En portada: Familiares y organizaciones civiles se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, Honduras, en contra de la medida de prisión preventiva de los ocho defensores del río Guapinol. Foto: Cejil
Hace más de 26 meses ocho activistas hondureños: Arnol Alemán, Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Cedillo, Orbin Hernández, Porfirio Sorto, Kelvin Romero y Jeremías Martínez, quienes se organizaban en la defensa de su territorio contra la industria minera, fueron encarcelados de manera “preventiva”, a conveniencia del dueño de una empresa multimillonaria quien los consideraba un obstáculo para sus negocios extractivistas.
Recientemente, los esfuerzos de las familias de los activistas y organizaciones a nivel internacional, nacional y estatal se habían tornado en una oportunidad para, por fin, liberar a sus seres queridos; no obstante, la respuesta no fue la deseada.
Guapinol por el Agua y la Vida
En 2014, los mecanismos hondureños otorgaron-sin consultar como correspondía a los habitantes de Guapinol- dos concesiones mineras (ASP y ASP I) a Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Lenir Pérez -miembro por matrimonio de la acaudalada familia Facussé- para explotar el óxido de hierro a cielo abierto en el Área Natural Protegida “Parque Nacional La Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía”, departamento de Colón, región norte de Honduras.
Durante la jornada de éste miércoles 20 de octubre, desde tempranas horas de la madrugada se han realizado una serie de manifestaciones en contra de la presencia militar en territorio mapuche, luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara estado de excepción el pasado 12 de octubre, para lo que geográficamente denominan como «macrozona sur», lo que corresponde a localidades movilizadas del Wallmapu.
Acciones simultáneas se realizaron en las rutas Maquehue-Nueva Imperial y Maquehue-Freire, en las cuales se dejaron diversos mensajes en rechazo al decreto presidencial, además de cortes de ruta en distintos puntos.
Compartimos registros enviados a Radio Kvrruf
«…En rechazo a la militarización del wallmapu. Exigiendo la salida de los milicos del territorio mapuche y la libertad del weichafe Luis Tranamil» , señalaban estas primeras acciones reportadas.
En avenida Javiera Carrera con Pedro de Valdivia también se levantaron barricadas donde además de manifestarse en rechazo a la presencia militar, se hace un llamado a la organización y lucha desde las distintas poblaciones de la ciudad. Compartimos registros y mensaje enviado para su difusión:
«Que arda la calle en memoria de lxs muertxs y presxs por el estado $hileno. Han pasado dos años desde la revuelta social y lo único que ha cambiado es el total de compañerxs asesinados por manos del gobierno y el estado. Hacemos un llamado a la lucha y la organización desde las poblaciones.Fin a la militirizacion del wallmapu y del estado de excepción, que lo único que busca es aumentar la reprensión en las comunidades.Fuera milicos del wallmapu !!!».
En horas de la mañana en avenida Francisco Salazar de Temuco también se realizaron manifestaciones con interrupción de tránsito y propaganda en cercanías de la Universidad de La Frontera. Compartimos registro y mensaje emitido:
«Mari mari kom pu che Comunicamos a nuestro pueblo nación mapuche y a todos los simpatizantes de la lucha de nuestro pueblo, que hoy miércoles 20 de octubre del año 2021, interrumpimos el tránsito en la calle Francisco Salazar, por que repudiamos la militarización una vez más en nuestro territorio, en donde el estado chileno busca continuar reprimiendo y amedrentando a nuestra gente.Rechazamos la creciente ola represiva que ha desatado el estado en el territorio mapuche, y reafirmamos el compromiso del hogar Pelontuwe con la lucha de nuestro pueblo, basta de represión para silenciar nuestra lucha. TXIPATUPE WIGKAKE ANÜMKA TAIÑ MAPU MU, TXIPATUPE PUKE KARÜKECHE TAIÑ MAPU MU, ZOY NEWENTU WEICHATULEAIÑ TAIÑ INGKANIEPEAFIEL IÑ ITXOFILLMOGEN, WEWAIÑ, AMULEPE TAIÑ WEICHAN KOM WALLMAPU MU!!»
Hasta el momento no se informa de detenidos por parte del personal policial, y se realizan múltiples llamados a manifestarse ante lo que consideran una nueva especie de «pacificación» de la araucanía, donde ya se ha registrado presencia policial y militar en la mayoría de los accesos a comunidades principalmente en resistencia.
• La omisión del Estado mexicano favorece el miedo y terror contra las comunidades en la zona
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información sobre el desplazamiento de al menos 90 personas originarias de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal del municipio de Pantelhó; en su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), esto debido a la tensión política que se vive en el municipio de Pantelhó.
Según información recibida por autoridades comunitarias de Pantelhó y Chenalhó, en los próximos días el número de desplazados aumentaría debido al miedo a que se desate la violencia el próximo 1 de octubre: “Hay miedo que los sicarios de Raquel Trujillo lleguen, que hagan bloqueos y haya enfrentamientos, por eso la gente ahora tiene miedo, muchos ya se están alistando para salir, otros ya se fueron, se han ido a San Cristóbal de Las Casas y a otros municipios”.
La violencia ha ido incrementando, después de las declaraciones realizadas por el señor Raquel Trujillo, Presidente Municipal electo en el municipio de Pantelhó, de tomar posesión de su cargo el próximo 1 de octubre. Sus declaraciones ha impactado y generado temor a la población provocando nuevos desplazamientos. El Estado mexicano tiene la obligación de prevenir el desplazamiento forzado interno adoptando las medidas que sean necesarias, además tiene el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables, para que tales hechos no se repitan.
La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Chenalhó y Pantelhó, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además el desplazamiento forzado interno vulnera el derecho a la libre circulación y residencia, afecta el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida, incremento de pérdida del acceso a la propiedad, inseguridad alimentaria y desarticulación social.
El Frayba se une al llamado de Paz y a la preocupación expresada por la parroquia de San Pedro Apóstol Mártir de Chenalhó y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, frente a la espiral de violencia que hay en la región. Por último exigimos al gobierno de México la implementación de medidas cautelares y precautorias ante el anuncio de posibles hechos de violencia que vulneren la seguridad e integridad personal de la población en la región de los Altos Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
28 de septiembre de 2021
Boletín No. 12
Por Sandra Suaste y Luis Suaste
Ciudad de México, 24 de septiembre.
Entre la gente se escuchan algunos murmullos anecdóticos sobre el zapatismo. Dentro de esta manifestación de centenares de personas surgen muchas respuestas. Aunque nadie hizo ninguna pregunta específica, pero las historias de vida suenan, como un murmullo alterno al mitin frente a la Secretaría de Gobernación. En colectivo, las voces bajitas dan respuesta a esto: ¿Qué significa estar ahí?
Todas las personas llevan en su memoria algún acontecimiento: el levantamiento armado de 1994; las caravanas de ayuda humanitaria de 1998; la marcha de los 1111 zapatistas; la marcha del color de la tierra; La otra campaña, el festival de La digna rabia, el estruendoso silencio de 2012 con la marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la Escuelita Zapatista, los festivales de ConCiencia y CompArte; el Encuentro de mujeres y ahora, la Gira en Europa.
¿Y tú cuál llevas en tu corazón? Es algo que -si eres simpatizante- seguramente ya te respondiste.
Ayer, 24 de septiembre del 2021, colectivos, organizaciones e individuos de abajo y a la izquierda salieron a las calles a exigir se detenga la guerra paramilitar en contra de las comunidades zapatistas.
En un comunicado del 19 de septiembre, a nombre del CCRI-CG del EZLN, el Subcomandante Insurgente Galeano informó del secuestro de dos compañeros autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Patria Nueva, a manos de la organización paramilitar ORCAO, que actúa bajo la protección del desgobierno de Rutilio Escandón. Después de 8 días de secuestro, los compañeros Sebastián Núñez Pérez y Jose Antonio Sánchez Juárez fueron liberados gracias a la intervención de los párrocos de San Cristóbal de las Casas y Oxchuc, quienes evitaron que el conflicto escalara hasta llegar a una tragedia, según informó el Subcomandante Galeano en dicho comunicado. El grupo paramilitar también dispara armas de fuego todas las noches en contra de la comunidad Moisés y Gandhi.
En respuesta al llamado realizado hacia el final del comunicado para manifestarse en embajadas, consulados y en las casas del gobierno de Chiapas, diversas organizaciones, colectivos e individuos se movilizaron para repudiar los ataques paramilitares de la ORCAO y exigir que se abandone el culto a la muerte que profesan el gobierno, sus funcionarios y criminales a sueldo.
Morelia, Michoacán.
En punto de las 11 am colectivos simpatizantes al Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos zapatistas en lucha, se manifestaron en contra de la guerra paramilitar hacia las comunidades zapatistas en Chiapas.
Miembros de la Red de Rebeldía y Resistencia de Morelia, realizaron una manifestación frente a palacio de gobierno del estado de Michoacán con carteles y mantas para manifestar su solidaridad con las comunidades zapatistas, y su repudio a las agresiones del grupo paramilitar ORCAO.
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LAS REDES DE REBELDÍA Y RESISTENCIA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
20 de septiembre de 2021
Ante el llamado que hacen los hermanos, hermanas y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:
“A LA EUROPA DE ABAJO Y A LA IZQUIERDA Y A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A MANIFESTARSE FRENTE A LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE MÉXICO, Y EN LAS CASAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EXIGIRLES QUE SE DEJEN YA DE PROVOCACIONES Y ABANDONEN EL CULTO A LA MUERTE QUE PROFESAN”
Las comunidades que conformamos el CIPOG-EZ y que somos parte del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), nos sumamos a la acción internacional para demandar el ¡ALTO A LA GUERRA Y HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DEL EZLN! Para decirle al mal gobierno que sabemos lo que pasa con nuestros hermanos, hermanas, hermanoas de EZLN, por muchos cercos que imponga el mal gobierno, por mas silencio que pague a los medios de comunicación para que no se sepa nada de lo que ocurre en Chiapas.
Desde la Montaña Baja de Guerrero, vemos con preocupación cómo el hostigamiento en contra del EZLN no sólo se ha mantenido desde su surgimiento en 1994, sino que se agudiza, pues los grupos paramilitares se han reactivado con todo el respaldo y silencio de los malos gobiernos. En las comunidades que conformamos al CIPOG-EZ, sentimos en lo más profundo su llamado, pues la muerte, los secuestros, encarcelamientos, la complicidad de los grupos narco-paramilitares con los malos gobiernos, son cosas que vivimos y sufrimos, pero que no normalizamos y por eso luchamos y resistimos: para vivir.
Saludamos la iniciativa del EZLN y nos llena el corazón de saber que la Travesía Por La Vida está en marcha. Sepan que ustedes son un referente para nosotros y nosotras aquí en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, que seguimos sus pasos, pues la autonomía de las comunidades es el reto que tenemos quienes aspiramos a la construcción del mundo que queremos y en eso ustedes son nuestro ejemplo.
Llamamos a las y los compañeros solidarios, de México y del mundo, a dar seguimiento a nuestras hermanas, hermanos y hermanoas que andan por el mundo en la Travesía Por la Vida y a quienes se quedan en el territorio zapatista en el estado de Chiapas. Llamamos a movilizarnos de manera conjunta, aunque cada quien en sus geografías, el día viernes 24 de septiembre de 2021.
Llamamos a los medios de comunicación a que vengan a la comunidad de Alcozacán el 24 de septiembre, día en el que nos movilizaremos. En este sentido, responsabilizamos a Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, al fiscal y demás encargados de la seguridad del estado de cualquier cosa que pueda sucedernos, pues al igual que el gobernador de la 4T del estado de Chiapas Rutilio Escandón, las autoridades del estado de Guerrero, han demostrado que la vida de quienes habitamos el territorio no les interesa.
ATENTAMENTE:
CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA
La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades mayas tsotsiles de Aldama y Santa Marta.
La implementación de las Medidas Cautelares 284-18 dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de familias Tsotsiles de las comunidades de Aldama, no impidió la muerte de Domingo Santíz Jiménez.
El Frayba solicita a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), adopte Medidas Provisionales frente a la extrema gravedad, urgencia y perjuicio irreparable que viven las comunidades.
El 28 de marzo de 2018 las familias tsotsiles de las comunidades de Aldama presentaron ante la CIDH solicitud de Medidas Cautelares (MC), frente al riesgo a la vida e integridad física y psicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban – y continúan – recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasiona desplazamiento de personas.
Tres años después de la solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por parte del Frayba y del Estado mexicano, el día 23 de abril de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la resolución 35/2021 decidió otorgar medidas, registradas con en numero MC-284-18.
A partir de la adopción de las MC, hoy en día suman un total de 121 agresiones por disparos de arma de fuego que han ocasionado la pérdida de la vida de 7 personas[1] y por lo menos han resultado heridas otras 22[2] como resultado del ataque con armas de fuego del grupo armado ilegal que actúa desde Chenalhó, Chiapas.
La más reciente violencia y terror sufrida por los pobladores de las comunidades de Aldama fue perpetrada el 15 de septiembre de 2021; narran los 115 comuneros del lugar que Domingo Sántiz Jiménez, acompañado de otras personas, venían de regreso del municipio de San Andrés Larráinzar, lugar en el que habían realizado compras de mercancías para surtir su tienda abordo de un vehículo de redilas marca Nissan, para posteriormente dirigirse a la comunidad de Xuxch’en municipio de Aldama. Mientras iban pasando el camino, a la altura de la Escuela de Tabak los empezaron a agredir con disparos de armas de fuego en ráfagas, desde los puntos Volcán, Telemax y Tok’oy del sector Santa Martha. Al llegar a la altura del puente Tabak, el vehículo fue alcanzado del lado del copiloto por las múltiples disparos de armas de fuego, aunado a esto por el mal tiempo y los trabajos que se está realizando para la construcción de los 2 km de pavimentación y la destrucción y construcción de un nuevo puente de tabak, por el lodazal que existe, al momento de cruzar el río del puente Tabak, el vehículo quedó atascado en medio del río, los tripulantes descienden del vehículo para resguardarse de los disparos de armas de fuego dirigidos hacia ellos. Al mismo tiempo que el nivel del agua del río subía y por su fuerza arrastro al vehículo unos metros logrando algunos de sus tripulantes salvar su vida con ayuda de habitantes del lugar. Domingo Santíz Jiménez no corrió con la misma suerte, ya que por querer rescatar a sus compañeros fue alcanzado por una bala, cayó y fue arrastrado por el río. Su cuerpo fue localizado el 16 de septiembre del 2021.
Las agresiones armadas han ocasionado desplazamientos forzados de por lo menos 4399, quienes se refugian en las montañas para proteger su vida y que permanecen en un constante estado de angustia y alerta por las agresiones que les hace desplazarse de manera intermitente, sin que se les haya reparado los daños y perjuicios individuales, y comunitarios. Todos estos hechos han sido informados oportunamente a la CIDH.
Por estos hechos y frente a la extrema Gravedad, Urgencia y Perjuicio irreparable que viven los beneficiarios de las comunidades de Aldama, el Frayba ha solicitado a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopte Medidas Provisionales a favor de las 12 comunidades beneficiarias de Aldama dentro de la Medida Cautelar 284-18, a fin de garantizar su vida, su seguridad e integridad física.
La Corte IDH en el caso Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II ha establecido: Que en asuntos como el presente la extrema gravedad de la amenaza se debe evaluar en función del contexto específico, siendo evidente que si derechos fundamentales como la vida y la integridad física se encuentran sujetos a dicho tipo de amenaza se está, en principio, ante un contexto que amerita considerar medidas provisionales.[3]
Así también en el caso de Juan Almonte Herrera refiere que: La información presentada por la Comisión demuestra, prima facie, que las personas indicadas en su solicitud de medidas provisionales y en la Resolución del Presidente de 24 de marzo de 2010 se encontrarían en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.[4]
Desde este Centro de Derechos Humanos no nos cansaremos de denunciar a los gobiernos del estado de Chiapas y Federal que no cumplen con respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos y la consideración más elemental que los pueblos de Aldama y Santa Martha vivan en paz.
[1] Manuel Gómez Pérez, Alonso Gómez Hernández, Isidro Gómez Hernández y/o José Antonio Gómez Hernández (11 años de edad), Martín Ruiz Sántiz, Filiberto Pérez Pérez, Pedro Lunes Pérez y Domingo Sántiz Jiménez.
[2] Carlos Sántiz Ruiz, José Hernández Sántiz, Juan de Jesús Sántiz Pérez, Emiliano Sántiz Hernández, Alonso “N” Jiménez Gómez, Ignacio Pérez Jiménez, Pascual Pérez Pérez, Apolonia Santiz López, Marcos Gómez López, Rosa Hernández Ruiz, Santos Armando Ruiz Hernández (3 años de edad en el momento de los hechos), José Guadalupe Sántiz Jimenez, Juan Lunes Sántiz, María Luciana Lunes Sántiz (13 años en el momento de los hechos), Mario Pérez Gutiérrez, Juan Pérez Gutiérrez. Andrés Ruiz Sántiz, Raymundo Pérez Sántiz, Armando Pérez Sántiz, Artemio Pérez Pérez, María Isabel Hernández (Religiosa de la iglesia católica, cuando iba a entregar ayuda humanitaria), y Andrés Jiménez Pérez de las comunidades de Aldama, Chiapas.
[3] Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008.
[4] Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 25 de mayo de 2010.
A las mujeres y hombres luchadores del campo y la ciudad
A las y los defensores de los derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra
A los medios Libres y Alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Queremos empezar nuestra palabra saludando al Comité de Promotores de Derechos Humanos en Defensa de la Vida y la Casa Común de esta Parroquia de San Juan Evangelista, C’ancuc, que amablemente nos invitaron a compartir este día tan importante de la celebración y agradecimiento de sus 5 años de caminar en la defensa y cuidado de la Madre Tierra y, también reflexionar brevemente la “Independencia de México”, de hace 211 años, encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerreo, Agustín de Iturbide y entre otras y otros insurgentes.
En la historia oficial de México, nos cuenta que, nuestras abuelas y abuelos son los que más derramaron sangre en la lucha por la Independencia de México, siempre somos ignorados, simplemente somos un número para quienes escriben las historias oficiales o en el peor de los casos, nos señalan como salvajes e ignorantes, ese es el pensamiento de quienes les molesta y avergüenza nuestra memoria digna y verdadera.
Pero, no sólo es indignante que no nombren a nuestras abuelas y abuelos por su valentía y sacrificio en la lucha por la Independencia de México, sino, porque los mismos malos gobiernos de México la han traicionado junto con sus amigos los ricos y poderosos para así robar y saquear las riquezas de nuestro país.
En el calendario oficial, marca que hoy se dará el “grito del inicio de la Independencia de México”, pero, preguntamos:
¿Existe “Independencia de México”, mientras el mal gobierno en turno sigue entregando nuestras tierras y territorios a los ricos y poderosos para construir el mal llamado “Tren Maya”, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y otros megaproyectos de muerte?
¿Nos atrevemos a gritar “Viva la Independencia de México”, mientras en México se violan derechos fundamentales, desaparecen y asesinan a defensoras y defensores de derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra?
No, no vamos a gritar “Viva la Independencia de México”, porque para prestarse a esa farsa, se tiene que tener muy poca memoria.
¿Y por qué no hacemos otra forma de celebrar este día? ¿Por qué no damos Vivas de los nombres de nuestras hermanas y hermanos defensores de derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra que han sido desaparecidos y asesinados cruelmente por los paramilitares, por los sicarios, por los policías, por la Guardia Nacional y por el Ejército Mexicano?
Ante la traición de la “Independencia de México”, pensamos que ahora somos nosotros los pueblos organizados y en resistencia, las organizaciones y activistas sociales del campo y de la ciudad, las y los defensores de los derechos humanos, de la Vida y de la Madre Tierra, y las y los que se sumen, para que, de nueva cuenta en México exista Independencia, para que en nuestras comunidades y pueblos se respeten nuestras autonomías, para que en el campo y en la ciudad vivamos libres y sean respetados nuestros derechos humanos.
Hermanas y hermanos de este pueblo tseltal de C’ancuc y en especial al Comité de Promotores de Derechos Humanos en Defensa de la Vida y la Casa Común, les deseamos mucha fuerza en su caminar y en su lucha, que no sólo cumplan 5 años de organización, sino, que hasta donde sea necesario por el bien de su comunidad y pueblo. Y les agradecemos enormemente su invitación, su respeto y su hermandad, que nuestra Madre de Guadalupe las guíe siempre y les conceda mucha sabiduría y bendiciones.
Antes de terminar, rechazamos categóricamente el secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 Floreciendo la semilla rebelde, por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Nos sumamos a la exigencia de aparición con vida de los compañeros: José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez (https://www.redajmaq.org/es/desaparicion-de-dos-integrantes-de-la-junta-de-buen-gobierno-patria-nueva-del-caracol-10?fbclid=IwAR0mrM5Dv1gjX6o5vNMPpCUGprQENXxXqIHWcfSsfFi4Bl1u-p2xnCvnAMU)
A continuación, les invitamos a gritar juntas y juntos estas Vivas:
Vivan las mujeres y hombres de pueblos originarios quienes lucharon con el Cura Hidalgo.
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Agustín de Iturbide!
¡Viva la Memoria Viva de los Pueblos Organizados!
¡Vivan las y los defensores de los derechos humanos!
¡Vivan las y los defensores de la Vida y de la Madre Tierra!
¡Viva el Comité de Promotores de la Defensa de la Vida y de la Casa Común de la Parroquia de San Juan C’ancuc!
¡Viva la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal!
¡Viva Simón Pedro Pérez López!
¡Viva San Pedro Chenalhó!
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Desde San Juan C’ancuc, Chiapas, México; a 15 de septiembre de 2021.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.
“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.
Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.
“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.
El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.
Inversiones
“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.
El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren.
Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:
La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.
“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.
Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.
“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.
Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.
En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.
La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.
Sureste, el objetivo
En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.
“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.
Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.
“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”.
Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.
Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.
“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.
“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.
En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.
“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.
En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro
Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.
Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.
Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.
En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.
Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.
También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.
Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.
Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.
Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.