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Ciudad de México, 17 de julio de 2026 Acción Urgente 007

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) manifiesta su profunda preocupación por la detención del defensor Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

De acuerdo con la información recibida, el día de hoy, aproximadamente a las 14:30 horas, Jesús Plácido Galindo fue detenido en un en un retén instalado por elementos del Ejército Mexicano, ubicado en el crucero de Monte Alto, a la altura del municipio de San Marcos, en la región Costa Chica del estado de Guerrero.

Al momento de su detención, el compañero Jesús Plácido se dirigía a una reunión convocada por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, en la que participarían autoridades y representantes comunitarios para atender diversas demandas planteadas por las comunidades indígenas de la región.

Según la información disponible, aproximadamente cuarenta elementos de seguridad -identificados como personal militar, ministerial y policía estatal- participaron en el operativo durante el cual detuvieron a Jesús Plácido Galindo y registraron el vehículo en el que viajaba.  Tras su detención se desconocen algunos datos fundamentales para garantizar su integridad: no se tiene certeza de su paradero, no se ha dado a conocer qué autoridad es responsable de su custodia, así como las razones jurídicas de su privación de libertad y las condiciones en las que se encuentra.

Esta situación genera una grave preocupación por su integridad física y psicológica, así como por el respeto de sus derechos fundamentales.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia sistemática, agresiones y criminalización en contra las comunidades organizadas del CIPOG-EZ y contra personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero. La falta de información oficial sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida y la ausencia de comunicación inmediata con sus familiares y representantes legales incrementan el riesgo de violaciones de derechos fundamentales: libertad personal, debido proceso, integridad personal y protección judicial efectiva.

Ante estos hechos, la Red TDT exige a las autoridades federales y estatales:

• Informar de manera inmediata el paradero de Jesús Plácido Galindo
• Garantizar su integridad física y psicológica, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos
• Permitir el acceso inmediato a su defensa jurídica y la comunicación con sus familiares
• Informar públicamente las razones legales de su detención y la autoridad que ordenó y ejecutó el operativo
• Abstenerse de cualquier acto de desaparición forzada, incomunicación, tortura, malos tratos o criminalización por su labor como defensor de derechos humanos e integrante del CIPOG-EZ
• Se respeten los derechos a favor de Jesús Placido a la libertad personal, el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial efectiva
• Libertad para Jesús Plácido Galindo

Instancias turnadas:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez Velázquez

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra

Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos

Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna.

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán 

Relatora Especial de la ONU, Andrea Bolaños Vargas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció la detención de Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ocurrida el 17 de julio de 2026, alrededor de las 14:30 horas. Según el comunicado, fue interceptado en un retén y base militar ubicados en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero, durante un operativo con presencia de elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal. Posteriormente fue trasladado en una camioneta de la Fiscalía General de la República con rumbo a Acapulco. Hasta el momento de la denuncia, el CNI afirmó que se desconocían tanto su paradero como las razones de su detención.

De acuerdo con la denuncia, Jesús Plácido se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero. Este funcionario ha sido acusado por organizaciones sociales de mantener presuntos vínculos con el grupo criminal Los Ardillos y de minimizar la situación de violencia que enfrentan las comunidades de la región de la Montaña Baja de Guerrero.

El CNI exige la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo, información inmediata sobre su situación jurídica, el respeto a sus derechos humanos y su liberación inmediata e incondicional. Asimismo, demandó a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas urgentes para garantizar su integridad física y la de las comunidades que integran el CIPOG-EZ.

El comunicado sostiene que la detención ocurre en un contexto de violencia e impunidad. Afirma que, mientras las autoridades no han logrado frenar la violencia ejercida por el grupo criminal Los Ardillos contra las comunidades de la región, sí han desplegado recursos del Estado contra quienes defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

Además, el CNI considera que este hecho forma parte de un patrón de persecución contra el dirigente indígena. Señala que recientemente fueron congeladas sus cuentas bancarias y recuerda que, hasta la fecha, 76 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados, 25 permanecen desaparecidos y cientos de personas han sido desplazadas forzosamente de sus comunidades.

El Congreso Nacional Indígena hace un llamado a pueblos, organizaciones sociales, colectivos, medios de comunicación y organismos de derechos humanos para mantenerse atentos a la situación, exigir la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo y denunciar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad o la de las comunidades del CIPOG-EZ.

Abajo el comunicado completo:

(Continuar leyendo…)

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el 26 de junio de 2026 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó todas las cuentas bancarias de Jesús Plácido Galindo, promotor de la organización e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.

La organización sostiene que esta medida ocurrió pocas semanas después de un ataque atribuido al grupo criminal Los Ardillos, que dejó ocho integrantes asesinados, alrededor de 2,200 personas desplazadas y la destrucción de la comunidad de Tula. Afirma que Galindo denunció públicamente la presunta complicidad y omisión de autoridades ante estos hechos, lo que permitió visibilizar la crisis humanitaria.

El CIPOG-EZ considera que el bloqueo de las cuentas y la inclusión de Galindo en la Lista de Personas Bloqueadas constituyen un acto de persecución y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Señala que los recursos congelados provenían de aportaciones solidarias para apoyar el trabajo comunitario.

Asimismo, recuerda que Galindo es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y advierte que estas acciones incrementan el riesgo para su integridad. La organización exige el desbloqueo de sus cuentas, el cese de la criminalización y garantías para su seguridad y la continuidad de su labor, además de responsabilizar a los gobiernos federal y estatal por cualquier agresión en su contra.

Finalmente, el CIPOG-EZ reitera su denuncia de la violencia que enfrentan sus comunidades y llama a detener la guerra y la criminalización contra los pueblos indígenas y sus defensores.

Enseguida, la denuncia completa del CIPOG-EZ:

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AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO
AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

Y QUE MIS VENAS NO TERMINAN EN MI SINO EN LA SANGRE UNÁNIME DE LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA, EL AMOR ,LAS COSAS, EL PAISAJE Y EL PAN.

ROQUE DALTON.

MASACRE DE AGUAS BLANCAS
31 AÑOS DE IMPUNIDAD

En enero de 1994 nació la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S).

Para su nacimiento buscamos un lugar donde con calma y sin interrupciones indeseables pudiéramos trabajar sobre ello.

El parto fue en “Las Palmitas”, a unas tres horas caminando desde Tepetixtla en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Bajo frondosos encinos.

Por la experiencia de las luchas contra los abusos de los caciques priistas, políticos, talamontes y los fraudes electorales, conocimos a diferentes personas que nos ofrecieron ayuda para nuestro desarrollo político. De unos ubicamos su actitud de usarnos para sus planes particulares, de otros, reconocimos su actitud solidaria y respetuosa, en estos nos apoyamos.

Desde el 1 de enero nos concentramos. Nueve fuimos convocados para discutir, aprender, enseñar y planificar. Todos éramos de Tepetixtla.

La mayoría ya había estado en otros dos esfuerzos parecidos y otros más pequeños. Para nosotros era una escuela política que nos permitía entender con más claridad lo que en esos días vivíamos. Siempre buscando el desarrollo político, el esclarecimiento de la conciencia. Pero ahora además formaríamos una organización.

Como nos convencimos que también era importante el método, pues discutimos y discutimos, aun a oscuras, hasta tener bien claritas las ideas, los objetivos, los principios, los métodos, las tareas y lo que nos parecía un tanto pomposo cuando lo decíamos, nuestra plataforma política.

Fue muy importante establecer entre nuestros principios la honestidad, la combatividad y la solidaridad.

Todos nos conocíamos de las faenas del campo. De sembrar y cosechar. De tratar de vender lo cosechado, de la búsqueda de semillas y fertilizantes, de resistir la pobreza, las enfermedades, los abusos de los caciques y de las autoridades civiles y militares, de enfrentar juntos diversos problemas de la vida.

Todavía teníamos muy fresco el recuerdo del rechazo al fraude electoral de 1988. Aquellas jornadas en que nos volvimos ríos de combativo esfuerzo, alegría y sudor que bajamos de la sierra en diferentes jornadas de lucha, desafiando a los priistas que siempre habían sido “los de arriba”, los que oprimían, robaban, reprimían, asesinaban impunemente. Cuando marcamos con nuestros huaraches y chanclas, calles, aceras, carreteras pavimentadas o de terracería y oficinas gubernamentales. Pero sobre todo nos atrevimos a tratar de ser hacedores de nuestra historia.

Mas lejano, pero también como un eco importante, resonaban en nuestro corazón y nuestra conciencia otras jornadas de lucha, como la del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Días de represión y de esperanza.

En que fuerzas federales y algunas oficinas gubernamentales repartían prebendas y hasta las semillas de mariguana y amapola para “paliar” la pobreza y restarle base social al maestro Cabañas.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

12 de junio de 2026

Boletín No. 08

Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas

• Desaparición, despojo, asesinatos y criminalización, entre las graves agresiones hacia las comunidades del CNI

• Omisión por parte del Estado mexicano ante las denuncias de los Pueblos, organizaciones y colectivos

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra preocupación y nos unimos a la denuncia de los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero, Michoacán y Chiapas, afectadas por la escalada de violencia, incrementada en los meses de mayo y junio de 2026. Esta situación mantiene a las comunidades en resistencia bajo asedio poniendo en riesgo, la vida, seguridad, integridad, autonomía y ejercicio de derechos colectivos.

A partir del 6 de mayo de 2026, el grupo de la Delincuencia Organizada (DO) “Los Ardillos” intensificaron ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementaron tácticas paramilitares contra las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la Montaña baja de Guerrero, provocando el desplazamiento de 3,200 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección y permisividad del Estado mexicano.

En los días del 6 al 12 mayo la violencia se profundizó alcanzando a la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del Cipog‑EZ, en donde sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. Además, ocho personas fueron asesinadas, siendo los siguientes compañeros: José Guadalupe Ahuejote Xanteco, originario de Xicotlan; Víctor Ahuejote Arribeño, originario de Xicotlan; Saturnino Bartolo Tlalcorral, originario de Xicotlan; Benito Tlalcorral Rito, originario de Xicotlan; Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Eusebio Migueleño Zoyateco, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Martin Flores Migueleño, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; y Marcelo Calvario Hilario, originario de Acahuehuetlán.¹

Es preciso señalar que desde el 2015, por la embestida brutal de la DO, el Cipog-EZ ha registrado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.

El 28 de mayo de 2026, otro grupo de la DO asesinó a los comuneros de la Comunidad Indígena Pómaro (municipio de Aquila), Lucas Florentino Torentino, tesorero de Bienes Comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez; y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual.

Por lo ocurrido, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena Santa María Ostula, denunciaron públicamente los múltiples asesinatos solidarizándose con la Comunidad Pómaro. Estos hechos han marcado profundamente a los pueblos indígenas de Michoacán, quienes han venido sufriendo, en los últimos 20 años, por parte de la DO, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; acosos, daños y violencia generalizada.²

Por otro lado, en Chiapas, integrantes del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han denunciado discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de sus locales por el Consejo de Administración de la Coalición de Locatarios del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, así como la prefabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.³

El día 21 de mayo de 2026, nueve personas, integrantes del CNI Jotolá, fueron vinculadas a proceso y acusadas injustamente, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, por el delito de despojo agravado con violencia. Entre estas personas, Francisco Moreno Hernández continúa privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 12 de Yajalón.

Anteriormente, el 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se llevó a cabo un desalojo violento contra estas personas y sus familias (por un total de 35 personas maya tseltal) que fueron desplazadas de manera forzada, entre ellas una mujer embarazada y 17 menores de edad (entre ellos dos menores con discapacidad). En el evento sus casas fueron destruidas, sus pertenencias robadas y dos personas sufrieron privación arbitraria de la libertad y tortura. Cabe destacar que estas acciones de criminalización y desplazamiento se llevaron a cabo con la presencia del Instituto Nacional Indígena, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia indígena, y el Tribunal Agrario.⁴

Dicha situación está enmarcada en un patrón sistemático de despojo territorial y criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio; conducta que, en la actualidad, se recrudece sobre las tierras recuperadas en el 1994 con la imposición de proyectos carreteros, extractivistas y de turismo en la región. Todo esto aumenta la violación al derecho a la tierra y territorio de los pueblos originarios y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida de acuerdo con su cultura.

En este mismo sentido, el CNI de Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, enfrenta también amenazas a su territorio y ha expresado su rechazo absoluto al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin realizar la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en las Declaraciones de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2º de la Constitución mexicana. Las comunidades señalan que las obras iniciaron desde el año pasado, lo que ha generado división interna y pone en riesgo su forma de vida.⁵

Frente a esta cadena de violencias que atraviesa territorios y vidas, denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión sistemática, su incapacidad y su complicidad, al no actuar para frenar el avance de la DO y de las estructuras que sostienen el despojo. Lo que hoy enfrentan las comunidades del CNI en Guerrero, Michoacán y Chiapas es resultado de una estrategia de guerra que busca quebrar procesos organizativos, arrebatar territorios y silenciar la defensa de la vida.

Por lo anteriormente mencionado convocamos a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos originarios, defensoras y defensores de derechos humanos; así como a la sociedad civil en general, a manifestarse y expresar su apoyo e indignación ante estos actos de hostigamiento y represión contra las comunidades integrantes del CNI en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas que luchan en defensa de la tierra y la vida. Esta violencia ejercida es parte de una estrategia sistemática de ataque y despojo que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.

1Acción Urgente: Ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero. https://frayba.org.mx/260512_au02

2Pronunciamiento por el que la Comunidad Indígena de Santa María Ostula condena enérgicamente los homicidios cometidos en agravio de comuneros pertenecientes a la hermana Comunidad de Indígena de Pómaro y de un profesor integrante del Pueblo Purepecha. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/05/29/pronunciamiento-por-el-que-la-comunidad-indigena-de-santa-maria-ostula-condena-energicamente-los-homicidios-cometidos-en-agravio-de-comuneros-pertenecientes-a-la-hermana-comunidad-indigena-de-pomaro-y/

3Denuncia Pública de Comisión de Locatarios Afectados integrantes del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/06/08/denuncia-publica-de-comision-de-locatarios-afectados-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-samir-flores-soberanes-zona-10-patria-nueva-ocosingo-chiapas/

4Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá https://frayba.org.mx/270226-desplazamiento-criminalizacion-jotola

5Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos al-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos

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Desde nuestros territorios en la Europa Insumisa rechazamos totalmente la ola de violencia desatada en contra de las comunidades indígenas en diferentes regiones de la geografía llamada México.

El 22 de mayo del año en curso, la Misión Civil de Observación, que iba a documentar los ataques por tierra y aire que el grupo criminal Los Ardillos había perpetrado en contra de la comunidad indígena pacífica de Alcozacán, recibió la confirmación de que el Gobierno del Estado de Guerrero no brindaría acompañamiento ni seguridad a La Misión, es decir, ¡el Gobierno prefirió actuar cobardemente y ponerse al servicio de los grupos criminales!

La Misión, sin embargo, realizó su trabajo de documentar las atrocidades de una Guerra: quema de casas, de milpas, de animalitos, asesinatos con tiros de gracias, cadáveres abandonados al borde las carreteras, casas deshabitadas en la comunidad de Alcozacán…

Las escenas documentadas por la Misión nos recuerdan escenas de Guerra. Sólo que esto sucede en México bajo un mal gobierno que se autodenomina “de izquierda”, y que afirma que “¡primero los pobres!”

Y quienes seguimos de cerca lo que sucede, nos preguntamos, ¿será que son “primero los pobres” los que serán exterminados? ¿Serán las comunidades indígenas las que deben de ser eliminadas para que las grandes empresas nacionales y transnacionales ocupen sus territorios y desarrollen sus Megaproyectos en un suelo regado con sangre?

¡Y todo esto con la protección de los tres niveles de gobierno!

El 28 de mayo del año en curso el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a la comunidad indígena de Aquila en el Estado de Michoacán; en el ataque fueron asesinados Lucas Flores Tolentino y Jerónimo García Flores y otros tres miembros de la comunidad resultaron heridos. Las agresiones contra la comunidad habían comenzado el día 21 y 27 de mayo. Los habitantes huyeron al monte y hasta las escuelas de la zona se cerraron, pues los ataques del CJNG fueron intermitentes por tierra y aire.

El 22 de mayo del año en curso, la Presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, se encontró con Claudia Scheinbaum en la Ciudad de México, para firmar el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, pero ¿acaso hablaron de las masacres perpetradas por los grupos criminales? ¿hablaron de los delitos de Lesa Humanidad llevados a cabo bajo la protección del Estado mexicano? ¿Acaso von der Leyen se interesó en ver las miles de Fichas de los Desaparecidos pegadas por las calles de todo México, más de 133 mil, o el Gobierno logró despegar las Fichas a tiempo para presentar un “México bonito, seguro y feliz”?

El 11 de junio del año en curso, ¡la gran fiesta! ¡El fútbol! Se recibe a la FiFa y para ello se han desalojado numerosas familias de sus viviendas, se ha limpiado la ciudad de personas en calidad de calle y de vendedores informales. El gobierno intenta presentar un México de primera clase: sin Pobres, sin Desplazados, sin Desaparecidos, sin Feminicidios, sin Masacres, sin Fosas Clandestinas.

Con nosotros, la Europa Insumisa, no sirven los cercos mediáticos, ni las mañaneras con mentiras. Por eso desde nuestros territorios:

¡Exigimos un alto inmediato a las agresiones en contra de las comunidades indígenas!

¡Exigimos se desarme a los grupos de delincuencia organizada que atacan a las comunidades indígenas!

¡Exigimos un alto a la gentrificación de las ciudades!

¡Exigimos un alto a las Desapariciones forzadas! ¡¡Porque Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!

¡Exigimos un alto a los Feminicidios y procesos judiciales a los asesinos! ¡Ni una más, ni una asesinada más!

Red Europa Zapatista

11 de Junio 2026

Firmas:

20ZLN. Italia

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic-ASMEX. País Valencià, Estado Español

Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai. Barcelona, Catalunya

Associazione Ya Basta! Édî bese. Italia

Batec Zapatista. Barcelona, Cataluña

Café Libertad Kollektiv. Hamburgo, Alemania

Cafez. Lieja, Bélgica

Cal Cases. Cataluña

Caracoleras de Olba. Olba, Teruel, Estado Español

CAREA e.V. Alemania

Centro de Documentación sobre Zapatismo. Cedoz. Estado Español

Colectivo Armadillo Suomi. Finlandia

Colectivo Calendario Zapatista. Grecia

Colectivo Ramona. Chipre

Collettivo Zapatista Lugano. Suiza

Comitato Chiapas Maribel. Bérgamo, Italia

Comité de solidaridad con Latinoamérica (LAG) – Chiapasgruppa LAG. Oslo, Noruega

Confederación General del Trabajo – CGT. Estado Español

Cooperazione Rebelde Napoli. Italia

CSPCL, París, Francia

Espoir Chiapas. Francia

Frankfurt International. Alemania

Gira Zapatista Holanda. Holanda

Grupo México del Foro Internacional. Dinamarca

Gruppe B.A.S.T.A. Munster, Alemania

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, Hamburgo

Lumaltik Herriak. País Vasco

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala.

Mut Vitz 13. Marsella, Francia

Mut Vitz 31. Toulouse, Francia

Mut Vitz 34. Francia

Nodo Solidale Roma. Italia

Pallasos en Rebeldía. Estado Español

Quinoa. Bélgica

Red de Rebelión. Alemania

Red Ya-Basta-Netz. Alemania

Silbo Zapatista. Estado Español

Solidaridad Directa Chiapas. Suiza

Tatawelo. Italia

Terra Insumisa Alcamo / Sicilia Sud Globale. Sicilia, Italia

TxiapasEKIN. País Vasco

Union Syndicale Solidaires

USI 1912 Italia e Usicons aps Italia

Y Retiemble. Madrid, Estado Español

Ya Basta Bolonia. Italia

Ya Basta Milano. Italia

Ya-Basta-Netz, Alemania

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

_{En portada: Mujeres acompañan la marcha fúnebre de los tres policías de la CRAC-PC Pueblos Fundadores que fueron sepultados el 20 de mayo en el panteón de Alcozacán, en medio de la violencia contra comunidades nahuas de Chilapa. Foto: Lenin Ocampo Torres.}

Integrantes de la Misión de Observación Sexta (MCO Sexta) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron que comunidades nahuas en el estado de Guerrero enfrentan desplazamiento forzado y destrucción de viviendas, cultivos y espacios comunitarios tras los ataques armados atribuidos al grupo criminal de “Los Ardillos”, suscitados desde los primeros días de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa.

Este miércoles (27), mediante conferencia de prensa titulada “Criminalización, exterminio y graves violaciones a los derechos humanos en las comunidades de la montaña baja de Guerrero”, la Misión presentó los primeros hallazgos tras las agresiones contra los pueblos indígenas organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC Pueblos Fundadores).

Acorde a la documentación y testimonios recogidos por la Misión, los ataques fueron realizados con drones y armas de alto poder que destruyeron cultivos y viviendas. En su recorrido registraron municiones de distintos calibres, incluso de armamento de uso exclusivo del ejército; casas y milpas quemadas, animales muertos y comunidades, como Tula, completamente vacías por el miedo de sus habitantes frente a las agresiones armadas. En dicha comunidad, resaltaron que no existen condiciones para el retorno inmediato, “no hay ni un habitante. No hay condiciones, quemaron todo”, afirmaron durante la conferencia.

“Entraban y destruían todo lo que poseían las familias en la comunidad. Era una saña impresionante por aniquilar y que nunca más esto se pudiera poblar nuevamente, su objetivo estaba muy claro”, detalló Malinalli Vega, integrante de la Misión. Integrantes del CNI, que también participaron de la Misión, denunciaron que fueron testigos de un ataque sistemático contra el territorio de los pueblos originarios, agresiones contra “lo que nos hace ser como pueblos, nuestra historia, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de organizarnos, nuestro trabajo”.

Por su parte, la abogada Karla Zamora denunció que el trabajo de la Misión evidencia que no existe por parte del Estado ningún seguimiento a la violencia generalizada contra las comunidades nahuas. Zamora destacó que, pese a la gravedad de las agresiones que calificó como “crímenes de lesa humanidad”, a la fecha no existen investigaciones por parte de las autoridades de ningún tipo, “no hay carpetas de investigación, no hay periciales, no hay detenidos”.

Además, cuestionó la postura del gobierno federal, el cual ha difundido que se trata de un conflicto entre comunidades y que por ello realizará mesas de diálogo. “¿Diálogo con quién? ¿diálogo con los grupos narcoparamilitares?, ¿de qué clase de gobierno estamos hablando, cuando están hablando de de negociar con los grupos del narco?”, inquirió la abogada, para quien la versión oficial es una mentira.

Desprotección

Durante su intervención, la abogada también exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas restituir las medidas a promotores comunitarios de las poblaciones atacadas, así como atender solicitudes pendientes, debido a que la falta de respuesta institucional ya ha derivado en asesinatos, como en el caso de Isaías,promotor comunitario de Tula.

“A él lo asesinaron cuando había solicitado también la incorporación al mecanismo y no se la dieron argumentando que eso era lo que se vivía diariamente en Guerrero; la violencia, una violencia que ya es estandarizada para ellos”, denunció Zamora.

Aunado a estos casos, los integrantes de la Misión también evidenciaron que, pese haber solicitado acompañamiento oficial para ingresar a las comunidades atacadas, conforme a los requisitos del protocolo del Mecanismo de Protección, la respuesta negativa les fue comunicada apenas un día antes del recorrido. Aún cumpliendo con la entrega de la solicitud, con cinco días de anticipación para que las autoridades del estado de Guerrero coordinara con fuerzas de seguridad para el acompañamiento de la Misión, finalmente no se otorgó la protección a los observadores.

Incluso, el profesor Jesús Cuéllar denunció que la Secretaría de Gobernación difundió la versión de que la Misión negó el acompañamiento, al publicar un video editado en el que se les presenta como si hubieran rechazado las medidas de seguridad. Según Cuéllar, lo que pidieron fue que militares y elementos de seguridad se retiraran de la cancha comunitaria de Alcozacán porque habría una asamblea y niñas y niños estaban usando ese espacio, fragmento que fue recortado y difundido sin contexto por parte del gobierno federal para hacer creer que la Misión rechazo las medidas de seguridad.

Pese a los alegatos del gobierno estatal, que argumentó que no contaban con los elementos de seguridad, integrantes de la Misión registraron una fuerte presencia del ejército, Guardia Nacional y policías en la cancha y la comisaría de Alcozacán, así como a la salida de Tula donde atestiguaron un despliegue de más de 40 camionetas de militares pese a que previamente se les había negado el acompañamiento. “Nos dimos cuenta que no querían que entráramos”, sostuvo Cuéllar.

Narcoparamilitares

Ante el cuestionamiento de reporteros sobre por qué calificar al grupo de “Los Ardillos” como un grupo narcoparamilitar, la Misión aseveró que se debe a factores como el tipo de armamento utilizado, la forma de atacar, así como la planeación y estrategia utilizada durante las agresiones que incluyó la quema de cerros para causar terror y provocar la huida de la población.

Según la Misión, hace más de una década desde que “Los Ardillos” han presionado a las comunidades organizadas de la montaña baja de Guerrero para permitir la siembra de amapola, establecer rutas de tránsito de estupefacientes y otras actividades delictivas. Pero las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, afirmaron, se negaron a integrarse a esa estructura criminal.

Debido al rechazo, aunado a su pertenencia a la CRAC-PC Pueblos Fundadores y su defensa del territorio, colocó a las comunidades como opositores del crimen organizado en la región. “Terminan chocando con todo lo que representa el crimen organizado, en tanto que son comunidades que luchan por la defensa de la tierra, del territorio y de la vida”, aseveraron durante la conferencia de prensa.

Otro punto que resaltó la Misión es el impacto en el acceso a la educación, pues en las comunidades del CIPOG-EZ no existen condiciones para que maestros lleguen con seguridad, por lo que una de las demandas es garantizar el retorno de docentes y la apertura de un bachillerato. También señalaron que, ante el riesgo de viajar a Chilapa, controlada por “Los Ardillos”, algunas familias prefieren que niñas, niños y jóvenes no estudien o se desplacen hacia otras ciudades.

Integrantes de la Misión denunciaron además simulación gubernamental en la entrega de apoyos. Según lo documentado, las autoridades estatales difunden visitas y apoyos a comunidades afectadas, pero parte de esa ayuda se entrega en localidades vinculadas a la estructura criminal de “Los Ardillos”, cuando se presenta públicamente como atención a Alcozacán y otras comunidades atacadas por el grupo narcoparamilitar.

Miembros del Congreso Nacional Indígena enfatizaron que lo ocurrido en Guerrero forma parte de un patrón más amplio de agresiones contra pueblos organizados en México, tal como ocurre en Ostula y Sevina en Michoacán, San José Chiapa en Puebla y El Salto, Jalisco. “El mensaje que vemos del capital es que cualquiera que se niegue a ser esclavo va a padecer esta injusticia desde arriba”, sostuvieron.

Actualmente la Misión prepara un informe amplio con entrevistas, testimonios y documentación derivada de su labor, mientras las comunidades exigen la implementación de medidas de seguridad para su retorno, la investigación de los ataques y la restitución de las medidas de protección frente a la estructura criminal que acecha sus territorios.

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS FIRMANTES DE UNA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS ORGANISMOS Y COLECTIVOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN DE LA SEXTA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO DE MÉXICO Y AL PUEBLO DE GUERRERO

23 DE MAYO DE 2026

A los corazones de México y del mundo, a quienes sienten nuestro dolor y escuchan con respeto. A quienes abrazan la vida y defienden a la madre tierra.

Nuestra casa se viste nuevamente de horror, de llanto, de indiferencia y se presagia el olvido de siempre a quienes vivimos siglos de desprecio, racismo, represión y despojo. Ya nos cansamos de la burla con palabras en español, con falsos salvadores, promesas de fotografía para sostener la muerte en forma de crimen organizado.

Hemos visto, escuchado y sufrido en carne propia el dolor

Los pueblos de la Montaña Baja de Guerrero decimos ¡ya basta!

¡basta de tanto dolor y de tanta muerte!

Pero también decimos basta de tanta indiferencia y desprecio.

Porque al mismo tiempo que los grupos criminales nos atacan, nos matan, aterrorizando a nuestros niños a nuestras niñas, los malos gobiernos se ríen de nuestro sufrimiento y sólo nos miran cuando están obligados a mirarnos, ya sea por su interés cuando hay elecciones o por su carrera política cuando nuestras muertes se convierten en noticia.

¿Acaso no tienen derecho los abuelos y las abuelas a vivir en paz?

¿Acaso solo importan las mujeres de la ciudad, esas que dicen que llegaron junto a la presidenta al poder?

¿Es que no les interesa que nos maten?

¿O creen que con sus programas sociales la violencia criminal va a terminar?

¿Por qué piensan que Los Ardillos no nos volverán a atacar si su organización no ha sido tocada, investigada, desarticulada?

A nosotros y nosotras nos queda muy claro que lo que hemos vivido durante más de 10 años y que se replicó el pasado 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, es una guerra de exterminio en nuestra contra. Eso lo podemos entender, porque el crimen organizado de eso vive, de despojar, de explotar, extorsionar y usar la tierra como mercancía, la maltrata porque en ella siembran amapola o sea que siembran violencia. Usan la tierra para hacer caminos para envenenar a los jóvenes con sus drogas, o sea para trasladar la muerte. Destruyen a la tierra y con ella destruyen la vida.

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A los medios de comunicación
A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
A las organizaciones sociales, pueblos, colectivos y redes solidarias
A la opinión pública nacional e internacional

Las organizaciones, colectivos, redes y personas abajo firmantes denunciamos públicamente la grave omisión del Estado mexicano frente a la situación de riesgo que enfrenta la Misión Civil de Observación que se dirige hacia la Montaña Baja de Guerrero, particularmente a la comunidad de Alcozacán, donde comunidades indígenas han sufrido ataques armados, desplazamiento forzado y graves violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con la información compartida por integrantes de la misión, la autoridad federal se había comprometido a brindar acompañamiento y medidas de seguridad para garantizar el ingreso seguro de la Misión Civil de Observación. Sin embargo, este 22 de mayo, cuando la misión se encontraba a unos minutos de llegar a Tlapa, fue notificada de que no habría acompañamiento de corporaciones de seguridad del Estado.

Este incumplimiento coloca en riesgo directo la vida e integridad física, psicológica y política de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, observadores nacionales e internacionales y acompañantes solidarios que participan en esta misión.

Por ello, señalamos con toda claridad:

Hacemos responsable al Estado mexicano y a sus tres niveles de gobierno de cualquier agresión, amenaza, hostigamiento, intimidación, daño físico, psicológico o ataque armado que puedan sufrir las y los integrantes de la Misión Civil de Observación.

La historia reciente de México nos obliga a levantar la voz con urgencia. No podemos olvidar la agresión contra la Caravana Humanitaria hacia San Juan Copala, donde fueron asesinados la defensora de derechos humanos Bety Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. Aquella tragedia mostró que la omisión del Estado, la falta de garantías de seguridad y la tolerancia frente a grupos armados pueden terminar en muerte.

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22 de mayo de 2026

Hermanos y hermanas de México y del mundo:

Nuevamente las autoridades federales, estatales y municipales traicionan su palabra.

La autoridad federal se había comprometido a brindar el acompañamiento a la Misión Civil de Observación que conformamos y que se dirige rumbo al territorio de la Montaña Baja de Guerrero, especialmente a la comunidad de Alcozacán, donde sus habitantes sufrieron ataques del grupo narco-paramilitar los ardillos el pasado 11 de mayo, en el contexto de los ataques a la comunidad de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán iniciados el 6 de mayo y que tuvieran como consecuencia el desplazamiento de mas de 1000 personas. Éstas, se refugiaron en Alcozacán, comunidad que a su vez sería atacada el 11 de mayo y que provocaría un desplazamiento mayor, de las personas que se llegaron a refugiar ahí de las tres comunidades atacadas y desplazadas previamente, más los habitantes del Alcozacán, contabilizando mas de 2000 desplazados.

Con el objetivo de documentar las graves violaciones a los derechos humanos y acompañar a las comunidades, se formó una Misión Civil de Observación, conformada por distintas organizaciones, periodistas, compañeros nacionales e internacionales observadores de Derechos humanos.

Sin embargo, a las 10 am de este 22 de mayo, a 40 minutos de llegar a Tlapa, para encontrarnos con los compañeros del Centro de derechos humanos Tlachinollan y con las corporaciones del Estado que brindarían el acompañamiento a la MCO-S, Jesús Plácido, promotor del CIPOG-EZ, fue notificado que no habría ningún acompañamiento de alguna corporación de seguridad del estado. Lo mismo fue notificado al Centro de derechos humanos Tlachinollan, así como a los beneficiarios del Mecanismo de Protección a Defensores de derechos humanos y Periodistas.

Nuevamente lo decimos, el Estado Mexicano mintió, pues se había comprometido a acompañar esta Misión, darle protección y que pudiera llegar a Alcozacán a cumplir con sus objetivos.

Por lo tanto, resposabilizamos al Estado Mexicano y a sus tres niveles de gobierno por cualquier cosa que suceda y que ponga en peligro la integridad de quienes conforman la Misión Civil de Observación.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a denunciar, de acuerdo a sus modos y formas, al estado criminal y a exigir que se brinden las garantías de seguridad para su llegada con seguridad a la comunidad de Alcozacán.

Atentamente:

Congreso Nacional Indígena
Misión Civil de Observación Sexta.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
NODHO Derechos Humanos
Raices en Resistencia
Juventud Comunista de México
Partido de los Comunistas
Geo-Grafías Comunitarias
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes
Organización Campesina de la Sierra del Sur
Brújula Roja
Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX
Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
Xochitlanezi del Común Radio Zapote
Voices in Movement