megaproyectos
Perú | Pronunciamiento sobre el asesinato del líder Asháninka Santiago Contoricón
PRONUNCIMIENTO
Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.
Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.
En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.
Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.
Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.
En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:
- Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
- Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
- IDLADS Perú
- OXFAM
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
- Red Muqui
- Paz y Esperanza
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- GRUFIDES
- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
- Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
- Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
- PROÉTICA
- Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
- Instituto del Bien Común (IBC)
- Instituto de Defensa Legal (IDL)
- Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
- Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras
La lucha de los mayas contra el Tren Maya en México
Por Diego Estebanez García
MADRID – A menudo se hace referencia como un “proyecto faraónico” y, en efecto, el Tren Maya que se está tendiendo a través de la península mexicana de Yucatán puede compararse con las obras de los faraones del antiguo Egipto.
El Tren Maya es un plan de infraestructuras que abarca 1500 kilómetros, atraviesa cinco Estados mexicanos y 41 municipios, y tiene siete tramos. Se calcula que costará unos 230.000 millones de pesos mexicanos, unos 12.700 millones de dólares.
El Tren Maya es la gran apuesta en infraestructuras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su gobierno asegura que el proyecto ha traído ya más de 100.000 empleos y que impulsará el desarrollo de una región históricamente olvidada de México a través de la atracción de turismo.
AMLO tiene como prioridad que el tren esté terminado para finales de 2023, tanto que este año aumentó su presupuesto en casi 116 por ciento. Ahora costará 146 mil millones de pesos (8 mil millones de dólares) terminar las obras que, en este momento, llevan casi 44 por ciento de avance según la Secretaría de Turismo.
No obstante, el proyecto que inició en 2018 ha desatado polémica y enojo de diversos grupos, como ambientalistas, biólogos y académicos, e incluso de la sociedad civil. Pero uno de los grupos más ignorados en esta lucha contra el megaproyecto, que es sólo una parte del más grandioso Plan Nacional de Desarrollo de AMLO, es el pueblo maya que llamó a Yucatán su hogar por más de mil años.
“No es un tren, ni es maya”, afirma Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, un movimiento nacional de pueblos indígenas de todo México. El grupo se fundó en 1996 tras el levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas dos años antes.
Sulub se encuentra en Madrid una tarde de mediados de marzo dando una conferencia sobre el riesgo y los peligros que supone el proyecto del tren no sólo para el medio ambiente o los yacimientos arqueológicos locales, sino para el propio pueblo maya y su forma de vida.
“Es un megaproyecto que articula muchos otros proyectos extractivos que ya están en la península”, explica.
Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, durante una reciente conferencia sobre las numerosas preocupaciones, tanto medioambientales como humanas, que rodean al proyecto mexicano del Tren Maya, Madrid, España, jueves 16 de marzo de 2023 (Diego Estebanez García/Latino Rebels)
Mientras muestra una presentación que detalla la historia de la lucha del pueblo maya a lo largo de las décadas, Sulub también recita cómo se han puesto en marcha las iniciativas de desarrollo desde los años 70, cuando Cancún y Playa del Carmen pasaron de ser pequeños pueblos pesqueros a los grandes reclamos turísticos al dia de hoy.
“En este contexto de 53 años de políticas que apuntan hacia el hiperturismo, se han desmantelado las prácticas tradicionales de pueblos como la Milpa Maya”, afirma.
Y no sólo se han visto afectadas las prácticas tradicionales. El turismo masivo ha provocado una destrucción a gran escala del mundo maya durante décadas.
“Está la agroindustria, que ha devastado gran parte de la selva y ha contaminado terriblemente el agua y el suelo, con el uso de agroquímicos que están presentes en el agua, incluso en la leche materna y en la orina de los niños, según los últimos estudios que se han realizado. Especialmente con el glifosato de Monsanto”, explica Sulub.
El movimiento popular maya teme que esto no haga más que agravar la situación. Los daños al medio ambiente en la zona de la Riviera Maya han sido ampliamente documentados, especialmente debido a la reciente construcción del Tren Maya. Oficialmente, el gobierno afirma que se han talado 3,4 millones de árboles para construir las vías del tren, aunque los grupos conservacionistas afirman que la estimación real podría rondar los 10 millones, todo ello a pesar de las promesas del presidente de que ningún árbol se vería afectado.
“Hay una producción increíble de madera, sobre todo la que se está serrando para la construcción. Vemos restos de árboles gigantes de caoba, y no sabemos qué se está haciendo con ellos. Vemos árboles de caoba, de zapote, de ceiba y de granadillo, que son muy valiosos y caros en el mercado y, la verdad, nadie sabe qué está pasando”, dice Sulub.
Funcionarios del gobierno han explicado en el pasado que en realidad no se han talado todos los árboles. Algunos se han trasladado a otros lugares, y dicen también que por cada árbol talado se plantará uno. También afirman que la madera se está utilizando como fertilizante orgánico.
Un referéndum en duda
En diciembre de 2019 se realizó un referéndum por parte del gobierno mexicano para consultar a los pueblos indígenas sobre la construcción y desarrollo del proyecto. Se dice que participaron unas 10.000 personas, de unas mil comunidades indígenas.
El resultado fue una aprobación abrumadora de más del 90 por ciento, aunque la votación fue criticada por grupos de la oposición e incluso denunciada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sulub afirma que no hubo una verdadera campaña de información sobre las repercusiones negativas que tendría el proyecto, y se denunció la falta de participación de los grupos indígenas.
Sulub afirma que, en realidad, aunque el Tren Maya goza de un fuerte apoyo entre los mexicanos que viven dentro de los cinco estados implicados, una gran parte del pueblo maya está en contra o expresa su preocupación por las consecuencias negativas a largo plazo que tendrá el tren.
“No podemos decir con certeza cuánta gente está en contra de este proyecto. La mayoría de la población dentro de la Península de Yucatán está a favor, pero esa aprobación hay que analizarla con su complejidad. Esa gente que en su mayoría está a favor, lo único que sabe es que necesita trabajo. El argumento de los empleos ha sido muy poderoso porque hay mucho empobrecimiento en la zona”, explica Sulub.
Uno de los principales argumentos del movimiento indígena contra el modelo de desarrollo “neoliberal”, que se ha implantado en toda la región, es que los únicos empleos que se ofrecen a los mayas son los de servidumbre.
Para los propios mayas significa convertirse, una vez más, en lacayos de una poderosa industria turística que se aprovecha y explota laboralmente a través de salarios indignos, falta de seguridad social y condiciones de vivienda deprimentes marcadas muchas veces por el hacinamiento infrahumano. Emigran de sus comunidades a las ciudades y se enfrentan a una realidad para la que no estamos preparados: inseguridad, delincuencia, trata de seres humanos”, afirma Sulub.
Añade que los impactos negativos inmediatos de las obras, así como los problemas relacionados con las drogas y la violencia que rodean a las grandes ciudades de Quintana Roo, son una gran preocupación para los mayas que viven en el sur de la península, quienes temen que esas miserias se extiendan a sus zonas.
“Existe el temor de un debate frontal en torno a estos temas, como los impactos ambientales o la violencia. Porque cuando vamos a las comunidades, hablamos con los ancianos sobre la devastación de la selva, y nos dicen: ‘No queremos eso’. Y hablamos con las madres de familia y nos dicen: ‘No quiero que mis hijas vivan lo que se vive en Cancún’, refiriéndose a la ola de narcoviolencia y feminicidios. Pero no hay protestas ni críticas directas”, se queja Sulub.
Militarización e intimidación
Este temor generalizado entre la población maya puede deberse a un cambio en la estrategia de seguridad que AMLO ha implementado en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha visto reforzada en los últimos años, abarcando desde la administración y construcción del aeropuerto más nuevo de Ciudad de México, el Internacional Felipe Ángeles, hasta la recién creada Guardia Nacional y la estrategia general del país para combatir a los cárteles de la droga.
Aunque al principio el ejército mexicano sólo se encargaba de la seguridad del proyecto, con el tiempo los militares han ido adquiriendo un control cada vez mayor sobre el mismo, llegando incluso a convertirse en los constructores de los próximos sexto y séptimo tramos de la vía férrea y de parte del quinto, después de que la empresa Grupo México abandonara el proyecto el año pasado debido al apretado calendario del gobierno. Ahora el ejército se convertirá en el administrador y operador general del Tren Maya una vez que comience a funcionar. El Secretario de Turismo anunció que los ingresos del tren se destinarán directamente al fondo de pensiones de los soldados.
“Es una continuación de la militarización que reprime la disidencia de las comunidades indígenas, que comenzó con el Movimiento Zapatista en 1994 y que llega hoy en forma de este tren”, dice Sulub, quien también sostiene que la intimidación contra los compañeros activistas se ha intensificado durante la actual administración.
Él y otros mayas también se sienten defraudados por el sistema judicial en su lucha contra este proyecto. Aunque se han presentado más de 30 recursos judiciales contra la continuación y el desarrollo de las obras por parte de grupos ecologistas como Selvame del Tren, debido a la falta de estudios ambientales o de permisos para el cambio de uso del suelo, entre otras cosas, el gobierno ha encontrado la manera de continuar con el proyecto.
La última decisión judicial fue la suspensión total de la construcción del quinto sector del ferrocarril por falta de un permiso. Sin embargo, para los activistas mayas, el daño ya estaba hecho.
Montzquesisalta: #SelvameDelTren @SalvameTrenBot https://t.co/KUhEfCADZS
— Selvame del Tren Maya Bot (@SalvameTrenBot) March 21, 2023
Una de las estrategias del gobierno es promover el trabajo comunitario que se realiza junto al proyecto del Tren Maya.
#SúbeteAlTren 🚄 La artesanía es una gran expresión cultural de los pueblos; en Palenque, punto de arranque del Tren Maya, encontramos una de las más bellas muestras en los trajes regionales, bordados y pirograbados con figuras y elementos de la cultura maya#SúbeteALaHistoria 🔍 pic.twitter.com/9lRaPYLF6M
— Tren Maya (@TrenMayaMX) March 30, 2023
Una plataforma internacional
Aunque Sulub ve la lucha como la de David contra Goliat, no tiene intención de rendirse. Vino a Madrid en marzo para explicar a los españoles la implicación de la principal compañía ferroviaria española, Renfe, que ha asesorado el proyecto. Subraya lo que puede ayudar a la causa hablar de la implicación de empresas extranjeras.
“Las empresas intentan mantener su reputación y su estatus en la comunidad europea, y están participando en un proyecto que está violando los derechos humanos, que está cometiendo un ecocidio”, afirma. “Debemos trabajar colectivamente. Hay empresas de Portugal, China, Francia, España que participan en un megaproyecto que viola los derechos humanos.”
Las presiones han llegado desde dentro y fuera de México. Incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hablado continuamente de los problemas medioambientales.
En las últimas semanas, un tribunal civil reunido en la ciudad de Valladolid, en el estado de Yucatán, llamado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza -formado por expertos, activistas y conservacionistas de varias partes del mundo- señaló las diversas violaciones cometidas contra las comunidades mayas por el Tren Maya.
En su veredicto, el tribunal, cuyo propósito es investigar las luchas climáticas en todo el mundo, afirmó que el megaproyecto pone a los ecosistemas y a las comunidades mayas en grave peligro de destrucción, y acusó al gobierno mexicano de violar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos individuales y colectivos, y los derechos bioculturales del pueblo maya, configurando así delitos de “ecocidio y etnocidio”.
“Tenemos que articular nuestro movimiento no sólo dentro de nuestras comunidades y territorios, sino también a nivel internacional, para que la demanda venga de todas partes, para poder sacudir el sistema económico y político que realmente está detrás de este proyecto”, dice Sulub.
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Diego Estebanez García es un periodista mexicano afincado actualmente en Madrid. Su trabajo ha aparecido en El País y El Periódico. Twitter: @DEstebanezG
