Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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30 DE ABRIL “DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES” EN MÉXICO

1924-2019

La conmemoración del niño y la niña tiene su origen en la devastación causada por la primera Guerra Mundial, y en México se conmemora el 30 de abril. Eglantyne Jebb luchó para hacer visibles los efectos de este periodo bélico en esta  vulnerable población, y de sus denuncias se desprendieron la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del niño en 1989.

En febrero de 1924 la Liga de las Naciones acordó la Primera Declaración de los Derechos de los Niños, conocida como declaración de Ginebra, propuesta  redactada por Eglantyne en cinco puntos con una base científica de investigación y observación de los efectos de la guerra en los niños y niñas. Partiendo de estos antecedentes, es necesario reconocer que en la actualidad no hay razones para celebrar, pues las condiciones de participación, protección, supervivencia y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país son más bien preocupantes. Convertir esta conmemoración en celebración contribuye a invisibilizar la situación que vive la infancia en México, y fortalece la omisión institucional y de las autoridades que en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El informe anual 2017 de la UNICEF muestra que en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa el 32.8% de la población total.  La mitad de ellos viven en la pobreza,  y dos de cada diez en pobreza extrema. Por otro lado, a pesar de los avances en materia educativa, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla.

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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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Éxodo. 30 de Octubre de 2018

ÉXODO DE MIGRACIÓN LATINOAMERICANA

El éxodo migrante, inició a las cinco de la mañana, según el acuerdo que se tomó en
asamblea general del día anterior; (29 de octubre en Niltepec, Oaxaca) el grueso de las
personas migrantes hicieron el recorrido del tramo Niltepec a Juchitán, arribando alrededor
de las doce del día a Juchitán a las instalaciones de la nueva terminal.
El Istmo oaxaqueño es la cuna de varios movimientos de resistencia y de lucha histórica,
Juchitán fue uno de los primeros municipios de oposición en el país y es el más importante
en la región, económicamente hablando, su identidad de raíz binni zá está viva, fuerte y es
motivo de resistencia. A pesar de que este territorio istmeño ha sido afectado por el despojo
de empresas transnacionales de energía eólica y amenazado por las mineras, así como por
la violencia asociada a la guerra contra las drogas, y en el último año varios pueblos fueron
devastados por el terremoto y los sismos posteriores, hoy Juchitán y otros municipios del
Istmo, dieron constancia de una recia solidaridad, una de las cualidades de los territorios de
autonomía y lucha. En este contexto en defensa de la vida, las comunidades indígenas de
la región del Istmo se manifiestan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el
despojo y la injusticia de los megaproyectos eólicos.
Esta solidaridad ha sido correspondida por otros pueblos hermanos, como se ha
demostrado en la contingencia de septiembre del año pasado, cuando varias personas
centroamericanas y en situación de migración, apoyaron a la sociedad istmeña en general
a las tareas de rescate, y recolección de escombro.

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“Que este sacrificio le sea agradable a nuestro Señor Dios padre todopoderoso”, se escuchaba la voz del sacerdote por los altavoces, y era imposible no preguntarse de qué forma este sacrificio podría parecerle agradable a nadie.

Estábamos en el gran patio frente a la iglesia en el centro de la pequeña ciudad de Mapastepec, uno de los espacios donde miles de migrantes centroamericanos se amontonaban, acostados en el suelo, después de haber caminado todo el día desde Huixtla, en el estado de Chiapas.

Los niños (los muchos, muchísimos niños) estaban agotados. Entre ellos llamaba la atención una pequeñita niña, de quizás algunos meses de edad, durmiendo profundamente al lado de su madre, una mujer de edad indefinida con la cabeza recostada en su mochila, la mirada perdida y una expresión que demuestra un doloroso desasosiego.

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En México hay 20 millones de niñas y adolescentes. Ellas pueden impulsar el cambio y ayudar a construir un futuro mejor para todas y todos. Sin embargo, la mayoría de ellas se encuentra diariamente en una situación de desventaja y discriminación, que se traduce en embarazos no deseados, matrimonios a muy corta edad, deserción escolar, altos índices de violencia desapariciones y feminicidios

En el marco de la celebración del Primer Encuentro Nacional Las Niñas Luchando y al Mundo Transformando, niñas y adolescentes defensoras de derechos humanos, alzan su voz para denunciar esta situación, en una:

ACCIÓN PÚBLICA:
LAS NIÑAS LUCHANDO Y AL MUNDO TRANSFORMANDO

Este sábado 13 de octubre, iniciando a las 10.30am de la mañana, en la Plaza de la Paz, en el Centro Histórico de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Para mayores informes:

Paulo Villalobos
Tel: (967) 678.5598
Cel: 967.140.8979
comunicacion@melelxojobal.org.mx

#NosotrasTenemosDerechos
#DíaInternacionalDeLaNiña
#DayOfTheGirl
#GirlLedChange
#WITHandFORgirls

Dos menores juegan en un campo para refugiadas y refugiados en Pakistán. Foto: AP. Tomada de Noticias Caracol.

Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo RZ.

México, abril, 2018.

Sus ojos desconciertan. Brillan y se apagan al mismo tiempo. Sostienen firmes una mirada que está y luego no está. Es una niña más en una ciudad cualquiera de un país lleno de desigualdades. Desconocemos su nombre. La vemos en la serie El comienzo de la vida que dirige Estela Renner. El capítulo se titula “Infancia negada”. En pobreza total, se le ve cuidar a su hermanito de seis años y a una hermanita incluso menor. Su madre trabaja. Su padre no está. Ella tiene diez años y no puede jugar. Por las tardes y noches es madre y padre en un entorno de techo frágil, sin tierra, sin salud ni alimentación, sin tranquilidad. Como estrellas lejanas, sus ojos titilan ante las preguntas de una entrevistadora. Brillan, se apagan, brillan. La niña dice que lo que más le gusta del día es ir a la escuela. Cuando la entrevistadora le pregunta “¿cuál es tu mayor sueño?”, la niña se emociona. Sus ojos brillan y brillan mientras la pequeña responde sonriendo: “Yo no tengo sueños”. Después de un silencio breve, sus ojos intensos se apagan otra vez.

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San Cristóbal de Las Casas, 19/abril/2018.- Tras el operativo de desalojo contra profesores, que operó el día de hoy la policia estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas a la altura de la explanada de El Carmen, padres y madres de familia de las escuelas primarias y preescolares de la zona denunciaron la grave afectación a la salud de los menores que se encontraban en clases.

Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y por aire, desde un helicóptero, ocasionaron la salida inmediata de alumnos, que se vieron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo que no consideró ningún protocolo.

Aquí el testimonio de algunas madres de familia:

Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.

El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.

El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.

La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.

Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.

Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.

Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.

Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.

A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.

No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre.  Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez.  Lorenzo López Girón.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

Es obligación de los gobiernos estatal y municipal garantizar la protección de
todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.
PRONUNCIAMIENTO

19 de febrero de 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – El pasado 16 de febrero, 4 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron lesionados por arma de fuego, y un joven de 20 años perdió la vida, luego de que un grupo de alrededor de 50 personas armadas fuertemente intentó desalojar a los habitantes de predio la Libertad antes INI, al norte de la ciudad. En el enfrentamiento varias casas resultaron incendiadas. La disputa por este predio data de 2015, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), una adolescente resultó lesionada.

Diversos testimonios indican disparos con armas de fuego de armas de alto poder en los días previos y posteriores a los lamentables sucesos, y tensión en la zona, poniendo riesgo a la vida e integridad de las familias que habitan y transitan en esta parte de la ciudad, afectando notablemente su salud emocional, siendo las niñas y niños los más afectados y vulnerables.

Atender y prevenir los conflictos, en el marco del respeto de los derechos humanos y en apego a las obligaciones establecidas por la ley, es una obligación de los gobiernos estatal y municipal. Además, la Procuraduría de Atención a la Infancia y Adolescencia debe tomar medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos , religiosos o de cualquier otra índole.

Las organizaciones que integramos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), demandamos urgentemente:

• Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer las agresiones y sancionar a los culpables.
• Se investigue la presencia de grupos armados en el municipio, los cuales actúan con impunidad ante la aquiescencia de las autoridades municipales y estatales.

Atentamente:

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.

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