• El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
  
• Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023^[1].

Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas^[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.

Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia^[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.

El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.^[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.^[5]

(Continuar leyendo…)

Por Rodolfo Flores | Border Hub | Chiapas Paralelo

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

En Chiapas el 8.1% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentra en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado, informó en noviembre de 2021 la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS); este diagnóstico pasó de las cifras a la realidad en San Cristóbal de Las Casas, el “pueblo mágico”, la principal ciudad turística del estado; donde ahora grupos de jóvenes se pasean en pandillas motorizadas, vendiendo droga, robando vehículos, atacando y retando a la autoridad. ¿Qué les hizo vulnerables, la pobreza, el racismo, la desesperanza, la impunidad, la narcocultura o avance del crimen organizado? ¿O la suma de todas estas razones?

Ilustración: Carlos Mendoza

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Martin y su hermano eran buenos estudiantes, eran del cuadro del honor, bien chambeadores, ayudaban a su papá en la carpintería; pero se metieron a las drogas y las pandillas. Al rato, Martín andaba con un arma en la cintura y un kilo de mariguana. Se ahorcó cuando tenía 17, ya era líder de una pandilla, no sé si buscó la salida o simplemente no la encontró. A su hermano Agustín lo detuvo la policía y lo mataron a golpes, tenía como 18 años. Sus padres son de Chanal -municipio ubicado en Los Altos de Chiapas-, migraron a San Cristóbal de Las Casas, estudiaban en la José María Morelos y Pavón, la escuela más “cabrona” de la zona norte de esa ciudad.

(Continuar leyendo…)

COMUNICADO
#LaMuerteImpune2021
Ninguna niña, niño o adolescente debió morir

En Chiapas, niñas, niños y adolescentes mueren diariamente a causa de la pobreza, las desigualdades y las diferentes expresiones de racismo y violencia. La tasa de mortalidad infantil (19.4%) por desnutrición, enfermedades diarréicas o infecciones respiratorias es la más alta del país (13.1%).[1]. Por otro lado, las muertes por homicidios, Covid–19 y suicidios en este grupo poblacional, van en ascenso en la región sin que existan programas, acciones o presupuestos orientados a reducirlos y prevenirlos.

Hoy, 1 de noviembre, nos posicionamos contra la muerte impune de cientos de niñas, niños y adolescentes que no debieron morir. Desde el año 2011 a octubre del 2021, la violencia machista ha quitado la vida a 70 niñas y adolescentes en diferentes municipios del estado; el 43% de ellas son indígenas y los municipios donde ocurren con mayor frecuencia, son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, y Tapachula. En lo que va de este año, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años han sido víctimas de feminicidio[2].

De enero a septiembre del año 2020 al menos 934 niñas y niños han sido asesinados en México y según cifras oficiales, en el 70% de los casos se utilizó un arma de fuego [4]. En Chiapas, desde el año 2019 al 2021, cinco niñas, niños y adolescentes indígenas fueron víctimas de homicidios en los municipios Aldama, Chenalhó, San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas, como consecuencia de los conflictos y violencia armada por el control del territorio y enfrentamientos del crimen organizado. Por otro lado, recordamos que lamentablemente, el 30 de septiembre de este año, en el municipio de Chiapa de Corzo, fue asesinado a golpes por sus “supuestas” cuidadoras, un niño trabajador de 11 años de edad, originario del municipio de Tapachula[5].

El suicidio de adolescentes en Chiapas, es otra causa de muerte derivada de las violencias y la ausencia de políticas incluyentes de salud mental. De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, del 2019 a julio del 2021, 52 jóvenes entre 13 a 17 años de edad se quitaron la vida; la mayor incidencia fue en el 2020 con 24 casos; y el registro de este año es de 14.

El Covid-19 también sumó muertes de la niñez en Chiapas, del mes de abril de 2020 al 17 de octubre de 2021, han fallecido 11 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría de cero a cinco años de edad [7].

Por último mencionar que se han localizado a 10 niñas, niños y adolescentes sin vida (seis hombres y cuatro mujeres) que fueron víctimas de desaparición del 2019 a octubre del 2021 [8]. Es necesario señalar que el incremento en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Chiapas casi se ha triplicado en este periodo pasando de 183 en 2019, 384 en 2020 y 515 de enero a la fecha; solamente la mitad tienen reporte de localización [9].

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, prendemos una luz y traemos a la memoria a aquellas niñas, niños y adolescentes que murieron por causas prevenibles y evitables.

Denunciamos al Estado y sus gobiernos que no han cumplido con su obligación de garantizar, promover y proteger el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de las infancias.

A la vez hacemos un llamado para abrir nuestro corazón hacia una sociedad corresponsable de la crianza y cuidados de la niñez y romper con todas las formas de discriminación, racismo y xenofobia en su contra.

Que el espíritu las niñas, niños y adolescentes nos oriente para seguir tejiendo alternativas de ternura, rebeldía y justicia social.

¡No debieron morir!

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). “Registros administrativos–estadísticos: mortalidad”. inegi.com.mx. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabulados

2 Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas. Colem Colectivo de Mujeres Libres A.C. Registro propio de Melel Xojobal A.C.

4 Denuncia de Juan Martin Pérez García, exdirector ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

5 Registro propio Melel Xojobal A.C.

7 Defunciones por COVID–19. https://drive.google.com/drive/folders/1tVjSumkfIU6jkI7efrhI_oBcqfgJQE8J

8 Registros desapariciones / Defunciones. https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index

9 Registro propio Melel Xojobal A.C.

Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

(Continuar leyendo…)

30 DE ABRIL “DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES” EN MÉXICO

1924-2019

La conmemoración del niño y la niña tiene su origen en la devastación causada por la primera Guerra Mundial, y en México se conmemora el 30 de abril. Eglantyne Jebb luchó para hacer visibles los efectos de este periodo bélico en esta  vulnerable población, y de sus denuncias se desprendieron la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del niño en 1989.

En febrero de 1924 la Liga de las Naciones acordó la Primera Declaración de los Derechos de los Niños, conocida como declaración de Ginebra, propuesta  redactada por Eglantyne en cinco puntos con una base científica de investigación y observación de los efectos de la guerra en los niños y niñas. Partiendo de estos antecedentes, es necesario reconocer que en la actualidad no hay razones para celebrar, pues las condiciones de participación, protección, supervivencia y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país son más bien preocupantes. Convertir esta conmemoración en celebración contribuye a invisibilizar la situación que vive la infancia en México, y fortalece la omisión institucional y de las autoridades que en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El informe anual 2017 de la UNICEF muestra que en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa el 32.8% de la población total.  La mitad de ellos viven en la pobreza,  y dos de cada diez en pobreza extrema. Por otro lado, a pesar de los avances en materia educativa, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla.

(Continuar leyendo…)

• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

(Continuar leyendo…)

Éxodo. 30 de Octubre de 2018

ÉXODO DE MIGRACIÓN LATINOAMERICANA

El éxodo migrante, inició a las cinco de la mañana, según el acuerdo que se tomó en
asamblea general del día anterior; (29 de octubre en Niltepec, Oaxaca) el grueso de las
personas migrantes hicieron el recorrido del tramo Niltepec a Juchitán, arribando alrededor
de las doce del día a Juchitán a las instalaciones de la nueva terminal.
El Istmo oaxaqueño es la cuna de varios movimientos de resistencia y de lucha histórica,
Juchitán fue uno de los primeros municipios de oposición en el país y es el más importante
en la región, económicamente hablando, su identidad de raíz binni zá está viva, fuerte y es
motivo de resistencia. A pesar de que este territorio istmeño ha sido afectado por el despojo
de empresas transnacionales de energía eólica y amenazado por las mineras, así como por
la violencia asociada a la guerra contra las drogas, y en el último año varios pueblos fueron
devastados por el terremoto y los sismos posteriores, hoy Juchitán y otros municipios del
Istmo, dieron constancia de una recia solidaridad, una de las cualidades de los territorios de
autonomía y lucha. En este contexto en defensa de la vida, las comunidades indígenas de
la región del Istmo se manifiestan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el
despojo y la injusticia de los megaproyectos eólicos.
Esta solidaridad ha sido correspondida por otros pueblos hermanos, como se ha
demostrado en la contingencia de septiembre del año pasado, cuando varias personas
centroamericanas y en situación de migración, apoyaron a la sociedad istmeña en general
a las tareas de rescate, y recolección de escombro.

(Continuar leyendo…)

“Que este sacrificio le sea agradable a nuestro Señor Dios padre todopoderoso”, se escuchaba la voz del sacerdote por los altavoces, y era imposible no preguntarse de qué forma este sacrificio podría parecerle agradable a nadie.

Estábamos en el gran patio frente a la iglesia en el centro de la pequeña ciudad de Mapastepec, uno de los espacios donde miles de migrantes centroamericanos se amontonaban, acostados en el suelo, después de haber caminado todo el día desde Huixtla, en el estado de Chiapas.

Los niños (los muchos, muchísimos niños) estaban agotados. Entre ellos llamaba la atención una pequeñita niña, de quizás algunos meses de edad, durmiendo profundamente al lado de su madre, una mujer de edad indefinida con la cabeza recostada en su mochila, la mirada perdida y una expresión que demuestra un doloroso desasosiego.

(Continuar leyendo…)

En México hay 20 millones de niñas y adolescentes. Ellas pueden impulsar el cambio y ayudar a construir un futuro mejor para todas y todos. Sin embargo, la mayoría de ellas se encuentra diariamente en una situación de desventaja y discriminación, que se traduce en embarazos no deseados, matrimonios a muy corta edad, deserción escolar, altos índices de violencia desapariciones y feminicidios

En el marco de la celebración del Primer Encuentro Nacional Las Niñas Luchando y al Mundo Transformando, niñas y adolescentes defensoras de derechos humanos, alzan su voz para denunciar esta situación, en una:

ACCIÓN PÚBLICA:
LAS NIÑAS LUCHANDO Y AL MUNDO TRANSFORMANDO

Este sábado 13 de octubre, iniciando a las 10.30am de la mañana, en la Plaza de la Paz, en el Centro Histórico de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Para mayores informes:

Paulo Villalobos
Tel: (967) 678.5598
Cel: 967.140.8979
comunicacion@melelxojobal.org.mx

#NosotrasTenemosDerechos
#DíaInternacionalDeLaNiña
#DayOfTheGirl
#GirlLedChange
#WITHandFORgirls

Dos menores juegan en un campo para refugiadas y refugiados en Pakistán. Foto: AP. Tomada de Noticias Caracol.

Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo RZ.

México, abril, 2018.

Sus ojos desconciertan. Brillan y se apagan al mismo tiempo. Sostienen firmes una mirada que está y luego no está. Es una niña más en una ciudad cualquiera de un país lleno de desigualdades. Desconocemos su nombre. La vemos en la serie El comienzo de la vida que dirige Estela Renner. El capítulo se titula “Infancia negada”. En pobreza total, se le ve cuidar a su hermanito de seis años y a una hermanita incluso menor. Su madre trabaja. Su padre no está. Ella tiene diez años y no puede jugar. Por las tardes y noches es madre y padre en un entorno de techo frágil, sin tierra, sin salud ni alimentación, sin tranquilidad. Como estrellas lejanas, sus ojos titilan ante las preguntas de una entrevistadora. Brillan, se apagan, brillan. La niña dice que lo que más le gusta del día es ir a la escuela. Cuando la entrevistadora le pregunta “¿cuál es tu mayor sueño?”, la niña se emociona. Sus ojos brillan y brillan mientras la pequeña responde sonriendo: “Yo no tengo sueños”. Después de un silencio breve, sus ojos intensos se apagan otra vez.

(Continuar leyendo…)