En portada: Fidencio Aldama (extremo derecho) junto a músicos en el reclusorio de Ciudad Obregón, Sonora.
Tras un proceso legal plagado de irregularidades, el próximo 27 de octubre, Fidencio Aldama, indígena de la Tribu Yaqui, cumplirá seis años recluido. Así lo denuncia el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama y Los Otros Abogadoz, quienes mediante comunicado conjunto acusan el “racismo anti indígena inherente del Estado mexicano” como responsable por el encarcelamiento del preso político.
En abril de 2018, Aldama fue sentenciado a 15 años y seis meses, acusado por la muerte de Cruz Buitimea Piña en Loma de Bácum. Ahora, tras un largo proceso de apelación, los tribunales confirmaron la condena de Aldama, pero redujeron la pena a 14 años de prisión.
“Recordemos que el arresto y subsecuente encarcelamiento de Fidencio es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Estado mexicano y SEMPRA Energy (a través de su filial mexicana, IEnova) para imponer un gasoducto a lo largo del territorio Yaqui”, detalla el Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama, mediante el documento difundido este jueves (20).
Fue en el año de 2016 cuando el pueblo Yaqui de Loma de Bácum rechazó la imposición del proyecto “Gasoducto Sonora”. La respuesta a la organización indígena fue la represión violenta. Así, el 21 de octubre de 2016 se realizó un ataque contra la población yaqui y una semana después Fidencio Aldama fue arrestado, “injustamente acusado” señalan las organizaciones.
Los Otros Abogadoz, quienes desempeñan la defensa legal de Aldama, anunciaron que, después de un año y nueve meses de haber sido presentado, el 17 de junio de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Estado de Sonora dictó la sentencia de amparo en la que considera que Aldama sí cometió el delito y lo hace responsable de homicidio.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de octubre de 2022
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Se acerca la temporada más importante del año para nosotros, los días que compartimos alimento, palabra y vida con nuestros seres queridos ya fallecidos, que vienen a reunirse con nosotros y nos escuchan de cerca en lo que les pedimos y les contamos. Por eso, empezamos a preparar nuestro corazón y nuestras ofrendas. Especialmente a nuestros 45 hermanos, hermanas, hermanitos y hermanitas mártires, más los cuatro bebés que no los dejaron nacer, queremos ofrecerles lo que tenemos y que hemos ido juntando en el año: la esperanza de justicia y la convicción de que seguimos en el camino que nos abrieron para luchar por la paz y en la cual ofrendaron su vida. A nuestros mártires queremos agradecerles que nos hayan mostrado este camino, porque hay muchos cruceros en donde el mal gobierno ha querido perdernos, pero no ha podido extraviar nuestras almas, porque nuestros mártires son quienes nos guían y le cierran el paso a las desviaciones que nos ofrecen, como abandonar la organización, vendernos o aliarnos con criminales.
Hoy más que nunca necesitamos cosechar los frutos de la semilla que nuestros mártires sembraron entre nosotras y nosotros, para ser capaces de organizar una alternativa no violenta a los principales problemas que vivimos en nuestras comunidades, como la toma de las armas para resolver conflictos y la búsqueda de dinero fácil, caiga quien caiga.
Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
20 de Octubre de 2022.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO CREYENTE
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.
En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.
Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, a 24 de octubre de 2022
A los y las habitantes, comuneros y comuneras de San Blas Atempa y sus agencias
A los pueblos indígenas, organizaciones y colectivxs del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la opinión pública
DENUNCIAMOS
El día de hoy lunes 24 de Octubre a las 8:00h, un grupo de 30 personas identificándose como seguridad privada del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en resguardo de la Policía Estatal, de manera autoritaria y a manera de provocación instalaron una lona con la leyenda “TIERRAS PROPIEDAD DEL CIIT” en la entrada del monte El Pitayal a un costado de la carretera panamericana, como habitantes de Puente Madera acudimos al dialogo a exigir que retirarán la lona y que se fueran del lugar porque son tierras de uso común y existe un juicio de nulidad en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec con el número de expediente 156/2021, contra el acta de Asamblea del 14 de Marzo de 2021 en el que hemos presentado ante diversas instituciones estatales y federales las pruebas de firmas falsificadas y de personas fallecidas que “aprueban la instalación del Parque Industrial”.
Por nuestra posición en respeto y defensa de nuestro territorio y tierras de uso común, de las cuales sobrevivimos varias comunidades aledañas al monte El Pitayal, hemos sido objeto de violencia política como comunidad indígena al negarnos los recursos que requerimos para mantenimiento mínimo de los servicios públicos con los que contamos, hemos sido objeto de hostigamientos, intimidaciones y agresiones físicas a nuestros compañeros como es el caso reciente de Ismael Luis López y anteriormente a David Hernández Salazar y su familia, así como de la constante campaña de difamación y criminalización en contra de nuestros representantes, comunidad y organización regional.
EXIGIMOS
• Que cesen los hostigamientos, amenazas y criminalización contra nuestros representantes y habitantes de la comunidad Binnizá de Puente Madera.
• Resolución al juicio de nulidad en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec con el número de expediente 156/202.
• Cancelación del Parque Industrial en las Tierras de Uso Común del monte El Pitayal por toda la corrupción, imposición y afectaciones ambientales que representa.
RESPONSABILIZAMOS del clima de violencia en la comunidad indígena Binnizá de Puente Madera, así como de cualquier detención, amenaza y agresión a los representantes y habitantes de Puente Madera y de nuestra organización regional, A:
• ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de la república;
• ANTONINO MORALES TOLEDO, líder estatal del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas y presidente de la Fundación Antonino Morales Toledo;
• CESAR OCTAVIO MORALES TOLEDO, electo representante del Comisariado de Bienes Comunales;
• SALOMÓN JARA CRUZ, gobernador electo del Estado de Oaxaca (2022-2028);
ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, actual gobernador del Estado de Oaxaca (2016-2022);
• RAFAEL MARÍN MOLLINEDO, Director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;
• JOSÉ RAFAEL OJEDA DURÁN, Secretario de Marina;
• GONZALO VILLALOBOS LÓPEZ, representante de la Procuraduría Agraria en el Estado de Oaxaca;
• LILA RODRÍGUEZ VILLANUEVA, jefa de residencia de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec;
Desde el Bloqueo Carretero
ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A las Organizaciones de Derechos Humanos
A los medios de comunicación
21 de octubre de 2022
Hermanos, hermanas de México y del mundo, como es de su conocimiento las comunidades del CIPOG-EZ, organización perteneciente al Congreso Nacional Indígena (CNI), viven la violencia de los grupos delincuenciales, aunado al silencio del Estado en sus 3 niveles de gobierno. En ese sentido, colectivos y organizaciones varias de la Sexta, hemos dado acompañamiento a nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.
En esta ocasión, estaremos yendo a las comunidades del CIPOG-EZ a partir del día 22 de octubre de 2022, por lo que les pedimos estar atentos y atentas a cualquier situación, pues como saben, en nuestras últimas visitas se presentaron situaciones irregulares, pero gracias a la amplia difusión hemos salido avante. Además, vamos en el contexto de la reciente desaparición de Celso Cocotzin Tolentino de 24 años, de la comunidad de Alcozacán, desaparecido por el grupo narco-paramilitar el pasado 18 de octubre en el municipio de Chilapa gobernado por Aldy Esteban Román.
Es por eso que les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas de México y del Mundo, a que a través de cartas, correos, carteles u otra cosa, cada quien de acuerdo a su creatividad, modos y formas, llamen a los 3 niveles de gobierno a cumplir con su deber de brindar seguridad y proteger a quienes acompañamos a nuestros hermanos y hermanas. Los llamamos a que le digan al mal gobierno que no estamos solos, solas.
Sin más, les agradecemos a quienes han acompañado nuestro paso.
Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
20 de Octubre de 2022.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO CREYENTE
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.
En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.
Ya el papa Francisco ha señalado en la encíclica Laudato Si, que existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo, no se puede permitir que ciertos intereses que son globales pero no universales se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los pueblos estamos llamados a aclamar, a movilizarnos, a exigir pacíficamente pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas
El 26 de septiembre de este año el movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio denuncio públicamente la situación de amenazas, hostigamiento e intimación contra las defensoras y defensores de los derechos humanos en el municipio de Chicomuselo, Chiapas ante la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades y sin el estudio de impacto ambiental, estamos claros que hasta ahorita no existe ninguna forma de extracción minera ecológica y sustentable, seguiremos defendiendo nuestro territorio.
El día 16 de Octubre ingresaron a la cabecera municipal de Chicomuselo diversos camiones de carga para trasportar material minero y el día 17 de octubre los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de “barita”; material minero que se usa para perforación de pozos petroleros y para el sector extractivo de manera ilegal.
Desde 2007 nos percatamos del ingreso de extranjeros al territorio del municipio con el objetivo de hacer estudios antropológicos de la región, a partir de ahí el pueblo creyente como custodias y custodios de la creación de Dios que se nos ha encomendado y desde nuestras opciones diocesanas de pastoral nos pusimos en alerta y comenzamos hacer un fuerte proceso de concientización en cuidado y defensa de la tierra y el territorio como parte de nuestra espiritualidad enraizada en la Madre Tierra como nuestra casa común.
Durante nuestro proceso de concientización y resistencias descubrimos que en el municipio habían ya 14 concesiones mineras en diferentes puntos de nuestro territorio con un permiso de 50 años, fortalecimos nuestra forma organizativa propia desde las comunidades y nuestras luchas legales siempre por la vía pacífica a través de peregrinaciones, foros informativos, denuncias públicas, diálogos con las autoridades de gobierno en los tres niveles.
A pesar de nuestras luchas y resistencias la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd inicio la explotación minera en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, sin una consulta previa e informada como lo señala el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones.
Actualmente hay 12 concesiones vigentes y 2 vencidas; como Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) mantenemos nuestras luchas y resistencias por cuidar y defender la vida de todas y todos. En estos últimos meses se han realizado diversas acciones denunciando y pronunciándonos en contra de la explotación minera ilegal, así como amenazas, hostigamiento e intimidación a servidoras y servidores comprometidos desde la opción por los pobres y la opción por nuestra Madre Tierra, reafirmada desde 2014 en el congreso teológico sobre la madre tierra en nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Como Pueblo Creyente y MODEVITE hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo.
De manera formal se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso y la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región. Esta omisión de PROFEPA y demás autoridades, activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio. Hasta el momento se ha dialogado con algunas autoridades solicitando dialogo con instancias de las secretarias responsables en la materia y tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen.
Como Pueblo Creyente y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio hemos marcado un camino de lucha y resistencia ante el proyecto minero por la vía pacifica sin violentarnos contra nadie. Nuestra lucha es por la vida, la paz y la justicia desde la dignidad de hijas e hijos de Dios; reconocemos que el Evangelio reclama al Cristiano y Cristiana de hoy más compromiso con la historia como lo ha señalado San Romero de America y así seguiremos asumiendo nuestra corresponsablidad en cuidar y defender la Vida.
Denunciamos:
La omisión y la falta de responsabilidad de los tres niveles de gobierno ante la explotación minera en Chicomuselo que vulnera nuestros derechos humanos y colectivos.
Las amenazas, intimidación y hostigamiento a nuestras comunidades y a quienes resistimos a la explotación de nuestra Madre Tierra.
Exigimos:
Que PROFEPA realice la investigación correspondiente ante la extracción de material minero que se está dando de manera ilegal y a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas.
Al gobierno estatal y federal la declaratoria oficial donde se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.
Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por cuidar y defender la vida y nuestro territorio.
POR UN PUEBLO DONDE HAYA PAZ Y JUSTICIA:
¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS MINEROS!
¡ALTO A LA EXPLOTACION MINERA EN CHICOMUSELO!
¡NO A LA MINERIA DEPREDADORA, SI A LA VIDA!
¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO!
¡NO MAS CONCESIONES MINERAS¡
¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!
¡ALTO A LA INTIMIDACION, AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO DE NUESTRAS COMUNIDADES!
Felices cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias porque será grande la recompensa. (San Mateo 5, 11-12).
Atentamente
Pueblo Creyente de la Parroquia San pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio
El prófeta tiene que ser molesto a la sociedad, cuando la sociedad no está con Dios.
—-FRANCIA: Fuertes protestas CONTRA LA VIDA CARA, más de cien mil trabajadores están en huelga y exigen el alto a la carestía. Para hoy preparan una gran paro nacional.
Hasta 140.000 personas, según los organizadores, y 30.000 según la Policía, han llenado las calles de París ‘contra la vida cara’ que provoca la subida de precios. Hasta 2.000 efectivos se han movilizado para evitar disturbios en un clima social de huelga general.
—-GLOBAL Carta de un anarquista preso a la resistencia de las mujeres y las jóvenes en IRÁN y la resistencia antimilitar en RUSIA y UCRANIA.
La Nemesi
—–LA MÚSICA DE LA PROTESTA EN IRÁN: La canción Baraye que es himno de las protestas en Irán, el autor Shervin Hajipour fue arrestado y a pesar de la censura la música siguió junto con la revuelta por el feminicidio estatal y teocrático de Masha Amini.
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
— QUERÉTARO: Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro sostienen paro indefinido desde el 29 de septiembre como respuesta a la violencia de género dentro de las instalaciones
— MÉXICO NORMALES RURALES PUEBLA TLAXCALA: Normalistas rurales en lucha por la defensa de sus escuelas ante intentos de privatización y contra la represión a su organización. En Panotla TLAXCALA denuncia hostigamiento, Policías rodean y sobrevuelan el plantel. Y EN Teteles PUEBLA se mantiene en lucha contra la privatización y la demanda de más recursos a la educación pública.
— CDMX: Dos años de la TomaINPI por la Comunidad Otomi que siguen luchando por sus derechos a pesar del desprecio del mal gobierno de la Ciudad de México. Noticias de abajo
— GUERRERO: ESPIONAJE Y CRIMINALIZACIÓN. Espionaje del ejército al abogado de Centro de Derechos Humanos y reporta al Director y a Organización Campesina como amenaza y grupo criminal. Amenazas a defensores y el movimiento social de Abel Barrera. Filtración Guacamaya, Tlachinillan.
— CHIAPAS: NOTY fRAYBA El pasado 3,4 y 5 de septiembre, Cecilia Jimenez-Damary, experta de la ONU sobre desplazamiento forzado, visitó #Chiapas. “Urge una ley para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internas”. Frayba
— PUEBLA: Comunicado ¡No a la Criminalización de la Radio Coatl Indígena Comunitaria por su trabajo comunitario en Santa María Coapan por su lucha contra relleno sanitario. Radio Zapote
—MÚSICA
Bayaré de Shervin Hajipour
Versiones libres
En portada: Incendios en la amazonía brasileña abren paso a la expansión de la frontera de la agroindustria y la minería.
Después de 20 años de idas y venidas en las negociaciones para la conformación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay), los países europeos han intensificado los esfuerzos para ratificarlo, especialmente durante la pandemia de Covid-19 y la Guerra en Ucrania.
El acuerdo, firmado en junio de 2019, todavía no fue ratificado por los países. En estos momentos los textos del acuerdo están sometidos al proceso de revisión jurídica y traducción para, entonces, seguir para la aprobación parlamentaria de los países.
Los términos del acuerdo, como ha sido alertado por distintas organizaciones latinoamericanas y europeas, siguen la lógica colonial y desigual en la división internacional del trabajo. Es decir, estimula la producción industrial en Europa mientras promueve un saqueo de los recursos naturales de América del Sur.
La agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos. Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.
Deforestación en la Amazonía
“Refuerza un modelo de exclusión social y de impacto ambiental, ya que implica ocupar cada vez más nuevas áreas y utilizar más intensivamente las áreas ya ocupadas”, evalúa Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip).
Las dos actividades económicas ya son hoy las que “más promueven la destrucción ambiental en Brasil, con profundos impactos para los derechos humanos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, sostiene la investigadora Maureen Santos, integrante del Grupo Carta de Belém.
En el asentamiento Lago Grande, un área de ríos en Santarém, Estado amazónico de Pará, en Brasil, 155 comunidades viven de la recolección de frutos del bosque, de la pesca y agricultura familiar. Alrededor del 55% de su territorio, resultado de la distribución de tierras a pequeños agricultores, está amenazado por la explotación minera.
Rosenilce dos Santos, quien vive en este territorio, cuenta que ahora, además, están sufriendo la presión con la expansión de la soya. “Todos somos conscientes de que no se puede vender tierras, porque es un territorio colectivo, sin embargo, la grilagem (venta ilegal de tierras) avanza. Eso ha generado conflictos dentro de las comunidades y de las familias. Llegan a nuestro territorio ofreciendo hospitales, escuelas, vías de transporte”, cuenta.
Con la expansión de la demanda europea se intensificará la embestida sobre estos territorios, “aumentando los conflictos socioambientales”, añade Santos quien también hace parte de la Federación de Organizaciones de Asistencia Social y Educativa (FASE) de Brasil.
Para pocos
Algunos meses después de la firma del acuerdo entre los bloques, la Unión Europea anunció su Pacto Verde, en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.
La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.
Para Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica, Integración Regional, existe una clara relación entre las estrategias del Pacto Verde Europeo y las disposiciones concretadas en el acuerdo que la “Unión Europea está proponiendo al Mercosur”.
El acceso a los recursos es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto. Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.
María Leusa Munduruku (centro) durante la Caravana del Agua en Tapajós. Ella sufrió un intento de asesinato en 2021 por oponerse a la minería ilegal en tierras indígenas. Foto: Ana Mendes/Amazônia Real
“Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio suramericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.
El acuerdo entre UE y Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.
Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.
Un estudio de GRAIN refuerza el análisis de la investigadora. “Si bien es muy probable que con este acuerdo el aumento de importaciones europeas de etanol y soja se utilice para cumplir con los objetivos de combustible ‘verde’ para el transporte en Europa, esto puede impulsar mayor deforestación y acaparamiento de tierras en países como Brasil. Podría resultar que los gobiernos de la UE provoquen más destrucción del clima con el fin de cumplir sus objetivos climáticos”, dice el estudio.
El Pacto Verde, según sus documentos, busca la protección del capital natural europeo, que incluye su biodiversidad y sus recursos hídricos. Bruckman subraya el aspecto rebasado del punto de vista ambiental de esta visión. “En pleno siglo XXI ya sabemos que el planeta opera como un grande bloque con sus biomas complejos pero todos integrados. De nada sirve proteger el capital natural europeo si no se protege, por ejemplo, la Amazonia, que es el bioma que tiene la mayor capacidad de captura de carbono en el planeta. Proteger el capital natural europeo significa proteger las reservas naturales y los biomas en el mundo entero”, señala.
En Brasil, 87% del área de minería está en la Amazonia. El sector minero “ya está impactando de forma colosal este territorio e irá impactar aún mas en los próximos 20 años (…). Tenemos un futuro de mucha disputa global por recursos naturales estratégicos, por bienes comunes estratégicos”, sostiene Bruckman.
De manera que la investigadora alerta que el acuerdo entre UE y Mercosur no es solamente un acuerdo comercial, “tiene que ver con un nuevo orden mundial que ellos mismos están proponiendo”.
Más emisiones
Distinto del Pacto Verde Europeo, el acuerdo no obliga que los países del Mercosur cumplan las metas del Acuerdo de París. A pesar de citarlo, “no hay ningún mecanismo o arbitraje previsto en el acuerdo que obligue que los países sí cumplan dichas metas”, detalla Santos.
Hoy Brasil, Argentina y Paraguay ya están en llamas por cultivar soya o caña para el mercado europeo. Las emisiones provenientes de los incendios forestales o de la pérdida de sumideros no aparecen en la contabilidad climática europea.
De acuerdo con el documento El comercio entre los bloques aumenta la violencia, las desigualdades, la crisis de los derechos humanos y la emergencia ambiental, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, la UE es el según mayor importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas.
Organizaciones mantienen la lucha contra el avance de la industria minera en la amazonía brasileña. Foto: Lanna Ramos.
Además, es responsable por 16% de la deforestación asociada al comercio internacional y 25% de las emisiones de efecto invernadero provenientes del sistema de abastecimiento alimentar en la UE son provenientes de emisiones producidas por importaciones de América Latina.
Con el acuerdo, GRAIN estima que aumentará en un tercio las emisiones de gases con efecto de invernadero en los países de Mercosur procedentes del comercio de tan sólo ocho productos agrícolas. Mas de 80% de estas emisiones provendrán de un sólo producto: la carne bovina.
¿Soluciones basadas en la naturaleza?
Los reclamos contra el acuerdo no vienen solamente de organizaciones de los dos lados del océano. Países como Francia también han manifestado la necesidad de que el acuerdo obligue a los países del Mercosur a cumplir con compromisos ambientales.
A los medios de comunicación, el embajador de la Unión Europea en Brasil,
Ignacio Ybañez, dijo que la Comisión Europea ya posee un borrador de un documento adicional sobre temas ambientales que será presentado a los países.
Sin embargo, el documento no es público, y aún no se conoce su contenido.
“No tenemos acceso a la documentación que está siendo negociada, la mayor parte de las informaciones que tenemos en relación a las propuestas vienen de organizaciones de la UE que logran acceso y que nos informan. Eso es un absurdo”, sostuvo la integrante del Grupo Carta de Belém.
Uno de los temas que Santos considera que puede ser integrado en declaraciones adicionales al acuerdo son las ‘soluciones basadas en la naturaleza’ como “salida para resolver la crisis climática”, cuyo eje central es el mercado de carbono. “Pienso que este tema va a entrar con mucha fuerza, ya que es una bandera clave de la Unión Europea y que lo viene defendiendo en los acuerdos globales”, explica.
Dichas soluciones fueron consensuadas entre los países en las conferencias del Clima de la ONU, las llamadas COPs, y son consideradas por diversas organizaciones y pueblos en todo el mundo como ‘falsas soluciones de mercado’.
“Para nosotros son falsas [las soluciones basadas en la naturaleza]; ellos ponen este nombre en mecanismos que ya existen hace 20 años y no dan resultados concretos para el problema del clima”, dijo Santos.
Más allá del comercio
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur empezó a ser negociado en 1995, en el mismo año de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este contexto el acuerdo adhirió toda la agenda de esta organización en lo que respecta a los acuerdos internacionales, agenda esta que repasa la liberalización del comercio.
“Incluye, entre otros, la liberalización de servicios básicos como, por ejemplo, el agua y la energía; privatización de servicios públicos, facilitando la entrada de empresas europeas en esta gestión; desregulación laboral; desregulación del sistema financiero; privatización de bancos públicos”, explica Adhemar Mineiro.
Otro punto son las compras realizadas por los gobiernos – federal, estatales y municipales – en los países de Mercosur. “Todas las compras, como por ejemplo de alimentos, deben ser realizadas mediante licitaciones internacionales, dando acceso a las empresas europeas”, lo que vulneraria, por ejemplo, las compras de productos de la agricultura familiar hechas por el gobierno brasileño.
Agrotóxico: “doble patrón”
El acuerdo facilita la venta de agrotóxicos producidos por empresas europeas. Los impuestos sobre los productos químicos serán reducidos o eliminados en 90%. La previsión de la Comisión Europa es que debe aumentar en 47,6% las exportaciones de estos productos hacia el Mercosur.
Al mismo tiempo, la UE reforzó sus restricciones internas a los agrotóxicos. De acuerdo con un informe de 2019 de la Asociación Brasileña para la Reforma Agraria, 44% de las sustancias registradas en Brasil son prohibidas en la UE. De los 113 productos de la empresa alemana BASF, 71 son aprobados en Brasil, agrotóxicos altamente peligrosos, siendo que 57 de ellos no tienen registro para su uso en la UE.
Congreso de Brasil ha liberado uso de agrotoxicos prohibidos en la UE.
“El acuerdo refuerza un doble patrón, en el cual los ciudadanos del Mercosur son tratados como segunda categoría”, dijo Santos.
El estudio Comercio Tóxico: a ofensiva do lobby dos agrotoxicos da UE no Brasil, realizado por Gabriel Cassoti, de Amigos de la Tierra Europa, revela el lobby ejercido por este sector en Europa y en Brasil, y que las empresas fueron consultadas por la UE para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo.
Hoy existen 5 mil agrotóxicos liberados en Brasil, siendo que 1,500 de ellos fueron permitidos en el gobierno de Jair Bolsonaro.
Sustitución
Los carros, principalmente de la industria alemana, tendrán su venta facilitada en los países del Mercosur. “El sector automovilístico también fue consultado para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo”, sostiene Lúcia Ortiz, de la organización Amigos de la Tierra Brasil.
La Unión Europea estableció, como parte de sus estrategias para reducir las emisiones de carbono, el objetivo tener al menos 30 millones de coches cero emisiones para 2030. Además, planea prohibir ventas de vehículos con motores de combustión en 2035.
“La UE, con su directriz de energías renovables, va a sustituir sus carros con motor a combustión por carros eléctricos o movidos a hidrógeno verde, y nos quieren vender los carros que ya no utilizan. Mientras exportamos para allá los minerales necesarios para su tecnología de la transición energética”, dijo Ortiz.
Comercio electrónico sin control
Gabriel Cassoti alerta para un punto poco discutido sobre el acuerdo que es el comercio electrónico de las grandes empresas digitales. El acuerdo prohíbe la tributación de los lucros de estas empresas. “Existe un gran lobby de las cinco mayores empresas – Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba – que están entre las siete mayores empresas del mundo”.
Además, el acuerdo prohíbe los Estados regular los flujos de datos personales de los usuarios de sus plataformas, datos estos “que generan altísimos lucros para estas empresas”.
Expectativa
Existe una expectativa sobre los rumbos del acuerdo debido a los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, que se definen el próximo 30 de octubre entre Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El tema estuvo en las discusiones de la campaña electoral.
Lula ha sostenido que, si es elegido, pretende “mejorar” el acuerdo para garantizar que los países de Mercosur puedan tener una política industrial. Sin embargo, el eurodiputado Cañas declaró a los medios europeos que una posible renegociación del acuerdo “no va a ocurrir”.
A nuestro compañero Miguel Peralta y todxs los que le acompañan:
Hace unas semanas nos enteramos de la emisión de una nueva orden de aprehensión en tu contra y que revoca tu libertad ganada en 2019 y le sentencia a reclusión por 50 años, lo cual nos llena de rabia y repudio al sistema de justicia mexicano que criminaliza a inocentes . Nos queda en claro que esto es una vez más caso penal fabricado, con lo cual evidencia una vez más como actúa la justica en este país. Esta justicia que se vende, que trabaja en contubernio con los poderes políticos y económicos, que fabrica culpables y se dedica a perseguir a quienes luchan por un mundo mejor, como es tu caso querido compañero. Son personas como Elisa Zepeda quienes hacen valer la justicia para sus intereses mezquinos, pues desde el lugar que ocupa como parte de una familia caciquil y ex diputada ha realizado todo lo posible para revocar tu sentencia de libertad, de igual manera como para obstaculizar y retrasar la libertad de los 7 presos políticos de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.
Lo que se presenta de igual manera que a nuestros otros 7 compañeros es el eterno luchar contra las familias caciques, donde la dignidad se enfrenta a la corrupción y a la política de muerte que reina allá arriba. Pues como hemos visto no importa el partido en turno en el poder, son los mismos que gobiernan desde siempre usando los mismos patrones para encarcelar a inocentes solo van cambiando de colores y cifras.
Sabemos que no estas y no están solxs, pero refrendamos nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra solidaridad para ti y los compañeros que se encuentran tras los barrotes de la prisión y todxs los que acompañan su causa justa.
Desde este rincón de lucha les decimos no están solxs, les acompañamos y luchamos junto con ustedes por una libertad absoluta sin represiones, les abrazamos fraternalmente y que todo lo que este en nuestras manos lo pondremos a su disposición en su búsqueda de libertad y justicia.
¡A una sola voz y un solo corazón gritamos basta de encerrar a inocentes, basta de proteger a los verdaderos culpables que se encuentran libres!
¡Basta de corrupción e impunidad!
¡Basta a la criminalización de los defensores de la vida y de la tierra!
¡Exigimos libertad absoluta, alto a la represión y persecución política a Miguel Ángel Peralta Betanzos!
¡Libertad inmediata a los 7 compañeros acusados falsamente por delitos que no cometieron:
Jaime Betanzos, Francisco Durán, Isaias Gallardo, Fernando Gavito, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Omar Morales!
En portada: Firma del convenio entre el gobierno de Egipto y la trasnacional Coca-Cola como patrocinadora de las negociaciones del clima de la ONU.
Coca-Cola, la mayor productora de plástico de un solo uso del mundo, será patrocinadora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). Así lo anuncio la empresa norteamericana junto a funcionarios del gobierno de Egipto, donde el próximo mes de noviembre se llevará a cabo la ronda de conversaciones del tratado sobre el clima.
En 2021, una auditoría realizada por el movimiento global Break Free From Plastic anunció que, tras la recolecta de más de 330 mil residuos de plástico en lugares que van desde parques y calles de ciudades hasta playas de todo el mundo, el 58% de estos pertenecían a un sola empresa: Coca-Cola. Con ello, y por cuarto año consecutivo, la empresa norteamericana fue catalogada como la “mayor contaminante del mundo” por sus desechos plásticos.
Tras la firma del convenio entre el área de operaciones de Coca-Cola para el norte de África y el gobierno egipcio, se desató una ola de conmoción donde diversos actores y organizaciones ambientalistas condenaron la acción como una muestra de lavado verde corporativo.
“El hecho de que Coca-Cola patrocine la COP27 es puro ‘greenwash’ (lavado verde)”, denunció Emma Priestland, coordinadora de Break Free From Plastic, la alianza global que describe como “asombroso que se permita a una empresa tan vinculada a la industria de los combustibles fósiles patrocinar una reunión tan vital para el clima”.
De acuerdo a Greenpeace, cada año, Coca-Cola produce 120 mil millones de plásticos de un solo uso y el 99% de los plásticos se fabrican con combustibles fósiles, lo que agrava la crisis del plástico y del clima.
Según John Hocevar, integrante de dicha organización ambientalista, “esta asociación socava el propio objetivo del evento que pretende patrocinar. Si Coca-Cola quiere realmente resolver la crisis del plástico y del clima, tiene que cerrar el grifo de los plásticos”.
En 2019, la ONG divulgó un informe en el que calcula la producción anual de Coca-Cola en casi 3 millones de toneladas de plástico, cantidad mayor a otras empresas del ramo como Pepsico y Nestlé.
Por su parte, Ashka Naik y Rachel Rose Jackson, de la organización Corporate Accountability, condenaron el patrocinio de Coca-Cola a la COP27 al calificar su modelo de negocios como “intrínsecamente insostenible y destructor del clima”, debido a la producción masiva de envases a base de petróleo, además de los perjuicios a la salud que conlleva su consumo.
“Durante años, los países del Norte Global, alentados por legiones de grupos de presión de la industria, han enfrascado las conversaciones en discusiones sobre falsas soluciones de mercado a la crisis climática, como los inefectivos esquemas de comercio de carbono y las tecnologías de eliminación de carbono aún no probadas, frenando el progreso de las soluciones reales y probadas que tanto necesitamos hasta casi paralizarlas”, complementan las integrantes de Corporate Accountability, sobre el contexto de las negociaciones del clima y la participación de las empresas.
Empresas y negociaciones del clima
De acuerdo al gobierno de Egipto, uno de los objetivos de la COP27 es que se logre un progreso en la financiación prometida por los países desarrollados para ayudar al continente africano a hacer frente al calentamiento global.
Además, el gobierno anfitrión espera que durante las negociaciones se de un impulso a las recomendaciones para la mitigación colocadas por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en abril pasado, destacando acciones dentro del discurso de la “neutralidad de carbono” mediante el cual se promueven tecnologías como la captura de carbono para combatir la crisis climática.
Según Corporate Accountability, el patrocinio de Coca-Cola es sólo el indicio más reciente de lo arraigada que está la captura de las Naciones Unidas por parte de las empresas, a quienes se les da oportunidades a los mayores responsables de las emisiones contaminantes para hacer frente a las crisis que ellas mismas exacerban.
“Las corporaciones globales han estado explotando los escenarios políticos internacionales para lavar su imagen e influir en un proceso ya profundamente comprometido por la interferencia de la industria. Y no debería sorprender a nadie que las empresas con algunas de las mayores huellas de carbono, los peores historiales en materia de derechos humanos, los mayores presupuestos de los grupos de presión y los impactos duraderos en la salud pública hayan sido las más ansiosas por aprovechar estas oportunidades únicas”.
Otro ejemplo es la actuación de Unilever, trasnacional de bienes de consumo, quien fuera el socio principal de la COP26, realizada en 2021 en Glasgow, Reino Unido. Entre otras empresas patrocinadoras de las negociaciones del clima del año pasado también figuran Sky, Hitachi, National Grid, ScottishPower, Microsoft, NatWest y Sainsbury’s, quienes en conjunto sumaron un valor de 286 millones de euros en patrocinios.
Para Corporate Accountability el error yace en la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual no establece ningún control duradero sobre el patrocinio de las empresas a las conversaciones sobre el clima, por no hablar de cualquiera de las otras formas en que los grandes contaminadores tienen acceso sin restricciones a las negociaciones.