Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto

El pasado 7 de Diciembre, como respuesta frente a la grave situación de desplazamiento masivo que se vive en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán (Ver “Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?”), las parroquias de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán realizaron misas para pedir la reconciliación entre sus pueblos hermanos, y así “terminar con el sufrimiento de los desplazados”. La parroquia de Chenalhó inició su peregrinación con una oración en Campo del Toro para más tarde acercarse a Las Limas, comunidad ubicada en el camino hacia Chalchihuitán.

“Según los ancianos, antes de 1973, cuando empezó este problema, los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán eran como hermanos. Sus santos patronos los apóstoles Pedro y Pablo se visitaban el día de su fiesta el  28 y 29 de Julio, y pableros y pedranos hacían fiestas juntos por varios días. Vamos a pedirles a los patronos Pedro y Pablo que nuestros pueblos vuelvan a ser hermanos” Extracto del comunicado de la parroquia San Pedro Apóstol, Chenalhó.

Escucha el comunicado completo de la parroquia de San Pedro Apóstol, Chenalhó:

Comunicado completo (texto) en komanilel.org

Para mayor información puede ver los videos tomados por el padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de Simojovel – 24 nov 2017-en los links siguientes:

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 1/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 2/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 3/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 4/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 5/5 – CML

Foto: Frayba

“Estamos sufriendo mucho. Se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos. Ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre.”

Estas son algunas de las palabras de una mujer tsotsil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa, duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de cero grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos. Perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches.

Como ella, casi 6 mil indígenas tsotsiles (5023 de Chalchihuitán y 950 de Chenalhó) sobreviven en las montañas de Los Altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos, miles de niños y 114 mujeres embarazadas, algunas a punto de parir.

Todos ellos fueron expulsados de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista (PVEM), impuesta por la fuerza hace tres años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral.

La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con ocho balazos por el grupo armado de Chenalhó mientras trabajaba una de sus parcelas el 18 de octubre de este año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas, corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal, quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios.

Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado, y pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable.

Raíces del conflicto agrario – Responsabilidad del gobierno federal

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(Descarga aquí)

Más de 2 mil personas han sido desplazadas forzadamente de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, por la acción de grupos armados que han provocado una situación de violencia generalizada. Desde el 13 de noviembre, se han refugiado en el monte centenares de familias, sin comida ni servicios médicos. La población más vulnerable son niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hace un llamamiento para que se exija al Estado mexicano que se implementen las medidas cautelares necesarias a fin de respetar, garantizar y proteger la vida de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó, y se apliquen principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, que garanticen condiciones dignas de vida y respeto a los derechos humanos de la población desplazada.

Firma aquí: https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de noviembre del 2017.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las Juntas de Buen Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las y los Defensores de los Derechos Humanos Nacional e Internacional
A las Organizaciones Sociales y Políticas
A los Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen
A la Prensa Nacional e Internacional
Y a la opinión pública.

Hermanas y hermanos:

Un día como hoy aquí en Acteal, pero hace 20 años, a un mes de la Masacre de Acteal, la Organización de Las Abejas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas e incluso algún medio de comunicacion, estábamos tratando por todos los medios de alertar a la opinión pública y a las autoridades de los tres niveles de la tragedia que se aproximaba. Pero todo fue inútil las autoridades no hicieron nada para detener la violencia y sucedió lo que se temía: la masacre de Acteal donde 45 hermanas y hermanos nuestros más 4 bebés que se encontraban todavía dentro del vientre de sus madres fueron masacrados por un grupo de paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, durante el contexto de guerra de contrainsurgencia como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por el Estado mexicano y encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León.

En realidad no fue solo con un mes de anticipación sino siete meses antes que estuvimos dando la señal de alarma, nada mas para que el entonces secretario de Gobernación dijera que era imposible prever lo que pasó.

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Parroquia de San Pedro Chenalhó a 20 de noviembre de 2017

A todos los creyentes católicos de San Pedro Chenalhó
A todos los creyentes católicos de San Pablo Chalchihuitán
A todos los habitantes de estos municipios
A las autoridades municipales de Chenalhó y Chalchihuitán
A las autoridades estatales y federales
A todos los creyentes
A los organismos defensores de derechos humanos
A los medios de comunicación
A todas las personas de buena voluntad
A la opinión pública

Hermanos y hermanas

Nosotros y nosotras servidores de la Iglesia Católica de la parroquia de San Pedro Chenalhó queremos dar nuestra palabra sobre el conflicto de colindancia con el municipio de Chalchihuitán que una vez más está ensombreciendo las vidas de nuestros municipios, no nada más las de aquellos directamente afectados en sus parcelas, en sus viviendas, en su seguridad, y hasta en sus vidas, sino la de todos los habitantes de Chenalhó y Chalchihuitán aunque no estén directamente implicados en el conflicto y también los de otros municipios que no pueden transitar libremente por los caminos y carreteras.

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• Más de 70 mil personas afectadas y por lo menos 1000 desplazadas forzadamente
• Riesgo a la vida, seguridad e integridad de comunidades de la región

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba) ha recibido de manera directa información, el día 21 de noviembre de 2017, sobre la situación de emergencia en la zona Altos de Chiapas, nos reportan lo siguiente:

“En el mes de octubre sucedió la muerte de Samuel Pérez Luna poblador de Chalchihuitán, originario de la comunidad de Kanalumtik; y se profundizó la violencia el 13 de noviembre, ocasionada por grupos armados de la región. Por lo cual se han desplazado centenas de familias y siguen saliendo más personas aún, se está viviendo una situación de violencia generalizada. Las personas están refugiadas en el monte, según dicen son más de mil. Grupos armados cortaron la carretera y bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, quedando incomunicada la población.

Hasta el día de hoy siguen los disparos de bala, la población está viviendo en terror, hay rumores que van entrar gente armada para agredir a las personas que están en la cabecera de Chalchihuitán. No hay nada de comer, ni frijol y ni tortilla. El gobierno del estado de Chiapas no escucha porque no se ha hecho nada, estamos solos y abandonados a nuestra suerte. Todos los negocios están cerrados, ya no maíz, no hay fruta, no hay gasolina. El municipio está sitiado, no hay manera de pasar despensa; hay mucho miedo, hay balacera en el comunidad de Pom y por lo menos 9 casas quemadas. Y hay amenazas que cortarán la energía eléctrica.

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Familia de la niña Antonia Méndez López, muerta en desplazamiento forzado, retorna provisionalmente a su tierra sin garantías de seguridad.

La historia de Antonia López Méndez, niña indígena tseltal, muerta a los 11 años, evidencia la condiciones de vulnerabilidad de las niñas y niños en desplazamiento forzado en Chiapas.

Antonia, víctima de la pobreza extrema y arrancada de su raíz, enfermó de tristeza, según cuenta su madre, aunque el diagnóstico médico fue edema cerebral. Durante tres años padeció estar lejos de su casa. Falleció el 21 de febrero de 2015 por no tener acceso a atención adecuada en salud. La llevaron a enterrar en el patio familiar en Banavil, Tenejapa, Chiapas, al lado de sus dos hermanitas Petrona de 6 años y María de uno.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 23 de Octubre del 2017

A las Juntas del Buen Gobierno de E.Z.L.N
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes
A la Red Contra la Represión
Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A los Colectivos Internacionales
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Medios Libres
Al Pueblo Creyente en Chiapas
A las Compañeras y compañeros de los pueblos Originarios de Chiapas, México y del Mundo.

A casi 6 años de que nuestra familia fue agredida con armas de fuego por los priistas del mismo paraje Banavil hasta el momento el estado mexicano a protegido y siguen siendo cómplices con los responsables de nuestro desplazamiento forzado y la desaparición forzada de nuestro padre Alonso López Luna que hasta la fecha esta sin investigar su paradero.

Denunciamos que a causa de las omisiones del gobierno de Chiapas, no se han calmado las agresiones, como a pasado hace unos días haciendo mención de los siguiente hechos:

• A partir del día 16 de septiembre de 2017, él comisariado Pedro Méndez López, junto con su hermano Diego Méndez López y sus dos cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez talaron 4 árboles en nuestras tierras que pertenece a nuestro padre Alonso López Luna ubicado en el ejido Santa Rosa. Este comisariado es originario en el paraje Banavil de donde fuimos desplazados.
• El día 26 de Septiembre del 2017, el comisariado y agente ejidales nos acusaron de invadir 56 hectárea de tierras, y dicen que han entrado extranjeros armados con armas de fuego en el Ejido Santa Rosa, también amenazaron con detenernos si vamos a nuestras tierras. Esto fue publicado por la periodista Mitzi Fuente que al mismo tiempo es directora del Diario Independiente. Estas denuncias también son hechas por Pedro Méndez López, comisariado actual del ejido Santa Rosa.
• El día 5 de octubre del 2017 el comisariado Pedro Méndez López junto con otras mas personas repartieron y midieron nuestras tierras que se encuentran en el ejido Santa Rosa que corresponden a nuestro padre Alonso López Luna que sigue desaparecido y donde el actual comisariado es cómplice, además pusieron un letrero donde dice que no permitirán entrada a personas desconocidas y extranjeras. Las personas que están vigilando están encapuchadas, tapando caminos en las noches y haciendo disparos de arma de fuego al aire libre.
• El día 14 de octubre, sabemos que volvieron a cortaron otros dos árboles en el mismo terreno que tenemos en el ejido Santa Rosa.

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