Atenas / Aguas griegas – Los participantes de la Flotilla Global Sumud (GSF) acaban de sobrevivir a 40 horas de crueldad premeditada a bordo de un buque de la armada de las fuerzas de ocupación israelíes (IOF) en aguas griegas, en un episodio que organizaciones defensoras de derechos humanos califican como piratería y violación del Derecho Internacional.

Según el relato de los afectados, durante su cautiverio se les negó comida y agua suficientes, y fueron obligados a dormir en suelos que los militares inundaron deliberadamente y en repetidas ocasiones.

La situación escaló cuando los soldados intentaron secuestrar a dos participantes: Saif Abukeshek (España, de origen palestino) y Thiago Ávila (Brasil), quien se ha distinguido por sus repetidos intentos de romper el ilegal bloqueo israelí a Gaza, calificado como genocida por numerosas instancias internacionales. Ante la resistencia pacífica de la tripulación, la respuesta de la IOF fue de extrema violencia.

Los participantes fueron golpeados, pateados y arrastrados por la cubierta con las manos atadas a la espalda. Como resultado, sufrieron fracturas de nariz, costillas rotas y palizas sangrientas. En medio del caos, incluso hubo disparos.

Mientras el resto de los 180 tripulantes secuestrados fueron desembarcados en Creta, Saif y Thiago permanecen detenidos y son transportados violentamente hacia una prisión israelí, lo que constituye una doble violación del Derecho Internacional: primero por el secuestro ilegal en alta mar, y segundo por su traslado forzoso a territorio ocupado.

La pesadilla aún no ha terminado. La policía griega mantiene a los demás integrantes del equipo, maltrechos, atrapados en autobuses, impidiéndoles la libertad de marcharse. En señal de protesta, 60 de ellos han iniciado una huelga de hambre.

Organizaciones denuncian que el gobierno griego está cooperando plenamente con la conducta criminal de Israel, abandonando sus obligaciones de búsqueda y rescate y haciendo la vista gorda ante la victimización de los activistas, que defienden el Derecho Internacional y el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que declaró ilegal el bloqueo naval israelí a Gaza y la ocupación de los territorios palestinos.

Exigencias inmediatas:

· Liberación inmediata de Saif Abukeshek y Thiago Ávila.

· Cese de la conducta criminal de Israel en aguas internacionales.

· Terminación del bloqueo ilegal israelí a Gaza.

· Que el gobierno griego y la Unión Europea cesen de prestar apoyo logístico y moral al genocidio en Gaza y a las campañas de limpieza étnica en Jerusalén Este y Cisjordania.

La comunidad internacional es llamada a rendir cuentas y a actuar ahora. Los participantes permanecen firmes, mientras el mundo observa.

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AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y DE MICHOACÁN

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 30 de abril de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos e instituciones religiosas, constituido por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Mazahuas, Nahuas y Afromexicanos, manifestamos colectivamente lo siguiente:

Contrario al discurso oficial, pese a los múltiples actos y celebraciones que realizan el día de hoy todos los niveles de gobierno y con independencia del partido político que ocupa la administración pública, la niñez indígena continúa viviendo entre la pobreza, la exclusión y la discriminación, no tenemos nada que celebrar, ni mucho menos nada que aplaudir.

En México, de acuerdo con su cultura, se autoidentifican 3.8 millones de personas de 3 a 11 años, como indígenas (Fuente: Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 / INEGI), de las cuales, 1 millón es hablante de algún idioma indígena y 280 mil no hablan castellano o español.

En nuestro país, el 84.8% de la población indígena de 3 a 17 años, vive en situación de pobreza; el 47.9% de la niñez indígena vive en situación de pobreza extrema; el 36.1% de las niñas y niños indígenas viven en situación de carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; el 21.8% de la población indígena menores de edad, viven en situación de rezago educativo; el 55.5% de la infancia indígena vive en situación de carencia por acceso a servicio de salud y el 40.5% de la población infantil indígena vive en situación de carencia por calidad y espacios de vivienda (Pobreza Multidimensional 2016-2024/ INEGI).

El promedio de la escolaridad para hablantes de una lengua indígena es de 6.3 años; el 46,4 % de la niñez indígena no concluye la educación básica, y apenas el 9,4% de los jóvenes indígenas pueden iniciar el nivel medio superior y superior (Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 / CONEVAL); por otro lado, el 60,5 % de la población indígena comienza su vida laboral a partir de los 12 años (El Mundo Indígena 2025 / IWGIA).

En este contexto, el presupuesto para fortalecer las políticas públicas dirigidas a la niñez indígena, en lugar de incrementar, decrecen, como lo ejemplifica la reducción del monto asignado al “Programa de Apoyo a la Educación Indígena” del ramo Entidades no sectorizadas, que sufrió un recorte de 22% en el Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Presupuesto de Egresos de la Federación entre 2025 y 2026 (Situación de los derechos de la infancia y adolescencia indígena en México /REDIM).

Los pueblos y comunidades originarias tenemos la responsabilidad de luchar por nuestra niñez, misma que representa nuestra raíz ancestral, la semilla cultural, la esperanza colectiva y el fuego de nuestros pueblos “Sueñen en grande niñas y niños indígenas que nuestro presente es de lucha, para que ustedes levanten las banderas de las futuras victorias»

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México

A los mecanismos internacionales de derechos humanos

A los pueblos de México y del mundo

A la opinión pública nacional e internacional

Han pasado 16 años desde el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010 en el camino hacia San Juan Copala, Oaxaca.

Dieciséis años no han sido suficientes para alcanzar justicia.

Pero sí han sido suficientes para evidenciar algo más profundo:

el fracaso estructural de las instituciones de justicia en México y la responsabilidad directa del Estado en la reproducción de la impunidad.

El caso de Bety y Jyri no es únicamente un expediente sin resolver.

Es un símbolo de la impunidad institucionalizada, donde la omisión, la negligencia y la complicidad han operado como política de Estado.

A lo largo de estos años, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia no solo han fallado, sino que han contribuido a sostener un sistema donde la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio no tiene consecuencias.

Hoy, este caso debe ser entendido no como un hecho del pasado, sino como una advertencia vigente.

LA IMPUNIDAD SE REPRODUCE

Los asesinatos y desapariciones de personas defensoras continúan ocurriendo.

El caso de Sergio Rivera Hernández, defensor del río Coyolapa desaparecido en la Sierra Negra de Puebla, es un ejemplo doloroso de cómo la impunidad se mantiene viva. Su desaparición forzada sigue sin resolverse, evidenciando la incapacidad y falta de voluntad del Estado para garantizar verdad y justicia.

En el contexto actual del gobierno de Salomón Jara Cruz, se han registrado nuevos hechos de violencia contra defensores del territorio, que reflejan la continuidad de un patrón:

– Agresiones y asesinatos que permanecen sin esclarecimiento.

– Desapariciones forzadas sin verdad ni justicia.

– Falta de garantías reales de protección para comunidades en resistencia.

– Un entorno donde la defensa del territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo.

Estos hechos no son aislados.

Son la expresión de un continuo histórico de violencia e impunidad, donde el Estado no solo es incapaz de proteger, sino que termina siendo parte del problema.

EXTRACTIVISMO E IMPUNIDAD

La violencia contra las comunidades y sus defensores está profundamente vinculada a la imposición de proyectos extractivos.

En el territorio mixteco, las concesiones mineras continúan siendo una amenaza directa contra la vida, el agua y la autonomía de los pueblos. Estas concesiones han sido otorgadas sin el consentimiento de las comunidades, generando conflictos, despojo y violencia.

La impunidad en casos como el de Bety Cariño, Jyri Jaakkola y Sergio Rivera Hernández no puede entenderse sin este contexto de intereses económicos y políticos que priorizan el extractivismo sobre la vida.

UN LLAMADO INTERNACIONAL FRENTE A LA IMPUNIDAD

Frente a este escenario, el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola debe ser asumido como un caso paradigmático de impunidad en México.

Por ello, demandamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México:

– Que se pronuncie públicamente sobre este caso como ejemplo de la crisis estructural de derechos humanos en el país.

– Que visibilice la responsabilidad del Estado mexicano en la perpetuación de este ciclo de impunidad.

– Que dé seguimiento a la situación de personas defensoras desaparecidas y asesinadas en México.

Asimismo, exigimos la cancelación de las concesiones mineras en territorios de la Mixteca, por representar una amenaza estructural a los derechos de los pueblos indígenas.

MEMORIA QUE DENUNCIA, MEMORIA QUE RESISTE

Nombrar a Bety, Jyri y Sergio no es un acto simbólico.

Es una denuncia viva.

Es recordar que en México se puede asesinar o desaparecer a quienes luchan por la vida y que, después, no pasa nada.

Pero también es afirmar que los pueblos no olvidan.

Que la memoria es una forma de resistencia.

Y que frente a la impunidad, la dignidad sigue organizándose.

¡BETY, JYRI Y SERGIO VIVEN EN LA LUCHA DE LOS PUEBLOS!

¡ALTO A LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL!

¡CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS!

¡EL ESTADO MEXICANO ES RESPONSABLE!

San Cristóbal de las Casas a 27 de abril de 2026

“A ellos les gritamos: ¡Deténganse! ¡Es tiempo de Paz!” León XIV

A los hermanos y hermanas del pueblo organizado de Nicolás Ruíz
A los hermanos y hermanas de la comunidad parroquial de San Bartolomé de los Llanos

Como diócesis de San Cristóbal de las Casas, saludamos a su corazón que sufre el dolor ante la situación de violencia que han vivido en los últimos días; especialmente a las familias que lamentablemente han perdido un ser querido.

Reconocemos y valoramos su caminar de lucha y resistencia por mantener a su pueblo organizado desde la asamblea de bienes comunales. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, “sigan siendo artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia” (Carta Enc. Fratelli Tutti, Nº. 225).

Estos hechos violentos ocurridos contra la comunidad de Nicolás Ruíz y Venustiano Carranza, evidencian que desde el gobierno no se cuenta con una verdadera estrategia para combatir al crimen organizado y a los grupos delictivos; a pesar del discurso oficial de que en Chiapas no se iba a tolerar a los grupos del crimen, como Agentes de Animación y Coordinación Pastoral, constatamos que los grupos de la delincuencia siguen operando y controlando los territorios de nuestro estado en completa impunidad, generando amenaza, persecución, desapariciones y muerte.

Como diócesis de San Cristóbal de las Casas, requerimos: Que se garantice la seguridad e integridad de los pueblos de Nicolás Ruíz y Venustiano Carranza. Que de parte del gobierno estatal se implemente una verdadera estrategia de paz que garantice la seguridad, justicia e integridad de cada una de las personas de nuestro estado de Chiapas.

Como diócesis nos sumamos a las demandas del pueblo organizado de Nicolás Ruiz:

· Investigación pronta y dirigente de los hechos ocurridos
· La reparación de todo el daño que se ha causado
· La aparición con vida del hermano Ángel Jiménez López
· El Derecho a vivir en Paz desde el convenio 169 de la OIT
· Que se garantice la seguridad de los pueblos que construyen la Paz

“Basta ya de la guerra” León XIV

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández
Vicario General

· Rodrigo Aguilar Martínez
Obispo de San Cristóbal de Las Casas

Hna. Carolina Lara Rodríguez
Vicaria de pastoral

Pbro. Bernabé Antonio Altamirano Díaz
Coordinador de la Pastoral Social

Hna. Micaela Méndez Vázquez, OSF.
Secretaria Canciller

Pbro. Miguel Ángel Montoya Moreno, MSC
Vicario de Justicia y Paz

Comunicado del Pueblo de Nicolás Ruiz.

A los medios de comunicación nacional e internacional
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones que luchan por los derechos humanos
A la sociedad civil
A los pueblos organizados que luchan por la paz y la justicia del estado de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas

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Compañeros y Compañeras,

1. Nosotros no confrontamos a las camionetas o vehículos blindados, simplemente se les pidió que se identificaran, ellos se negaron y con actos de violencia enfrentaron a los encargados de la vigilancia. Nosotros solamente nos defendimos de los disparos que iban haciendo con armas de alto calibre a su paso por nuestro pueblo.
2. La situación de Venustiano Carranza es lamentable y nos duele, pero ellos tienen su propia historia de lucha, aunque esperamos que ellos tengan solución a sus problemas.
3. Nuestro pueblo de Nicolás Ruiz, Chiapas es un pueblo organizado con usos y costumbres no pertenecemos a ninguna organización delictiva o carteles que operan en nuestro Estado de Chiapas, México y nunca perteneceremos. Estamos en acuerdo con otras comunidades como NUEVO LEÓN, ZHINTUL, LLANITOS, MATAMOROS, PONCIANO Y GUADALUPE VICTORIA.
4. Exigimos la recuperación de nuestro compañero Ángel Jiménez López que fue levantado cuando pasaron las camionetas fuertemente armadas por nuestro territorio de Nicolás Ruiz.

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COMISARIO DE BIENES COMUNALES NICOLÁS RUIZ

Amadeo López Méndez

PRESIDENTE MUNICIPAL NICOLAS RUIZ

Audelio Jiménez Gómez

Nicolás Ruiz, Chiapas, México.
25 de abril de 2026

Boletín de prensa
Ataque armado a nuestro pueblo organizado, contra la violencia sistemática y generalizada en
Chiapas.

A los medios de comunicación nacional e internacional
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones que luchan por los derechos humanos

Hermanas y hermanos,

Somos un pueblo tseltal, que lo único que defendemos es la paz en nuestro territorio.

Lamentablemente el día 24 de abril de 2026, nuestro pueblo volvió a ser blanco de ataque de grupos del crimen organizado o paramilitares, que el gobierno y todos los niveles de gobierno saben muy bien quienes son. Ayer aproximadamente las 15:00 horas, cinco camionetas con gente armada entraron a nuestro pueblo: tres entraron del lado de los terrenos de San Juan y dos del lado de los predios de Santa Lucia, estos últimos pasaron por el pueblo disparando y asesinando a José Alfredo Jiménez Paredes y Luis Angel Gómez Ramírez; resultando heridos Romeo López Pérez y Raquel López Díaz. Hasta momento nuestro compañero Ángel Jiménez López se encuentra desaparecido y no sabemos a donde se lo llevaron, aunque el día de hoy, recibimos el reporte de que una persona se encontraba tirada al lado de la carretera en la colonia 20 de noviembre pero no era nuestro compañero desaparecido y nuestra incertidumbre ha crecido.

Los médicos tienen miedo de poner en las actas de defunción de nuestros compañeros caídos la verdad de cómo los encontramos y cuál fue la causa de la muerte, y quieren poner que la causa de la muerte es “natural”, ningún natural, fueron víctimas de la violencia generalizada y sistemática que hemos vivido en Chiapas y en todo México.

Por la tarde de ayer, el delegado de gobierno Juan Luis Zarasua, acudió a nuestro pueblo para ofrecernos retenes policíacos, nosotros no estamos solicitando eso, somos nosotros mismo que hemos restablecido la paz y no el mal gobierno, porque somos un pueblo organizado desde nuestra Asamblea de Bienes Comunales y exigimos respeto a nuestro territorio.

Recordamos que el año pasado, nos organizamos como Alianza por la Seguridad y el Bien de nuestros Territorios, conformada varias comunidades aledañas para las guardias comunitarias, haciendo rondínes para evitar que entre la delincuencia en nuestros territorios. Tomamos estos acuerdo porque vimos que las autoridades estatales y federales han omitido su responsabilidad en la seguridad o son parte de la violencia generalizada. Así como pueblos organizados seguiremos trabajando por la construcción de paz.

Nosotros no tenemos ningún otro problema, algunos medios de comunicación dicen que estamos en disputa de tierras, eso fue antes, ahora hemos logrado nuestra lucha y seguimos organizados, por lo que pedimos que no confundan nuestra lucha.

Nos declaramos en alerta máxima y con más ganas de defender nuestro territorio, el pueblo de Nicolás Ruiz es un pueblo con valor y con espíritu.

Aunque sabemos que no va a pasar, pero es responsabilidad del Estado mexicano y su gobierno, una investigación, pronta y diligente de este crimen e identifique a los responsables materiales e intelectuales los castigue y desde ahora, repare todo el daño que ha causado.

Exigimos al Estado mexicano y a su fuerza pública la aparición inmediata y con vida de nuestro compañero Ángel Jiménez López quien hasta este momento se encuentra desaparecido y le hacemos responsable de lo que le suceda.

Exigimos nuestro derecho de vivir en paz y el respeto a nuestra autonomía de acuerdo al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas que somos.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para estar atentos y exigir al Estado mexicano detener la violencia contra la lucha de los pueblos organizados y en paz.

Porque es el Estado, exigimos justicia.
Porque es el Estado, no nos callaremos.
Porque es el Estado, vivos de los llevaron y vimos los queremos.

Atentamente,

Pueblo Organizado de Nicolás Ruiz, Chiapas.
Alianza por la Seguridad y el Bien de nuestros Territorios

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Fuente: CNI

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e internacional

A las organizaciones sociales y de derechos humanos

A los pueblos de México y del mundo

Al Congreso Nacional Indígena

Hermanas y hermanos:

Han pasado 16 años desde que arrebataron la vida de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, y el tiempo no ha sido suficiente para cerrar la herida ni para alcanzar la justicia. Sus nombres siguen latiendo en la memoria de los pueblos que no se resignan a la muerte impuesta por la guerra. No son un eco perdido en la nada: son presencia viva que camina en cada lucha por la dignidad y contra el olvido.

Bety, mujer de raíz profunda y palabra firme, sembradora de organización y esperanza; Jyri, compañero solidario que cruzó fronteras para abrazar la causa de los pueblos. Ambos fueron asesinados en un contexto de violencia que no ha cesado, en un país donde defender la vida, el territorio y los derechos sigue siendo una condena.

Hoy, su memoria también nos recuerda la lucha que defendían.

La tierra de Bety, en la Mixteca, continúa bajo amenaza por proyectos extractivos, particularmente la minería, que avanza sobre territorios indígenas sin el consentimiento de los pueblos. Bajo discursos de “desarrollo” o “transición energética”, se siguen imponiendo concesiones que vulneran la libre determinación y rompen el tejido comunitario.

Lo ocurrido hace 16 años no es un hecho aislado: el extractivismo sigue generando violencia, despojo e impunidad.

Hoy, sus ausencias se entrelazan con otras:

con las voces de las madres buscadoras que recorren caminos de tierra y silencio, con las familias que escarban la tierra buscando lo que el Estado se ha negado a encontrar, porque el amor es más grande que el dolor, más grande que la muerte y la desesperanza, y con los nombres de quienes han sido asesinados por defender el agua, la tierra y la vida frente al despojo.

México se ha convertido en un territorio donde la memoria es resistencia.

Donde la justicia se aplaza, se diluye o se niega para sostener el ciclo permanente de la impunidad.

Donde las víctimas son obligadas a hacer la búsqueda que le corresponde al Estado.

A 16 años, seguimos preguntando:

¿Dónde está la justicia para Bety y Jyri?

¿Dónde están las garantías para quienes hoy defienden la vida?

¿Hasta cuándo la impunidad será la norma?

No es solo un crimen del pasado: es una herida abierta que dialoga con el presente.

Es la misma violencia que hoy golpea a las madres que buscan a sus hijas e hijos,

la misma que amenaza y asesina a quienes defienden sus territorios, la misma que intenta sembrar miedo donde florece la organización y se levanta la palabra.

Pero también es la memoria la que nos sostiene.

Porque recordar es un acto de dignidad.

Porque nombrar es resistir.

Porque la justicia no prescribe en el corazón de los pueblos.

Hoy levantamos la voz para exigir:

* Verdad y justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola.

* Alto a la violencia contra personas defensoras del territorio y los derechos humanos.

* Cancelación de concesiones mineras en nuestros territorios.

* Reconocimiento y protección real para las madres buscadoras.

* Fin a la impunidad que cobija a los responsables materiales e intelectuales.

* Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo.

A 16 años, no hay silencio posible.

La memoria camina.

La dignidad persiste.

La lucha continúa.

Porque mientras haya injusticia,

sus nombres seguirán siendo semilla.

¡Bety y Jyri viven en la memoria de quienes resistimos, en los pueblos que no claudican!

¡Justicia!

En la época prehispánica, las comunidades Mayas se unieron para crear lo que se conoce como la Triple Alianza, conformada por Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, esto con el objetivo de consolidar la fuerza del gran pueblo Maya. Hoy estas históricas ciudades se vuelven a unir en la defensa de su territorio, del cual intentan despojar y desplazar a las comunidades que por siglos lo han habitado.

Telchaquillo, Mayapán, juicio agrario y criminalización

La zona arqueológica Mayapán es la tercera más grande de la península y se encuentra en territorio de la comunidad Maya de Telchaquillo. Después de meses de negociaciones fallidas e intentos de manipulación del proceso, en noviembre de 2024 la comunidad demandó (carpeta 1747/2024) al INAH ante el tribunal agrario. A pesar del proceso legal en curso, en febrero de 2025 el INAH comenzó obras de remodelación dentro y fuera del sitio, en un intento de reocupación sin consentimiento de la comunidad. Los ejidatarios les informaron pacíficamente a los trabajadores sobre el juicio en curso, por lo que detuvieron las obras. Es en este contexto el INAH presentó una demanda penal (carpeta FED/TUC/MER/0000130/2025) en contra de los defensores mayas Gladis Uc y Álvaro Mena por la supuesta obstrucción de obra pública.

En diciembre de 2025, el Tribunal Agrario No. 34 otorgó a la comunidad medidas cautelares que prohíben al INAH ejecutar el convenio de ocupación previa. La comunidad continúa firme con su lucha, solicita al INAH e instituciones relacionadas, que traten a la comunidad con respeto, sin el racismo que los ha caracterizado en este proceso, y desde un enfoque de derechos indígenas. Telchaquillo se mantiene firme en las peticiones que presentaron por escrito al instituto: retroactivos por los más de 40 años de ocupación de Mayapán sin consentimiento, un acuerdo de coadministración del sitio entre la comunidad y el INAH, y que todos los planteamientos sean presentados por escrito.

La comunidad Maya de Telchaquillo en Yucatán, denuncia públicamente la criminalización por la defensa de su territorio, en contra de Gladis Uc Flores, miembro del Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo, y Álvaro Mena Fuentes, asesor de la comunidad. Aunque son dos personas las directamente criminalizadas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la comunidad sostiene que esta agresión es contra todos.

Pisté de Chichén Itzá, amenazas de desplazamiento

Chichen Itza, el sitio arqueológico más famoso y visitado de la península, se encuentra en la comunidad maya de Pisté en Yucatán. Desde que el sitio pasó a manos privadas y después al estado, la comunidad de Pisté ha quedado al margen de todos los planes sobre el sitio arqueológico. Hace 22 años habitantes mayas de Pisté logran negociar y tener acceso al sitio arqueológico para vender artesanías. Se les acreditó como vendedores desde hace 15 años. Actualmente son casi 700 titulares con dos trabajadores cada uno, haciendo un total de más de 2 mil beneficiarios directos. A pesar de los múltiples intentos de crearles mala fama, más que vendedores son también ejidatarios, pobladores, jefas y jefes de familia que han construido un sustento para sus familias y han contribuido con su comunidad a partir de su trabajo honesto.

Recientemente, el gobierno federal pretende mover a todos los vendedores al CATVI, un espacio nada atractivo para el turismo, el cual será obligado a caminar por un kilómetro bajo el sol peninsular, antes de llegar siquiera a ver las pirámides. La comunidad sabe que moverse a este lugar es aceptar el destino al fracaso. No fueron consultados para construir el elefante blanco que será el CATVI, es por esto que unidos artesanos, sus trabajadores, guías, restauranteros, comunidades vecinas, pobladores en general piden primero, mantenerse vendiendo dentro del sitio y segundo, mantener la entrada original al sitio. La comunidad no pide que les regalen nada, lo único que le piden a las instituciones del estado, es que les permitan trabajar con dignidad, como lo han hecho durante todos estos años.

Demandas

Ante estas situaciones las comunidades de Pisté y Telchaquillo reconocen los mismos patrones de acción, además de los mismos actores involucrados. El INAH, de la mano de Diego Prieto, el principal operador de estos hechos, quién a pesar de ya no pertenecer al INAH sigue operando para hacer posible los planes del estado. Así mismo, en ambos casos, los recursos con los que operan provienen directamente del plan del tren maya.

Es necesaria la revisión de la Ley de Monumentos que es inconstitucional y viola los derechos de las comunidades indígenas al territorio, el derecho a la cultura y al acceso a sus sitios sagrados. Que se modifique y se armonice reconociendo a las comunidades indígenas como sujetos de derechos.

Pedimos el cumplimiento de las demandas de ambas comunidades, Pisté rechaza la expulsión de los artesanos Mayas de Chichén Itzá y piden mantener la entrada de Pisté abierta. Telchaquillo pide la coadministracion de Mayapán, el pago de retroactivos por el uso del sitio y la no criminalización de su lucha.

Solicitamos a otras comunidades y movimientos indígenas del país a que se solidaricen con nuestra lucha adhiriéndose a este texto y soliciten al INAH el desistimiento de la demanda penal contra nuestrxs compañerxs.

Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo
Artesanos-Comerciantes Le Maayao’ob Bejla’e
Autoridades Ejidales Telchaquillo 2025-2028
Comunidad de Pisté
Comunidad de Telchaquillo
Colectivo Comunidades por la Autonomía

Adhesiones de organizaciones:

(Continuar leyendo…)

Firma y envía las cartas

El jueves 16 de abril a las 12 hrs se llevará a cabo la audiencia inicial de Antonia Hernández López, Jerónimo Moreno Hernández y Victorio Moreno Hernández, en el tribunal de enjuiciamiento de Yajalón por el supuesto delito de despojo agravado. Son diez personas integrantes del (CNI)  Chiapas, acusadas por  el delito referido.

Ante esta situación, interpelamos a las autoridades para garantizar, respetar y proteger la libertad, la vida, la integridad y seguridad personal e  invitamos a la sociedad civil a enviar cartas a la Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, Fiscal de Justicia Indígena y al Tribunal Superior de Justicia para solicitar su intervención con relación a la audiencia inicial de Antonia, Jerónimo y Victorio.

Firma y envía las cartas desde tu correo electrónico aquí:

https://frayba.org.mx/carteo-para-la-liberacion-de-los-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-de-jotola-chiapas

#AlertaporAntonia,JerónimoyVictorio #LibertadParaFranciscoyMariadeJesús #AltoALaCriminalizaciónEnJotolá #NoAlDespojoEnJotolá #CNI

¡ALERTA ATLAPULCO!

14 de abril de 2026

Desde la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi) nos declaramos en ALERTA ante la agresión ejercida contra nuestra compañera Hortensia Telésforo (de la Asamblea de Atlapulco y Tlamachtilollan) que en estos momentos se encuentra en urgencias.

Llamamos a todos los colectivos y organizaciones a estar pendientes para responder al llamado que nos hagan los compañeros de la Asamblea de Atlapulco y Tlamachtiloyan.

Tlamachtiloyan de Atlapulco

!SI TOCAN A UNO/A NOS TOCAN A TODO/AS!