solidaridad
La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de octubre de 2022
Boletín No. 31
La omisión del Estado mexicano profundiza la violencia en Los Altos de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) lamenta los hechos de violencia que se presentan en la Fracción Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas. De acuerdo a diversas fuentes de información los enfrentamientos iniciaron desde el pasado 29 de septiembre de 2022; hasta el momento se ha confirmado un número aproximado de 129 personas en desplazamiento forzado interno (32 familias), refugiadas en la comunidad de Polhó, del mismo municipio; entre ellas se encuentran al menos 36 niñas, niños y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. A ello se suma la quema y destrucción de aproximadamente seis casas; al momento no contamos con datos precisos respecto al número de personas heridas y asesinadas.
Desde el Frayba hemos señalado la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la omisión y mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en la región de Los Altos de Chiapas que amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia.
En diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, diversos actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico. De 2011 a la fecha, hemos documentado 40 conflictos en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres. La mitad de estos eventos se desarrollaron en Los Altos de Chiapas, destacando los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.
Los actores son diversos, desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional.
La descomposición social que hoy atestiguamos emana tanto del conflicto político-militar irresuelto, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.
La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales.
Por tal razón, exigimos al Estado mexicano adoptar medidas integrales para prevenir las causas del desplazamiento forzado interno en la región, así como a garantizar la protección y la seguridad de las personas afectadas para disfrutar de una vida digna y en paz, además de iniciar una investigación diligente respecto a la actuación de los grupos armados que abone a su desarticulación y desarme.
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Senado mexicano aprueba militarización de la seguridad pública
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
El pleno del Senado mexicano aprobó en la noche del martes (4) un nuevo dictamen de la reforma constitucional que extiende la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. En 2019, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad que el Ejército realizara dichas tareas hasta 2024.
La votación había sido cancelada el 21 de septiembre en una maniobra del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque no había alcanzado la mayoría de los diputados para su aprobación.
La aprobación ocurre en un escenario donde en México se ha denunciado una serie de crímenes perpetrados por el Ejército. Un ejemplo es el caso de los 43 de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que el Ejército sostenía un sistema de monitoreo de los estudiantes, incluso en la noche de su desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014.
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El dictamen, remitido por la Cámara de Diputados, fue modificado por los senadores. Entre los cambios está el que plantea que el Ejecutivo tendrá que presentar al Congreso un informe semestral, en lugar de anual, como ya establece la reforma de 2019 en el artículo 76.
También se añadió en el quinto transitorio que en el primer semestre de 2023 y hasta 2028, se creará una comisión bicameral en el Congreso de la Unión, que citará a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Defensa Nacional y de Marina.
La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación y una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal.
Además, el Ejecutivo establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Señala que un 25% de dicho fondo se asignaría a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen tendrá que volver a la Cámara de Diputados debido a los cambios que sufrió. Si los diputados aprueban las modificaciones, el proyecto será remitido al Ejecutivo para su publicación. Si las rechaza, regresa al Senado para otra revisión.