre de 2014 es la existencia de un quinto autobús tomado por los estudiantes, que “había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR como de otras fuerzas de seguridad”, dijo Claudia Paz y Paz, también integrante del GIEI.

Los expertos reafirman, basados en imágenes de cámaras, que este quinto camión salió por la parte de atrás de la central camionera con los estudiantes.

En relación a este vehículo “se ha tratado de rodear de una serie de pruebas que permite decir que la intención clara es seguir ocultando [su existencia, además], fue escoltado por policías federales en la noche de 26 de septiembre”, analizó Buitrago.

De acuerdo con el informe de GIEI, desde su primer documento, los expertos señalan que “debía indagarse si en ese autobús se trasladaban drogas, lo que podría haber actuado como desencadenante de las agresiones, explicar la intensidad del ataque”.

Protesta de normalistas en el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Regina López

Desde por lo menos abril de 2014, la FGR tenía conocimiento del trasiego de drogas a través de autobuses de Guerrero hacia Estados Unidos, debido a investigaciones realizadas por autoridades de este país.

¿Hasta dónde va la voluntad de la 4T?

En abril de 2016, el GIEI concluyó su mandato en México, después de nueve meses de investigaciones, con la denuncia de que los obstáculosa su trabajo bloquearon la posibilidad de cumplir con su tarea central que era ubicar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

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En 2020, los expertos regresan al caso. En la presentación de su tercer y último informe, son muy claros al afirmar que solamente lograron acceder a importantes archivos, por ejemplo, los de Sedena, porque hubo autorización expresa de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, a lo largo de toda la presentación los expertos mencionaron que no les fue dado acceso a documentos, que saben que existen, y que son clave para entender lo que pasó en aquella noche.

“Cuando contemos con el texto completo de estas comunicaciones sin lugar a duda podremos saber mas sobre la operación, los presuntos responsables, el paradero de los estudiantes y la forma cómo fueron trasladados”, dijo Buitrago.

Seguimiento en la busca de la verdad

El GIEI ha pedido una prórroga de un mes para que puedan concluir su trabajo. Sin embargo, sostienen que, después de eso, se tendrá que poner en marcha un mecanismo de seguimiento a su trabajo; fortalecer la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa; y establecer una mejor comunicación entre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y los padres de las víctimas, de manera a lograr esclarecer lo que pasó en la noche del 26 de noviembre de 2014.

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Avispa Midia

“Todo se vino abajo cuando se tocó al Ejército”, sostiene familias de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa

Fuente: Avispa Midia

 

Sep 27, 2022 Tras 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el comité de padres y madres de los estudiantes marchó por las calles de la ciudad de México acompañado de organizaciones e individuos para exigir justicia en el caso acontecido en septiembre del 2014 en Guerrero. Durante mitin realizado en la plancha del zócalo capitalisno, lxs familiares demandaron investigación al Ejército mexicano, cuyos elementos están implicados en el crimen y su encubrimiento.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Experta de la ONU visitó a México: “Urge una ley para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internas”

El pasado 3,4 y 5 de septiembre, Cecilia Jimenez-Damary, experta de la ONU sobre desplazamiento forzado, visitó #Chiapas. Además de hacer hincapié en los impactos colectivos del fenómeno contra los pueblos originarios, señalo que “Urge una ley para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internas”.

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Avispa Midia

La farsa de la geoingeniería climática para contrarrestar la crisis climática

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Científicos de todo el mundo han denunciado que la crisis climática llegó a su punto crítico y que alcanzará un punto de no retorno en las próximas décadas si las emisiones de gases de efecto invernadero no fueren reducidas drásticamente.

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También ha sido denunciado por científicos, organizaciones y pueblos que las soluciones a la crisis que están siendo negociadas en las conferencias del clima de las Naciones Unidas, las llamadas COPs (Conference of Parties en inglés, donde cada parte es un Estado), son falsas soluciones y que acaban beneficiando especialmente a las corporaciones responsables por el cambio climático.

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Las negociaciones se han llevado a cabo desde 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y hasta la fecha “no han generado ni solo un impacto en la [reducción] de las emisiones, por lo tanto, continúa el incremento de la temperatura”, explica Martin Vilela, de la organización Corporate Accountability.

La mayoría de las soluciones propuestas para combatir la crisis se basan en lo que llaman ‘neutralidad de carbono’. Es un concepto que “permite continuar extrayendo combustibles fósiles, degradando ecosistemas, expandiendo la frontera agrícola, destruyendo bosques, bajo la promesa que en el futuro se aplicarán medidas que van a absorber y compensar estas emisiones”, explica Vilela.

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Esta lógica predominó en las propuestas de solución a la crisis climática, a las cuales adhirió la mayoría de los países en el mundo, porque hubo una “captura corporativa de las estructuras de gobernanza climática” por parte de las empresas contaminantes, especialmente la industria de petróleo. “Las corporaciones han desarrollado cantidades de mecanismos para poder controlar las negociones internacionales del cambio climático”, agrega Vilela.

Entre las falsas soluciones que han sido denunciadas por pueblos y organizaciones en todo el mundo están el avance de las energías renovables a escala de megaproyectos, el gas como energía de transición y los mercados de carbono.

Sin embargo, hay una cuarta falsa solución que, según la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC), se tiene poca información sobre cómo se está desarrollando en América Latina, la llamada geoingeniería climática.

La cantidad de bosques y tierra necesaria para compensar las emisiones que se están generando y serán generadas en todo el mundo no es suficiente para alcanzar la neutralidad de carbono, entonces surgió la propuesta de un tipo de tecnología que busca separar el carbono emitido de la atmosfera. “Como la naturaleza no alcanza para cubrir todas las propuestas de ‘cero emisiones netas’ y Soluciones Basadas en la Naturaleza, van por arreglos tecnológicos de alto riesgo, como geoingeniería”, explica Ribeiro.

La investigadora aclara que la industria de la geoingeniería todavía se está desarrollando, pero son proyectos experimentales que ya están en toda América Latina, siendo los principales inversionistas las petroleras, automotoras, empresas tecnológicas y otros grandes contaminadores.

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Ribeiro alerta que la presencia y los impactos de estos proyectos en los territorios no son tan evidentes como, por ejemplo, los casos de explotación minera, por eso es necesario aprender a identificarlos.

Además de ser una falsa solución a la crisis climática, ya están causando impactos en pueblos y comunidades. “Lo que va a pasar y lo que ya está pasando con estas tecnologías es que van a impactar las mismas comunidades que ya están siendo impactadas” por proyectos de gran envergadura.

Manipulación de la naturaleza

La geoingeniería, como define Ribeiro, es la manipulación intencional y tecnológica a gran escala de los ecosistemas, sea en la tierra, en el mar y el aire, para tratar de contrarrestar algunos de los síntomas del cambio climático. Todas ellas son todavía “tecnologías desconocidas, de alto riesgo, porque plantean intervenir en los ecosistemas”.

Como ejemplo de estas tecnologías se puede citar proyectos de alcalinización del océano, en marcha en la República Dominicana; el cultivo industrial de algas para capturar carbono, en Chile; la ingeniería solar, en países como Argentina y Jamaica, que consiste en “rebotar los rayos del sol”. Para eso se crea artificialmente nubes con sulfuros, conocidas como volcánicas, que pretenden tapar la luz del sol, ya que son muy densas por haber sulfuros, como cuando hay las explosiones volcánicas. “Esto podría tener impactos sumamente desiguales, ya que puede bajar la temperatura donde se aplica esta técnica, pero crear impactos en otras regiones”, explica la investigadora.

Otra de las propuestas es la captura y uso del carbono, en marcha en Chile y Colombia. “La idea de estos proyectos es utilizar el carbono capturado en algún producto, como por ejemplo en la coca-cola – esto no es un chiste –, [es decir], sacar de la atmosfera el dióxido de carbono y meterlo en botella de coca-cola”. Pero el uso más común sería para la producción de combustibles sintéticos como el ‘hidrógeno verde’.

Hay en Chile un proyecto de captura de aire, que son grandes ventiladores que filtran el aire, utilizando sustancias químicas, y separan el carbono para utilizarlo.

Un último ejemplo, que se desarrolla principalmente en Brasil, es la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono. La teoría, explica la investigadora, es que se planta muchos árboles, los árboles absorben carbono y son quemados para generar bioenergía. Lo que sale de este proceso – los gases – se vuelve a enterrar.

Sin embargo, “cuando se retira las plantaciones, se emite más carbono, además del transporte, fertilizante y los agrotóxicos utilizados, todo eso genera nuevas emisiones”.

Más petróleo

La tecnología más difundida en América Latina es la captura y almacenamiento de carbono, tecnología que tuvo su origen en la industria del petróleo. Está presente en Argentina, Colombia, Trinidad Tobado y, principalmente, México y Brasil (región del PréSal, área de reservas de hidrocarburos que se ubican a más 7 mil metros abajo de la capa salina en la costa de Brasil), países con importante explotación petrolera.

Con la tecnología, explica Ribeiro, el carbono es captado de diferentes formas y es inyectado por gasoducto en pozos paralelos y conectados a los pozos de petróleo, que ya han sido explotados por mucho tiempo, de tal manera que, con la presión, se empuja hacia arriba las reservas profundas de petróleo que no podían ser extraídas. Con eso se extrae más petróleo y el carbono se queda atrapado en el subsuelo.

La investigadora apunta que más de 85% de las plantas de captura y almacenamiento de carbono en el mundo están hechas para recuperar más petróleo, para acceder a reservas que hasta ahora no han podido ser accedidas. “En realidad es una excusa para seguir emitiendo carbono”.

Ribeiro explica que esta es la tecnología más antigua, pero no era utilizada por no ser rentable. ¿Y por qué están utilizando ahora? “Solo porque hay subsidios gubernamentales (…). Además, venden los créditos de carbono que dicen que se almacena dentro de estas instalaciones”.

En todas las formas de geoingeniería se plantea manejar los síntomas, nunca las causas de la crisis climática y, por lo tanto, el cambio climático va a continuar, analiza Ribeiro. “Esto crea un mercado cautivo para los que promueven la geoingeniería y desvía la atención y recursos de las soluciones reales”.

Nuevos mercados

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías sus inversionistas buscan nuevos mercados. “Solo les interesa si hay dinero. Y el dinero se prevé a través de los nuevos mercados de carbono que están siendo discutidos en Naciones Unidas, específicamente con el Acuerdo de Paris”, puntualiza la investigadora.

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Para todo eso el Banco Mundial, el Banco Interamericano, Comisión Andina de Fomento están construyendo nuevos marcos de préstamos, y los están intermediando las grandes ONGs conservacionistas, como WWF y Conservación Internacional. Además, ha surgido una serie de nuevas empresas que son las certificadoras y las verificadoras, que “van a ganar mucho con esto”, remarca la investigadora.

Información para la defensa

El tema de la geoingeniería climática es relativamente nuevo, sin embargo, los expertos que han acompañado y estudiado el tema coinciden en que es necesario que los pueblos, las organizaciones, la gente en general, reconozcan estos proyectos en el territorio, de manera que se pueda construir resistencia a ellos.

“Parece algo muy abstracto y muy técnico, pero está manifestándose en las distintas regiones, lo que queremos es informar de la forma mas adecuada posible para que las organizaciones, los activistas puedan defender sus territorios”, dijo Verónica Villa, del Grupo ETC.

De acuerdo con Ribeiro, existe solamente un lugar en el mundo donde están prohibidas las tecnologías de captura de carbono, es el condado de Nueva Orleans, Estados Unidos. “Esto porque las comunidades de descendencia africana no lo permitieron”.

“Es muy importante aprender a identificar estos proyectos y lo que conllevan para que nos vayamos organizando y podamos hacer presión a los gobiernos, pero sobre todo promover alternativas reales desde las comunidades”, conluye Ribeiro.

El tema fue debatido en el encuentro Geoingeniería Climática en América Latina, organizado por el Grupo ETC y Corporate Accountability.