infancia
Melel Xojobal: Ninguna niña, niño o adolescente debió morir
COMUNICADO
#LaMuerteImpune2021
Ninguna niña, niño o adolescente debió morir
En Chiapas, niñas, niños y adolescentes mueren diariamente a causa de la pobreza, las desigualdades y las diferentes expresiones de racismo y violencia. La tasa de mortalidad infantil (19.4%) por desnutrición, enfermedades diarréicas o infecciones respiratorias es la más alta del país (13.1%).[1]. Por otro lado, las muertes por homicidios, Covid–19 y suicidios en este grupo poblacional, van en ascenso en la región sin que existan programas, acciones o presupuestos orientados a reducirlos y prevenirlos.
Hoy, 1 de noviembre, nos posicionamos contra la muerte impune de cientos de niñas, niños y adolescentes que no debieron morir. Desde el año 2011 a octubre del 2021, la violencia machista ha quitado la vida a 70 niñas y adolescentes en diferentes municipios del estado; el 43% de ellas son indígenas y los municipios donde ocurren con mayor frecuencia, son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, y Tapachula. En lo que va de este año, tres adolescentes de 14, 16 y 17 años han sido víctimas de feminicidio[2].
De enero a septiembre del año 2020 al menos 934 niñas y niños han sido asesinados en México y según cifras oficiales, en el 70% de los casos se utilizó un arma de fuego [4]. En Chiapas, desde el año 2019 al 2021, cinco niñas, niños y adolescentes indígenas fueron víctimas de homicidios en los municipios Aldama, Chenalhó, San Juan Chamula y San Cristóbal de Las Casas, como consecuencia de los conflictos y violencia armada por el control del territorio y enfrentamientos del crimen organizado. Por otro lado, recordamos que lamentablemente, el 30 de septiembre de este año, en el municipio de Chiapa de Corzo, fue asesinado a golpes por sus “supuestas” cuidadoras, un niño trabajador de 11 años de edad, originario del municipio de Tapachula[5].
El suicidio de adolescentes en Chiapas, es otra causa de muerte derivada de las violencias y la ausencia de políticas incluyentes de salud mental. De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, del 2019 a julio del 2021, 52 jóvenes entre 13 a 17 años de edad se quitaron la vida; la mayor incidencia fue en el 2020 con 24 casos; y el registro de este año es de 14.
El Covid-19 también sumó muertes de la niñez en Chiapas, del mes de abril de 2020 al 17 de octubre de 2021, han fallecido 11 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría de cero a cinco años de edad [7].
Por último mencionar que se han localizado a 10 niñas, niños y adolescentes sin vida (seis hombres y cuatro mujeres) que fueron víctimas de desaparición del 2019 a octubre del 2021 [8]. Es necesario señalar que el incremento en las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Chiapas casi se ha triplicado en este periodo pasando de 183 en 2019, 384 en 2020 y 515 de enero a la fecha; solamente la mitad tienen reporte de localización [9].
En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, prendemos una luz y traemos a la memoria a aquellas niñas, niños y adolescentes que murieron por causas prevenibles y evitables.
Denunciamos al Estado y sus gobiernos que no han cumplido con su obligación de garantizar, promover y proteger el acceso a una vida libre de violencia y la seguridad de las infancias.
A la vez hacemos un llamado para abrir nuestro corazón hacia una sociedad corresponsable de la crianza y cuidados de la niñez y romper con todas las formas de discriminación, racismo y xenofobia en su contra.
Que el espíritu las niñas, niños y adolescentes nos oriente para seguir tejiendo alternativas de ternura, rebeldía y justicia social.
¡No debieron morir!
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). “Registros administrativos–estadísticos: mortalidad”. inegi.com.mx. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/default.html#Tabulados
2 Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas. Colem Colectivo de Mujeres Libres A.C. Registro propio de Melel Xojobal A.C.
4 Denuncia de Juan Martin Pérez García, exdirector ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
5 Registro propio Melel Xojobal A.C.
7 Defunciones por COVID–19. https://drive.google.com/drive/folders/1tVjSumkfIU6jkI7efrhI_oBcqfgJQE8J
8 Registros desapariciones / Defunciones. https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
9 Registro propio Melel Xojobal A.C.
Pronunciamiento internacional por justicia para niñas masacradas en el Hogar Seguro, en Guatemala.
Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro
22 de octubre de 2019
Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.
El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.
Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.
Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.
Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).
El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).
En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.
