Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

“Nos están matando, violando, mutilando, torturando, empalando, embolsando, desapareciendo, ‘suicidando’, enterrando vivas, vendiendo, y que la Justicia no llega, que la Justicia no se ve, que la Justicia no existe”.

Lo anterior es parte de un comunicado difundido por las redes, colectivas y organizaciones que el domingo (24) salieron a las calles de diferentes entidades para alertar sobre la imparable violencia feminicida que enfrentan en las mujeres en México.

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En las protestas de Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Baja California, Nuevo León, por mencionar solo algunos estados, las cartulinas y lonas mostraron nuevamente los nombres y rostros de mujeres víctimas de feminicidio y desaparición. Miles de casos que permanecen en la impunidad.

La movilización fue convocada a nivel nacional por la indignación derivada del caso de Debanhi y el hallazgo de más víctimas de feminicidio en Nuevo Léon, al norte del país. “La desolación, inseguridad y violencia va en aumento”, reclamaron las mujeres.

“El panorama es desolador”

De enero a marzo de 2022, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene el registro de 229 casos de feminicidios: 78 en enero, 81 en febrero y 70 en marzo. Según la dependencia federal estos números reflejan una disminución de 34%.

La lista la encabeza el Estado de México con 39 feminicidios, Nuevo León con 21 y Veracruz 21; le siguen la Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco. El riesgo feminicida en el Estado de México es tan grave que Amnistía Internacional mantiene una petición en su plataforma por cuatro feminicidios, “la mayoría de los asesinatos quedan impunes”, recalca.

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En cada demarcación la petición es una sola: justicia. Las mujeres solicitaron a las Fiscalías del país, así como al Poder Judicial atender la situación jurídica de las mujeres, incluso las que están privadas de su libertad injustamente.

En las pancartas demandaron que feminicidas, golpeadores, violadores, acosadores, pedófilos y hostigadores sexuales dejen de pisar las calles y se les dicte auto de formal prisión.

Nadie volvió a pronunciar su nombre 

“La Fiscalía de Chiapas no hace su trabajo”, dijo Margarita Zenteno, mamá de Paulina Gómez Zenteno, asesinada en Tuxtla Gutiérrez, al tomar el micrófono en el mítin frente a Palacio de Gobierno de Chiapas. Desde entonces, la búsqueda de justicia de Margarita se convirtió en un calvario por la falta de perspectiva de género en las Fiscalías y discriminación por parte de derechos humanos.

“Hace seis años mataron a mi hermana Yuri Lisseth Méndez Trejo, enfermera de 21 años. Necesitamos que el Estado haga su trabajo, hoy la Alerta de Género nos sigue debiendo”, dijo Itzel Molina Trejo.

El 24 de noviembre de 2016, Yuri fue hallada sin vida en el interior de una bolsa negra. Uno de los feminicidas fue detenido por la lucha incansable de la familia que acompaña todas las marchas contra la violencia hacia las mujeres que se realizan en la capital de Chiapas.

El 27 de agosto de 2021, la activista animalista Adriana Vera, fue asesinada a golpes por su pareja en Chiapa de Corzo. Compañeras activistas de Adriana señalaron que la Fiscalía General de Chiapas dio carpetazo a la investigación por posible “suicidio”.

“Nadie volvió a pronunciar su nombre. Exigimos que la recuerden porque ese tipo (el feminicida de Adriana) está con su nueva novia por ahí y ella puede ser la siguiente”.

La movilización a nivel nacional se dio a partir de los seis hallazgos en Nuevo León y la presentación del informe del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas. El estudio dice que uno de cada cuatro desaparecidos en México es mujer.

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La media nacional de 25% de desaparición de mujeres es superada por Campeche con 67 % y más del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucatán; en su mayoría, casos de niñas y adolescentes de entre 10 a 19 años.

Viena, 16 de septiembre 2021.

Un gran contingente de mujeres mayas zapatistas que llegaron a Europa Central hace dos días y medio se unió a las 18 hrs. a una concentración de protesta para exigir justicia para Shukri y Fadumo, dos mujeres de origen somalí, asesinadas hace dos días en Viena, pidiendo que no quede impune este doble feminicidio. Esta concentración fue convocada por la colectiva Ni una menos-Austria, la cual agradeció «a las compañeras zapatistas por su apoyo en nuestra reunión y marcha en este día tan triste».

Adelante de la iglesia monumental de Karlsplatz, las compañeras escucharon, aplaudieron y filmaron diferentes tomas de palabra de mujeres somalíes y de otros países de Europa y África que se expresaron en sus diferentes lenguas, en especial el somalí, el árabe, el español y el alemán austriaco. Cientos de jóvenes mujeres feministas e internacionalistas llevaban pancartas y mantas contra el patriarcado y el racismo. Estuvieron gritando consignas y cantaron una versión alemana de Vivir sin miedo de Vivir Quintana, antes de prender en silencio las luces de sus teléfonos celulares cuando cayó la noche. Después de escuchar los dolores en lenguas que tampoco medios libres de Slumil K’ajxemk’op pudieron entender, las compañeras de la Extemporánea siguieron el recorrido de la marcha de mujeres austriacas y migrantas que recorrieron calles anchas rodeadas de edificios imponentes que remontan al imperio austro-húngaro siglos atrás.

El campanazo de la iglesia de Karlsplatz no pudo callar a las voces altas ni los silencios de las mujeres expresando dolores que tal vez lograron captar los celulares de las compañeras zapatistas, así como la videocámara del compañero Tercio, encargado del registro audiovisual de la delegación aerotransportada del EZLN, quien fue el único varón zapatista presente en la concentración y la marcha nocturna. A lo mejor, la vibra antipatriarcal, antirracista e internacionalista de la primera marcha europea de la Sección Miliciana Ixchel-Ramona se nota en el llamado streaming (video en vivo) de medios libres desde Karslplatz en Viena, con comentarios en español de anfitriones de Zapalotta, en especial, el Comité de Solidaridad Mexiko-Salzburg, quienes explican el contexto y el sentido de las acciones de protesta contra los 21 feminicidios que lleva Austria en 2021.

Mucha emoción marcará sin duda la memoria de las compañeras milicianas, vestidas de playera rosa, pantalón de mezclilla y botas de piel, listas para caminar escuchando, intercambiar y aprender de las luchas de cientos de colectivas europeas insumisas que las invitan y exigen sin descanso “¡Ni una menos!”, “¡Alerta feminista!” y “¡ Stoppt den femizid !”.

#LaGiraZapatistaVa #Travesiaporlavida #EZLN
#niunamenos #vivasnosqueremos #stopptfemizide

Fotos:

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Colaboración de: Andre Murcia | Chaski Clandestina

La toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la Ciudad de México ha representado un logro y avance a la organización del frente nacional feminista #Niunamenos quienes llegaron para apoyar a las madres de víctimas de desaparición forzada que se mantenían en huelga de hambre en uno de los salones. Aunque sea un avance en tomar los espacios para ser escuchadas aún no lo es para sus casos en espera justicia y esclarecimiento.

En la toma hay mujeres de todas edades, niños y algunos hombres familiares de las mujeres de tercera edad. Al llegar no podían creer la alacena con la que cuenta la CNDH: cortes finos, botes de helado, latas de chongos zamoranos, azúcar importada, verdura y fruta de gama alta. Alimentos que hace años los familiares (que también son víctimas) no habían probado por la limitación en gastos de transporte y seguimiento en búsqueda de justicia por su parte. Gastando sus ahorros y el más importante, desgaste emocional.

Yesenia, madre de Marichuy, asesinada hace 5 años presuntamente por su maestro de la IPN, dice que ella no entiende cómo sigue viva, la búsqueda de justicia la mantiene de pie.

Erika su hija pequeña es víctima de abuso sexual por un familiar. Desde hace tres años su agresor sigue libre y las autoridades han revictimizado a la niña de apenas 10 años. Ha dejado todo y por ahora no tiene casa, creo una línea de muñecas con la que a través de ellas muchas mujeres le han contado su historia. Ella quiere ser recordada por sus muñecas y con ellas sacar adelante a sus hijas.

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Informe de la Campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas sobre la Declaratoria de Alerta de Género.

Las organizaciones que solicitamos y hemos dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AGV) en Chiapas, exigimos este 8 de marzo (2019), el cese de su engañosa aplicación. Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores.

La violencia de género tiene causas múltiples y complejas, todas ellas ligadas a las relaciones de dominación/subordinación sobre las mujeres que histórica y culturalmente se han naturalizado como parte del imaginario colectivo patriarcal, colonial y sexista que prevalece tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país. Ese carácter estructural de la violencia, abonado con la pobreza extrema y la desestructuración de la vida campesina que la modernidad neoliberal impuso oficialmente en Chiapas desde de los 80s, ha propiciado la idea de que las mujeres somos objetos no sólo de explotación y uso sexual del poder masculino, sino que, violando todos nuestros derechos, nos han convertido en objetos desechables a través de múltiples formas de violencia feminicida y victimización, incluyendo los feminicidios, que van aumentando y formando modelos de agresión, como sucede en bares, cantinas y antros en donde se prostituye, emborracha, droga, viola tumultuariamente, asesina y después arrojan al descampado o a la vía pública los cuerpos de niñas indígenas, como ha sucedido en 4 de los últimos casos de los que tenemos documentados. Lo anterior es ejemplo de que las autoridades no toman su responsabilidad en la política pública de seguridad para las mujeres, impidiéndonos el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos.

Pretextando que la AVG no es un instrumento que se avoque a combatir el carácter estructural de la violencia, las acciones que se han realizado y que se reportan en el informe que el Gobierno del Estado de Chiapas presentó en la última sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018, son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento. Estos hechos nos reafirman en nuestro posicionamiento de que no es sólo la presión al Estado lo que va a desaparecer la violencia de género hacia las mujeres, sino que somos los pueblos y especialmente las mujeres, quienes tenemos que luchar por nuestra autodeterminación personal y nuestra autonomía política, quienes podremos transformar el carácter patriarcal de la sociedad y hacer una lucha efectiva contra la violencia de este régimen neoliberal.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de febrero de 2019

Chiapas en el epicentro de la violencia 

• Grave clima de violencia y conflictividad en Chiapas registra incremento de ataques y asesinatos a civiles en varias regiones de la entidad.

Las organizaciones civiles y de derechos humanos que integramos la Red por la Paz en Chiapas observamos que durante los últimos meses, en distintos municipios de Chiapas, se han registrado hechos de violencia y conflictividad que han dejado como saldo el asesinato, desaparición, secuestro, amenazas, agresiones y daños al patrimonio de distintas personas que por distintas causas han resultado afectadas.

Como colectivos hemos acompañado de cerca varios de estos procesos, por ello les compartimos a continuación algunos de los hechos más relevantes denunciados por la Sociedad Civil organizada, organismos civiles, periodistas y medios libres y que hemos documentado de cerca los graves acontecimientos que han segado la vida de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y, particularmente, de mujeres que han sido víctimas de la violencia feminicida.

Contexto de violencia:
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Fuente: https://urucum-artes.org/

Insurgencias mexicanas
Poéticas de vida en tiempos de muerte

Mayo y junio de 2018
Brasil

El mes de mayo e inicio de junio de 2018, Urucum Artes Colaborativas recorre varias ciudades de los estados de Pernambuco y Bahía, Brasil, con la exposición/plática Insurgencias mexicanas: Poéticas de vida en tiempos de muerte.

Insurgencias surge a partir de las provocaciones y desafíos planteados por los zapatistas en sus iniciativas recientes, en particular el festival CompArte por la Humanidad, el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, el conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿Prohibido pensar?” y la iniciativa del Concejo Indígena de Gobierno.

¿Qué hacer frente al contexto de muerte que se vive no solo en México, sino en el mundo? ¿Cómo crear alternativas con el arte y la creatividad? ¿Cómo sembrar vida en tiempos de muerte?

Con curaduría de Luciana Accioly, la exposición consistió en obras de los colectivos Huellas de la Memoria y Vivas en la Memoria, y fotografías de los colectivos de medios libres Radio Zapatista, SubVersiones y La Tinta.

La exposición se presentó en:

• Congreso Internacional del Libro, la Lectura y la Literatura del Sertón (Clisertão), Petrolina, Pernambuco
• Juventud Activista de Cajazeiras (JACA) – Barrio de Cajazeiras, Salvador, Bahía
• Casa PachaMãe – Barrio de Monte Serrat, Salvador, Bahía
• Naturaleza de la Creatividad, Universidad Federal de Bahía – Salvador, Bahía
• Sindicato de Trabajadoras Rurales – Governador Mangabeira, Bahía
• Casa de lxs artistas Alba y Chico Liberato – Salvador, Bahía

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La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.

El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.

En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.

La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.

De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.

Comunicado de Prensa
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 17 de marzo de 2018.

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

• Violencia feminicida, desplazamiento forzado, militarización, migración, situación de las mujeres indígenas, niñas, niños, adolescentes y feminicidios temas de la agenda.

El pasado martes 13 de marzo de 2018 en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas (Campaña Popular) sostuvieron una reunión con la Embajadora de Suecia en México, la Sra. Annika Thunborg, en el marco del Encuentro de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas.

La organización internacional de acompañamiento a personas defensoras SweFor (Movimiento Sueco por la Reconciliación), como preámbulo, mencionó el interés del gobierno sueco por conocer la situación actual de los derechos humanos de las mujeres y la violencia feminicida en México, trayendo a la memoria la impunidad en que se mantiene el asesinato de la Defensora Digna Ochoa perpetrado en el año 2001 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, las organizaciones participantes denunciaron la existencia de un contexto  histórico, persistente y sistemático de violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes, indígenas y migrantes en Chiapas. Se hizo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, la conflictividad social y la división comunitaria ante la coyuntura electoral.

La Campaña Popular precisó que a más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas tienen un carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas (ej. PROSPERA, Salario Rosa) y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa refirió que las acciones estatales han sido una burla para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ejemplo de ello fue la rodada ciclística realizada el pasado 8 de marzo en la Ciudad de Tonalá, organizada por el Ayuntamiento para “evitar más agresiones a mujeres”, sin que ello trascienda a garantizar acceso a la justicia para las personas denunciantes que refieren que las carpetas de investigación contienen crímenes en impunidad.

Ana Isabel Nigenda Cervantes, de Formación y Capacitación A.C., también denunció la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas en el contexto de movilidad humana, quienes se insertan en contextos que vulneran no solo sus derechos sino su dignidad humana, son constantemente víctimas de la violencia estructural, que se presenta en forma de servidumbre, trata de personas, trabajos forzados, tortura y tratos crueles e inhumanos, explotación y violencia sexual, embarazos no deseados, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar y feminicidios, por parte de grupos delictivos, sumado al abuso de las autoridades mexicanas civiles y militares. En Chiapas existe incluso una Fiscalía Especializada para personas Migrantes y otra especializada contra la Trata de Personas y ninguna de estas es funcional pese a que estamos en un estado fronterizo en donde las denuncias por trata y abuso a personas migrantes es una constante que documentamos las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jennifer Haza de la organización Melel Xojobal, expusó el contexto de violencia por la que atraviesan niñas y adolescentes, ya que desde 2011 a la fecha se han registrado 47 feminicidios de niñas y adolescentes por su condición de género, de igual forma mencionó que en Chiapas un 44% de mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia.

Gloria Flores y Julieta Gómez del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, denunciaron que la situación de violencia cultural que viven las mujeres indígenas y campesinas fue otro de las temáticas que, de manera atenta, escuchó la Embajadora Thunborg, sobre la cual el Gobierno de Chiapas ha demostrado su falta de interés y capacidad para abordar con políticas adecuadas la transformación de las prácticas culturales que las discriminan, así como la generación de acciones que les garanticen el acceso a la justicia y combatan la constante impunidad de la violencia feminicida y los feminicidios que se han registrado en las comunidades de la Entidad. El no tener acceso a la justicia las hace más vulnerables y deciden no denunciar porque las revictimizan.

Karla Aguilar Herreros, de la Organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., compartió la omisión del Estado a su deber de garantizar a las mujeres el acceso al agua potable y a servicios de salud de calidad. Lo que ha generado el incremento de muertes maternas, tracoma y diabetes. En este sentido, San Cristóbal de Las Casas, Bejucal de Ocampo, y El Porvenir son los municipios con más alto índice de muerte materna. También denunció que en todo Chiapas existe una falta de infraestructura hospitalaria significativa que se refleja en el funcionamiento de únicamente dos bancos de sangre (Tapachula y Tuxtla Gutiérrez) para toda la Entidad. El Colectivo, de igual manera, hizo hincapié en las violaciones sexuales a mujeres en el trayecto de su casa al ojo de agua.

Susana Montes, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC alertó sobre las consecuencias que la militarización genera en la vida de las mujeres y sus comunidades, situación que debe atenderse ante la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Además Chiapas ha vivido la violencia que la incursión militar en los territorios conlleva: desaparición forzada, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, aumentos de embarazos e hijos sin padres, etc.

Mercedes Ozuna de Semilla del Sur denunció la falta de atención a las 1329 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitan, Chiapas, a quienes el Gobierno de Chiapas ha dejado de suministrar alimentos y atención médica a pesar del compromiso que adquirió ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Martha Figuera, de COLEM, expusó que en períodos electorales los feminicidios aumentan, que si bien el Gobierno de Chiapas se ha comprometido a atender la problemática, las acciones han sido insuficientes y solicitó a la Embajadora transmitiera esta información al Gobierno de Suecia para que se pronuncié respecto del incumplimiento del Estado Mexicano a su deber de garantizar los derechos humanos específicamente de las mujeres y niñas.

Las participaciones terminaron con la palabra de dos personas desplazadas del Municipio de  Chalchihuitan, quienes narraron la situación de desplazamiento forzado a causa de grupos civiles armados y las condiciones actuales en las que viven tras el olvido institucional.

El encuentro finalizó con una ronda de preguntas por parte de la Embajadora, quien mostró interés en cada una de las participaciones de las integrantes de la Campaña Popular.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Isabel Benítez denuncia amenazas y reitera la exigencia de justicia y castigo a todos los culpables del feminicidio de su hermana Lupita

Ciudad de México, 24 de Enero de 2018.- Verónica Guadalupe Benítez apenas tenía 21 años y un bebé de tres meses cuando en Julio del 2017 fue lapidada y acuchillada en San José del Vidrio, Estado de México por su esposo Luis Ángel Reyes y su suegra María Gabriela Jímenez. En entrevista para Radio Zapatista, Isabel Benítez narró la muerte de su hermana Lupita. Contó que Lupita se defendió con todas sus fuerzas y tras el forcejeo le quedaron adheridos en el cuerpo restos de piel y cabellos.  Aseguró que los primeros pertenecen al esposo de Lupita y sospecha que los cabellos pertenecen a su suegra, por lo que exigen la exhumación del cuerpo a pesar de que las autoridades les han dicho que los cabellos son de ella misma. Además, Isabel calificó como desgastante y frustrante el proceso judicial padecido en las Fiscalías de Barrientos y de Toluca y denunció las aún hoy constantes amenazas vertidas por la familia de Luis Ángel en las audiencias del caso, pues en ellas le han dicho “que ahora los que siguen son sus niños”. De hecho, las autoridades no han querido levantar un acta para hacer constar estas amenazas, pues dicen que esto no procede en el estado de México. “¿Quieren esperarse a que suceda algo más?”, concluyó la hermana de Lupita Benítez:

Mi nombre es Juana Isabel Benitez Vega, soy hermana de Verónica Guadalupe Vega, estudiante de bioquímica diagnóstica en la FES Cuautitlán Izcalli.  Ella tenía 21 años y tenía un bebé de tres meses. El pasado seis de julio del 2017 fue victima de feminicidio a manos de su esposo  Luis Ángel y su suegra María Gabriela. Esto fue en la comunidad de San José del Vidrio, Nicolás Romero, estado de México. Ha sido un proceso muy difícil. Ya van casi siete meses. Ella fue lapidada. Le destrozaron su rostro y también recibió diecisiete puñaladas en todo su cuerpo. Le destrozaron sus pechos y le dejaron restos del arma punzocortante en la clavícula. El proceso ha sido muy difícil desde un inicio porque las autoridades, las mismas autoridades de feminicidios no nos han dejado tener acceso a la carpeta. El hoy imputado Luis Ángel está vinculado a proceso. Hay testigos que vieron cuando su esposo y la suegra golpearon a mi hermana y minutos después ella pierde la vida. Esos testigos ya declararon pero las autoridades no han querido jalar a la señora. Nos dicen que la señora no participó. Todo esto fue a metros de su casa. Él trabajaba vendiendo lunch en una escuela particular donde los mismos maestros de la escuela lo encubrieron, lo protegieron. Yo  ese día recibí una llamada a las 11:30 de la mañana. Preguntaron si era la casa de Lupita y yo les dije que sí. Me dijeron “vente rápido al departamento porque Luis Ángel le está poniendo en su madre”. Cuando yo llego al departamento de mi hermana  vi que había gente y cuando veo, me bajo del carro, veo que mi hermana ya está tendida, ya está cubierta con una sábana y la única que estaba ahí era la suegra de ella y en su ropa tenía sangre. Yo le pregunté qué fue lo que paso y ella nunca me contestó. Andaba más estaba muy agresiva y me decía que ella no sabía, que a ella no le preguntara,  y se echó a  correr. No estaba ni Luis Ángel  ni el bebé de mi hermana, pero antes de que se fuera me dijo que estaban golpeados tanto el bebé como Luis Ángel. Esperé  a que llegara más familia mía. Yo me quedé con el cuerpo de mi hermana y quise ir a buscar al niño. Cuando ya voy saliendo del camino de terracería Luis Ángel viene acompañado del esposo de la directora y de su hijo y ahí me lo dejan; pero él estaba todo rasguñado de los brazos, del cuello y traía un golpe, y yo le dije que qué le había hecho a mi hermana, y me decía “no, dime que lo salvé” . Me armó su teatro y dijo que un tipo grande y robusto con una playera blanca se había querido llevar a mi sobrino, luego “que no, que lo quería secuestrar”  y luego que lo quería robar. Muchas versiones dio. Entonces yo les dije a los policías que él había sido. La familia de él ya estaba ahí. Desde ese momento empezamos a recibir amenazas. Yo tengo bebés. Y la familia de él nos dijo que los que siguen son mis hijos y mi sobrino, que los que siguen son los niños. Y esas amenazas a la fiscalía le ha valido. La fiscalía de feminicidios de Barrientos estaba llevando el caso pero ahí los MPS (ministerios públicos) y la fiscalía nos volvían a revictimizar. Nos decían que eso no se podía, que ya lo tenían. Es más, la misma fiscal Irma Millán[i] nos preguntó qué era lo que queríamos, y nosotros le decíamos que queríamos justicia, que paguen todos los feminicidas de mi hermana, todos los que la hicieron sufrir y padecer. Es lo único que queremos: justicia para Lupita. Pasaron dos meses, hicimos una marcha el 18 de septiembre a Toluca y entonces se pasó la carpeta para Toluca, y pensamos que el cambio iba a ser diferente pero no ha sido así. La fiscal Dilcia[ii] no nos quiere recibir. Nos dice que tienen asuntos mas importantes y le digo que cómo es posible que diga eso si todos los asuntos son importantes, más porque a mi hermana la mataron con mucha saña, con mucho odio. Ha sido un proceso super difícil. Hemos tenido que enfrentar a las mismas autoridades, al mismo sistema. Nosotros lo único que queremos es justicia, justicia para ella.

[i] Titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Procuraduría General de Justicia Mexiquense (PGJEM)

[ii] Dilcia García Espinosa, fiscal central de atención a delitos vinculados a la Violencia de Género en el  Estado de México.