A los pueblos de México y el mundo,
A las organizaciones sociales, colectivos e individuos solidarios,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los organismos defensores de derechos humanos,
A quienes luchan por la vida y la dignidad:

Como Congreso Nacional Indígena (CNI), convocamos de manera urgente a los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de abajo y a la izquierda de México y del mundo a las JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO Y EL ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO- EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ), para que de acuerdo con sus calendarios y geografías realicen acciones de solidaridad, de agitación y denuncia, mítines, pronunciamientos, jornadas informativas, manifestaciones, actividades culturales y todo lo que esté a su alcance para exigir la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, promotor del CIPOG-EZ e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI, hoy secuestrado por el estado mexicano; y para demandar el fin de la guerra de exterminio en contra de los pueblos del CIPOG-EZ.

Asimismo, convocamos a que en el marco de dichas JORNADAS GLOBALES:

El próximo lunes 20 de julio nos movilicemos en Guerrero, México y el mundo y realicemos un mitin frente a la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en punto de las 4 de la tarde.

El próximo jueves 23 de julio nos movilicemos nuevamente en Guerrero, México y el mundo y realicemos una acción concentrada cuya hora y lugar se definirían en los próximos días.

El día 17 de julio de este año, en un aparatoso operativo montado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía del estado de Guerrero, nuestro compañero Jesús Plácido Galindo fue detenido y trasladado en una avioneta de la Fuerza Área Mexicana con rumbo desconocido. Hoy 18 de julio hemos sabido de manera extraoficial, pues quienes tienen detenido a Jesús no han permitido que se comunique con sus familiares y abogados, que al parecer nuestro compañero se encuentra recluido en un penal del Estado de México acusado injustificadamente por el homicidio doloso en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo; y con el absurdo señalamiento por parte de los gobiernos federal y del estado de estar vinculado a los cárteles de Los Tlacos y Los Rojos. No está de más informar que al momento de ser detenido, nuestro compañero se dirigía a una supuesta reunión a la que habría sido citado con insistencia por Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de desarrollo político y social en Guerrero y quien ha sido señalado públicamente por su complicidad con diversos cárteles delictivos.

Por más de 10 años las comunidades del CIPOG-EZ han sufrido el acoso y la violencia de diversos cárteles criminales, principalmente Los Rojos y Los Ardillos. Finalmente, durante el mes de mayo las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, todas del municipio de Chilapa, Guerrero, sufrieron violentos ataques y bombardeos por parte de Los Ardillos, mismos que provocaron el desplazamiento de cientos de familias indígenas, la destrucción casi completa del pueblo de Tula y el asesinato de 8 integrantes del CIPOG-EZ, mismos que se suman a los 76 compañeros asesinados y a los 25 que han sido desaparecidos en meses y años anteriores.

Sorprendentemente, a pesar de los cientos de asesinatos y secuestros cometidos por el cártel de Los Ardillos, y a pesar de las numerosas extorsiones que realiza día con día; ni los integrantes de dicho cártel, incluidos sus principales dirigentes, entre los que se encuentran Celso Ortega Jiménez y sus hermanos, ni sus operadores políticos, incluida más de una docena de presidentes municipales, han sido llevados a la justicia. Tampoco el gobernador de facto en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y su hija Evelyn Salgado, han sido investigados por su probable complicidad con diversos cárteles del crimen organizado.

Por el contrario, el CIPOG-EZ y su promotor Jesús Plácido, han sido criminalizados por los gobiernos federal y del estado, siendo acusados de pertenecer a bandas delictivas, e incluso, al segundo recientemente le fueron aseguradas, de manera ridícula, cuentas bancarias que no acumulaban más de 500 pesos.

Lo que ocurre hoy en Guerrero da cuenta de la enorme tragedia que vive México entero, con más de 135 mil personas desaparecidas al día de hoy; da cuenta de la pudrición del estado mexicano, profundamente infiltrado por los cárteles criminales que hoy asolan a nuestro país; y da cuenta de la guerra de exterminio y despojo que viven nuestros pueblos a manos de gobiernos, militares y criminales.

Frente a la guerra capitalista, frente al cinismo descarado de este narcoestado, frente a la desesperanza y el olvido, frente a la injusticia descarnada, es que emitimos esta convocatoria.

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DEL COMPAÑERO JESÚS PLÁCIDO GALINDO!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CIPOG-EZ Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO!

ATENTAMENTE
18 DE JULIO DE 2026

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y EL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CONVOCAN AL

MITIN-CONCENTRACION

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN – LUNES, 20 DE JULIO, 16:00 HRS

POR LA INMEDIATA LIBERTAD DE JESÚS PLÁCIDO GALINDO REPRESENTANTE DEL CIPOG-EZ E INTEGRATE DEL CNI-CIG

Firma la petición aquí.

Ciudad de México, 17 de julio de 2026 Acción Urgente 007

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT) manifiesta su profunda preocupación por la detención del defensor Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

De acuerdo con la información recibida, el día de hoy, aproximadamente a las 14:30 horas, Jesús Plácido Galindo fue detenido en un en un retén instalado por elementos del Ejército Mexicano, ubicado en el crucero de Monte Alto, a la altura del municipio de San Marcos, en la región Costa Chica del estado de Guerrero.

Al momento de su detención, el compañero Jesús Plácido se dirigía a una reunión convocada por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, en la que participarían autoridades y representantes comunitarios para atender diversas demandas planteadas por las comunidades indígenas de la región.

Según la información disponible, aproximadamente cuarenta elementos de seguridad -identificados como personal militar, ministerial y policía estatal- participaron en el operativo durante el cual detuvieron a Jesús Plácido Galindo y registraron el vehículo en el que viajaba.  Tras su detención se desconocen algunos datos fundamentales para garantizar su integridad: no se tiene certeza de su paradero, no se ha dado a conocer qué autoridad es responsable de su custodia, así como las razones jurídicas de su privación de libertad y las condiciones en las que se encuentra.

Esta situación genera una grave preocupación por su integridad física y psicológica, así como por el respeto de sus derechos fundamentales.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia sistemática, agresiones y criminalización en contra las comunidades organizadas del CIPOG-EZ y contra personas defensoras de derechos humanos del estado de Guerrero. La falta de información oficial sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida y la ausencia de comunicación inmediata con sus familiares y representantes legales incrementan el riesgo de violaciones de derechos fundamentales: libertad personal, debido proceso, integridad personal y protección judicial efectiva.

Ante estos hechos, la Red TDT exige a las autoridades federales y estatales:

• Informar de manera inmediata el paradero de Jesús Plácido Galindo
• Garantizar su integridad física y psicológica, así como el respeto irrestricto a sus derechos humanos
• Permitir el acceso inmediato a su defensa jurídica y la comunicación con sus familiares
• Informar públicamente las razones legales de su detención y la autoridad que ordenó y ejecutó el operativo
• Abstenerse de cualquier acto de desaparición forzada, incomunicación, tortura, malos tratos o criminalización por su labor como defensor de derechos humanos e integrante del CIPOG-EZ
• Se respeten los derechos a favor de Jesús Placido a la libertad personal, el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial efectiva
• Libertad para Jesús Plácido Galindo

Instancias turnadas:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez Velázquez

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra

Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos

Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna.

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán 

Relatora Especial de la ONU, Andrea Bolaños Vargas

El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció la detención de Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ocurrida el 17 de julio de 2026, alrededor de las 14:30 horas. Según el comunicado, fue interceptado en un retén y base militar ubicados en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero, durante un operativo con presencia de elementos del Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal. Posteriormente fue trasladado en una camioneta de la Fiscalía General de la República con rumbo a Acapulco. Hasta el momento de la denuncia, el CNI afirmó que se desconocían tanto su paradero como las razones de su detención.

De acuerdo con la denuncia, Jesús Plácido se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero. Este funcionario ha sido acusado por organizaciones sociales de mantener presuntos vínculos con el grupo criminal Los Ardillos y de minimizar la situación de violencia que enfrentan las comunidades de la región de la Montaña Baja de Guerrero.

El CNI exige la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo, información inmediata sobre su situación jurídica, el respeto a sus derechos humanos y su liberación inmediata e incondicional. Asimismo, demandó a los gobiernos federal y estatal adoptar medidas urgentes para garantizar su integridad física y la de las comunidades que integran el CIPOG-EZ.

El comunicado sostiene que la detención ocurre en un contexto de violencia e impunidad. Afirma que, mientras las autoridades no han logrado frenar la violencia ejercida por el grupo criminal Los Ardillos contra las comunidades de la región, sí han desplegado recursos del Estado contra quienes defienden el territorio y los derechos de los pueblos indígenas.

Además, el CNI considera que este hecho forma parte de un patrón de persecución contra el dirigente indígena. Señala que recientemente fueron congeladas sus cuentas bancarias y recuerda que, hasta la fecha, 76 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados, 25 permanecen desaparecidos y cientos de personas han sido desplazadas forzosamente de sus comunidades.

El Congreso Nacional Indígena hace un llamado a pueblos, organizaciones sociales, colectivos, medios de comunicación y organismos de derechos humanos para mantenerse atentos a la situación, exigir la presentación con vida de Jesús Plácido Galindo y denunciar cualquier acción que ponga en riesgo su integridad o la de las comunidades del CIPOG-EZ.

Abajo el comunicado completo:

(Continuar leyendo…)

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el 26 de junio de 2026 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó todas las cuentas bancarias de Jesús Plácido Galindo, promotor de la organización e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.

La organización sostiene que esta medida ocurrió pocas semanas después de un ataque atribuido al grupo criminal Los Ardillos, que dejó ocho integrantes asesinados, alrededor de 2,200 personas desplazadas y la destrucción de la comunidad de Tula. Afirma que Galindo denunció públicamente la presunta complicidad y omisión de autoridades ante estos hechos, lo que permitió visibilizar la crisis humanitaria.

El CIPOG-EZ considera que el bloqueo de las cuentas y la inclusión de Galindo en la Lista de Personas Bloqueadas constituyen un acto de persecución y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas. Señala que los recursos congelados provenían de aportaciones solidarias para apoyar el trabajo comunitario.

Asimismo, recuerda que Galindo es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y advierte que estas acciones incrementan el riesgo para su integridad. La organización exige el desbloqueo de sus cuentas, el cese de la criminalización y garantías para su seguridad y la continuidad de su labor, además de responsabilizar a los gobiernos federal y estatal por cualquier agresión en su contra.

Finalmente, el CIPOG-EZ reitera su denuncia de la violencia que enfrentan sus comunidades y llama a detener la guerra y la criminalización contra los pueblos indígenas y sus defensores.

Enseguida, la denuncia completa del CIPOG-EZ:

(Continuar leyendo…)

En la época prehispánica, las comunidades Mayas se unieron para crear lo que se conoce como la Triple Alianza, conformada por Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, esto con el objetivo de consolidar la fuerza del gran pueblo Maya. Hoy estas históricas ciudades se vuelven a unir en la defensa de su territorio, del cual intentan despojar y desplazar a las comunidades que por siglos lo han habitado.

Telchaquillo, Mayapán, juicio agrario y criminalización

La zona arqueológica Mayapán es la tercera más grande de la península y se encuentra en territorio de la comunidad Maya de Telchaquillo. Después de meses de negociaciones fallidas e intentos de manipulación del proceso, en noviembre de 2024 la comunidad demandó (carpeta 1747/2024) al INAH ante el tribunal agrario. A pesar del proceso legal en curso, en febrero de 2025 el INAH comenzó obras de remodelación dentro y fuera del sitio, en un intento de reocupación sin consentimiento de la comunidad. Los ejidatarios les informaron pacíficamente a los trabajadores sobre el juicio en curso, por lo que detuvieron las obras. Es en este contexto el INAH presentó una demanda penal (carpeta FED/TUC/MER/0000130/2025) en contra de los defensores mayas Gladis Uc y Álvaro Mena por la supuesta obstrucción de obra pública.

En diciembre de 2025, el Tribunal Agrario No. 34 otorgó a la comunidad medidas cautelares que prohíben al INAH ejecutar el convenio de ocupación previa. La comunidad continúa firme con su lucha, solicita al INAH e instituciones relacionadas, que traten a la comunidad con respeto, sin el racismo que los ha caracterizado en este proceso, y desde un enfoque de derechos indígenas. Telchaquillo se mantiene firme en las peticiones que presentaron por escrito al instituto: retroactivos por los más de 40 años de ocupación de Mayapán sin consentimiento, un acuerdo de coadministración del sitio entre la comunidad y el INAH, y que todos los planteamientos sean presentados por escrito.

La comunidad Maya de Telchaquillo en Yucatán, denuncia públicamente la criminalización por la defensa de su territorio, en contra de Gladis Uc Flores, miembro del Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo, y Álvaro Mena Fuentes, asesor de la comunidad. Aunque son dos personas las directamente criminalizadas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la comunidad sostiene que esta agresión es contra todos.

Pisté de Chichén Itzá, amenazas de desplazamiento

Chichen Itza, el sitio arqueológico más famoso y visitado de la península, se encuentra en la comunidad maya de Pisté en Yucatán. Desde que el sitio pasó a manos privadas y después al estado, la comunidad de Pisté ha quedado al margen de todos los planes sobre el sitio arqueológico. Hace 22 años habitantes mayas de Pisté logran negociar y tener acceso al sitio arqueológico para vender artesanías. Se les acreditó como vendedores desde hace 15 años. Actualmente son casi 700 titulares con dos trabajadores cada uno, haciendo un total de más de 2 mil beneficiarios directos. A pesar de los múltiples intentos de crearles mala fama, más que vendedores son también ejidatarios, pobladores, jefas y jefes de familia que han construido un sustento para sus familias y han contribuido con su comunidad a partir de su trabajo honesto.

Recientemente, el gobierno federal pretende mover a todos los vendedores al CATVI, un espacio nada atractivo para el turismo, el cual será obligado a caminar por un kilómetro bajo el sol peninsular, antes de llegar siquiera a ver las pirámides. La comunidad sabe que moverse a este lugar es aceptar el destino al fracaso. No fueron consultados para construir el elefante blanco que será el CATVI, es por esto que unidos artesanos, sus trabajadores, guías, restauranteros, comunidades vecinas, pobladores en general piden primero, mantenerse vendiendo dentro del sitio y segundo, mantener la entrada original al sitio. La comunidad no pide que les regalen nada, lo único que le piden a las instituciones del estado, es que les permitan trabajar con dignidad, como lo han hecho durante todos estos años.

Demandas

Ante estas situaciones las comunidades de Pisté y Telchaquillo reconocen los mismos patrones de acción, además de los mismos actores involucrados. El INAH, de la mano de Diego Prieto, el principal operador de estos hechos, quién a pesar de ya no pertenecer al INAH sigue operando para hacer posible los planes del estado. Así mismo, en ambos casos, los recursos con los que operan provienen directamente del plan del tren maya.

Es necesaria la revisión de la Ley de Monumentos que es inconstitucional y viola los derechos de las comunidades indígenas al territorio, el derecho a la cultura y al acceso a sus sitios sagrados. Que se modifique y se armonice reconociendo a las comunidades indígenas como sujetos de derechos.

Pedimos el cumplimiento de las demandas de ambas comunidades, Pisté rechaza la expulsión de los artesanos Mayas de Chichén Itzá y piden mantener la entrada de Pisté abierta. Telchaquillo pide la coadministracion de Mayapán, el pago de retroactivos por el uso del sitio y la no criminalización de su lucha.

Solicitamos a otras comunidades y movimientos indígenas del país a que se solidaricen con nuestra lucha adhiriéndose a este texto y soliciten al INAH el desistimiento de la demanda penal contra nuestrxs compañerxs.

Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo
Artesanos-Comerciantes Le Maayao’ob Bejla’e
Autoridades Ejidales Telchaquillo 2025-2028
Comunidad de Pisté
Comunidad de Telchaquillo
Colectivo Comunidades por la Autonomía

Adhesiones de organizaciones:

(Continuar leyendo…)

Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

[:es]

En Français ici.

Nosotros, los abajo firmantes de la Alianza de Pueblos y Cuencas, establecida en julio de 2024 en el Village de l’Eau (Aldea del Agua) en Melle, Francia, ofrecemos nuestro pleno apoyo a nuestro compañero Carlos Beas Torres, defensor de los derechos de los pueblos originarios, y al equipo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), ante el acoso, la intimidación y las amenazas que han sufrido en los últimos días.

Denunciamos esas prácticas extremadamente violentas contra los defensores de la vida que representa esta organización, que agrupa a más de 65 pueblos indígenas de los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, México.

Luchan por preservar sus bienes comunes ante el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que pretende transformar el istmo en una ruta de tránsito interoceánica con trenes de alta velocidad, parques industriales, ductos y puertos ampliados, impulsado por el gobierno federal mexicano con la complicidad de Estados Unidos y Canadá, así como de multinacionales como Alstom, GE y EDF. Algunas de estas multinacionales son empresas francesas, algunas de las cuales comparten su capital con el Estado francés.

Ante esta situación geopolítica, el Estado francés debe asumir su responsabilidad e implementar todas las medidas necesarias para detener estas agresiones, para que, una vez más, los opositores no sean asesinados, como ocurrió en esta región en 2025.

En este sentido, reiteramos que la Unión Europea tiene a su disposición herramientas políticas y legales, incluida la cláusula de derechos humanos del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México, que debe cumplirse plenamente. Exigimos que esta cláusula se active y se aplique efectivamente para garantizar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y sus territorios.

Esperamos que el gobierno francés considere con prontitud nuestra solicitud, garantizando la protección de Carlos Beas Torres y del equipo de UCIZONI, y contribuyendo a obtener garantías concretas para la defensa de los derechos de los pueblos originarios y sus territorios en el Istmo de Tehuantepec.

Compartimos de nuevo el discurso de Carlos Beas Torres desde la Aldea del Agua en julio de 2024, que sigue siendo tan contundente y relevante como siempre.

¡En Francia y México, caminamos unidas y unidos!

¡APOYEMOS A CARLOS BEAS TORRES!

Foto de portada: Peace Brigades International Canada

[:en]

En Français ici.

We, the undersigned members of the Alliance des Gens et des Bassins (Alliance of People and Basins), formed in July 2024 at Village de l’Eau in Melle, France, express our full support for our comrade Carlos Beas Torres, defender of indigenous peoples’ rights, and the team of the Union of Indigenous Communities of the Northern Zone of the Isthmus of Tehuantepec (UCIZONI) in the face of the harassment, intimidation, and threats they have suffered in recent days.

We denounce these ultra-violent practices used against the defenders of life represented by this organization, which brings together more than 65 indigenous peoples from the states of Oaxaca, Veracruz, and Chiapas in Mexico.

They are fighting to preserve their commons against the mega-project of the Tehuantepec Isthmus Interoceanic Corridor, which aims to transform the isthmus into an interoceanic transit route with high-speed railways, industrial parks, pipelines, and expanded ports, driven by the Mexican federal government with the complicity of the United States and Canada, as well as French multinationals such as Alstom, GE, EDF, and others. Some of these companies share their capital with the various states.

Faced with this geopolitical situation, the states must take responsibility and do everything in their power to put an end to these attacks so that opponents are not murdered again, as was the case in this region in 2025!

In this regard, we would like to point out that the European Union has political and legal tools at its disposal, in particular the human rights clause in the free trade agreement between the European Union and Mexico, which must be fully implemented. We call for this clause to be activated and effectively implemented so that the human rights of indigenous peoples and their territories are respected.

We expect governments to give prompt consideration to our request to ensure the protection of Carlos Beas Torres and the UCIZONI team, and to help provide real guarantees for the defense of the rights of indigenous peoples and the territory on the Isthmus of Tehuantepec.

We are sharing with you once again the speech given by Carlos Beas Torres at Village de l’Eau in July 2024, which remains as powerful and relevant as ever:

In France and Mexico, we march together!
SUPPORT CARLOS BEAS TORRES!

Cover photo: Peace Brigades International Canada

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[:es]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de diciembre de 2025

Boletín No. 10

Osmán Iván: víctima de tortura, detención arbitraria y racismo institucional

•    15 años de injusticia, la libertad no puede esperar.

Osmán Iván Rubio Bonilla, ciudadano hondureño acusado injustamente en tres expedientes por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y sobreviviente de tortura, fue absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre de 2025, tras 14 años y 6 meses de resistencia incansable. Sin embargo, continúa privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 7 (CERSS) de Tapachula. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigimos al Poder Judicial de Chiapas revertir las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y ordenar su liberación inmediata.

Osmán Iván fue detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla, Chiapas, en un operativo realizado por la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Policía Estatal Fronteriza (PEF), sin orden de aprehensión y bajo circunstancias que constituyen detención arbitraria y tortura.

De acuerdo con su testimonio, durante la detención fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a descargas eléctricas, privación sensorial y agresiones físicas y psicológicas, hasta ser obligado a autoinculparse en diversos delitos. Estas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que registró lesiones compatibles con tortura y emitió en 2020 la Recomendación 013/2020-R, rechazada por la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).

Los tres procesos penales en su contra derivan de declaraciones obtenidas bajo coacción:

• Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y Delincuencia Organizada (causa penal 177/2023): permanece en etapa de instrucción desde hace más de 13 años, sin que el Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula le dicte sentencia.
• Homicidio Calificado (causa penal 423/2023): sentencia dictada en 2023 con base en confesiones ministeriales y testimonios que no lo identifican; revocada en 2024 para investigar la tortura denunciada. El 4 de noviembre de 2025 fue finalmente absuelto.
• Portación de arma de fuego sin licencia: causa federal en la que fue absuelto en 2014.

La documentación del Frayba revela irregularidades sistemáticas: fabricación de pruebas, contradicciones en partes policiales, peritajes manipulados y actuaciones ministeriales que ignoraron denuncias tempranas de tortura. La CEDH constató que la detención no ocurrió en el lugar de los hechos del supuesto secuestro y que no existió identificación directa por parte del denunciante, descartando la flagrancia invocada por las autoridades.

Tras casi 15 años de prisión, Osmán Iván enfrenta un proceso marcado por violaciones al debido proceso, racismo, ausencia de asistencia consular, falta de investigación efectiva y dilaciones injustificadas, que lo mantienen en una prisión preventiva prolongada contraria a los estándares internacionales. Ante esta impunidad sostenida por el Estado mexicano, el Frayba y la OMCT presentaron en agosto de 2024 una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, registrada en abril de 2025 bajo el número 4740/2025, aún pendiente de resolución.

El Frayba y la OMCT hacen un llamado urgente a las autoridades de los gobiernos estatal y federal para que garanticen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la tortura denunciada, Además, exigimos garantizar el acceso a la justicia y reparar las violaciones cometidas en agravio de Osman Iván Rubio Bonilla, empezando con su liberación incondicional.

El caso de Osmán Iván Rubio Bonilla es un símbolo de la violencia institucional y del racismo que atraviesa el sistema de justicia en México. Su libertad no es una concesión: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad. Cada día que permanece encarcelado prolonga la injusticia y la impunidad.

Exigimos su liberación inmediata e incondicional. La dignidad de Osmán Iván, y la de todas las personas sobrevivientes de tortura y detención arbitraria, no puede seguir esperando.

Descarga el Boletín No. 10 en PDF(180.55 KB)

[:en]

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 3, 2025

Bulletin No. 10

Osmán Iván: victim of torture, arbitrary detention, and institutional racism

• 15 years of injustice—freedom cannot wait.

Osmán Iván Rubio Bonilla, a Honduran citizen unjustly accused in three case files by the Chiapas State Attorney General’s Office (FGE) and a survivor of torture, was acquitted of homicide on November 4, 2025, after 14 years and 6 months of tireless resistance. However, he remains deprived of his liberty at the State Center for Social Reintegration No. 7 (CERSS) in Tapachula. The Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center (Frayba) and the World Organisation Against Torture (OMCT) call on the Judicial Branch of Chiapas to reverse the systematic violations of his human rights and order his immediate release.

Osmán Iván was detained on May 2, 2011, in Huixtla, Chiapas, during an operation carried out by the Municipal Police, the State Preventive Police (PEP), and the State Border Police (PEF), without an arrest warrant and under circumstances that constitute arbitrary detention and torture.

According to his testimony, during the arrest he was blindfolded, bound, beaten, asphyxiated with water, subjected to electric shocks, sensory deprivation, and physical and psychological abuse, until he was forced to incriminate himself in various crimes. These assaults were documented by the State Human Rights Commission (CEDH), which recorded injuries consistent with torture and issued Recommendation 013/2020-R in 2020, rejected by the FGE and the Secretariat of Security and Citizen Protection (SSyPC).

The three criminal proceedings against him stem from statements obtained under coercion:

1. Attempted Illegal Deprivation of Liberty and Organized Crime (criminal case 177/2023): has remained in the evidentiary stage for over 13 years, without the Criminal Court of the Tapachula Judicial District issuing a ruling.
2. Aggravated Homicide (criminal case 423/2023): a sentence was issued in 2023 based on ministerial confessions and testimonies that did not identify him; overturned in 2024 to investigate the reported torture. On November 4, 2025, he was finally acquitted.
3. Carrying a firearm without a license: a federal case in which he was acquitted in 2014.

Frayba’s documentation reveals systematic irregularities: fabrication of evidence, contradictions in police reports, manipulated expert examinations, and prosecutorial actions that ignored early reports of torture. The CEDH confirmed that the arrest did not occur at the location of the alleged kidnapping and that there was no direct identification by the complainant, ruling out the flagrancy invoked by authorities.

After nearly 15 years in prison, Osmán Iván faces a process marked by violations of due process, racism, lack of consular assistance, absence of effective investigation, and unjustified delays that keep him in prolonged pretrial detention, contrary to international standards. In the face of impunity sustained by the Mexican State, Frayba and OMCT filed a complaint in August 2024 before the UN Human Rights Committee, registered in April 2025 under number 4740/2025, still pending resolution.

Frayba and OMCT urgently call on state and federal authorities to ensure a thorough and impartial investigation into the reported torture. In addition, we demand guarantees for access to justice and reparation for the violations committed against Osmán Iván Rubio Bonilla, beginning with his unconditional release.

The case of Osmán Iván Rubio Bonilla is a symbol of institutional violence and racism that permeates the justice system in Mexico. His freedom is not a concession—it is a right taken from him through torture and arbitrariness. Every day he remains imprisoned prolongs injustice and impunity.

We demand his immediate and unconditional release. The dignity of Osmán Iván, and of all survivors of torture and arbitrary detention, cannot be kept waiting any longer.

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[:es]

Se cumplieron 12 horas del encapsulamiento ( 11 de la mañana) por parte de los granaderos de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, que impidieron la llegada de la “Faena internacionalista por el FIN a la criminalización” convocada por las Mujeres mazatecas por la Libertad. Está jornada de protesta y difusión fue convocada frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Siendo esta la primera Faena Internacionalista realizada en la Ciudad de México con el fin de demandar justicia frente a las 200 ordenes de aprehensión fabricadas en contra de mas de 56 integrantes de Eloxochitlan de Flores Magón, Oaxaca, anunciadas a principios de año. No fue hasta las 9 de la mañana que el paso de la calle Pino Suárez fue liberado por los granaderos gracias a la presión realizada por los pueblos organizados de la Ciudad de México, activistas y medios libres que se hicieron presentes en respuesta a la represión.

Los cuerpos de granaderos ahora llamados Agrupamientos de Tareas Especiales que participaron en esta jornada represiva son: Centauros, Marcopolos, Faunos y Ateneas, los cuales se mantuvieron realizando amenazas y hostigamiento en contra de activistas y periodistas durante el encapsulamiento a la vez de que ocultaron los nombres que deben portar en el chaleco para evitar ser denunciados por las recurrentes faltas al protocolo de actuación.

El programa de la Faena Internacionalista continúa frente a la puerta de la SCJN, se les invita a asistir a las actividades de hoy a partir de las 16:00 hrs y a las de mañana 4 de diciembre a partir de las 12:00 hrs; se llevarán a cabo foros, presentaciones gráficas, proyección de documentales, presentaciones musicales, entre otras. El programa completo se encuentra en las redes de las Mujeres Mazatecas por la Libertad y de Presos políticos Eloxochitlan de Flores Magón.

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Twelve hours passed (11 a.m.) since the containment carried out by the riot police under Mexico City Head of Government Clara Brugada, who prevented the arrival of the “Internationalist Faena for the End of Criminalization,” convened by the Mazatec Women for Freedom. This day of protest and outreach had been called in front of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN). This is the first Internationalist Faena held in Mexico City to demand justice in response to the 200 fabricated arrest warrants issued earlier this year against more than 56 members of Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. It was not until 9 a.m. that Pino Suárez Street was cleared by the riot police, thanks to the pressure exerted by organized communities in Mexico City, activists, and independent media who mobilized in response to the repression.

The riot police units—now called Special Task Groupings—that participated in this repressive operation were: Centauros, Marcopolos, Faunos, and Ateneas. Throughout the containment, they continued issuing threats and harassment against activists and journalists, while also hiding the identifying name tags they are required to wear on their vests to avoid being reported for their repeated violations of operational protocol.

The program of the Internationalist Faena continues in front of the SCJN entrance. The public is invited to attend today’s activities starting at 4:00 p.m., and tomorrow, December 4, starting at 12:00 p.m.; forums, graphic presentations, documentary screenings, musical performances, and more will take place. The full program can be found on the social media pages of Mazatec Women for Freedom and the Eloxochitlán de Flores Magón political prisoners.

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