autonomía
La policía desaloja la ODS Ingobernable en la calle Cruz de Madrid
A las 8h del 24 de mayo, acompañado de un cortejo de furgonetas policiales, un contingente de antidisturbios ha procedido al desalojo de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de La Ingobernable, en la calle Cruz de Madrid. Termina así la experiencia de este centro social, que fue recuperado por la asamblea de La Ingobernable hace un año escaso en el edificio del Hotel Cantábrico, que pertenece a la empresa de peluquería Marco Aldany. “Los propietarios del edificio de calle Cruz, Marco Aldany junto con One Shot Hotels, nos han desalojado sin previo aviso, después de que el espacio estuviera durante cinco años abandonado”, afirman desde el centro social a El Salto.
Según explican, One Shot Hotels es una empresa hotelera propiedad de la aristocrática Familia de Solís Tello y Luis Felipe Mendieta, participada por fondos de inversión como Nazca. Dicha familia ha alquilado el antiguo Hostal Cantábrico a los hermanos Fernández Luengo, más conocidos por ser los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany. Desde el Ayuntamiento de Almeida, han permitido el cambio de uso de suelo para convertir el edificio ahora abandonado en un hotel de lujo.
No es solo esta operación de especulación lo que quieren denunciar desde el centro social, “sino de acaparamiento de aquellos que ya gozan de un amplio imperio inmobiliario” en referencia a la familia que controla la cadena de peluquerías y que “cuentan con más de diez empresas y múltiples propiedades y negocios: ZZ Inmobilari Próxima con un patrimonio de 12 millones de euros en terrenos, 58 millones de euros en propiedades, además del Hostal Residencia Arti en Gran Vía, el Hotel Ciudad de Alcalá, un conglomerado en el negocio de las residencias de estudiantes y 19 apartamentos repartidos entre Atocha, Malasaña y Gran Vía”.
En 2019, una de sus empresas ejecutó un desalojo extrajudicial con denuncia de lesiones y agresiones homófobas del CSOT La Pluma. Uno de los hermanos, Daniel Fernández Luengo, sigue pendiente de resolución judicial sobre las agresiones y delitos de odio por los insultos homófobos que la empresa de matones que contrató para el desalojo.
Durante estos doce meses, la asamblea que recuperó el espacio se focalizó en cubrir siete ejes de trabajo: el derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la protesta, precariedad laboral, transfeminismos y disidencias, renta básica y salud comunitaria.
Entre sus paredes se procuraron espacios de estudio y trabajo para distintos colectivos y se planificaron acciones como la de desobediencia no violenta que tiñó el Congreso de los Diputados de color rojo el pasado mes de abril para denunciar el retraso en la acción climática.
La ODS se levantó sobre un hotel de cuatro plantas, más de 2.000 metros cuadrados, con alrededor de 120 habitaciones, que llevaba más de cinco años abandonado. Se trataba del tercer emplazamiento de La Ingobernable, tras el edificio que dio lugar a la asamblea, en la calle del Gobernador, y la efímera ocupación de la calle Alberto Bosch, que fue desalojada durante el estado de alarma.
A lo largo del mes de mayo se han acumulado las noticias en torno a esta asamblea. El día 6, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictaminó que el Ayuntamiento de Madrid estaba fuera de la legalidad para desalojar el primer centro social La Ingobernable el 13 de noviembre de 2019 y, aún sabiéndolo, procedió por causas ajenas a sus competencias al desalojo. Un día después, ese espacio anunciaba la okupación del antiguo convento de Las Recogidas, parte del patrimonio de UGT, que el sindicato quiere convertir en un hotel. Tras unas horas de retención a decenas de personas por parte de la policía, el día 8, Delegación de Gobierno autorizaba el desalojo de ese edificio en la calle Hortaleza.
“Una vez más, aquellos que prefieren seguir enriqueciéndose a costa de hacer más hoteles vuelven a desalojar un centro social”, lamentan desde La Ingobernable, que ven en este ataque contra los centros sociales “una evidencia más de la ciudad que quieren. Una ciudad muerta llena de hoteles”.
“Están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales, quieren dejar Madrid vacía de centros sociales”, alertan en referencia a los ataques, desalojos y ensañamiento con otros centros sociales. “La lista es larga: La Gasoli (Guindalera), el Solar Maravillas (Malasaña), La Salamandra (Moratalaz), La Dragona (La Elipa), La Yaya (Argüelles), la Casa de las Asociaciones (Hortaleza), el EV Montamarta (San Blas), el EVA de Arganzuela , la Casa de la Cultura (Chamberi), La Casa del Cura (Malasaña), La Enredadera (Tetuán), la actual amenaza sobre el Atalaya (Vallekas) o lo comprobamos: están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales. Y regalársela a la especulación y la turistificación”.
Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una crisis de derechos humanos en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de mayo de 2022
Boletín No. 18
Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una profunda crisis de derechos humanos en Chiapas
- Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos que resisten y luchan.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en el marco del cambio de la Dirección, reafirma su compromiso de caminar junto a los pueblos que luchan y defienden la tierra y el territorio, de quienes ejercen la autonomía y libre determinación a pesar de las adversidades, omisión y aquiescencia de los gobiernos, quienes además de administrar los conflictos, no llevan a cabo acciones efectivas para detener y atender debidamente las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Chiapas.
En los gobiernos federal y estatal persiste un patrón común, a quienes defienden los derechos humanos y la vida les asesinan, criminalizan, amenazan y torturan en medio de un racismo y discriminación estructural. La violencia generalizada emanada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, la captura y complicidad con las instituciones es intensa, así como la proliferación de diversos actores duros que actúan con impunidad. Hay que sumar el Conflicto Armado Interno no resuelto, la renovada presencia militar, el ejercicio de autogobierno impulsado desde distintas propuestas comunitarias y las constantes agresiones a la autonomía zapatista en medio de un ominoso silencio del gobierno mexicano; así como el impulso de megaproyectos y programas sociales impuestos en las comunidades, que favorecen la división comunitaria y el despojo territorial.
Existe una crisis humanitaria en torno al fenómeno del desplazamiento forzado interno; alrededor de 14 893 personas han atravesado por esta situación debido a la violencia generalizada y la impunidad constante por parte de la inoperancia y omisión del Estado mexicano. La tortura es también una práctica generalizada y sistémica que sigue instalada como un mecanismo para simular justicia y fabricar culpables, dejando un grave impacto en las víctimas, sus familiares y la sociedad.
En la mayoría de los estados y municipios donde se ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) se registra un alza de agresiones, chiapas es un ejemplo de la ineficacia de las medidas que se han tomado para tratar esta crisis; en lo que va del 2022 el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registró un aumento alarmante de cifras: 55 muertes violentas, 7 feminicidios en grado de tentativa y han desaparecido 69 mujeres y niñas.
En medio de la alarmante cifra de 100,204 personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló la existencia en Chiapas de 542 personas desaparecidas, lo que no refleja la crisis profunda del fenómeno manifestado en medio de la disputa entre grupos armados ilegales en la frontera con Guatemala o la región de Los Altos, la cuál también es negada por La Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, sumándose la falta de debida diligencia de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares en el estado. El dolor que sufren las familias de las y los desaparecidos en México visibiliza la crisis de derechos humanos, su dignidad muestra impulsa la lucha continua contra la indiferencia del Estado y mantienen viva la Memoria Verdad, Justicia y Reparación.
Hoy vivimos tiempos violentos, obscuros y de incertidumbre ante la pandemia provocada por la COVID-19 que ha golpeado a nuestras familias y desnudado nuestras carencias, profundizando la crisis del sistema capitalista, civilizatoria y la crisis ambiental, que exige organizarnos como pueblos para defender la vida y el territorio. Son tiempos de grandes desafíos, que nos convocan a crear horizontes de esperanza; en el Frayba estamos convencidos de que la Paz se construye desde la búsqueda de la Justicia, la cual está anclada en la Dignidad de cada uno de los pueblos y personas que luchan.
Hacemos un llamado a la Comunidad Frayba, a organizaciones, colectivos a no cesar en las acciones y persistir desde abajo en el horizonte de la defensa de nuestros derechos, a juntar las luchas con los pueblos, comunidades, personas dignas de Chiapas, de México y el Mundo que han ubicado en este territorio de resistencia su mirada y trinchera; es urgente y necesario seguir andando los caminos de Libertad, Memoria y que la Verdad sea nuestra ética de trabajo, para romper las sistemáticas injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y patriarcado, para vigorizar la transformación social de manera radical de las diversas realidades humanas y fraternas que nos habitan y consolidar una sociedad nueva, democrática y justa.
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