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Avispa Midia

Secretos mineros: Revelaciones del poder y crímenes de mina en El Estor

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

En portada: Instalaciones de la mina de níquel en El Estor, Izabal

Un grupo de periodistas y académicos, dentro y fuera de Guatemala, han investigado las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal.

Desde el año de 2017 se ha documentado el asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de líderes, autoridades ancestrales y periodistas maya Q’eqchi’.

Cuatro años después se cubrió la imposición de una consulta con la complicidad del Estado, sobre todo durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Gimmattei, para que la mina operara ilegalmente cuando tenía que estar clausurada tras la resolución de la máxima corte constitucional, la cual ordenó su cierre por no haber consultado a las comunidades afectadas y por funcionar, durante 22 años, sin los estudios ambientales correspondientes.

En el contexto de la colaboración de periodistas de 20 medios internacionales en The Store Project, Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir los trabajos de investigación que develan los secretos más oscuros de la mina.

A continuación, puedes consultar los reportajes que revelan el pago de apoyos constantes a la PNC para garantizar su colaboración en el desalojo de comunidades Q’eqchi’ de tierras apetecidas por la mina; el uso de tácticas de espionaje y vigilancia para criminalizar a líderes indígenas y a periodistas locales críticos de la actividad minera; el ocultamiento de la contaminación ambiental, sobornos y la tolerancia del Estado de Guatemala a las irregularidades de la empresa ruso-suiza.

Гватемала: Guatemala se escribe en ruso

El gobierno de Guatemala ha permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal.

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La mina espía y criminaliza para controlar El Estor

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal.

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Guatemala: La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines

La minera de níquel opera violando leyes, produciendo contaminación y atropellando a las personas que se declaren en oposición.

Consulta el reportaje completo


Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.

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Avispa Midia

Voces de las disidencias sexuales en encuentro de medios alternativos en Guatemala

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Foto de portada: Santiago Navarro F.

Durante casi una semana, diversos medios comunitarios, alternativos e independientes han compartido reflexiones sobre el quehacer periodístico en la actualidad. Han resaltado las condiciones adversas de cada país, que van desde agresiones y amenazas directas, robo de equipo, persecución y hasta el asesinato. Una labor que se realiza, en la mayoría de los casos, con recursos mínimos, pero destaca el ejercicio de una autonomía en las líneas editoriales y formatos que se usan.

Bajo estas condiciones, la vulnerabilidad de lxs periodistas es más drástica cuando se es mujer, trans, lesbiana, disidente sexual. Durante el encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abril, en Guatemala, han participado periodistas indígenas y urbanos de estas disidencias que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina.

En este evento ha participado delegaciones de 11 países: Brasil, Colombia, Bolivia, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y el País Vasco. A continuación, presentamos algunas voces recogidas de las disidencias sexuales en este evento.

Encuentro continental “mujeres, territorio y libertad de expresión”, realizado en Guatemala los días 25 al 29 de abril.
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Estado de Excepción en el Aguán; campesinos responsabilizan agroindustria

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.

En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.

De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.

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Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.

La Policía ha desplegado un fuerte contingente de efectivos ante el brote de violencia en Colón

Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.

La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.

Alerta

La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.

Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.

También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.

Funeral de un campesino asesinado en la plantación Paso Aguán. 2011. Manu Brabo

Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.

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A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”.  Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.

Boicot

La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.

Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.

“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.

“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.

Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.

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Avispa Midia

Banco Mundial anuncia que se avecina una crisis mucho peor que con la Covid-19

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Cierres de infraestructura clave, como el Puerto de Ningbo-Zhoushan, Zhejiang en China, han creado “cuellos de botella” en la circulación de productos industriales alrededor del mundo.

El Banco Mundial (BM) ha alertado que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, están aconteciendo pérdidas económicas severas en la región de Europa, Asia Central y el resto del mundo. Este escenario es considerado, por este organismo, como la segunda crisis más importante en estos dos años, así como la sexta recesión global más grave.

Las previsiones son benéficas para las empresas y gobiernos productores de petróleo, pero los impactos más severos recaen en las poblaciones y países más pobres. El BM señala en su documento llamado Guerra en la región: Europa y Asia Central, presentado este 2022, que se prevé que 40 millones de personas podrían cruzar el umbral de pobreza extrema. No obstante, en 2021, con la COVID-19, el Banco ya había documentado que al menos 100 millones de personas se sumaban a este umbral.

Además, la Organización de las Naciones Unidas ya registraba que, en 2019, la pobreza mundial rebasaba 1,300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día.

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El BM, en su documento recién lanzado, muestra su preocupación por el ritmo de producción de mercancías y servicios, ya que en 2022 prevé una caída del doble de lo que fue la recesión sufrida en 2020. “Los países de la región ya se estaban preparando para una ralentización de la recuperación del COVID-19 que comenzó en 2021, debido a la reducción del crecimiento”, pero con la guerra empeoró la situación señala el Banco.

El documento anuncia que las continuas interrupciones en las economías, por la COVID-19 y la escalada de las tensiones geopolíticas, ya deja sentir los impactos a través de múltiples canales, como los mercados financieros y de materias primas, los vínculos comerciales y migratorios y en la confianza de los inversores.

Estos contextos han golpeado principalmente los bolsillos de los consumidores con la subida de precios de los energéticos y los alimentos a nivel mundial. Esto es uno de los factores, al que atañe el BM, “han llevado a un número significativo de personas a la pobreza extrema”.

Tras la guerra en Rusia y Ucrania, la región Euro-Asiática sintió inmediatamente los efectos y, posteriormente, en escalada, ha impactado al resto del planeta.  Rusia es un importante exportador de energía y metales industriales, pero, además, entre los dos países en conflicto bélico, suministran conjuntamente más del 25% de las exportaciones mundiales de trigo.

Estantes vacíos durante el fin de semana en un supermercado Giant Foods de Alexandria, Virginia, EEUU.

“Europa depende especialmente de la energía rusa, de la que importa el 47% del gas natural y el 25% del petróleo. Armenia, Georgia, Kazajstán y Turquía importan más del 75% de su trigo de Rusia y Ucrania, y muchos países de Oriente Medio y África dependen de las importaciones de trigo y otros productos básicos provenientes de Rusia y Ucrania, lo que podría provocar inseguridad alimentaria”, alerta el Banco Mundial.

El escenario actual ha fragilizado los tejidos de la llamada globalización económica y financiera, al interrumpir la conectividad de las rutas comerciales, lo que ha provocado no solo el aumento de los costes de producción, sino que, también, tensiones en las cadenas de los principales sectores industriales en el mundo. Desde la industria alimentaria, la automovilística, la construcción, la petroquímica y la del transporte.

La migración

Junto a los impactos económicos, también se está desprendiendo una ola migratoria y de refugiados provenientes tanto de Rusia como de Ucrania, así como de los países impactados. El Banco Mundial registra que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania. Más de la mitad han cruzado a Polonia y otros más se han dirigido hacia Hungría, Moldavia y Rumanía. “Se calcula que el número de refugiados aumentará en los próximos meses, por lo que los países de acogida tendrán que afrontar el reto de acogerlos”, según este organismo.

Desde que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, anunció que recibiría hasta 100 mil personas que están huyendo de la guerra, en Tijuana, la frontera de México, cada día sigue llegando gente proveniente de Ucrania, Rusia y de otros países. Este nuevo reflujo migratorio se suma a los miles de personas que esperan cruzar hacia EEUU, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití.

“Habrá que movilizar rápidamente recursos financieros adicionales y ayuda humanitaria para aumentar la capacidad y garantizar la prestación de servicios básicos. En Ucrania, se calcula que ya hay 6,5 millones de personas desplazadas internamente y que aproximadamente un tercio de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia”, señala el documento del BM.

Mientras tanto, EEUU recibe a los miles de migrantes en unas de sus peores crisis. De acuerdo la Oficina de Estadísticas Laborales el Índice de Precios al Consumidor de este país ha alcanzado uno de los niveles de inflación más altos en los últimos 40 años. Alcanzó un incremento de 8,5% para el año que finalizó en marzo y lo mismo sucede en América Latina.

El impacto de la guerra en las perspectivas económicas de la región depende de cómo evolucione el conflicto en curso. “Un conflicto más prolongado podría incrementar los costes humanos y económicos, aumentar la incertidumbre política, fragmentar la integración regional y perturbar los vínculos críticos de comercio e inversión”, prevé el organismo financiero mundial.

Transición energética

El Banco Mundial ha aprovechado los diversos escenarios de crisis para acelerar las políticas que permitan el reemplazo de la matriz energética, sobre todo en los sectores productivos, como una necesidad para sostener el ritmo de producción de mercancías y servicios y así, el engranaje de las principales economías pueda funcionar.

Por ello, este organismo llama a los Estados-nación a “mantener la atención en la mejora de la eficiencia energética y la transición verde para asegurar un futuro sostenible”.

Según el BM, la guerra y el aumento de los precios de la energía convencional, “demuestran aún más el atractivo de las energías renovables y la importancia de la transición de los sistemas energéticos hacia una energía más barata, limpia y fiable”, ya que ello asegurará “el uso de innovaciones tecnológicas que podrían permitir a las economías de la región mitigar el impacto de la guerra en el crecimiento económico”.

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Avispa Midia

Encuentro continental para levantar alarma sobre persecución a periodistas comunitarios

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

por Prensa Comunitaria

Periodistas de Guatemala, Bolivia, México, El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina conversarán durante una semana sobre los retos que implica en estos momentos de regresiones autoritarias en el continente ejercer el periodismo desde los territorios con enfoques comunitarios, feministas e indígenas.


Los periodistas se reunirán del 25 al 29 de abril en Guatemala para conversar, tomar una pausa en el intenso camino de informar a diario sobre lo que pasa en sus comunidades y reflexionar sobre la importancia de comunicar desde el territorio, privilegiando voces feministas e indígenas.

El encuentro empezará con una jornada de reflexión que acompañará Pedro Vaca, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, quien compartirá sobre los mecanismos de protección que apoya la Comisión y sobre las acciones concretas tomadas en casos específicos de periodista amenazados, perseguidos y acosados por actores criminales, élites de poderes políticos económicos e incluso por los gobiernos de sus países.

La jornada de reflexión estará acompañada también por Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, quien en entrevista con Prensa Comunitaria, uno de los organizadores del encuentro, aseguró que en el país centroamericano hay muy pocas garantías para el libre ejercicio del periodismo, lo cual ha afectado la calidad democrática de Guatemala.

El resto de la semana, los periodistas realizarán actividades como paneles, talleres y ejercicios de reflexión a partir de las experiencias específicas de sus países.

Inauguración del Encuentro Continental de Periodismo en Guatemala. Foto: Prensa Comunitaria

Durante el encuentro se destacará el papel de las periodistas en la defensa del territorio desde un ejercicio de género y resistencia. También se analizará el papel que han jugado los periodistas indígenas en la defensa de sus comunidades al denunciar los abusos históricos a los que estas han estado sometidas, sobre todo por parte de gobiernos, estructuras paramilitares y la industria extractivista.

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A diferencia de otros encuentros, centrado en el ejercicio urbano del periodismo desde agendas relevantes para las ciudades capitales, en este los protagonistas serán los comunitarios, quienes ejercen el periodismo desde una óptica diferenciada, la que da hacerlo de forma constante desde los mismos territorios.

Un documento preparatorio del encuentro lo explica así: “El periodismo comunitario y el periodismo feminista son categorías que funcionan como mecanismo de romper la hegemonía de la narrativa dominante para la exigibilidad de derechos. Ambos, juntos a otros nombres del periodismo fuera del cerco oficial y corporativo que funcionan para los sectores que se benefician de las estructuras de desigualdad social, han diversificado presencia de actores sociales en campo mediático y diversificado los modelos de reporteo, actores e incorporar a sujetos oprimidos por el poder dominante e invisibilizados por el periodismo de este.”

Desde Prensa Comunitaria, ese periodismo pretende romper con la forma tradicional de reportear y contar, distanciarse de eso, siendo la propia gente la que produce su propia información, para sí misma y desde sí misma. Es un compromiso con la transformación de la realidad y las formas de comunicar.

El encuentro ocurre en momentos en que el continente americano vive importantes regresiones democráticas debido a los afanes autoritarios de sus líderes, desde Jair Bolsonaro en Brasil hasta Alejandro Giammattei en Guatemala y Nayib Bukele en El Salvador. Estas nuevas autocracias, caracterizadas por el afán de concentración de poder y la difuminación de los controles sociales que suelen ser garantías del respeto a los derechos individuales y sociales en las aún frágiles democracias latinoamericana, han golpeado, y fuerte, al periodismo, sobre todo al comunitario.

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Reflexionar y compartir experiencias es parte de un ejercicio más integral de resistir, desde el periodismo comunitario, esos embates autoritarios.

La situación en Guatemala

La situación del país anfitrión del encuentro es solo una muestra del deterioro continental. En Guatemala, las agresiones a periodistas no son nuevas, mucho menos en el caso de periodistas comunitarios, que han tenido que soportar desde hace años encarcelamientos, allanamientos de sus viviendas, zozobra impuesta por las autoridades o persecución de empresas privadas extractivas que son dueñas y señoras del territorio ahí donde tienen proyectos mineros o hidroeléctricos.

Inauguración del Encuentro Continental de Periodismo en Guatemala. Foto: Prensa Comunitaria

En los últimos años, sin embargo, la situación general de deterioro democrático durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han agravado la persecución a periodistas. Solo en 2021, Prensa Comunitaria registró 125 agresiones a periodistas.

Uno de los ejemplos que mejor ilustra el patrón de agresiones es el de El Estor, el municipio de Izabal en el que funciona una mina ruso-suiza que sobornó al Estado de Guatemala para reprimir a los comunitarios Maya Q’eqchi’ que se han opuesto a la depredación ambiental de la mina. Los periodistas que han cubierto estas luchas, también Maya Q’eqchi’, han sido objeto de persecución constante desde 2017, cuando la Policía Nacional Civil, al servicio de la minera, mató a un pescador, y más recientemente en 2021, cuando el Ministerio Público abanderó la persecución de tres periodistas comunitarios que documentaron más agresiones de la PNC.

De forma extraoficial se registra que ya de Guatemala han tenido que salir al menos cuatro periodistas acosados por el régimen de Giammattei.

Todos los casos de persecución, y en especial los que tienen que ver con el periodismo comunitario, están amparados en una cultura de impunidad que se ha alimentado en los últimos años por la regresión autoritaria que, como se dijo, no es exclusiva de Guatemala.

Durante este encuentro periodístico, serán los periodistas comunitarios del continente, las periodistas feministas e indígenas quienes buscarán, con el diálogo, la forma de resistir desde el periodismo.

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Foto reportaje: Miles de indígenas de Brasil sostienen manifestaciones por 10 días

Fuente: Avispa Midia

Representantes de 200 pueblos originarios de Brasil viajaron hasta Brasilia, la capital de este país, para sostener manifestaciones del 4 al 14 de abril, contra la política anti indígena que ha marcado el gobierno de Jair Bolsonaro.

Durante el Acampamento Tierra Libre, como ha sido bautizado este conjunto de acciones, afirmaron que el gobierno de Bolsonaro “no demarcó ni un milímetro de tierra indígena”, lo que significa que durante su mandato no ha reconocido, oficialmente, ningún territorio ancestral. El recurso jurídico con el que se debe reconocer estas áreas es “la demarcación”.
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La violencia latente en el Perú deja al menos cinco muertos

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Foto de portada por @lazlogram

Las protestas de sindicatos y sectores de la población en el Perú por la subida de precios desencadenaron -en al menos 10 de las 25 regiones del país- un clima de inestabilidad política paralizante, potencialmente conflictiva, autodestructiva para la nación. La represión policial ocasionó cinco muertes -un menor de edad de 13 años entre las víctimas-, en la semana más crítica de los nueve meses de presidencia de Pedro Castillo. De momento se detuvieron las manifestaciones, tras anuncio de medidas de ajustes del Gobierno.

A la vez que reclamos por el incremento del valor de combustibles y fertilizantes, ocasionado por la guerra en Ucrania, los gremios agrarios y de transportistas apuntan a políticas económicas estructurales. Como una segunda reforma agraria y el cambio de la Constitución neoliberal fujimorista, promesas de campaña de Castillo a las que se oponen la mayoría parlamentaria, representante del gran capital y las clases empresariales.

En respuesta a la primera semana de huelgas, bloqueos de carreteras y violencia, a pocas horas del martes 5 de abril, el presidente sorprendió con el anuncio del toque de queda en Lima para ese día, con el fin de evitar actos de vandalismo advertidos por informes de inteligencia, según argumentó.

Foto por @lazlogram

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Exterminio de los pueblos indígenas ha sido práctica en toda América Latina

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.

El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.

En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.

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La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.

“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.

Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.

En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.

Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.

Una anciana indígena Achí. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Despojo 

El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.

“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.

Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.

Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.

A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.

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El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.

“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.

Discriminación

La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.

Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.

“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.

En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.

Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.

Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.

A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.

Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.

En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.

En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.

En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.

“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.

Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.

Protesta en Brasilia contra proyectos legislativos que vulneran el reconocimiento de las tierras indígenas. Foto:APIB

Leyes

En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.

En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.

“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.

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Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.

Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.

El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.

El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.

En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.

En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.

A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.

El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.

Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.

“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.

Protección 

La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.

Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.

El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).

En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.

Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.

Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).

“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.

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Avispa Midia

Guardia Nacional reprime ‘viacrucis migrante’ que salió de Tapachula el viernes

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.

El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.

El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.

En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.

Salida

Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.

Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.

Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.

Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.

En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.

El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.

Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.

Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.

Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.

“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.

Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel

Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.

Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.

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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.

De raíz

Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.

Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.

La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.

Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.

En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.

“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.

Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.

Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.

En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.

Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.

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Avispa Midia

En Honduras, canadiense Minosa dinamita cerro de cementerio maya Chortí

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

Este domingo (27), la empresa canadiense Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera Aura Minerals, empezó a dinamitar el cerro llamado El Cementerio donde estaba el camposanto de la comunidad maya Chortí de Azacualpa, departamento Copán, en Honduras. Las explosiones continúan el día de hoy (28), denuncia el Bufete Estudios para Dignidad, que asesora jurídicamente a la comunidad en su lucha contra la minera.

“Adiós cementerio de Azacualpa, teníamos una esperanza en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero hoy se desvanece como el polvo en el aire. Nos invade un mar de tristeza, en un país donde pesa más el dinero que la vida del pueblo que resiste”, publicó en sus redes sociales Azacualpa Resiste.

En los últimos meses la minera Minosa no detuvo sus trabajos en el cerro, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligan a parar sus operaciones. La minera destruyó el camposanto de la comunidad y su entorno porque posee planes de explorar oro y plata en el cerro. Otros cerros en la región fueron destruidos por la empresa en su proceso de explotación. Tres comunidades ya fueron desplazadas.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia ordenó, en noviembre de 2020, que la empresa parara las exhumaciones. Sin embargo, Minosa continuó con la destrucción. En febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo de forma provisional las exhumaciones. De nuevo, la empresa no hizo caso a la decisión judicial.

De acuerdo con denuncia de Bufete, el día 26 de marzo, en la madrugada, con apoyo de la policía nacional de la zona, subió maquinaria a la superficie del cerro del cementerio para continuar con las acciones de destrucción de este, realizando perforaciones para dinamitarlo.

En esta ocasión, en la zona del cementerio, se encontraba un grupo de trabajadores de la empresa y otras personas, contratadas y pagadas por la empresa Minosa para detener violentamente y agredir a las personas que se oponen a la destrucción del cerro El Cementerio.

Hoy las amenazas continúan. Un equipo del Bufete Estudios para Dignidad, del Comité de Afectados por Minosa y del Movimiento Amplio de Honduras buscó llegar al cerro en su labor de defensoría de derechos humanos, pero fueron alertados que serían atacados por personas vinculadas a Minosa. Un funcionario de la empresa amenazó directamente a uno de los abogados del Bufete, Víctor Fernández: “Víctor, no eres bienvenido”.

Funcionario de Minosa amanaza abogado el Bufete Estudios para dignidad

En un comunicado, las organizaciones sostienen que la destrucción del cerro “lo permitió un nuevo gobierno sin claridad, sin fuerza y con la cobardía de anunciar grandes decisiones y recular a la primera reacción de los mineros opresores”, refriéndose al hecho de que la presidenta de la República que recién asumió su cargo, Xiomara Castro de Zelaya, hizo la promesa de acabar con la minería a cielo abierto en Honduras.

Recientemente misiones de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitaron el cementerio y confirmaron las violaciones a derechos, el hostigamiento y discriminación contra quienes defienden derechos y denuncian a la empresa minera.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que la “conflictividad social regresó a la zona al continuar con la destrucción del cementerio de la localidad por parte de la minera, generando hostigamiento y discriminación en contra de las y los defensores de derechos humanos que protegen la tierra y sus bienes naturales”.

En sus redes sociales el Alto Comisionado expresó que “lamenta la conflictividad social generada el día de hoy [27] con la entrada de maquinaria pesada en el cerro del cementerio de Azacualpa, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan detener exhumaciones en el cementerio, procurando su integridad”.

La Oficina hace un llamado a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron el cese de exhumaciones e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y protección de las personas.

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