Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

En portada: Integrantes del Movimiento de la Vida y el territorio, se movilizaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de los Altos para exigir alto a las violaciones de los derechos humanos y la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas

El lunes (28), la Fiscalía de Distrito Altos suspendió la audiencia para abordar el caso de cinco tseltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, quienes permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) no.5, acusados sin pruebas ni investigación, del homicidio calificado del policía municipal, Antonio Aguilar.

Se trata de Martín y Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
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Un margen desde el que pensar el Estado

Violeta Velasco Sánchez

El 16 de mayo de 2022, el Juez de Primera Instancia en materia penal dictó libertad “por falta de elementos para procesar” a los hermanos Abraham y Germán López Montejo tras permanecer 11 años, 3 meses y 28 días en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No.45 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.[1]

El caso de Abraham y Germán forma parte del constante ejercicio de detención arbitraria que el Estado mexicano realiza apoyándose en la “prisión preventiva oficiosa”, mecanismo consagrado en la propia Constitución que facilita la permanencia entre rejas sin un juicio por tiempos indefinidos. Este sistema se ve a su vez respaldado por un proceso que los centros de derechos humanos denominan “fabricación de culpables”, y que termina de facilitar que muchos mexicanos pasen décadas privados de libertad de manera arbitraria y a la espera de un procesamiento judicial que nunca llega. Una constante presente en las personas detenidas arbitrariamente es el carácter marginal e indígena, en especial en los estados con mayor presencia de pueblos originarios, como sucede en el caso de Chiapas. Esta condición implica dificultades económicas y lingüísticas para articular su defensa que con frecuencia resultan en la permanencia en prisión por tiempos inusitadamente largos. La explicación que desde organizaciones de derechos humanos se atribuye a este fenómeno es la necesidad del Estado y de los diferentes gobiernos federales y municipales de mostrar la resolución de casos de criminalidad, con frecuencia vinculados a la acción de las fuerzas armadas, cuya presencia se ha disparado en las últimas dos décadas en la región. El caso de los hermanos López Montejo ejemplifica este fenómeno.

El tema que quiero analizar a partir del caso de los hermanos López Montejo es la detención arbitraria como espacio paradigmático desde el cual pensar al Estado, apoyándome en la noción de margen como espacio de análisis, siguiendo a Veena Das y Deborah Poole. Me voy a enfocar en la marginalidad periférica de lo indígena en la ciudadanía mexicana y en particular en la legibilidad del Estado, escrita y hablada en lengua española y vehículo del sistema judicial. Estas dos nociones se entrelazan: en las detenciones arbitrarias abundan las personas indígenas y los migrantes en tránsito. Sin ahondar mucho en el racismo estructural que prima en el Estado mexicano y que expulsa a estos perfiles de la “ciudadanía de pleno derecho”, la selección de estas poblaciones efectivamente marginales resulta eficaz por las dificultades de su defensa: en el caso de migrantes en tránsito, por la ausencia de redes familiares y de apoyo en el país. En el de las poblaciones indígenas, al igual que los migrantes de habla no hispana, el no manejo de la lengua y la distancia cultural se convierten en las principales barreras tanto de estos presos como de sus familias para enfrentarse a estas situaciones. A su vez, la legibilidad es una condición del estado para leer y clasificar a los ciudadanos, pero también para ser leído. La administración, la burocracia, la ley en México se escribe y se habla en español y la presencia de intérpretes de lenguas indígenas es prácticamente inexistente y no responde a la diversidad lingüística del estado.

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Centro de Lengua y Cultura Zoque-Medios
Chapultenango, Chiapas, México
22 de marzo de 2023: día mundial del agua

En el marco de la conmemoración de los 41 años de las erupciones del volcán Chichonal y de la constatación del incremento de las ambiciones del gran capital por destruir a la madre tierra, el Centro de Lengua y Cultura Zoque en conjunto con las Defensoras de Nasakobajk convocan a seguir en la lucha por levantar la vida.

Del 21 al 26 de marzo se impartirán talleres de pintura, literatura y medios libres entre jóvenes zoques de Chapultenango, Chiapas, México. Los talleres tienen por finalidad la compartición de saberes y conocimientos que van más allá de los campos disciplinares de formación occidental. Al respecto, conviene señalar que las artes y las disciplinas son un pretexto para la consolidación de la memoria, la historia y la oralidad propia, las cuales nos ayuden a situarnos como pueblo zoque en tiempos de crisis neoliberal.

Otra de las actividades que se desarrollarán sera la presentación del libro Cada vez más Mokayas. Pensares y sentires de zoques contemporaneos, Ce-Acatl, 2022, el día jueves 23 de marzo. El libro es el resultado de un trabajo colectivo entre zoques de Chiapas y Oaxaca que tienen como característica el acceso a la educación superior, el trabajo comunitario en el campo y la ciudad así como por buscar nuevas interpretaciones de nuestra historia.

De igual forma, el viernes 24 de marzo se contará con la puesta en escena de una obra de teatro títulada: La vida o la mina. La obra será escenificada por jóvenes estudiantes de nivel básico de la telesecundaria 051 “Juan Escutia”. La obra aborda las amenazas que enfrentan los territorios zoques del norte de Chiapas, y sobre todo las iniciativas por su defensa, que construya horizontes de vida para superar el capitalismo.

Asimismo, el viernes 24 de marzo en Francisco León y el sábado 25 de marzo en Chapultenango se realizarán charlas informativas a cargo de la directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climatico Sandra Urania Moreno Andrade y el vulcanólogo Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia. La iniciativa pretende construir un puente de información directo entre las instituciones y la población zoque sobre el monitoreo, gestión y cambios que registre el volcán.

Por último el domingo 26 de marzo se llevará a cabo la exposicón de las obras pictóricas elaboradas por los niños de la comunidad que participaron en el taller de pintura impartido por el artista zoque Saúl Kak. Con todas estas actividades se busca incrementar la participación de jóvenes y niños en la construcción de espacios de lucha, del fortalecimiento de la cultura y de la memoria colectiva.

* Durante los días de las actividades se publicarán crónicas visuales producto de los talleres de medios libres y literatura.

https://www.facebook.com/watch/?v=607058544259891

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de marzo de 2023
Boletín No. 08

La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas

• Exigimos al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada.
• La negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordamos a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcamos el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.

Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades.

Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el culmen de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.

Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.

Hasta ahora, pese a la alternancia política dentro de la actual administración Federal y Estatal, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente. Ningún gobierno ha reconocido formalmente la existencia de esta política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.

A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas; o Las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos. En este camino, un logro importante es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, que llevó a la formación de grupos paramilitares que llevaron a cabo desapariciones y asesinatos.

Con motivo de las disculpas públicas por la desaparición de Antonio González Méndez, en enero del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del mismo caso, negó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de este contexto.

Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas.

Las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: a) El reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política; b) reconocer formalmente su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH; y c) la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.

Negar la verdad no la desaparece. Mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, estos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios. Al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogamos como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror; así mismo la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar política, económica y territorialmente.

La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas que se mantiene hasta la actualidad y que es necesario desmantelar.

                                Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

                                                  Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

                                                  Municipio de Chenalhó, Chiapas, México

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

A las y los Defensores de Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy 10 de marzo venimos una vez más con nuestro paso firme y nuestra voz que clama por paz con justicia y dignidad, desde la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal a esta ciudad de Pichucalco, Chiapas, para encontrarnos con que la continuación de la audiencia de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro ha sido nuevamente suspendida debido a que el acusado no fue trasladado y tampoco se encontraba su abogada defensora Patricia Girón en el juzgado de control de Pichucalco. Así con cinismo suspenden la presentación de las 4 pruebas que ya no pudieron exponerse, en la audiencia anterior del juicio, realizada el 4 de marzo y la postergan para el jueves 16 de marzo a las 12:30 hrs. Con esta acción vemos de nueva cuenta el poder de la mentira, de la impunidad y el desprecio que nos tiene el sistema de justicia corrupto y podrido del estado de Chiapas y de México.

Denunciamos al Poder Judicial y la Fiscalía del estado, así como a la Secretaría de Protección Ciudadana, quienes están implementando una estrategia de desgaste físico, emocional y económico en contra de Las Abejas de Acteal, del Frayba, y de los peritos independientes quienes argumentarán el contexto sociopolítico del asesinato del defensor de derechos humanos y los impactos psicosociales familiares y colectivos. Sin embargo, nosotras y nosotros no desistiremos porque nuestra Organización y el país entero merecen Verdad y Justicia en cada caso de asesinato de un Defensor de la Vida y los Derechos Humanos como fue nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

Es una vergüenza que ya van dos veces las mentiras de los que se dicen ser jueces, la de suspender a su antojo las audiencias; la primera ocurrió el 7 de febrero y hoy 10 de marzo lo vuelven a hacer. Nos hacen perder tiempo, nos degastan porque saben que no tenemos dinero. Su estrategia es desgastar a la organización Las Abejas y sobre todo a la familia de Simon Pedro. El mal gobierno le es indiferente nuestra vida, nuestros derechos, porque somos pobres, somos indígenas. Ya basta de tantas mentiras y engaños.

Les pedimos hermanas y hermanos que se sumen a nuestras exigencias, se mantengan pendientes de este juicio, repliquen nuestra palabra, que se visibilice cómo el sistema de justicia de Chiapas es mentiroso y discriminador. No permitamos que nos sigan tratando como objetos, no nos dejen solas y solos, no dejemos solos a la familia de Simón Pedro.

Y si el mal gobierno de Chiapas y de México y su sistema de justicia corrupto y podrido sigue burlándose del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, pensaremos en otras acciones para denunciar este atropello a la memoria de nuestro compañero y hermano Simón Pedro.

Desde Pichucalco, Chiapas, México, a 10 de marzo de 2023.

Atentamente.

 La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Javier Flores Zepeda                         Eliseo López Arias

Presidente                                          Secretario

Luis Miguel Gómez Pérez                   Alonso Ruiz López

Tesorero                                              Sub secretario