comunidades zapatistas
Paramilitarismo en Chiapas en la Cuarta Transformación
El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como
yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del
marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que
meter en el agua peces más bravos.
En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó
, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores
(GLR, Viejas y nuevas guerras sucias
, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).
Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.
Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.
Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.
¿Se prepara otro crimen de Estado?
Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi
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Pronunciamiento nacional e internacional ante la agresión a la comunidad Moisés Gandhi
(Descarga aquí)Junio de 2023
A los pueblos de México y el mundo,
A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida
A quienes sienten la urgencia de actuar ante un sureste mexicano en llamas.
Éste día, en éste momento, México está al límite, a ese límite que parece siempre lejano hasta que una bala que llega de arriba detona la rabia del México de abajo. El compañero zapatista Jorge López Santíz está en el filo entre la vida y la muerte por un ataque paramilitar de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la misma que ha estado atacando y hostigando a las comunidades zapatistas. Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ha mantenido la paz y ha desarrollado su proyecto autonómico en sus territorios y que ha tratado de evitar el choque violento con paramilitares y otras fuerzas del Estado mexicano, es hostigado, agredido y provocado constantemente. Desde el final del siglo XX, y hasta ahora, el EZLN ha optado por la lucha política por caminos civiles y pacíficos, a pesar de que sus comunidades son atacadas a balazos, sus cultivos incendiados y su ganado envenenado. A pesar de que en lugar de invertir su trabajo en la guerra, lo han hecho en levantar hospitales, escuelas y gobiernos autónomos que han beneficiado a zapatistas y no-zapatistas, los gobiernos desde Carlos Salinas hasta López Obrador han tratado de aislarlos, deslegitimarlos y exterminarlos. Hoy, a unos meses de que la lucha del EZLN cumpla 40 años, el ataque paramilitar de la ORCAO ha hecho que la vida de un hombre penda de un hilo, del mismo que pende la erupción del México que abajo no aguanta más la presión sobre su dignidad ni la guerra contra sus comunidades y territorios.
El ataque de la ORCAO no es un conflicto entre comunidades, como lo caracterizaría Carlos Salinas y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del Gobierno de Chiapas y del Gobierno Federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca la ORCAO a las comunidades zapatistas? Porque pueden. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para “limpiar” el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos.
Asimismo, entendemos este ataque como el resultado de las políticas sociales del gobierno actual por dividir y corromper destruyendo el tejido social de las comunidades y pueblos en nuestro país y, en particular, en Chiapas. Vemos con preocupación que programas cómo “Sembrado Vida”-, que se caracteriza por tener prácticamente el mismo presupuesto que la Secretaría de Agricultura Federal- y otros similares, propician la confrontación entre comunidades históricamente despojadas de sus tierras y sus derechos, ya que son utilizados como mecanismos de control político y moneda de cambio para que organizaciones como la ORCAO accedan a supuestos beneficios que estos programas brindan, a costa del robo de las tierras recuperadas autónomas zapatistas. Para nosotr@s es claro que no se trata de conflictos entre pueblos; se trata de una acción de contrainsurgencia que busca destruirles, destruir al EZLN y a todas las comunidades y pueblos que siguen luchando por una vida con dignidad.
Quienes firmamos esta carta lo hacemos para convocarnos y convocar a quienes creen que la dignidad y la palabra deben levantarse para detener la masacre que se presiente; para convocar a quienes comulgan con el gobierno actual a que abran su corazón a las injusticias que inundan el presente de este país, más allá de sus afinidades o simpatías políticas; para que podamos encontrarnos en la necesidad de actuar con el propósito común de detener esta atrocidad.
Firmamos ésta carta porque vemos la urgencia para que se ponga un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, porque el no hacerlo significa dejar que México se sumerja aún más en ésta guerra interminable que lo está despedazando.
Exigimos justicia para Jorge López Santíz.
Exigimos la disolución absoluta de la ORCAO.
Exigimos que se investigue a profundidad al gobierno de Rutilio Escandón.
Exigimos que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas.
Recogiendo las exigencias presentadas por el Congreso Nacional Indígena demandamos:
1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.
2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.
3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.
4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.
También, exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos.
Con el CNI, advertimos que la guerra que han declarado a los pueblos originarios, guardianes de la Madre Tierra, nos obliga a actuar organizadamente para detener la violencia que crece y para restablecer nuestra conexión y cuidado de La Vida.
Nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar y del crimen organizado y en defensa de la Vida. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer una jornada de acciones dislocadas del 27 de mayo al 10 de junio con una acción coordinada nacional e internacional el día 8 de junio.
Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas.
Si tocan a un@, nos tocan a tod@s
FIRMANTES INDIVIDUALES
Noam Chomsky
María de Jesús Patricio Martínez
Carlos González García
Enzo Traverso, (escritor y profesor de la universidad de Cornell)
Michael Hardt
Yvon Le Bot
Michael Löwy, Sociólogo, Paris
Bertha Navarro
Juan Villoro
Alfonso Cuarón
Gael García Bernal
Diego Luna
Jorge Volpi
Julieta Egurrola
Joaquín Cosío
(Continuar leyendo…)
