A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de febrero de 2018

COLEGAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIEDAD EN GENERAL

Por este medio saludamos y agradecemos el gesto solidario y contundente que han expresado frente a nuestra posición de rechazo por el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la UNICACH, el 2 de febrero del presente año, de otorgar el Doctorado Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

A nuestra protesta se sumó la renuncia de nuestra colega y compañera, la Dra. Mercedes Olivera, al Doctorado Honoris Causa que le otorgó la UNICAH en marzo de 2012. Este acto de honestidad intelectual fue secundado por el Dr. Andrés Fábregas Puig, fundador y primer rector de nuestra universidad, quien también devolvió el mismo reconocimiento, otorgado en el mes de mayo de 2015. Ambas personalidades, de amplia trayectoria académica en el ámbito de la antropología, tanto en México como en el extranjero, y un serio compromiso social, nos dieron un claro ejemplo de coherencia y dignidad universitaria, comprometida con el desarrollo científico, artístico y humanístico.

También se han sumado a este acto de rechazo, miembros distinguidos de la comunidad del Instituto de Ciencias Biológicas de nuestra Universidad. El rechazo sigue creciendo, como lo expresan las redes sociales y los distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y junto a esto, se amplían las manifestaciones de apoyo a nuestra comunidad académica y de rechazo al otorgamiento del Honoris Causa referido.

Frente a las protestas generadas por el acuerdo del Consejo Universitario, la UNICACH emitió una carta el pasado día 7 de febrero, en el cual anuncia la “suspensión” del otorgamiento del Honoris Causa mencionado. Ello no representa, sin embargo, su cancelación, como ha sido exigido por la opinión pública y las más connotadas voces de académicos de nuestro país.

Por ello, exigimos que el rector de la Universidad, en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, vete la decisión del Consejo Universitario, anteponiendo así los principios universitarios fundamentales. La Universidad es por excelencia la casa donde se cultiva el conocimiento, es fuente de producción de cultura y de principios humanísticos que contribuyen al engrandecimiento de nuestros pueblos. El rector y todos los que conformamos la comunidad universitaria tenemos el deber irrenunciable de cuidar estos fundamentos.

Atentamente

Personal académico, administrativo, estudiantes y egresados de los programas de posgrado de Maestría y Doctorado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH)

FIRMAS

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PRONUNCIAMIENTO DEL 9 DE FEBRERO DE 2018.

AL DR. JOSÉ RODOLFO CALVO FONSECA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH) Y PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DEL UNICACH

AL MTRO. RICARDO PANIAGUA RODAS, SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA DRA. FLOR MARINA BERMÚDEZ URBINA, SECRETARIA ACADÉMICA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GRADOS Y RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LOS Y LAS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNICACH.

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Los abajo firmantes trabajadores de las ciencias sociales y de las humanidades expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por la decisión de la UNICACH de otorgar el título de Doctor Honoris Causa al General Salvador Cienfuegos Zepeda y nos sumamos a las exigencias de cancelación total de dicho doctorado vía el ejercicio del veto de la autoridad correspondiente, es decir, el rector de la UNICACH. Esta exigencia la sustentamos en los argumentos que a continuación enumeramos y que hacen eco de los muchos rechazos masivos, públicos y rotundos que ha recibido dicha decisión y que, hasta el día de hoy, 8 de febrero de 2018, solamente ha sido “suspendida” según un oficio circulado en las redes sociales y firmado por el Secretario General de dicha institución. Enlistamos brevemente nuestros argumentos:

Uno. Como se ha dicho reiteradamente el General Cienfuegos no sólo no cuenta con los méritos académicos para recibir este reconocimiento universitario sino que es parte medular, desde 2012, de la estrategia militarista de seguridad nacional al ser el jefe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del actual gobierno mexicano. Estrategia que ha contribuido a la agudización de la guerra interior en curso, ocasionando miles de desaparecidos, asesinados, feminicidios, desplazados y masacrados. En Chiapas, la memoria del agravio pasa también por una larga noche de contrainsurgencia desde el 1994 en la que las fuerzas armadas han sido actores, no únicos, pero sí centrales. Coincidimos con quienes han afirmado que premiar al General Cienfuegos, es premiar a su institución y esas estrategias en agravio de la sociedad civil mexicana que se encuentra clamando, de diferentes maneras, justicia, verdad y alto a la guerra.

Dos. Nos preguntamos por las razones profundas que tuvo quien propuso la iniciativa y los Consejeros Universitarios que la aprobaron. Nos preguntamos sobre su entendimiento y compromiso con la autonomía universitaria y las razones de fondo que los mueve, pues no podemos dejar de lado la existencia de prácticas corporativas y clientelares de la cultura política mexicana y su actuar en esta actual coyuntura electoral, así como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior, de la que el homenajeado fue promotor. Una ley, por cierto, también altamente cuestionada en lo nacional y en lo internacional por parte importante de la sociedad civil, los medios independientes y organismos defensores de los derechos humanos. Una ley hoy en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitirá su dictamen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.

Tres. Exigimos también a las autoridades de la UNICACH otorgar las medidas de seguridad correspondientes a toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH) así como a sus consejales universitarios y a los de otras unidades quienes, sustentados en criterios académicos y humanísticos, se han opuesto a dicho reconocimiento. Hacemos responsables de la integridad de cada uno de ellos y ellas a las autoridades correspondientes y hacemos firmes votos porque este obscuro capítulo de la vida de la UNICACH se cierre con la total cancelación y no sólo la simple suspensión del Doctorado Honoris Causa referido.

Firmas: Xochitl Leyva (CIESAS, Chiapas, México), Gustavo Esteva (Unitierra-Oaxaca, México), Jorge Alonso (CIESAS, Guadalajara, México), Rosalva Aída Hernández (CIESAS, Ciudad de México), Ana Esther Ceceña (IIE-UNAM, México), Walter Mignolo (Duke University, USA), Raquel Gutiérrez (ICSYH-BUAP, México), Claudia Briones (Universidad Nacional de Río Negro, Patagonia, Argentina), Armando Bartra (UAM, Ciudad de México), Betty Ruth Lozano (Unibautista, Cali, Colombia), John Glehill (Universidad de Manchester, UK), Magdalena Gómez (UPN, Ajusco, Ciudad de México), John Holloway (BUAP, Puebla, México), Catherine Walsh (Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador) Pablo Vommaro (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Shannon Speed (University of California, Los Ángeles, USA), Jaime Preciado (Universidad de Guadalajara, México), Guillermo de la Peña (CIESAS, Guadalajara, México), Joanne Rappaport (Georgetown University, USA), Gisela Espinosa (UAM, México), Francisco Morfín (ITESO, Guadalajara, México), María Teresa Sierra (CIESAS, Ciudad de México), Rosalba Icaza (Institute of Social Sciences-La Haya, Holanda), María Bertely (CIESAS, CDMX), Rolando Vázquez (Universidad de Utrecht, Holanda), Patricia Safa (CIESAS, Guadalajara, México), Gilberto Valdés (Instituto de Filosofía, Cuba), Alejandra Aguilar (CIESAS, Guadalajara, México), Yohanka León (Instituto de Filosofía, Cuba), Mercedes González de la Rocha (CIESAS, Guadalajara, México), Elena Nava Morales (IIS-UNAM, México), Santiago Bastos (CIESAS, Guadalajara, México), Raphael Hoetmer (Programa Democracia y Transformación Global, Holanda/Perú), Susan Street (CIESAS, Guadalajara, México), Gerardo González (ECOSUR, Chiapas, México), Reneé de la Torre (CIESAS, Guadalajara, México), Fernando García, (FLACSO Ecuador, Quito), Magadalena Villareal (CIESAS, Guadalajara, México), Mónica Carrasco (CIESAS, Chiapas, México), Jorge Aceves (CIESAS, Guadalajara, México), María Teresa Fernández (CIESAS, Guadalajara, México), Julia Preciado (CIESAS, Guadalajara, México), Humberto González (CIESAS, Guadalajara, México), Luis Gabriel Torres (CIESAS, Guadalajara, México).

Nota este comunicado une su voz a las muchas expresiones públicas de rechazo de la sociedad civil y a las 17, 699 firmas que exigen la cancelación del citado Doctorado, ver el sitio: https://www.change.org/p/consejo-universitario-de-la-unicach-que-unicach-cancele-el-honoris-causa-al-general-cienfuegos

El pasado 2 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Dicho acto ha provocado la indignación de la comunidad académica, de organismos de derechos humanos y de muchos individuos de la sociedad civil. Como denuncia el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (en comunicado abajo), esta decisión representa “un mensaje claro de desprecio para las miles de víctimas en este país que han padecido los costos de la violencia institucionalizada, una afrenta para las organizaciones de Derechos Humanos que tenemos documentados los saldos trágicos por la actuación del Ejército Mexicano en labores de seguridad ciudadana y un claro mensaje de avalar el escenario de guerra que un personaje como Cienfuegos, en este sexenio, ha defendido de manera perversa presionando al Presidente de la República y el Congreso de la Unión para que se aprobara la LSI, otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina”.

En conferencia de prensa realizada el pasado viernes en San Cristóbal de Las Casas, la académica y activista Mercedes Oliveira renunció públicamente al Doctorado Honoris Causa otorgado a ella por la misma institución. Compartimos aquí las palabras pronunciadas durante la conferencia de prensa:

Ve también:

Pronunciamiento de estudiantes de posgrado del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Pronunciamiento de la comunidad del CESMECA

Comunicado del posgrado en feminismo del CESMECA

Pronunciamiento público 001
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas

Honoris Causa a la Infamia

• Rodolfo Calvo Fonseca, Rector de la UNICACH otorga la distinción a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la SEDENA.
• En protesta, la reconocida académica feminista Mercedes Olivera Bustamante renunció al mérito que recibió por la misma institución en el año 2012.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 05 de febrero de 2018 / En el marco de la controvertida aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en México, la vigencia del Conflicto Armado Interno No Resuelto en Chiapas y en un contexto de marcado descrédito de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por los múltiples señalamientos de violaciones a Derechos Humanos; el pasado 02 de febrero, el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) decidió otorgar el título de Doctor Honoris Causa al Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la institución castrense.

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Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Fuente: Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, 2 de febrero 2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

Posgrado en feminismos del CESMECA

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Hace dos años, el 16 de diciembre de 2016, los ejidatarios de Tila, cansados de un siglo de atropellos, decidieron tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y expulsaron al Ayuntamiento, impuesto ilegalmente en su territorio desde mediados del siglo XX, recuperando las 130 hectáreas que durante décadas el gobierno municipal les trató de arrebatar.

Desde entonces, el ejido de Tila se ha vuelto ejemplo de lo que es posible hacer cuando el pueblo se organiza. Desde hace dos años, el pueblo organiza su guardia comunitaria y la delincuenca, antes solapada por el ayuntamiento, disminuyó visiblemente; se organiza la recolección de basura con contribuciones de la propia población; se instauró un sistema de justicia propia; se administran todos los servicios; se organizan festividades. Y en todo esto, la máxima autoridad es la Asamblea. Así, Tila ha demostrado que sí es posible crear un gobierno donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”.

(Para un recuento de la larga lucha del ejido Tila y la construcción de su autonomía, ve nuestro reportaje: ¿Cómo es un pueblo libre? Primer aniversario de la autonomía de Tila.)

Es por eso que la visita del Concejo Indígena de Gobierno a Tila es tan significativa. “Queremos decirles que los admiramos, que los respetamos”, dijo el concejal Hernán. “Éste es el sueño que desde nuestras comunidades hemos venido soñando. Que un día como éste el pueblo de México se despierte (…) Que los pueblos tengan su libre autodeterminación, que sean los pueblos quienes nos mandemos.”

“Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno”, dijo Marichuy, “hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.”

En Tila la memoria está muy viva, es lo que da fundamento al caminar, lo que orienta la dirección de los pasos por venir. Es por eso que hay un tal respeto por los abuelos, quienes lucharon durante décadas contra el despojo. Fue en la década de 1920 que los abuelos iniciaron una lucha épica que no se olvida. Durante 37 años viajaron una y otra vez a Tuxtla Gutiérrez, a cuatro o cinco días a pie, cargando su pozol y tostadas, para solicitar la regularización de sus tierras como ejido. Una odisea difícil de imaginar pero que está grabada en la memoria del pueblo de Tila, y que resultó finalmente en una Resolución Presidencial que reconoció la propiedad ejidal de las 5,405 hectáreas, de las que habían sido despojados por finqueros extranjeros desde los tiempos de Porfirio Díaz.

“Nosotros estamos caminando con la compañera María de Jesús”, dijo la concejala Antonia, “para llevar la voz de los abuelos, porque los grandes, los de arriba, nos querían acabar. Pero no nos acabaron. Quedó nuestras raíces (…) Nos quisieron acabar pero nunca nos van a acabar. Vamos a florecer, van a salir las hojas que cortaron; las ramas que mataron, van a volver a retoñar.”

“Saludamos a los abuelos porque nosotros sí sabemos respetarlos”, dijo el concejal Hernán.

A mediados del siglo XX los mestizos se apoderaron del Ayuntamiento. El gobierno, que antes se regía por usos y costumbres, pasó al régimen de partidos políticos. Empezó a cobrar impuestos por la tierra y a apropiarse de los bienes y servicios, antes administrados por la asamblea ejidal. Pero no sólo eso: durante los años más duros de la política contrainsurgente después del levantamiento zapatista, el Ayuntamiento sirvió como base de coordinación de los grupos paramilitares, en particular “Paz y Justicia”, uno de los más violentos de la década de 1990 en Chiapas.

Es por todo eso que el pueblo se levantó hace dos años y expulsó por su propia cuenta al Ayuntamiento de su territorio, a pesar de las grandes presiones y amenazas en su contra.

En su visita a Tila, Marichuy hizo un análisis de la relación entre violencia paramilitar y narcoparamilitar (la misma violencia que sufren ahora los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó en Los Altos de Chiapas) y la violencia militar, y criticó duramente la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (lee sus palabras completas aquí).

Para violentarnos, la ocupación militar se apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos seguridad y ayuda nos mandan más militares y el número de presos por defender sus derechos, muertos y desaparecidos aumenta de inmediato.

A esa agresión política, económica, militar, paramilitar y narcoparamilitar en nuestra contra que cada día genera despojo, miedo, terror y luto, le llamamos guerra, la misma que ahora con su ley de “seguridad interior” pretenden extender a todo el país.

Para los gobiernos capitalistas que mandan en el mundo de arriba, los seres humanos pensando, actuando y organizándonos somos problemas de seguridad interior, ya no sólo los pueblos indígenas, sino todas las sociedades urbanas y campesinas. De ese tamaño es el descontento que los de arriba prevén porque de ese tamaño es la embestida que engendran.

Ante esto, el Concejo Indígena de Gobierno ha repetido una y otra vez que la única respuesta viable es la organización. Y con ella, la seguridad y la justicia autónomas. “Sólo de esa manera, haciendo que el pueblo mande y nuestras fuerzas de seguridad obedezcan, es que hemos podido acabar con el terrorismo de Estado y de las bandas de la delincuencia organizada.”

La montaña y costa de Guerrero, Cherán y Santa María Ostula en Michoacán, el ejido de Tila en Chiapas y desde luego las comunidades zapatistas… ejemplos de que otra justicia, otra seguridad y otro gobierno son posibles.

Muy significativamente, el Concejo Indígena de Gobierno, acompañado por las autoridades de Tila, hablaron desde un templete instalado en el llamado “Casino del Pueblo”, el antiguo edificio que servía de gobierno comunitario, a espaldas del ahora destruído Ayuntamiento, situado al lado opuesto de la plaza. Es el gobierno indígena, colectivo, horizontal, de abajo, que ejerce el “mandar obedeciendo”, renaciendo con la fuerza de la memoria y la organización.

Escucha los audios:

El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Al pueblo chol del ejido Tila.
Al pueblo de México.
A los pueblos del Mundo.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación.

Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.

El pueblo Chol del ejido Tila, que ha sido históricamente olvidado, resurgió en su autonomía con el esfuerzo de muchas y muchos.

La autonomía, en el ejemplo de dignidad que es el ejido Tila, fue el paso necesario tras mas de 50 años de lucha jurídica, de los amparos ganados que nunca fueron ejecutados, de la violencia institucional desde los malos gobiernos ante los pasos que la organización iba logrando para reconstituirse sin esa enfermedad que son los malos gobiernos.

Es entonces, hermanas y hermanos de Tila, grande el honor para nosotras y nosotros del Concejo Indígena de Gobierno, estar para conmemorar junto con ustedes ese 16 de diciembre. Para celebrar y conmemorar el ejemplo del pueblo Chol del ejido Tila, su palabra y su conciencia.

Sabemos que no ha sido fácil su camino, que su determinación y organización ha crecido en medio de la hostilidad por parte de los malos gobiernos y sus grupos paramilitares, como los que usan los poderosos en todo el estado de Chiapas para tratar de acabar con las luces de esperanza, que es la organización autónoma de los pueblos originarios.

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“Esta ley es un riesgo porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido,  regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional, por eso se convierte en un estado de excepción permanente porque las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al Presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente denominada como declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifica la participación de las Fuerzas Armadas” (Intervención en Conversatorio)

A finales de noviembre la Cámara de Diputados daba luz verde a  la denominada Ley de Seguridad Interior. Ante su posible aprobación (hoy) en el Senado de la República, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se han manifestado y advertido de las gravísimas consecuencias en caso de ratificación.

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en la plaza de la resistencia de San Cristóbal de las Casas un conversatorio sobre el tema. Ahí se señaló, entre otros puntos importantes, la ambigüedad en la definición de “seguridad interior” y la amplitud de acciones que pudieran considerarse como amenazas.

Asimismo, se mencionó que este “nuevo” paso en materia de seguridad lo que pretende es “regular lo excepcional”, es decir, crear un marco normativo a modo para proteger al gobierno, instituciones y su proyecto neoliberal en un país marcado por la violencia de Estado y ante una coyuntura electoral. Con ello y a partir de definiciones interesadas se facultaría –legalmente- a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores que hasta ahora debieran ser exclusivas de organismos de seguridad pública (tales como detenciones o investigación).  Además sin observancia a estándares de derechos humanos y sin contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas.

A continuación el audio completo del conversatorio (vía komanilel.org)

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior puede consultarse también:

https://frayba.org.mx/la-ley-de-seguridad-interior-contraviene-la-constitucion-y-da-continuidad-a-una-politica-de-seguridad-fallida-llamamos-al-senado-de-la-republica-a-no-aprobar-la-ley-de-seguridad-interior/

https://frayba.org.mx/ley-de-seguridad-interior-fortaleceria-logica-de-guerra-y-violencia/

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:2017-10-25-18-21-51&catid=209:front-rokstories&lang=es

https://www.seguridadsinguerra.org/#block-7149