Entre los años de 1974 y 1976, José de Jesús Guzmán Jiménez y cuatro de sus hijos, Amafer, Solón Adenauer, Venustiano y Armando Guzmán Cruz, todos originarios de la comunidad p’urhépecha de Tarejero, fueron detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), en el contexto de la llamada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, detenciones que constituyen el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán.

Cuatro de ellos fueron trasladados a la 21ª Zona Militar en Morelia, para posteriormente ser llevados al Campo Militar #1 en la CDMX, por su parte Venustiano Guzmán fue retenido en la 27ª Zona Militar, en la Base Área Militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, siendo estos los últimos lugares donde se tiene registro oficial de ellos.

Desde hace 52 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán han denunciado su desaparición ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante más de medio siglo, han luchado en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia, han denunciado y documentado ante todas las instancias posibles, algunas de ellas, en el entonces Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien emitió la recomendación 026/2001; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado #FEMOSPP; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso fue presentado ante la CIDH el 20 de octubre de 2006, admitido el 12 de julio de 2013, con audiencias y careos el 7 de julio de 2017 en Lima, Peru y finalmente el 20 de agosto de 2025 notificaron el Informe de Fondo Caso No. 12.918, en el cual se establece que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad en contra de los integrantes de la familia p’urhépecha Guzmán Cruz, estableció que se violaron diversos derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la libertad; la obligación estatal de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, el derecho a la protección a la familia y vulneró el derecho a las garantías judiciales. De igual forma, los hechos denunciados no fueron controvertidos por el Estado mexicano, al contrario, reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de los 5 integrantes de la familia Guzman, pero no reconoció su tortura física y psicológica, ni el hostigamiento posterior que ha sufrido la familia, ni mucho menos su falta de investigación diligente.

El informe concluye realizando las siguientes recomendaciones al Gobierno de México: reparación integral a favor de las víctimas, brindarles tratamiento médico y psicológico, esclarecer la desaparición forzada de los integrantes de la familia Guzmán, disponer de medidas administrativas, disciplinarias o penales para los funcionarios que denegaron justicia, adoptar medidas para evitar la repetición de las desapariciones forzadas e investigar las desapariciones ocurridas durante la “guerra sucia” en la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, a casi un año de la presentación del informe de fondo, el Gobierno de México no ha adoptado ni una sola medida de reparación, investigación, justicia o no repetición.

Por ello, exigimos al Estado mexicano que no obstaculice más tal y como lo ha hecho, presentando sendas prorrogas que lo único que hacen es revictimizar a la familia Guzmán Cruz, por último, declaramos a la CIDH que la justicia que es tardía, no es justicia ¿Cuánto más deben de esperar las víctimas para obtener memoria, verdad y justicia? Exigimos que el caso Amafer Guzman pase ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.

Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.

Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.

Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.

No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.

Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

México, a 2 de octubre de 2024.

A quien corresponda:

Nosotras, como hijas de personas desaparecidas y ejecutadas durante la época contrainsurgente en México, hemos participado activamente de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEH). Desde la primavera del 2022, cuando iniciaron las reuniones con comunidades de víctimas, las entonces cinco personas comisionadas anunciaron que investigarían diversas violencias perpetradas por agentes estatales, civiles y militares, en contra de militantes de organizaciones políticas armadas, de movimientos estudiantiles, movilizaciones sindicales, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares, periodistas, comunidades LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, víctimas de la lucha contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, y personas y grupos que se opusieron a proyectos extractivistas.

Interesadas y comprometidas con el esclarecimiento histórico del período contrainsurgente, en agosto de este año recibimos la colección Fue el Estado,realizado por los equipos de investigación de los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez y David Fernández y de manera reciente conocimos del informe Verdades Innegables, por un México sin impunidad, de la comisionada Eugenia Allier. Verdades Innegables es el único texto proveniente del MEH que se integró al Informe 2024, un resumen que informa de los resultados de los cinco instrumentos (esclarecimiento histórico, búsqueda, justicia, memoria y atención a víctimas) de la COVEH.

Creemos un desacierto rechazar la colección Fue el Estado, de los comisionados Barrera, Pérez y Fernández, desconociendo con ello la mayoría de las comunidades violentadas por el Estado en el pasado reciente, debido a la imposición, desde la Secretaría de Gobernación, de una clasificación de víctimas “políticas” y a una supuesta infracción del mandato. La imposición de una categoría de víctima políticas desconoce las luchas y movilizaciones por la transformación del país que también fueron violentamente reprimidas, como comunidades indígenas, campesinas, obreras, de la diversidad sexual, y miles de comunidades sobre las que la violencia de Estado cayó para controlar y aniquilar cualquier atisbo de insurgencia y resistencia ante el poder autoritario. Desconocer esas luchas y vioencias, significa también borrar, una vez más desde el poder, la diversidad de las memorias.

Apelamos a que la Secretaría de Gobernación reconozca de manera integral los trabajos del MEH y que sea la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y tribunales quienes determinen la calidad de víctimas y de posibles responsables en las listas integradas a partir de las investigaciones testimoniales y documentales. Exhortamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum a que retome y dé continuidad a este proceso para concretar los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral para toda víctima de las violaciones graves de derechos humanos del pasado y del presente.

Hoy honramos el recuerdo de nuestras madres y padres pensándoles como personas que lucharon organizadas con y para otras comunidades agraviadas. Y honrar ese recuerdo supone no permitir que se borren o desconozcan a otras personas o comunidades violentadas.

Agradecemos siempre la atención y la consideración. Jamás solos ni solas.

Alejandra Cartagena López, abogada feminista, hija de David Jiménez Sarmiento, ejecutado el 11 de agosto de 1976 y Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978.

Irma Pineda Santiago, poeta y docente, hija de Victor Pineda Henestrosa, desaparecido el 11 de julio de 1978.

Marakorea Navarro Fierro, periodista, hija de Jorge Varela y Olga Navarro Fierro, desaparecidos el 8 de noviembre de 1977.

Alicia de los Rios Merino, historiadora, hija de Enrique Pérez Mora,, ejecutado el 16 de junio de 1976 y Alicia de los Rios Merino, desaparecida el 5 de enero de 1978.

Limonar, Ocosingo, Chiapas 18 de julio de 2014

Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México
Eje de Guerra Sucia, como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia.

BOLETÍN DE PRENSA

“Con Justicia y Paz encontramos la Verdad”
(Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94’.
Caso Masacre de Viejo Velasco)
Yic’ot wembΛ laj coltΛntel yic´t lac ñΛch’ tΛlel (chol)
Soc slequil xchapapajel ya tajtic tesmelelil c’op (tseltal)
Ta lekil chapanele ta jtabetik smelol (tsotsil)
Kome’ts ku’y y wØajku’y ndä pa’tpaj wiyunbä’ omä (zoque)

DICTAMEN REALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL

Introducción

El Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) a través de siete ejes o audiencias temáticas fue instaurado el 21 de octubre de 2011, culminando en noviembre de 2014 donde denunciará y visibilizará, ante la opinión pública nacional e internacional, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano que, hasta la fecha, permanecen impunes.

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Este miércoles 16 de julio de 2014, se realizó en las oficinas del Frayba una conferencia de prensa para anunciar la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) México, Eje “Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia”.

La preaudiencia versará sobre el Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94, el caso de la masacre de Viejo Velasco, la situación de las zonas Norte, Selva y Altos en Chiapas, con la participación de víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dió como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.

Palabras en la conferencia de prensa:

Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco (lee el texto aquí)
[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/conf_tpp16072014_1.mp3[/podcast]

Eréndira Sandoval, Eje Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos
[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/conf_tpp16072014_2.mp3[/podcast]

Alejandro Cerezo Contreras, Juez de la Preaudiencia (Memoria, justicia y reparación) (lee el texto aquí)
[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/conf_tpp16072014_3.mp3[/podcast]

Este miércoles 16 de julio de 2014, se realizó en las oficinas del Frayba una conferencia de prensa para anunciar la Preaudiencia “Con Justicia y Paz encontramos la Verdad” del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) México, Eje “Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la Justicia”.

La preaudiencia versará sobre el Panorama de la contrainsurgencia en Chiapas a partir del Plan Chiapas 94, el caso de la masacre de Viejo Velasco, la situación de las zonas Norte, Selva y Altos en Chiapas, con la participación de víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dió como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad.

Palabras en la conferencia de prensa:

Diego Moreno Montejo, Comité de Defensa de La Libertad Indígena- X’inich, en representación de los familiares de los sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco (lee el texto aquí)
[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/conf_tpp16072014_1.mp3[/podcast]

Eréndira Sandoval, Eje Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos
[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/conf_tpp16072014_2.mp3[/podcast]

Alejandro Cerezo Contreras, Juez de la Preaudiencia (Memoria, justicia y reparación)
[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/conf_tpp16072014_3.mp3[/podcast]

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A 16 de julio de 2014.

FEBRERO 19, ESCRACHE AL CAMPO MILITAR No. 1

¡NO ES CICLOPISTA: ES UNA CÁRCEL CLANDESTINA!

Por segundo año consecutivo, la SEDENA abre las puertas del Campo Militar No. 1 a los civiles, cual si fuera un lugar de paseo, un bonito parque para un domingo en bicicleta, para una carrera de atletismo. Sin embargo, este campo ha sido desde hace décadas un referente al hablar de represión en México, del encarcelamiento clandestino, las torturas, las desapariciones e incluso las ejecuciones extrajudiciales, no es un lugar donde se respete a la ciudadanía: es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos porque en sus instalaciones funciona la cárcel clandestina más señalada en nuestro país.

Se tiene conocimiento, por testimonios y fotografías, que esta cárcel fue usada el 2 de octubre de 1968 para encerrar a cientos de estudiantes traídos de la Plaza de las Tres Culturas. Durante los años setenta y ochenta muchas personas que estuvieron dentro de estas cárceles afirmaron haber visto a más desaparecidos con vida en el mismo lugar. Pueblos enteros, como El Quemado, Guerrero, estuvieron en este lugar secuestrados, desaparecidos. Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desaparecidos desde 2007, fueron traídos a este lugar. Esto demuestra que estas mismas instalaciones han sido usadas como cárceles clandestinas por décadas, es un ejemplo claro de la continuidad del terrorismo de Estado, que nunca ha cesado. No ha sido solo un gobierno el que ha desaparecido, asesinado, reprimido: el Estado en su totalidad lo ha hecho impunemente.

EL PRÓXIMO DOMINGO 19 DE FEBRERO IREMOS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO MILITAR No. 1 (Puerta 8 ) PARA SEÑALAR ESTE LUGAR COMO LO QUE ES: UNA CÁRCEL CLANDESTINA.

La cita es a las 11:00 a.m. afuera del Restaurante “El Portón” que se encuentra sobre Periférico (casi enfrente de la puerta 8 del Campo).

Si las Fuerzas Armadas realmente quieren dar una buena imagen a la sociedad, que liberen a los desaparecidos, que abran sus archivos y no sólo sus puertas; que dejen de violar los derechos humanos, de torturar incluso a sus iguales, a policías; que paren esta campaña de represión y que regresen a sus cuarteles. Que todos los responsables y sus cómplices sean juzgados.

La muerte en la impunidad de Miguel Nazar Haro nos llama a reflexionar sobre diversos temas. Por un lado, la historia, la recuperación de la memoria en donde vemos que él nunca estuvo sólo, que siempre fue una pieza más en un sistema de terror de Estado y criminalidad. De éste contexto nos habla Pável Uranga.

Por otro lado, también es preciso recordar la digna lucha de las madres y familiares y reconocer su camino, para saber que su lucha es la de todos y todas. De ésto nos habla Pável Ramírez, de H.I.J.O.S. México.

Los desaparecidos nos faltan a todos.

El viernes  27 de Enero de 2012 murió Miguel Nazar Haro, responsable directo de la desaparición forzada, el asesinato y la tortura de cientos de hombres y mujeres.

En esta emisión escucharemos a Pavel Ramírez que narra su versión de los hechos.

Como se lee en la página de H.I.J.O.S:

“Hoy se da un luto improbable porque este peligroso criminal murió sin haber enfrentado un castigo justo. Ante esto las mexicanas y mexicanos nos quedamos en un clima de indefensión. Sin embargo, el episodio no está cerrado: la tarea será lograr que el juicio de la historia imponga esa condena ejemplar para que casos como éste no vuelvan a tener un lugar en nuestro país.”
H.I.J.O.S. México
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.

Los desaparecidos nos faltan a todos

Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.
Mario Benedetti

Cuando una persona imprescindible muere, el mundo se pone de luto. El torturador Miguel Nazar Haro murió hace unos días y el improbable luto es completamente distinto: él no era imprescindible, pero era imprescindible que no muriera.

Miguel Nazar Haro fue uno de los más terribles torturadores de nuestra historia. Entrenado por la CIA. Financiado por el narco. Pieza clave en la estrategia gubernamental de asesinato, desaparición forzada y violación sistemática de los derechos humanos de disidentes politicos. Asesor de Zedillo contra el EZLN y las comunidades zapatistas. Robacoches de cuello blanco. Entrenador de torturadores expertos en violar derechos constitucionales. Sus historias lo hacen ver como uno más en la lista del pozolero o el mochaorejas; sin embargo Nazar Haro era más siniestro: él era un servidor público.

Pese a haber cometido innumerables crímenes de lesa humanidad, no enfrentó ningún proceso judicial efectivo. Hubo uno en Estados Unidos, acusado por haber organizado y coordinado una banda de ladrones de coches en ambos lados de la frontera. Para él, el enriquecimiento a partir de actividades ilícitas gracias al manto de impunidad que le cubría, fue más que una costumbre. Hubo dos procesos judiciales en México por la desaparición forzada de disidentes políticos. Valdría la pena preguntarse por qué fracasaron estos jucios.

Nazar Haro no estaba solo: era una pieza más en el esquema de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. No era un loco que actuaba aisladamente: recibió entrenamiento para ello y era parte de una estrategia generalizada para eliminar a la oposición política. No actuó solo: había subordinados y también había gente encima de él. Sin ir más lejos, los secretarios de gobernación y el presidente de la república. Los que gobernaban cuando él operaba y los que le siguieron que supieron todo y construyeron estrategias legales para mantenerlo impune.

Sin duda podríamos decir que hoy el mundo está más seguro sin él, sin embargo la impunidad que prevalece se traduce en una inseguridad al cuadrado. Al delito de la desaparición forzada –que no prescribe- y la tortura, se suma la complicidad de los jueces y el gobierno corrupto que trafica con nuestros derechos como si fueran de su propiedad. De la cadena de autoridades y funcionarios públicos, no hay quien se salve. Desde los torturadores hasta los diputados y senadores que modificaron las leyes para que los criminales y torturadores como él pasaran las farsas de procesos judiciales en su casa. Violación de los derechos humanos al cuadrado por cada una de las víctimas. ¿Cuántos años de prisión sería eso?

A Nazar Haro hay que condenarlo todas y todos, y hay que condenar también a los jueces que lo dejaron libre y a los gobiernos que consumaron su impunidad: desde los jueces en Monterrey Guillermo Vazquez Martinez y Jose Manuel de la Fuente Perez, hasta la SCJN. ¿Por qué si sabe que en sus manos está la última palabra de la justicia, elige mirar hacia otro lado?

Hoy se da un luto improbable porque este peligroso criminal murió sin haber enfrentado un castigo justo. Ante esto las mexicanas y mexicanos nos quedamos en un clima de indefensión. Sin embargo, el episodio no está cerrado: la tarea será lograr que el juicio de la historia imponga esa condena ejemplar para que casos como éste no vuelvan a tener un lugar en nuestro país.

H.I.J.O.S. México
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
Juicio y castigo a los culpables y sus cómplices.
Los desaparecidos nos faltan a todos.