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CDH Fray Bartolome de las Casas

No al gobierno por decreto. No es desarrollo, es despojo

México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.

El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).

Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.

Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.

Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.

Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.

Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.

Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).

Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.

Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.

Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.

Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.

Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF aquí

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Avispa Midia

México | Empresa de EEUU explota ilegalmente una mina y no es sancionada

Por Avispa

La empresa Sac-Tun, subsidiaria de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, explota una mina de materiales pétreos para la construcción en la selva de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, mantiene sus operaciones de extracción y envío marítimo, a pesar de que la concesión federal para la exportación ya se le venció.

En la conferencia mañanera el lunes (31), el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la empresa tiene un predio de 4 mil 200 hectáreas dividido en tres concesiones, dos de las cuales están vencidas y una que de forma irregular no tiene plazo de vencimiento. Además, posee la concesión de un muelle para exportar los materiales obtenidos a Estados Unidos, el cual también está operando sin permisos de exportación.

La empres exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava. Una investigación del periodista Xavier Méndez Camacho, realizada para el periódico El Despertador de Quintana Roo, en 2018, demostró que la empresa fornecía material al gobierno de Donald Trump para la construcción del muro a lo largo de la frontera con México.

El terreno en el cual la empresa opera sin permiso está ubicada aproximadamente a un kilómetro del Caribe. Ha extraído tal cantidad de material pétreo que ya acabó con el suelo a tal grado de que, el acuífero que cuza por esa zona, brotó y, ahora inunda gran parte del terreno de la mina con agua de color azul turquesa.

El gobierno federal se niega a renovar las concesiones alegando que la actividad causa daños ambientales, lo que ocasionó que la empresa demandara a México en un tribunal internacional para exigir una indemnización de mil 500 millones de dólares. “No se va a permitir nada de extracción a partir de marzo”, dijo Obrador.

Para evitar que la demanda contra México continúe en tribunales internacionales, el gobierno federal hizo una propuesta a la empresa. “Ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que puedan realizarse con la conformidad de las normas”, dijo el presidente.

De acuerdo con el mandatario, la empresa dará a conocer a sus acciones la propuesta. Si aceptan, se “espera que quiten las demandas y sino vamos a defendernos legalmente como se está haciendo”, sostuvo.

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Avispa Midia

Caso del preso político Fidencio Aldama está en momento decisivo

Por Jeny Pascacio

Un grupo armado entró en Loma de Bácum, perteneciente a la Tribu Yaqui en Sonora, el 21 de octubre de 2016, con la intención de imponer autoridades en la comunidad a favor del Gasoducto Sonora, proyecto de IEnova (Infraestructura Energética Nova, SA de CV), filial de la empresa estadounidense Sempra Energy.

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Ese día las autoridades tradicionales estaban reunidas en una asamblea. El ataque dejó varios heridos, doce vehículos quemados y un muerto identificado como Cruz Buitimea Piñas, integrante del grupo que irrumpió.

El guardia tradicional, Fidencio Aldama Pérez presenció los hechos. Seis días después fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales de Sonora por el homicidio de Buitimea Piñas.

Roberto López, de la organización Los otros abogados, explica en entrevista a Avispa Midia que el caso tiene un origen político porque es motivado por el Estado y por empresas transnacionales, “cuando el pueblo se empieza oponer contra el gasoducto que pasa por sus tierras, empieza la estrategia de eliminar a los opositores”.

En noviembre de 2012 la transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir el gasoducto Sonora destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México.

En menos de un año, el 29 de agosto de 2013, la Comisión Reguladora de Energía aprobó la construcción en los tramos Guaymas-El Oro del proyecto que atraviesa ocho pueblos yaquis en 835 kilómetros de longitud.

Pero el 28 de mayo de 2015 la comunidad de Loma de Bácum acordó en una asamblea negar el acceso a persona, compañía o entidad vinculadas al gasoducto Guaymas-El Oro.

La tensión se intensificó cuando un juez federal en Ciudad Obregón ordenó la suspensión del de la obra por no tener el consentimiento de toda la tribu, pero la empresa IEnova continuó con los trabajos sin acatar la resolución judicial.

La empresa se dio a la tarea de comprar conciencias para abonar a la división de los pobladores. Después surgió el grupo de personas que ingresaron armadas a la asamblea del 21 de octubre para imponer otras autoridades a favor del proyecto. “Llega un grupo armado que se empieza a confrontar a la gente opositora al gasoducto, la gente corre para resguardarse y en ese cruce de proyectiles fallece una persona. Se comienza a ver claramente la intención de quitar a los opositores”, señala el abogado Roberto López.

Proceso penal

En el proceso penal de Fidencio Aldama existen violaciones al debido proceso que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal lo condenó a 15 años y 6 meses de prisión por homicidio simple doloso en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en marzo de 2018.

Algunas de las irregularidades identificadas son las declaraciones de los testigos pertenecientes al grupo a favor del gasoducto, pues señalan que Fidencio portaba un arma que no corresponde a la que privó de la vida a Cruz Buitimea Piñas. “Son armas distintas”.

Otra irregularidad es que fue desestimada por las autoridades la declaración de la esposa de Cruz Buitimea Piñas que tuvo a la vista a Fidencio y dijo que nunca vio que accionara el arma.

Para el asesor jurídico se trata del modus operandi para generar la confrontación, división y violencia en pueblos originarios a consecuencia de proyectos transnacionales.

En la actualidad, los abogados esperan la resolución del amparo interpuesto ante la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, en agosto de 2021.

Para organizaciones acompañantes del caso, el delito de Fidencio a los ojos del Estado y de las empresas multinacionales es la resistencia al gasoducto de Sonora.

“Dadas estas circunstancias, ahora es un momento urgente y decisivo en la lucha por la libertad de Fidencio. En lugar de esperar pasivamente a que el tribunal tome su decisión, ahora es el momento de amplificar la llamada para la liberación inmediata de Fidencio”, dijo el abogado.

El indígena Yaqui es originario de la comunidad de Loma de Guamuchil, pero en 2009 llegó a la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa, quien desde hace cinco años espera justicia para Fidencio.

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Avispa Midia

A pesar de concluida la consulta en Unión Hidalgo, EDF no puede iniciar parque eólico

Por Renata Bessi y Aldo Santiago

Después de cuatro años del inicio de la Consulta Indígena en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, para la construcción del parque eólico de la francesa EDF (Electricité de France), el sábado (29) se concluyó, bajo protestas de comuneros de la comunidad, la etapa deliberativa de la consulta. Alrededor de 1,400 personas comparecieron, de una población de 15 mil, siendo que 800 personas votaron a favor del proyecto.

“Hay varias denuncias, en medios locales, de trabajadores del municipio que fueron obligados a ir a la consulta, bajo la consigna de que si no iban se les descontaba el día o les retrasaban el pago de la quincena”, dijo Andrea Manzo, quien hace parte de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, a Avispa Midia.

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El interés del presidente municipal, Juan Jesús Martínez Rasgado, cuya toma de protesta fue en enero de 2022, en llevar a cabo el proyecto eólico estuvo claro desde su campaña electoral. “Entre sus promesas de campaña estaba exigirle a EDF que cumpliera con ciertas obras públicas. Fue parte de su eslogan y hay prisa por cumplir ese eslogan”, detalla Manzo.

Además, durante todo el proceso de consulta, personas dentro de la comunidad estuvieron impulsando el proyecto lo que ha provocado una división en su tejido social, ya que se estigmatizó y se persiguió los defensores del territorio que están en contra del proyecto. “Son los que se reconocen como pequeños propietarios y quienes tienen contratos con la empresa”, uno de los sectores que han promovido el parque en la comunidad. “Quienes siempre hemos estado en contra, pues estamos constantemente siendo señalados y, en la asamblea, claro, se extrapolan esos ambientes de violencia y de señalamientos”, señaló Manzo.

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A pesar de casi concluido el proceso de consulta, existe un amparo interpuesto por comuneros de Juchitán, en conjunto con el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual impide que la empresa inicie la construcción del parque eólico. “El amparo que interpusimos es un amparo agrario en el cual reclamamos la posible privación de tierras por la construcción y operación del parque eólico en tierras que pertenecen a la comunidad agraria comunal de Juchitán”, explica para Avispa Midia, el abogado Carlos González, quien trabaja en el caso.

En una resolución emitida el 6 de septiembre del 2021, el Tribunal Colegiado de Oaxaca ordenó la suspensión de todos los proyectos en dicho territorio. “La suspensión es para que las cosas se mantengan en el estado en el cual se encuentran, evitando que se prive a la comunidad de sus bienes agrarios, de sus tierras, bosques y aguas”, hasta que haya una decisión definitiva sobre el amparo.

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El abogado aclara que la consulta llevada a cabo viola instrumentos internacionales del derecho indígena, ya que “no fue una consulta realizada de acuerdo a los estándares internacionales”; sin embargo, en términos de la resolución emitida por el Tribunal Colegiado, “en el sentido estricto, una consulta no genera la privación de tierras”.

Lo que estaría incurriendo en una ilegalidad, infringiendo el recurso que se ganó, “es la acción que se puede derivar de la consulta”, es decir, el inicio de la construcción del parque. “Si derivado de la consulta empiezan a construir el parque, entonces sí se estaría violentando la suspensión”, explica González. “Lo cierto, lo efectivo es que no se puede construir, no se puede colocar un solo ladrillo en terrenos comunales en Juchitán [considerando que Unión Hidalgo es un anexo del municipio de  Juchitán]”, sostiene.

De todos modos, el abogado sostiene que los comuneros de Juchitán, con la asesoría jurídica, están analizando posibles medidas para impugnar la consulta.

Para el caso de que se viole la suspensión del Tribunal Colegiado, la sanción sería aplicada, de acuerdo con el abogado, a las autoridades federales y municipales que dieron los permisos para la construcción y operación del parque. La ley de amparo prevé la “separación del cargo ante un juez penal”.

Foto: Renata Bessi

Lo que sigue

Con la asamblea realizada el sábado (29) la autoridad municipal dio por finalizada la etapa deliberativa de la consulta. Ahora seguiría la etapa de ejecución y seguimientos de acuerdos.

Durante la asamblea “se presentaron más de 30 propuestas de obras públicas y quedaron al final un poco más de 20 que se le iban a presentar a la empresa”, dice Manzo, para negociación.

“Es bastante lamentable como se llevó a cabo el proceso, sumamente violento (…), es bien revelador cómo han explotado la violencia en la comunidad entre los compañeros y las compañeras y, sobre todo, como se han posicionado los presidentes municipales en turno por beneficiarse de la entrada de estos megaproyectos”, analiza la integrante de la Asamblea de Comuneros.

Es cada vez más evidente también, “que los procesos de consulta no buscan el consentimiento de una comunidad (…), es solo un mecanismo más para que las empresas entren [en el territorio]; no hay nada que consultar, más bien es como un papeleo que se hace con todas las arbitrariedades legales”, sostiene Manzo.

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Antecedentes

Desde 2017, cuando se tuvo información de los trámites administrativos para la ejecución del megaproyecto eólico a cargo de EDF, la comunidad de Unión Hidalgo ha interpuesto diferentes recursos legales contra la construcción y operación del parque.

Entre las distintas sentencias a estas demandas, cabe destacar que en mayo de 2018, el Juzgado de Distrito 1º del Estado de Oaxaca con sede en San Bartolo Coyotepec dictaminó la suspensión definitiva del proceso de consulta indígena. Esto ocurrió un mes después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad solicitando suspender temporalmente el proceso de consulta indígena.

Sin embargo, la Secretaría de Energía reactivó el proceso de consulta indígena el 30 de noviembre de 2018, y realizó una asamblea el 23 de marzo de 2019. “La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha documentado diversas situaciones dentro de estas dos asambleas que incluyen un ambiente tenso y que impiden el desarrollo de una consulta libre”, denunció la Organización  Mundial contra la Tortura en 2019, quien documentó como, paralelo al proceso de consulta, aumentaron los incidentes de seguridad contra los integrantes del Comité de Resistencia, así como participantes de la Asamblea de Comuneros.

El proceso de consulta había sido paralizado por los riesgos presentados por la pandemia de Covid-19.

Energía para la industria

El parque eólico ocuparía más de 4,500 hectáreas de terreno en tierras comunales. En comunicado, el colectivo Stop EDF Mexique contextualiza que la electricidad producida por EDF mediante sus tres parques eólicos que ya operan en el Istmo Tehuantepec no benefician a la población local, pues se suministra a multinacionales como la gigantesca cadena de supermercados Walmart.

“Una multinacional que viene a expoliar los recursos de las comunidades y a desmantelar sus formas tradicionales de vida y de organización política -asamblearias, no capitalistas, y que siempre han sabido cuidar su entorno-, mientras se atreve a explicarles que es por su bien, para ‘salvar el planeta’ y que es necesario participar en el ‘esfuerzo colectivo’ contra el cambio climático, aunque estas comunidades sean las que menos han contribuido a ello. El cinismo de un sistema en su peor momento”, denuncia la organización.

En la comunidad de Unión de Hidalgo ya está en operación un parque eólico de la española Demex. Además del parque de EDF, está previsto un tercer parque de la empresa Gamesa.

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Avispa Midia

Comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana denuncia nuevos ataques

Por Sare Frabes

La comunidad autónoma San Lorenzo de Azqueltán, conformada por los pueblos Wixárika y Tepehuana, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció que los ataques a la comunidad continúan. Un policía de nombre Adán Bañuelos Herrera, junto con otros elementos de la policía municipal, sin motivo alguno, sustrajeron a golpes a dos miembros de la comunidad. A uno de ellos lo sacaron de su casa a golpes y amenazas.

Los dos miembros de la comunidad fueron llevados ilegalmente y fueron torturados incluso con descargas eléctricas, reclamándoles el haber movido alambres de los “invasores agrarios en diversas movilizaciones comunitarias o el acompañar al comisariado autónomo”, sostiene la comunidad en un comunicado, “fueron torturados por defender la tierra y no es la primera vez que atentan en nuestra contra”.

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De acuerdo con el comunicado, han sido afectados en su salud y presentan secuelas de la tortura. “Persiste la pretensión de los caciques de apoderarse de nuestro territorio ancestral, (…) policías municipales se han prestado para reprimir a nuestra comunidad cometiendo delitos graves como es la detención ilegal y tortura de comuneros, para amedrentar, aterrorizar y tratar así de detener la defensa de la tierra y la organización comunitaria”, afirman.

Histórico de agresiones

Los ataques a la comunidad autónoma han intensificado en los últimos años. El 11 de julio de 2020 hubo la detención ilegal y tortura de un comunero, de donde se derivó la carpeta de investigación 158/2020 y la causa penal 63/2020. “Grave violación a los derechos humanos que permanece en completa impunidad”, sostienen en el comunicado.

El día 5 de julio de 2020, atrás agredir a un comunero le dijo que “contaban con luz verde para matar a uno de Los Valles y uno o dos tepehuanos que andaban luchando por la tierra”.

El 22 de marzo de ese mismo año, apedrearon a dos comuneros de avanzada edad en la localidad de Izolta, como represalia por la organización comunitaria.

El día 30 de mayo de 2019 el mismo policía Adán Bañuelos Herrera agredió y amenazó de muerte a un comunero.

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Lucha por la tierra

Las agresiones y violencias son resultado del no reconocimiento por parte del Estado mexicano de las tierras de la comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana, lo que ha favorecido la especulación y el despojo territorial.

Las comunidades históricamente han habitado esta región y han vivido autónomamente de acuerdo con sus usos y costumbres. Su territorio fue reconocido en el año 1733 por el gobierno colonial y hasta hoy posee el título virreinal emitido en esta época.

“Estos documentos coloniales siguen teniendo valor legal en México. De hecho la propia ley establece que para que tenga su reconocimiento y titulación de los bienes comunales, el título virreinal constituye una prueba plena de su identidad indígena y de su territorio que está delimitado por este mismo título”, explica Cristian Chávez, integrante del equipo jurídico de la comunidad.

El embate de los indígenas lleva décadas. La comunidad empezó el procedimiento de la titulación agraria cuando todavía estaba en curso la reforma agraria en el país, iniciada con la Revolución Mexicana y finalizada en 1992, en el marco de las reformas neoliberales.

Chávez explica que antes de 1992 el reconocimiento de los bienes comunales era realizado, en un proceso burocrático, por instancias del poder ejecutivo y había dos tipos de figuras: la confirmación y titulación de bienes comunales y la otra era la restitución de bienes comunales. Y de ambas salía una resolución presidencial reconociendo una comunidad indígena y su territorio.

En el caso de la comunidad se intentó el trámite de restitución de bienes comunales, porque personas externas a la comunidad ya habían invadido el territorio. Básicamente casi todo el municipio de Villa Guerrero estaría dentro de los terrenos de Azqueltán, incluso la cabecera municipal, que es un núcleo urbano, también forma parte de este territorio ancestral. Son 94 mil hectáreas las que tiene reconocido el titulo virreinal.

Antes de 1992, la Comisión Agraria Mixta y el Cuerpo Consultivo Agrario eran las instancias del estado mexicano para la titulación de los bienes comunales. Hicieron estudios topográficos, agrarios, dentro de la superficie de las 94 mil hectáreas.

De acuerdo con Chávez, se localizaron posesiones de pequeñas propiedades bien consolidadas en el territorio. “Varios de estos pequeños propietarios interpusieron un amparo contra la titulación de los bienes comunales de Azqueltán. Entonces la Comisión Agraria Mixta sacó una determinación señalando que al existir el amparo debía continuarse por la vía de dotación de ejidos en la superficie donde no hubiera conflicto”, explica.

En este proceso el territorio se redujo a 38 mil hectáreas. Son estas 38 mil hectáreas que la comunidad tiene actualmente en posesión, son las que están en el juicio agrario del tribunal unitario agrario distrito 16, en la ciudad de Guadalajara, ya que después de 1992 las tierras pasaron a ser reconocidas y tituladas mediante un juicio en un tribunal agrario. “Dentro de esta superficie de 38 mil hectáreas es donde se da el jaloneo y los intentos de despojo y de privatización”, explica Chávez.

Chávez sostiene que el intento de despojo del territorio Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán es un intento de “robo descarado”, ya que convenios internacionales y jurisprudencias en tribunales mexicanos otorgan pleno valor probatorio a las comunidades que están en un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales. “Si la comunidad, su gobierno tradicional determina que un terreno lo tiene en posesión determinado comunero esto es equivalente a una constancia de posesión de una comunidad formalmente constituida”.

En el comunicado, la comunidad autónoma sostiene que sus tierras no están a venta. “A nuestros padres y abuelos han ido despojando poco a poco y de repente los gobiernos dan escrituras a algunas invasiones, y les hace creer que así de fácil es arrebatar a el territorio con impunidad y violencia. Por eso los gobiernos se hacen cómplices de ladrones de terrenos, que cínicamente se dicen dueños de grandes superficies de nuestras tierras”.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 1 febrero 2022

 

ROMPIENDO FRONTERAS
CHILE: Ni un día más en a cárcel. La lucha por la libertad de las y los presos de la rebelión.
CHILE: Muerte de una reclusa por negligencia de la gendarmeria. La Zarzamora
PERU: Derrame de petroleo masivo por parte de Repsol contamina fauna, playas y areas naturales protegidas con 11,000 barriles de petróleo en la costa central de Perú, la multinacional Repsol y las autoridades responsables y complices. Jubileo Sur
UCRANIA: ¡Paz en Ucrania! Democracy Now

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUOS
MEXICO: Reclamo masivo ante el asesinato de comunicadores en México. Movilizacion en 67 ciudades de México por el  asesinato de al menos 3 periodistas en enero y 29 en la actual administracion federal. El dia 31 de enero sumarian 4 periodistas con el asesinato de Roberto Toledo.
LUCHA POR LA VIDA: Semblanza del espacio y los proyectos de la Galeria y cafeteria «La resistencia» en el centro del CdMx. Juan Perez
MORELOS: Asesinan a activista quien exigía justicia por su hija asesinada. Zona Docs
AYOTZINAPA: Criminalización de la lucha por la presentación con vida de los 43Previo a una jornada de manifestaciones los padres y madres fueron atacados por 800 policias. Tlachinollan
CDMX: Emplazan al gobierno a resolver y no criminalizar la protesta de la comunidad otomi. LLaman a foro para discutir sobre el acerco de arte indígena ante amenazas  y desprecio del INPI.
GUERRERO: Grupos criminales asedian comunidad en Guerrero con total impunidad,CIPOEG-EZ pide solidaridad ante posibles nuevos ataques. CNI

Música:

Fue una larga noche-Kekoyema

El rio me enseño- Casiopeo

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Paradoxus Luporum – Muerte a la Anarquía

Manu Chao – No a la mineria en Chubut

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Prensa Comunitaria

Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera

Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Foto PNC

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

 

Autoría y edición

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La Zarzamora

Temuco: Comunidades mapuche se manifestaron en repudio a nuevo proyecto hídrico de Juan Sutil

Por: La Zarzamora

«Estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica»

Lonko Cristina Painemal

Durante la mañana de este viernes 28 de enero, las comunidades que serían afectadas con el proyecto hídrico que pretende emplazar el empresario Juan Sutil en río Chochol, marcharon hacia Temuco para manifestar su absoluto rechazo al que calificaron «como mega proyecto frutícola extractivista» que comprendería 3 embalses de gran magnitud en Galvarino y Cholchol, dañando también los territorios de Lumaco, Traigén , Carahue, Nueva Imperial y Puerto Saavedra.

La manifestación comenzó con una caravana desde la plaza de CholChol, que partió en dirección a Temuco a eso de las 9:00 de la mañana, para agruparse posteriormente en la plaza Manuel Recabarren (plaza de los milicos). Desde ahí se dirigieron hacia la Superintendencia del Medio Ambiente de Temuco y luego a la Intendencia, lugares en los cuales entregaron cartas de rechazo al mega proyecto firmadas por 26 comunidades.

La lonko Cristina Painemal manifestó en a las afueras de la Superintendencia de Medio Ambiente los siguiente:

«Comunicar a la opinión pública, a las comunidades mapuche, que estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica, donde las comunidades mapuche y no sólo mapuche sino también las ciudades que dependen del río Chol Chol, la comuna de Galvarino, Chol Chol, Carahue que tb se encuentran presentes queremoss manifestar nuestro rechazo al proyecto de Juan Sutil».

La numerosa marcha recorrió las calles céntricas de Temuco con gritos como: «el río se defiende», «el río no se vende» y «FUERA SUTIL» en referencia al empresario que desea emplazar este proyecto, quien pareciera tener una macabra fijación con las aguas de Wall Mapu, siendo conocido también por impulsar la cuestionada «carretera hídrica» que pretendía extraer aguas del río Queuco, hacia el norte de $hile.

Lonko Cristina Painemal

De la misma manera Painemal advirtió: «Somos comunidades autónomas, que no estamos vinculadas a ningún partido político. Con nuestro propio kimun, con nuestra propia organización, vamos a hacer la defensa de nuestra agua feley».

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Entre Pueblos

Ecocidio en Perú por vertido de petroleo de Repsol en costas de Lima

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH

– Lima, a 20 de enero de 2022 –

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”.  La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:

  1. la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
  2. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
  3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.

En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada.  Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado  jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones.

Foro de ONGDs Españolas


Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022

radio
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal | Al cambiar el año se subieron de nivel: la injusticia, la impunidad

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de enero de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Queremos decirles a todas las mujeres y hombres quienes trabajan por la paz y la justicia; quienes defienden los derechos humanos; quienes defienden la Madre Tierra de los saqueos y destrucciones; quienes construyen sus propias autonomías; quienes sin esperar nada a cambio, luchan por la Vida; hoy, a todas esas personas les saludamos fraternalmente y reconocemos su digna decisión de seguir de pie en contra de un sistema de muerte.

 

Nos encontramos de nuevo aquí en Acteal, para reafirmar nuestra decisión incansable de exigencia de justicia verdadera a la masacre de nuestros 45 hermanos y hermanas y más los 4 bebés no nacidos, masacrados por paramilitares priistas de Chenalhó un 22 de diciembre de 1997, por órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.

A 22 días del inicio del año 2022, mediante este comunicado público, denunciamos que, parece que, al cambiarse el año, se subieron de nivel: la injusticia, la impunidad, las violaciones graves a los derechos humanos y la muerte impuesta por los ricos y poderosos en contra de los humildes, de los pobres y de quienes defienden los derechos humanos y la Vida.

Tan sólo podemos citar algunos casos de cómo el sistema de justicia podrido y sus jueces corruptos y policías torturadores en Chiapas, violan en plena luz del día, los derechos fundamentales de: la vida, la integridad física, psicológica y la libertad del joven Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay), detenido injustamente y por medio de fabricación de delitos y tortura realizada por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el 13 de marzo del año 2019, y, actualmente se encuentra privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 08 de la Cuidad de Villaflores, Chiapas[1].

Como miembros de la organización pacífica y No Violenta de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, condenamos enérgicamente la detención ilegal y arbitraria y la sentencia injusta de Yonny Ronay por el juez Olger Pineda Villegas que lo sentenció a 31 años y seis meses. Según, el día de ayer 21 de enero, se iba a realizar una audiencia de juicio oral para Jonny, argumentando la Fiscalía que el Ministerio Público a cargo “está contagiado con Covid-19”, pero nosotros pensamos que eso es mentira, ya les conocemos sus mañas para dilatar la justicia.

Ante la actuación negativa de parte de la Fiscalía, exijamos y presionemos la liberación inmediata de Yonny Ronay y se investiguen y castiguen a los policías, a los jueces y/o funcionarios públicos quienes estuvieron involucrados en la detención injusta y tortura cometida en contra del joven Yonny Ronay.

Los jueces, las fiscalías, los ministerios públicos y demás funcionarios públicos, manejan las situaciones a su antojo, como si fueran dueños de los derechos humanos de cada persona. Esto evidencia que la situación de derechos humanos en Chiapas, está prácticamente en crisis.

El gobierno de México en turno, solito se muestra que cómo viola e incumple deberes y obligaciones, por ejemplo: la situación de violencia entre los pueblos de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, sigue cobrando vidas, a pesar de las “medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18) con la finalidad de parar la violencia hacia la población[2].”

La pérdida de vida del base de apoyo zapatista Lorenzo Gómez Ruíz, del municipio de Aldama, es un asesinato. Para nosotros los miembros de Las Abejas lo que pasa en Aldama, no tiene otra explicación más que, consecuencia de la impunidad de la Masacre de Acteal abonada por el Estado mexicano, al no desarmar a los paramilitares autores materiales de dicho crimen. Esa es la razón de que cualquier grupo armado o retoño de los paramilitares, pueden hacer lo que les da la gana y los gobiernos anteriores y el actual, son cómplices.

Este 19 de enero del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), notificó la sentencia del Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México, en donde encontró al Estado mexicano, responsable de graves errores en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, recordamos que Digna fue asesinada durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, el 19 de octubre de 2001. Las Abejas de Acteal, nos unimos a la exigencia de justicia y que el Estado mexicano reabra el caso para que investigue y castigue a los responsables de este crimen. Desde Acteal, abrazamos a los familiares de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.

Hermanas y hermanos, aunque el gobierno en turno y sus ministerios públicos, jueces y fiscalías corruptos torturen y encarcelen personas inocentes, es cuando tenemos que estar más organizados y tener bien abiertos los ojos y pensamientos de nuestra conciencia.

Los hombres y mujeres de Las Abejas de Acteal, de por sí ya sabemos lo que nos toca hacer y acá vamos a estar organizándonos y trabajando en la construcción de la paz verdadera y la justicia, porque esa es la misión que elegimos desde que nació nuestra organización.

Y queremos terminar con nuestra palabra y compartirles que estaremos presentes en la celebración de los 11 años de la Pascua de Jtotik Samuel, a realizarse este 25 de enero en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La memoria y pascua Jtotik Samuel, nos recuerda lo que es nuestra misión, porque él fue quien nos mostró el camino de la defensa de nuestros derechos humanos como sujetos de derecho y de nuestra propia historia; él nos enseñó a entender que Jesucristo vino al mundo para que los humildes y los desposeidos sean libres y vivan en Paz.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, compartimos al mundo, la luz y la esperanza que anidan en nuestros corazones.

¡Libertad inmediata para Yonny Ronay!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Informe de Fondo Ya, de la CIDH en el Caso Acteal!

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez

Presidente

Antonio Ramírez Pérez

Secretario

Victor Manuel López Gómez

Tesorero

Mariano Sánchez Díaz

Sub Secretario

[1] https://frayba.org.mx/persiste-tortura-en-chiapas-para-fabricar-culpables/

[2] https://frayba.org.mx/hieren-en-ataque-armado-a-indigena-tsotsil-habitante-de-aldama/

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