Video 4: Violencia hacia la economia autónoma y la destrucción de la Madre Tierra.
Posted by Ajmaq on Monday, 11 January 2021
Video 4: Violencia hacia la economia autónoma y la destrucción de la Madre Tierra.
ROMPIENDO FRONTERAS
-Medio Oriente y la India
INDIA: Protestas campesinas llegan a Nueva Deli, represión y enfrentamientos contra las leyes que benefician a los grandes capitalistas.
PALESTINA: Mujeres bajo bloqueo en Gaza: sus luchas para derribar muros
KURDISTAN: Rojava celebra el 6º aniversario de la victoria de Kobanê
-ESTADOS UNIDOS: Rediit: Jugando en el Mercado Valores y la farsa capitalista. Por Yisus Wero
-Presos Politicos
CHILE: Comunicado de los presos Mapuche Huelga de Hambre en Angol
ESTADOS UNIDOS: Jalil Muntaqim anima a los revolucionarios en todo el país a apoyar a Prison Lives Matter
ESTADO ESPAÑOL: Dictan Prisión a Pablo Hassel por escribir que los reyes de España son unos ladrones. Protestas globales en solidaridad con el músico. Por Armando Soto.
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
CDMX: Protesta de Trabajadores del IMSS por falta de vacunas para el personal. En México se ha priorizado al ejercito y a funcionarios por encima de los trabajadores de la salud.
LUCHA POR LA VIDA: Litio, el oro blanco; A un año del asesinato de Homero Gomez y a 2 del de Samir Flores defensores de la tierra; Y ataque a Yesenia Zamudio. Por Juan Perez
MUJERES: Protestas contra el candidato a gobernador Felix Salgado acusado de violación y protestas en Chiapas por feminicidio en la UNACh
Música:
Pablo Hassel – Juan Carlos El bobon
Leticia Servin – Presos Políticos Homenaje a Judith Reyes
Arauko Rock – Los pacos son unos bastardos
Por Jasmin Hristov y Karen Spring
A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.
Parte IV
Paramilitar en el Sector Energético
La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.
El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).
El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).
En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.
El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.
El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).
A nivel comunitario, DESA colaboró con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).
Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.
En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.
Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.
Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo
A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.
El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).
Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).
En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).
Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).
La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.
Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.
Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.
Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».
La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.
Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».
La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.
Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».
El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».
Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»
Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».
En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.
Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos
Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.
RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.
Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.
Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.
La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.
Por Ñaní Pinto y Javier Ruiz
Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa hidroeléctrica de usos múltiples denominada “Paso de la Reina”, proyectada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un proyecto que ha retomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde febrero del año 2020. Este campesino fue asesinado, el pasado 21 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec, en el mismo estado.
En un comunicado, las autoridades ejidales de Paso de la Reyna, comunidad ubicada en Jamiltepec, y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), del cual era miembro, denunciaron que Heras Cruz había sido amenazado en días anteriores. “El agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado por la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran. Le escoltaron hasta llegar al poblado”, de acuerdo con el documento.
Además, en el comunicado señalaron conflictos vividos en la comunidad. Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo. Ante esta acción, la comunidad inicialmente se opuso, sin embargo, se vio obligada a suscribir un convenio de explotación.
Debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río. “La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, sostuvieron los ejidatarios en el documento.
El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Heras Cruz rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado. En dicha sede, de acuerdo con el comunicado, se acordó invertir los recursos de la extracción. “Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias y Rivas Marquez a la comunidad. También se mencionó que era importante que el comisariado cobrara el adeudo”, señalaron los pobladores en dicho comunicado.
Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México han expresado su indignación por el asesinato. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato y exigió “una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen”.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también se pronunció y condenó el asesinato. Luego que el organismo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021. El órgano pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.
A pesar de que el mandatario de México, López Obrador, sostuvo el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina, que “no se construirán nuevas presas” y que “no se realizaría la presa Paso de la Reina en Oaxaca”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la fase siguiente de este proyecto. Es así que esta instancia de gobierno aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovida por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V.
Tras el activismo de Heras Cruz y otros ambientalistas en el proceso de defensa del Río Verde, se ganó un amparo contra el mencionado proyecto, en el cual se determinó salvaguardar 300 cuencas de aguas mexicanas, entre ellas, Paso de la Reina.
De acuerdo con datos de la Semarnat, en México existen más de 500 conflictos socioambientales, los cuáles presuponen “una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos”, según esta instancia de gobierno.
La probabilidad de morir asesinado por oponerse a los intereses económicos, en México, continúa con el gobierno de López Obrador, ya que en su agenda se vienen acelerando complejos que se detuvieron por la resistencia de los pueblo ejercida contra los gobiernos que le precedieron. El inicio de su gobierno, en 2019, quedó marcado por el asesinato del campesino y ambientalista de 36 años, Samir Flores. Este indígena náhuatl se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado. Ambos complejos formaban parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
En lo que va del gobierno de López Obrador, por lo menos 20 ambientalistas han sido asesinados en México, incluso en el primer año de la pandemia del Covid-19. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado once ambientalistas asesinados: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en guerrero. Los demás en Veracruz, San Luis Potosí y Baja California.
La situación de los pueblos en resistencia en México se puede agudizar aún más, ya que el periodo de gobierno de López Obrador casi llega a la mitad y la amplia agenda de proyectos se van acelerando conforme pasa el tiempo. Sus inversiones más ambiciosas se han enfocado hacia el sureste de México con el denominado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, una región con una amplia presencia de pueblos originarios de este país.
Por Santiago Navarro F
Foto de portada por Santiago Navarro F
Tras la aceleración de contagios por Covid19 a escala global, el Banco Mundial (BM) ha alertado que la economía ha sufrido un duro golpe, mucho peor que las crisis suscitadas en los últimos 150 años. Se estima que la economía global en 2020 tuvo una caída de hasta 4.3%, “lo que la convierte en la cuarta recesión global”, superada solo por “la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial”, según el BM.
La pandemia ha causado un gran número de muertes y ha sumido a millones de personas en la pobreza extrema y, advierte el BM, puede continuar “durante un período prolongado”, dónde el escenario puede ser más devastador.
Las cifras registradas en el inició de la pandemia rondaban entre “119 millones y 124 millones” de personas en extrema pobreza en el mundo, según el informe lanzado por el BM en enero del 2021, llamado Global Economic Prospects. En este mismo documento se estima que durante el año 2021 puede aumentar en 100 millones más las personas en esta situación, es decir personas que viven con menos de dos dólares al día. “Todo el progreso realizado durante la década de 2010 se ha borrado”, se argumenta en el documento del BM.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asume estadísticas mas drásticas al considerar que ha habido un retroceso de dos décadas en cuanto a la reducción de la pobreza. “Se espera que la pandemia revierta el progreso logrado”, asevera esta instancia en su informe World Economic 2021, quien, también asegura que esta crisis ha sido más severa que la del 2008-2009 estallada en los Estados Unidos y que impactó a escala global, al grado de que gobiernos, como Estados Unidos, entró al rescate de los bancos y diversas empresas.
Aunque la pobreza generada por este escenario de pandemia no es nueva, simplemente se ha agudizado. La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) había documentado que, tan solo en 2019, la pobreza mundial rebasaba 1.300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día, con la pandemia se estaría hablando de más de 1500 millones de personas en situación de pobreza para el 2021. “Son pobres en todos los sentidos de la palabra, porque no tienen apenas ingresos o carecen de acceso a agua potable, alimentos suficientes o electricidad”, según la ONU.
Estos organismos muestran un gran interés por impulsar “la recuperación de la confianza de los consumidores y las empresas, y reforzar la confianza de los mercados financieros”, según el informe del BM. Lo que pretenden es que el sistema productivo de bienes y servicios se acelere nuevamente a una velocidad inusual, que las personas sigan consumiendo de forma desmedida como se venía haciendo para acelerar el crecimiento económico. “Se espera que el consumo continúe fortaleciéndose y la inversión se recupere”, sostiene el BM.
Para el teórico y crítico David Harvey, en su análisis titulado Política anticapitalista en la época del Covid-19, esta necesidad de aumento del consumo y por consecuencia de la producción es “es un modelo de la economía capitalista como una espiral de expansión y crecimiento sin fin”, lo que ha provocado impactos severos en la crisis ambiental y climática.
Harvey ya alertaba sobre este contexto de crisis económica global desde el inicio de la pandemia. “Sabía por mis estudios del modelo económico que los bloqueos y las interrupciones en la continuidad del flujo de capital resultarían en devaluaciones y que, si las devaluaciones se generalizaban y eran profundas, eso señalaría el inicio de la crisis”, señala el teórico, quien ha hecho una larga documentación en varios libros sobre las crisis económicas y el neoliberalismo.
El analista advierte que “las economías capitalistas contemporáneas están impulsadas en un 70 o incluso en un 80% por el consumismo”, pero, además, “la confianza y el sentimiento del consumidor se han convertido en los últimos cuarenta años en la clave para la movilización de la demanda efectiva y el capital se ha vuelto cada vez más impulsado por la demanda y las necesidades”.
Pero con el Covid-19, agrega Harvey, “está apuntalando no a una fluctuación salvaje sino un choque todopoderoso en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más ricos. La forma en espiral de acumulación de capital sin fin está colapsando. Lo único que puede salvarlo es un consumismo masivo inspirado y financiado” por los gobiernos.
Los países más vulnerables
El BM argumenta que todas las regiones son vulnerables a la continuidad de la pandemia, así como al estrés financiero por la elevación de los niveles de deuda que han contraído los gobiernos para atender esta crisis. Sin embargo, el crecimiento sería más bajo en las principales economías de América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África del Norte y África Subsahariana. Cuando se refiere a las principales economías de la región latinoamericana, estas son: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.
Los países llamados emergentes o en desarrollo, de acuerdo con el BM, se han visto más vulnerables por su dependencia del mercado internacional, sobre todo, por las exportaciones de materias primas. “Las economías que sufrieron los peores descensos fueron las que tienen una fuerte dependencia de los servicios, el turismo y exportaciones de materias primas y productos industriales”, afirma el BM.
Nueva ola de reformas estructurales
De acuerdo con el Doctor Tedros Adhamom, director de las Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos a punto de rebasar “cien millones de casos notificados”, advirtió en conferencia de prensa este 25 de enero. Aunque las cifras son una media y no considera los casos que no han sido notificados, por ello, hay quienes advierten que el número de contagios podría ser el doble de esta cifra.
Los principales índices bursátiles como el FTSE, el Dow Jones Industrial Average y el Nikkei, quienes se mantienen de pie al apostar por la producción y consumo a futuro, experimentaron grandes caídas a medida que avanzaba el número de casos de covid-19 al comienzo de la pandemia.
Desde que se comenzaron a desplegar las primeras vacunas, las principales bolsas asiáticas y de EE.UU. tuvieron un respiro.
Las principales economías del mundo junto al BM, FMI y las bolsas de valores, le apuestan a un rápido despliegue de vacunas para reducir lo más pronto posible la pandemia, “lo que provocaría un fuerte aumento de la confianza del consumidor”, según el informe del BM.
Tras las expectativas del BM, FMI y las empresas multinacionales, también hay temor, sobre todo temen lo que ya se esta evidenciando en diversos países, “una mala gestión de las vacunas”, y según alerta el BM, “esto interrumpiría la ya lenta recuperación y agravaría el daño a la economía mundial”.
Pero más que eso, si el despliegue de vacunas falla, el BM avizora que “también agravaría las tensiones existentes: una debilidad económica prolongada podría desencadenar una ola de quiebras; los balances bancarios podrían deteriorarse aún más; los gobiernos podrían no poder seguir brindando apoyo; y, en algunas circunstancias, episodios temporales de desempleo y cierres de empresas podrían volverse permanentes”. Un escenario donde se tendría que recurrir a nuevos rescates.
Más allá de las perspectivas económicas a corto plazo, el BM advierte que se impondrá una nueva batería de reformas estructurales, en materia de salud pública, gestión de la deuda, políticas presupuestarias y banca central, que garanticen “que sienten las bases para un sólido crecimiento y desarrollo a largo plazo”.
Por Jasmin Hristov y Karen Spring
A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.
Parte III
La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.
Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).
Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.
Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.
Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.
El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).
El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).
Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.
Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).
Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019
El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).
Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.
En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.
Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).
El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).
Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.
Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.
Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).
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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.
En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.
No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.
Posted by Ajmaq on Monday, 11 January 2021
Video 4: Violencia hacia la economia autónoma y la destrucción de la Madre Tierra.
Posted by Ajmaq on Monday, 28 December 2020
Video 3: Difamación y calumnia hacia las comunidades zapatistas (Realizado durante la Misión Civil de Observación)
Posted by Ajmaq on Friday, 11 December 2020
Video 2: Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos.
Posted by Ajmaq on Wednesday, 25 November 2020
Video 1: Mecanismos de la violencia hacia los cuerpos – territorios de las mujeres
Posted by Ajmaq on Wednesday, 11 November 2020
Consulta el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moises Gandhi. aqui: https://redajmaq.espora.org/informecaravana2020
Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021
DENUNCIAMOS LAS AGRESIONES PARAMILITARES DE LA ORCAO A LA COMUNIDAD ZAPATISTA DE MOISÉS GANDHI, CHIAPAS, MÉXICO.
Desde la aparición pública del EZLN en enero de 1994, el gobierno mexicano en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) ha promovido, organizado, financiado y alentado a distintos grupos paramilitares para que ataquen a la población civil zapatista.
En este contexto, la comunidad de Moisés Gandhi, ubicada en el crucero Cuxuljá, municipio autónomo de Lucio Cabañas, (del municipio oficial de Ocosingo) ha sufrido recientemente varios ataques por parte del grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo).
– El pasado 22 de agosto, la ORCAO atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las bodegas de café del Centro de Comercio “Nuevo Amanecer del Arcoiris”, ubicado en el crucero de Cuxuljá.
– El pasado 8 de noviembre, la ORCAO secuestró a Félix López Hernández, base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi a quien golpearon, amarraron y encerraron sin agua ni alimentos hasta el día 11 noviembre en que fue liberado.
– El lunes 18 de enero de 2021, la ORCAO disparó contra la comunidad de Moisés Gandhi. El ataque comenzó a las 1530 hrs (hora de México) y hasta las 1800 hrs. hubo disparos en contra de las casas de la comunidad. 170 disparos de calibres grandes y 80 de calibres chicos.
– El miércoles 20 de enero de 2021, a las 16:00 horas, nuevo ataque armado contra la comunidad, con calibres grandes y chicos. A las 22:30 horas de nuevo ataque con armas de fuego contra la comunidad.
– El jueves 21 de enero de 2021, nuevos ataques con disparos contra las casas de la comunidad de Moisés Gandhi. Primero a las 00:30 horas y posteriormente desde las 02:10 horas hasta las 02:55 horas.
Se calcula que el número de atacantes es de al menos 20 personas. Todas pertenecientes a la organización paramilitar ORCAO de las comunidades de San Antonio, Cuxuljá, San Francisco y 7 de febrero.
(Toda la información se puede consultar con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, Chiapas, México)
Por todo lo anterior, denunciamos la escalada paramilitar contra las comunidades zapatistas, así como la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal en la misma.
Digan lo que digan, declaren lo que declaren, firmen los documentos que firmen, los malos gobiernos están financiando, promoviendo y respaldando los ataques de grupos paramilitares, como el de la ORCAO, contra la población civil. Son criminales pues, aunque piensen que no se ensucian sus manos con la sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos que viven pacíficamente en todas esas comunidades atacadas por los paramilitares.
¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!
¡ALTO A LOS ATAQUES PARAMILITARES!
¿ALTO A LA MUERTE QUE SIEMBRAN LOS TRES PODERES DE GOBIERNO!
Organizaciones, colectivos, individuos, firmantes:
País vasco
Lumaltik Herriak
Estado español
Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-,
Asamblea de Solidaridad con México (ASMEX)
Italia
TATAWELO
Para enviar tu firma, escribe un correo a info@lumaltik.org