DECLARACIÓN DEL COLECTIVO ARMADILLO SUOMI
FINLANDIA / 26 de julio de 2025
SOBRE EL ALLANAMIENTO AL DOMICILIO DE LA DIRECTORA DEL
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Desde el Colectivo Armadillo Suomi, expresamos nuestra profunda preocupación, solidaridad incondicional y enérgica condena ante el allanamiento al domicilio de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en el estado de Chiapas, México.

Este acto representa una grave violación a los derechos humanos y una forma más de hostigamiento e intimidación contra quienes defienden la vida, la justicia y la dignidad de los pueblos. Denunciamos que esta agresión no es un hecho aislado, sino parte de una campaña continua de hostilidad dirigida a integrantes del Frayba, una organización de derechos humanos con más de tres décadas de trabajo comprometido en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades en resistencia.

Condenamos enérgicamente este acto violento y expresamos nuestra total solidaridad con Dora Robledo, directora de Frayba. Lo decimos fuerte y claro:

¡No estás sola!

Hacemos un llamado al Estado mexicano para que:

• Garantice de manera inmediata la seguridad, integridad y libertad de Dora Robledo y de todas las personas integrantes del Centro de Derechos Humanos Frayba.
• Evite cualquier encubrimiento u omisión que pueda obstruir la justicia en la investigación del allanamiento a su domicilio.
• Cumpla con su deber de proteger el trabajo legítimo y esencial de las personas defensoras de derechos humanos, en lugar de criminalizarlas.

Desde nuestras propias geografías, luchas y resistencias, reiteramos:

¡Frayba no está solo!
¡Estamos observando!
¡Defender los derechos no es un crimen!

COLECTIVO ARMADILLO SUOMI

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.

Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.

En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.

A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:

Antecedentes Históricos (1900–1936)

• 1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
• 1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
• 1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
• 1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.

Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)

• Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
• En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
• Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.

Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)

• En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
• Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
• Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.

Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)

• El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
• Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
• Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).

Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)

• En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
  • Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
  • Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
  • El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.

Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)

• Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
• Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
• Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.

Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)

• Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
• Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
• El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
• Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.

Demandas del Ejido

• Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
• Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
• Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
• Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.

En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno, en complicidad con la organizción criminal Karma que opera en la región.

Como hemos reportado desde hace años, el conflicto de Tila se deriva de la lucha por la defensa de la tierra y el territorio ante el despojo territorial por parte del ayuntamiento, vinculado a los grupos paramilitares que tanta muerte ocasionaron sobre todo en la década de 1990, y ahora con el crimen organizado. El CNI denuncia que la violencia actual ha sido producto de las acciones tanto del gobierno federal como del estatal y local, que buscan desarticular la resistencia para garantizar el control político y territorial.

Ahora, denuncian la criminalización de los miembros del CNI, con carpetas de investigación falsas, órdenes de aprehensión sin delitos, y detenciones arbitrarias, cateos de viviendas y robo de pertenencias por parte de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal.

Al mismo tiempo, denuncian el uso de las redes sociales para calumniar y criminalizar a los miembros del CNI y provocar conflictos y violencia entre los habitantes. En particular, denuncian las páginas de Facebook “La voz bilingüe del pueblo”, “Vecinos Tila Chiapas”, “Petalcingo sin censura” y “Denuncias anónimas”, exigiendo que se investiguen y sancionen a los administradores de dichas páginas.

A continuación, el comunicaddo del CNI Tila.

Firma la petición aquí.

• La Fiscalía General del Estado de Puebla lo mantuvo incomunicado durante un tiempo prolongado
• Renato Romero cuenta con medidas vigentes del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.

Ciudad de México, 02 de julio de 2025
AU 004/2025

La Secretaría Ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) recibió información documental de familiares del señor Renato Romero Camacho de la detención arbitraria del defensor del medio ambiente quien estuvo incomunicado durante más de 12 horas, bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo que implica el riesgo a su vida e integridad, además de negarle el derecho a una defensa adecuada.

El defensor de derechos humanos fue detenido de manera arbitraria cuando se dirigía a la comunidad de Nealtican, Puebla, en donde se realizaría el cabildo abierto que abordaría el tema de la defensa del agua y el territorio dada la exigencia de la comunidad de que se cancele el convenio por el cual se extrae agua para las zonas residenciales e industriales de la ciudad de Puebla. Familiares informaron que Renato no recibió citatorios previos por parte de alguna autoridad, su defensa el día de ayer no pudo acceder al expediente para revisar la correcta integración de la causa.

Renato está incorporado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, de la Secretaría de Gobernación, dado el nivel de riesgo derivado de su labor como persona defensora del medio ambiente que acompaña la lucha por el agua en Puebla y Veracruz, de manera destacada en la comunidad náhuatl de Cuenca Libres Oriental, señalando a empresas como Coca-Cola, Agua de Puebla Para Todos, Granjas Carroll, Audi y Driscolls.

La detención e incomunicación bajo custodia representa también una amenaza para otras personas defensoras y comunicadores comunitarios que participan en la defensa del medio ambiente en Puebla, al no tener acceso al expediente se desconoce si otras personas más podrían estar señaladas y buscadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Ante el riesgo inminente en la que está la vida e integridad del defensor Renato Romero solicitamos a las autoridades correspondientes:

• Libertad inmediata de Renato Romero Camacho, defensor del medio ambiente, beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras.
• Garantías de seguridad y protección a las personas defensoras de los derechos humanos, comunicadores comunitarios y periodistas en Puebla que ejercen su derecho a defender derechos y a la libertad de expresión.
• Suspensión de los proyectos de desarrollo que ponen en riesgo los recursos naturales y la biodiversidad de la Cuenca Libres-Oriental y otras regiones de Puebla con alto valor ecológico.

Favor de enviar sus llamamientos a las siguientes autoridades:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo
Correo: atencionciudadana@presidencia.gob.mx

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla
Correo: subsedhpm@segob.gob.mx

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera
Correo: fenciso@segob.gob.mx

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra
presidencia.cndh@cndh.org.mx

Gobierno del Estado de Puebla: Gobernador Alejandro Armenta
Correo: quejasydenuncias@puebla.gob.mx

Fiscalía General del Estado de Puebla: Lic. Idamis Pastor Betancourt
Correo: fge@fiscalia.puebla.gob.mx

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla

Desde diciembre de 2020, Manuel Gómez Vázquez, joven maya tseltal, base de apoyo del EZLN, ha estado preso injustamente por un delito que no cometió. Fue falsamente acusado por autoridades comunitarias, torturado por éstas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

La prisión de Manuel Gómez Vázquez es parte de un patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por parte del gobierno de Chiapas, por medio de acusaciones falsas, tortura, utilización de testigos falsos y otros medios, con la intención de castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y del territorio.

(Ve el sitio especial del Frayba “Fábrica de Culpables – Detención Arbitraria“.)

• 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
• La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.

Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

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Texto y fotos: Heriberto Paredes | Pie de Página

Después de ser reportado como desaparecido, este martes se encontró el cuerpo de Eustacio Alcalá, defensor del territorio de la sierra costa michoacana. Sin pruebas, funcionarios del gobierno de Michoacán adelantan que el defensor era integrante de una organización criminal, una afirmación desmentida por la comunidad.

MICHOACÁN. – El cuerpo sin vida de don Eustacio Alcalá, de 66 años, defensor del territorio, fue encontrado hoy en las cercanías del camino que conduce a la comunidad de San Juan Huizontla, en el municipio de Chinicuila. Desde el pasado 1 de abril se reportó su desaparición tras ser comisionado para trasladar a 3 misioneras que se dirigían a la comunidad nahua a desarrollar tareas de evangelización.

Según los propios testimonios de las misioneras, sujetos armados interceptaron el vehículo en donde viajaban y se llevaron a don Eustacio. Poco después, elementos de la Guardia Nacional localizaron a las mujeres y la camioneta en donde viajaban inicialmente, sin embargo se negaron a buscar al defensor a menos de que tuviesen una denuncia ante un Ministerio Público.

Algunos habitantes de esta comunidad afirmaron que la Guardia Nacional estaba presente cuando se escucharon disparos en las cercanías de este camino, más o menos a 500 metros de donde ocurrieron los hechos y –a partir de lo dicho por testigos– “en lugar de ir a perseguir a los malandros se fueron a la comunidad”.

Sin un comunicado oficial, José Alfredo Ortega Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, declaró que uno de los posibles móviles del asesinato es “el parentesco con un miembro de la delincuencia organizada”. No hay indicio de que esto sea cierto, tanto en la comunidad como en la región, don Tacho, como se le conocía cariñosamente, era una persona muy participativa en Huizontla. Su familia y allegados no son miembros de ninguna organización criminal.

Las declaraciones del funcionario sólo afectan la imagen de don Tacho y no abonan a la seguridad en la comunidad. Se trataba de una persona querida y respetada en Huizontla y en toda la región por sus esfuerzos para lograr el bienestar de las personas.

El defensor ganó un amparo contra minera

Don Tacho fue miembro del Consejo Ciudadano de Chinicuila, una experiencia organizativa que veló por el cumplimiento de las tareas y compromisos de los gobiernos municipales y de las autoridades estatales. En el contexto de la lucha en contra de la organización criminal de los Caballeros Templarios, participó junto con muchas personas de la comunidad y de la región en los grupos de policía comunitaria que defendieron a la población y los recursos naturales que peligraban en ser explotados por la violencia organizada.

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Desde el año de 2013, el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (#CEAS) pretenden construir un colector de desechos industriales que desemboque directamente al río #Metlapanapa, afluente del río Atoyac. Este corredor industrial desecha actualmente, en completa impunidad, metales pesados como plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales en los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla al estar en contacto con la flora, fauna y sociedad. A pesar que estos metales tienen gran riesgo de provocar enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales.

Durante varios años las guardianas y guardianes del río Metlapanapa conformados por los pueblos de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla, Coronango, colindantes al río Metlapanapa se han organizado para frenar este proyecto de muerte y la industrialización de la región que dañaría la salud y la vida de todo el territorio. Pero en el año de 2019, los empresarios de Ciudad Texti, la CEAS-Puebla, el gobierno Estatal y municipal de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, pretendieron concretar este proyecto de muerte, por lo que la organización de los pueblos detuvo las obras; sin embargo, la represión del capital y el Estado no se hizo esperar. El 30 de octubre de 2019, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército reprimieron a los pueblos que protestaban contra este proyecto de muerte.

El 24 de enero de 2020, el Estado y el Capital detuvieron y encarcelaron al defensor del territorio Miguel López Vega convirtiéndolo en el primer #PresoPolitico de la #4T. Inculpándolo de tres delitos: 1. obstrucción de obra pública, 2. Daño a las vías de comunicación y 3. Daño a los medios de transporte por medio de una supuesta bomba molotov qué quieren equiparar a uso de explosivos. Delitos que nunca cometió y de los cuales fue absuelto de 2 de ellos y liberado el 29 de enero del mismo año.

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