Desde diciembre de 2020, Manuel Gómez Vázquez, joven maya tseltal, base de apoyo del EZLN, ha estado preso injustamente por un delito que no cometió. Fue falsamente acusado por autoridades comunitarias, torturado por éstas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

La prisión de Manuel Gómez Vázquez es parte de un patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por parte del gobierno de Chiapas, por medio de acusaciones falsas, tortura, utilización de testigos falsos y otros medios, con la intención de castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del territorio.

(Ve el sitio especial del Frayba “Fábrica de Culpables – Detención Arbitraria“.)

• 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
• La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.

Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

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Texto y fotos: Heriberto Paredes | Pie de Página

Después de ser reportado como desaparecido, este martes se encontró el cuerpo de Eustacio Alcalá, defensor del territorio de la sierra costa michoacana. Sin pruebas, funcionarios del gobierno de Michoacán adelantan que el defensor era integrante de una organización criminal, una afirmación desmentida por la comunidad.

MICHOACÁN. – El cuerpo sin vida de don Eustacio Alcalá, de 66 años, defensor del territorio, fue encontrado hoy en las cercanías del camino que conduce a la comunidad de San Juan Huizontla, en el municipio de Chinicuila. Desde el pasado 1 de abril se reportó su desaparición tras ser comisionado para trasladar a 3 misioneras que se dirigían a la comunidad nahua a desarrollar tareas de evangelización.

Según los propios testimonios de las misioneras, sujetos armados interceptaron el vehículo en donde viajaban y se llevaron a don Eustacio. Poco después, elementos de la Guardia Nacional localizaron a las mujeres y la camioneta en donde viajaban inicialmente, sin embargo se negaron a buscar al defensor a menos de que tuviesen una denuncia ante un Ministerio Público.

Algunos habitantes de esta comunidad afirmaron que la Guardia Nacional estaba presente cuando se escucharon disparos en las cercanías de este camino, más o menos a 500 metros de donde ocurrieron los hechos y –a partir de lo dicho por testigos– “en lugar de ir a perseguir a los malandros se fueron a la comunidad”.

Sin un comunicado oficial, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, declaró que uno de los posibles móviles del asesinato es “el parentesco con un miembro de la delincuencia organizada”. No hay indicio de que esto sea cierto, tanto en la comunidad como en la región, don Tacho, como se le conocía cariñosamente, era una persona muy participativa en Huizontla. Su familia y allegados no son miembros de ninguna organización criminal.

Las declaraciones del funcionario sólo afectan la imagen de don Tacho y no abonan a la seguridad en la comunidad. Se trataba de una persona querida y respetada en Huizontla y en toda la región por sus esfuerzos para lograr el bienestar de las personas.

El defensor ganó un amparo contra minera

Don Tacho fue miembro del Consejo Ciudadano de Chinicuila, una experiencia organizativa que veló por el cumplimiento de las tareas y compromisos de los gobiernos municipales y de las autoridades estatales. En el contexto de la lucha en contra de la organización criminal de los Caballeros Templarios, participó junto con muchas personas de la comunidad y de la región en los grupos de policía comunitaria que defendieron a la población y los recursos naturales que peligraban en ser explotados por la violencia organizada.

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Desde el año de 2013, el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (#CEAS) pretenden construir un colector de desechos industriales que desemboque directamente al río #Metlapanapa, afluente del río Atoyac. Este corredor industrial desecha actualmente, en completa impunidad, metales pesados como plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales en los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla al estar en contacto con la flora, fauna y sociedad. A pesar que estos metales tienen gran riesgo de provocar enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales.

Durante varios años las guardianas y guardianes del río Metlapanapa conformados por los pueblos de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla, Coronango, colindantes al río Metlapanapa se han organizado para frenar este proyecto de muerte y la industrialización de la región que dañaría la salud y la vida de todo el territorio. Pero en el año de 2019, los empresarios de Ciudad Texti, la CEAS-Puebla, el gobierno Estatal y municipal de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, pretendieron concretar este proyecto de muerte, por lo que la organización de los pueblos detuvo las obras; sin embargo, la represión del capital y el Estado no se hizo esperar. El 30 de octubre de 2019, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército reprimieron a los pueblos que protestaban contra este proyecto de muerte.

El 24 de enero de 2020, el Estado y el Capital detuvieron y encarcelaron al defensor del territorio Miguel López Vega convirtiéndolo en el primer #PresoPolitico de la #4T. Inculpándolo de tres delitos: 1. obstrucción de obra pública, 2. Daño a las vías de comunicación y 3. Daño a los medios de transporte por medio de una supuesta bomba molotov qué quieren equiparar a uso de explosivos. Delitos que nunca cometió y de los cuales fue absuelto de 2 de ellos y liberado el 29 de enero del mismo año.

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Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de julio de 2022
Pronunciamiento conjunto

Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

 Preocupación por posible detención, desaparición o asesinato del defensor de derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales firmantes, condenamos la solicitud de orden de aprehensión en contra del defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio de 2022 al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, tal como lo ha afirmado la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en su comunicado. Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos.

El Padre Marcelo Pérez Pérez, defensor incansable de derechos humanos, ha realizado innumerables acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio frente a despojos de megaproyectos, familias víctimas de desplazamiento forzado de pueblos originarios, colectivos de familias de personas privadas de su libertad, así como brindando y facilitando procesos de mediación de pueblos y organizaciones que sufren situaciones de violencia, como lo ha hecho en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El bosque y Pantelhó, lo que ha permitido la disminución de la violencia en estas zonas.

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En días pasados, a raíz de los hechos ocurridos en las manifestaciones
del día 1º de Diciembre por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto
como presidente, en las que los cuerpos policiacos, tanto federales como
del Distrito Federal, reprimieron brutalmente a los manifestantes,
funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, entre los que se
encuentran el propio jefe de gobierno y el procurador capitalino, han
realizado pronunciamientos, declarando que los responsables de los
enfrentamientos son grupos anarquistas.

*Antes esto queremos aclarar:*

La Cruz Negra Anarquista México es una iniciativa libertaria, nuestros
trabajos están encaminados a extender la solidaridad con presos, tanto
los llamados comunes, como con aquellos presos por sus ideas y acciones
políticas y anarquistas, acompañándolos en sus procesos jurídicos,
difundiendo sus cartas y realizando eventos de difusión de su situación;
realizamos talleres anti represivos, promoviendo la auto organización en
nuestros barrios y comunidades, así como el conocimiento de estrategias
de defensa legal, bajo la idea de que la represión es un mecanismo
inherente al Capital y al Estado, la cual no dudan en utilizar para
mantener la dominación y explotación en la que se sustenta este sistema;
también difundimos ideas y pensamiento anti-carcelario, impulsando el
debate sobre el carácter de control social de la prisión, y su función
para mantener el sistema Capitalista.

Cómo iniciativa, nuestros esfuerzos se encaminan a estas tareas, las
cuales han sido de carácter público. Todas las actividades que
organizamos, y en las que participamos, son convocadas desde nuestra
página de internet y correo electrónico, además de ser firmadas.

En los medios de comunicación masiva se ha hecho mención de que entre
los y las detenidas se encuentran personas pertenecientes a grupos
anarquistas. Ante esto es necesario aclarar que ninguna de las personas
detenidas pertenece a la Cruz Negra Anarquista México, sin embargo,
manifestamos nuestra absoluta solidaridad para con todas las personas
que han sido detenidas y exigimos su libertad inmediata.

Entendemos que estas declaraciones, con las que pretenden implicarnos
como autores de los hechos ocurridos en las manifestaciones, son parte
de una campaña de criminalización y persecución en contra de grupos e
individuos anarquistas y libertarios. Marcelo Ebrard se ha caracterizado
por señalar y criminalizar a los grupos anarquistas, desde su gestión
como Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad, por lo que no nos
resulta extraña esta campaña y vemos en estos señalamientos una revancha
en nuestra contra debido al trabajo que hemos venido realizando,
principalmente en solidaridad con los jóvenes anarquistas que el
gobierno del Distrito Federal ha secuestrado en sus cárceles en estos
últimos años.

Nos hemos solidarizado con ellos, así como con diferentes casos a nivel
nacional de presos políticos, y en ese contexto hemos realizado varias
denuncias evidenciando el carácter intrínsecamente represor del gobierno
del Distrito Federal, quien utiliza facciosamente sus propias leyes para
crear y montar acusaciones en procesos plagados de irregularidades.

Denunciamos que esta campaña persecutoria, iniciada en 2003 con
señalamientos a grupos anarquistas después de la marcha conmemorativa
del 2 de octubre y que en el último año se ha agudizado,( basta
mencionar que en días pasados circulo una convocatoria apócrifa a una
actividad en solidaridad con presos), continuará con la administración
de Miguel Ángel Mancera, quien tampoco ha dudado en dar declaraciones
inculpatorias sobre grupos anarquistas que actuamos en la Ciudad de la
Desesperanza.

Lo acontecido el 1º de diciembre es producto del descontento social. La
toma de protesta de EPN es solo una parte, no podemos dejar de ver que
existe una indignación creciente ante el clima social, económico y
político actual, en el que la concentración del Poder en un reducido
grupo de personas y empresas está trayendo graves consecuencias para la
inmensa mayoría de la gente. La policía, federal y local, hizo gala de
su acostumbrada brutalidad en contra de todos los manifestante; en
contra de todo aquel que se encontraran a su paso, realizando
detenciones arbitrarias e indiscriminadas. Esto, sumado a la noticia
sobre los compañeros heridos en los alrededores de San Lázaro,
desencadeno aún más la rabia de los manifestantes.

Para nosotros, la violencia se origina en el sistema político y en el
Estado, que nos intenta someter mediante sus instrumentos de control
social, y en el sistema económico que nos despoja de la capacidad de
tener una vida digna y nos explota mediante la apropiación de nuestro
trabajo. Esta es la violencia originaria y ante ella siempre será
legítimo organizarnos. Los verdaderos terroristas son aquellos que con
su acción o su silencio cómplice, han sumido a este país en una guerra
sin sentido, llenando las ciudades de miedo y muerte, persiguiendo y
criminalizando la pobreza y asesinando a quien se organiza y se atreve a
plantar cara.

Así pues, con este comunicado denunciamos la creciente campaña de
criminalización de la protesta social, y en especial en contra de los
grupos e individuos anarquistas. Responsabilizamos de ella al Gobierno
del Distrito Federal. Exigimos la libertad inmediata de todas y cada una
de las personas detenidas.

*¡Abajo los muros de las prisiones!*

*¡Libertad a todxs!

*Cruz Negra Anarquista México*

http://abajolosmuros.jimdo.com

Yasmín Guadalupe Hernández Núñez, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en Tonalá, Zona Costa de Chiapas, habla sobre la situación de hostigamiento al director del centro Nataniel Hernández y a su famlia, la criminalización de la defensa de los derechos humanos en el país y la Campaña Nacional e Internacional contra el Hostigamiento Judicial y la Criminalización a Defensores de Derechos Humanos y Luchadores Sociales en México.

Entrevista a miembros del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, adherente de la otra campaña, quienes explican la criminazalición y persecución, por parte del Estado Mexicano, al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en particular a su director Nataniel Hernández Núñez. La entrevista fue realizada en el marco de una columna de radio que se realiza semanalmente, por internet, en Radio Teocelo (Veracruz) desde Barcelona, España. En esta ocasión, la entrevista consistió en una conexión entre Barcelona, Chiapas y Radio Teocelo, Veracruz.(Descarga aquí)  

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