A 4 años, 4 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. ¡Exijamos justicia!
A 4 años 4 meses del asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, hacemos un llamado a los pueblos de México y del mundo a que este miércoles 28 de junio continuemos con la exigencia de justicia para nuestro compañero Samir Flores Soberanes.
La Fiscalía General del Estado de Morelos a cargo de Uriel Carmona Gándara, sobre el que pesan diversas investigaciones por parte de la FGR por presuntos nexos con el crimen organizado, ha hecho un uso faccioso y mediático de las supuestas investigaciones sobre quiénes y porque fue que asesinaron a nuestro hermano Samir Flores Soberanes.
Quien, además de ser asesinado en el contexto de una consulta amañada e ilegal de Andrés Manuel López Obrador para justificar la imposición del Proyecto Integral Morelos, era un gran sembrador de vida y autonomía en su comunidad de Amilcingo y la región Oriente de Morelos, Puebla y todo lugar al que iba.
La Fiscalía de Morelos pretende el próximo 4 de julio llevar a juicio, sin pruebas sólidas al denominado Temalaco, y sin ninguna línea de investigación desarrollada sobre cual fue el motivo del asesinato de Samir. La Fiscalía de Morelos ya ha demostrado sino es que, por lo menos, su incapacidad para resolver el caso, sino es que su complicidad silenciosa en él.
Como comunicador indígena que difundía la lucha por la defensa del territorio, Samir tiene derecho a que la Fiscalía especial para la atención de delitos contra la libre expresión atraiga su caso y, con una perspectiva del contexto real en que fue asesinado, continue con las investigaciones y encuentre a los culpables materiales e intelectuales de su asesinato.
Sabemos que la justicia de Samir está en la lucha de nuestros pueblos, barrios y comunidades, en la rebeldía, la libertad y la dignidad de nuestros corazones, pero también la justicia involucra el derecho a la verdad.
Honesto, alegre y comprometido como fue nuestro compañero, no le podemos ofrecer menos que nuestra lucha constante porque se sepa la verdad, de quien lo mandó a matar y por qué.
¡NUNCA MAS UN MEXICO, SIN NOSOTROS!
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
¡JUSTICIA PARA SAMIR!
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena
Caso Antonio González Méndez vs. México: un crimen de Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14
- Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.
El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.
Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.
El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.
Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.
Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.