Radio Zapatista

Rompiendo Fronteras

• GLOBAL: Llamado global a solidaridad con comunidades zapatistas agredidas por paramilitarismo y complicidad gubernamental.
• GLOBAL: Día internacional de la trabajadora sexual. Entrevista a Brigada Callejera. Noticias de abajo.
• PÍLDORAS DE SALUD: Cápsula sobre la diabetes. Por Mar.

Desde esta región llamada México

• JALISCO: El Halconazo Tapatío 5 de junio no se olvida. Por Tasha.
• OAXACA:  Eloxochitlan denuncia campaña de hostigamiento ante detencion de miembros de la Asamblea Comunitaria. Organizaciones se pronuncian contra el caciquismo local y la impunidad que le otorga el mal gobierno.  Plantón de mujeres Mazatecas y Centro Vitoria
• PUEBLA: Acoso y persecución a defensores del agua y el territorio. Colectivos demandan el fin del acoso a Alejandro Torres Chocolatl y a Miguel López, comunicadores perseguidos por defender la madre tierra. La Flor Periódico
• CHIAPAS: Se desborda la violencia en Chiapas., Grupo armado asesina a 8 indígenas que tenían un año desplazados. En Chiapas hay más de 5000 desplazados forzados dentro de una política contrainsurgente.

Fuentes Desinformémonos, redes.

Música

• Son tus derechos – Fuxtones en cover de The Clash
• Sin papeles- Che Sudaka

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

La asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, localizado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, denuncia que el retiro ilegal de la bauxita, por hombres armados, sin el permiso de la comunidad, continúa.

La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.

La minera había pedido permiso al ejido Nueva Morelia para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia, señaló uno de los habitantes de la comunidad para Avispa Mídia. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.

El ejido Nueva Morelia es controlado por hombres armados desde el pasado sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el objetivo es la retirada de la bauxita almacenada en este ejido. Las entradas y salidas del pueblo fueron bloqueadas por integrantes de esta agrupación.

La toma del ejido por paramilitares dio inicio días antes del inicio de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la región de la Frontera Comalapa, extendiéndose hasta Chicomuselo, causando varias muertes desde el 25 de mayo, secuestros, bloqueos carreteros y de caminos, expulsión de comunidades y reclutamiento forzado de hombres jóvenes.

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«Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.»

Audiovisual 1:

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A nuestras hermanas naciones indígenas nahuas, poqomanes, chortís, lencas, xincas y chorotegas,
que forman parte del actual Estado Plurinacional de El Salvador.
A las comunidades zapatistas.
A los pueblos indígenas de Abya Yala y Cemanáhuac.
A los pueblos del mundo.

Desde el corazón del territorio indígena Kushkatan queremos expresar nuestra solidaridad, a nombre del Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), con las comunidades indígenas de Chiapas, por lo que endosamos las exigencias presentadas por el Congreso Nacional
Indígena de México, que son las siguientes:

1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.

2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.

3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.

4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.

¡Qué vivan los Pueblos Indígenas!
¡Qué vivan quienes luchan por la vida!
Kushkatan, 3 de junio de 2023.

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

^{Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón}

La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.

El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.

La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.

Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.

Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.

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Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.

Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.

Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.

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Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.

Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.

La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).

Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.

Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.

Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.

Racismo letal

El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de
Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.

De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.

Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.

Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.

Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.

Cientos de pensadores, artistas, activistas y organizaciones indígenas, de derechos humanos y medios libres de muchas partes del mundo se manifestaron en un Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi, llevada a cabo por el grupo paramilitar Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO) el pasado 22 de mayo, y advirtieron que Chiapas está al borde de la guerra.

En conferencia de prensa en las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México, se planteó que la situación actual en Chiapas está al borde de un estallido, gracias a la combinación del paramilitarismo, el crimen organizado y la complicidad del gobierno estatal y federal, así como la continuidad de las estrategias de contrainsurgencia desplegadas desde la década de 1990, ahora con nuevos actores y nuevas características.

En la conferencia, participaron Víctor López (Red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos), Carlos González García (Congreso Nacional Indígena), Daniel Giménez Cacho (actor), Gerardo Meza (Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente), Confederación General del Trabajo del Estado Español, y el pensador Gilberto López y Rivas. Además, se manifestaron en solidaridad el actor Joaquín Cosío, la activista María Herrero Magdaleno (Familiares en búsqueda), Don Bernabé Abrajam Gaspar (Comité de Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa) y María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez (vocera del Consejo Indígena de Gobierno).

A continuación, las palabras de lxs participantes.

Víctor López, Red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (pedimos disculpas por la calidad del audio, que quedó comprometido debido a fallas en la transmisión):
(Descarga aquí)  

Carlos González, Congreso Nacional Indígena:
Video: Radio Zapatista

Pronunciamiento nacional e internacional, en voz de Daniel Giménez Cacho:
Video: Radio Zapatista

Comentarios sobre el pronunciamiento – Gerardo Meza, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente:
(Descarga aquí)  

Confederación General del Trabajo, Estado Español:
(Descarga aquí)  

Gilberto López y Rivas:
Video: Radio Zapatista

En sesión de preguntas, Gilberto López y Rivas y Carlos González García:
Video: Radio Zapatista

Mensaje de solidaridad de Don Bernabé Abrajam Gaspar, Comité de Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
Video: Radio Zapatista

Mensaje de solidaridad de María Herrero Magdaleno – Familiares en búsqueda:
Video: Congreso Nacional Indígena

Mensaje de solidaridad de Joaquín Cosío
Video: Congreso Nacional Indígena

Mensaje de solidaridad de María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez (Concejo Indígena de Gobierno – CIG)
Video: Congreso Nacional Indígena

Palabras finales, CENCOS:
Video: Radio Zapatista

ACCIÓN GLOBAL POR LOS PUEBLOS ZAPATISTAS:
Video: Congreso Nacional Indígena

En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.

¿Se prepara otro crimen de Estado?

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes