
guerra sucia
51 años luchando por la justicia, la incansable lucha de la familia Guzmán. Convocatoria al Acto Político Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO
Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.
Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.
Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.
Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.
No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.
Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
Hijas de desaparecidos políticos reclaman que Claudia Sheinbaum reconozca el Informe Fue el Estado y de continuidad a la búsqueda de Verdad, Justicia, No Repetición y Reparación Integral a la víctimas
México, a 2 de octubre de 2024.
A quien corresponda:
Nosotras, como hijas de personas desaparecidas y ejecutadas durante la época contrainsurgente en México, hemos participado activamente de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEH). Desde la primavera del 2022, cuando iniciaron las reuniones con comunidades de víctimas, las entonces cinco personas comisionadas anunciaron que investigarían diversas violencias perpetradas por agentes estatales, civiles y militares, en contra de militantes de organizaciones políticas armadas, de movimientos estudiantiles, movilizaciones sindicales, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares, periodistas, comunidades LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, víctimas de la lucha contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, y personas y grupos que se opusieron a proyectos extractivistas.
Interesadas y comprometidas con el esclarecimiento histórico del período contrainsurgente, en agosto de este año recibimos la colección Fue el Estado,realizado por los equipos de investigación de los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez y David Fernández y de manera reciente conocimos del informe Verdades Innegables, por un México sin impunidad, de la comisionada Eugenia Allier. Verdades Innegables es el único texto proveniente del MEH que se integró al Informe 2024, un resumen que informa de los resultados de los cinco instrumentos (esclarecimiento histórico, búsqueda, justicia, memoria y atención a víctimas) de la COVEH.
Creemos un desacierto rechazar la colección Fue el Estado, de los comisionados Barrera, Pérez y Fernández, desconociendo con ello la mayoría de las comunidades violentadas por el Estado en el pasado reciente, debido a la imposición, desde la Secretaría de Gobernación, de una clasificación de víctimas “políticas” y a una supuesta infracción del mandato. La imposición de una categoría de víctima políticas desconoce las luchas y movilizaciones por la transformación del país que también fueron violentamente reprimidas, como comunidades indígenas, campesinas, obreras, de la diversidad sexual, y miles de comunidades sobre las que la violencia de Estado cayó para controlar y aniquilar cualquier atisbo de insurgencia y resistencia ante el poder autoritario. Desconocer esas luchas y vioencias, significa también borrar, una vez más desde el poder, la diversidad de las memorias.
Apelamos a que la Secretaría de Gobernación reconozca de manera integral los trabajos del MEH y que sea la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y tribunales quienes determinen la calidad de víctimas y de posibles responsables en las listas integradas a partir de las investigaciones testimoniales y documentales. Exhortamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum a que retome y dé continuidad a este proceso para concretar los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral para toda víctima de las violaciones graves de derechos humanos del pasado y del presente.
Hoy honramos el recuerdo de nuestras madres y padres pensándoles como personas que lucharon organizadas con y para otras comunidades agraviadas. Y honrar ese recuerdo supone no permitir que se borren o desconozcan a otras personas o comunidades violentadas.
Agradecemos siempre la atención y la consideración. Jamás solos ni solas.
Alejandra Cartagena López, abogada feminista, hija de David Jiménez Sarmiento, ejecutado el 11 de agosto de 1976 y Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978.
Irma Pineda Santiago, poeta y docente, hija de Victor Pineda Henestrosa, desaparecido el 11 de julio de 1978.
Marakorea Navarro Fierro, periodista, hija de Jorge Varela y Olga Navarro Fierro, desaparecidos el 8 de noviembre de 1977.
Alicia de los Rios Merino, historiadora, hija de Enrique Pérez Mora,, ejecutado el 16 de junio de 1976 y Alicia de los Rios Merino, desaparecida el 5 de enero de 1978.