Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!
Por Avelén Correa Ruau
Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!
La evidencia arqueológica confirma que en el territorio que hoy se conoce como Argentina, habitaban pueblos mucho tiempo antes de la Colonización europea y la conformación del Estado – Nación. Les primeres pobladores de Jujuy datan de hace más de 10 mil años, distribuidos en las zonas de la Puna, la Quebrada y los llamados Valles Centrales, con una importante diversidad cultural y lingüística. En la actualidad, son más de 400 las comunidades indígenas que atraviesan diferentes conflictos socioambientales, vinculados a territorio, biodiversidad y bienes comunes.
“Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”
Un celular que aún tiene batería marca las 8:30 AM en el corte de la ruta nacional 9 a la altura de Abra Pampa. Con timidez amanece en la Puna jujeña, donde el sol tiene más trabajo que en otras partes del país, ascendiendo hasta los 3 mil metros. La noche enfría las piedras y el sol calienta los corazones de las comunidades que llevan varias semanas reclamando.
“Es preferible morir con honor que vivir con la vergüenza de un tirano dictando nuestros rumbos”.
Ciudad de México, 16 de julio del 2023
Hermanas, hermanos todas, todos, todoas, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de lucha, resistencia y rebeldía, a este plantón en apoyo a las comunidades zapatistas ¡Alto a la guerra en contra del EZLN!
Hace apenas pasado de un mes salíamos a tomar las calles de esta su ciudad para exigir un alto a la guerra en contra de nuestras hermanas y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, apenas un mes de que se realizaban acciones dislocadas en distintas geografías del país y del mundo para sumarse en apoyo a las comunidades zapatistas, sin embargo y cómo se decía desde incluso antes de la cuarta declaración de la selva Lacandona: “Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos”.
Durante el presente año las comunidades autónomas del EZLN han sufrido una gran cantidad de ataques y hostigamiento por parte de grupos paramilitares cómo la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador, ataques que han dejado cómo saldo herido al compañero Jorge López Santiz, base de apoyo del EZLN . Así mismo y casi posterior a las acciones dislocadas y a la marcha, donde caminábamos juntas y juntos, se incrementaron los ataques en contra de las comunidades zapatistas, del 19 al 21 de junio la ORCAO detonaría más de 800 balas en contra de las comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, dejando a su paso incendios en parcelas que los compañeros bases de apoyo trabajan, impactos a clínicas y escuelas autónomas, así cómo desplazadas a varias familias de los compas BAELZN.
Aún y con todas las denuncias públicas que distintas, distintos individuos, así cómo diversas organizaciones, colectividades, medios libres, independientes o cómo se llamen, han realizado, el capataz en turno Andrés Manuel Lopez Obrador, se empeña en mofarse y hacer omisión de la situación actual del sureste mexicano.
Cadenazo radiofónico contra la guerra a los pueblos originarios. #AltoALaGuerra
Invitamos a las radios libres y comunitarias, a las y los comunicadorxs honestxs y solidarixs a participar en un cadenazo radiofónico el próximo 15 de julio del 2023 a partir de las 12 hrs-mx, con el objetivo de visibilizar y denunciar la guerra del capitalismo y los Estados contra los pueblos originarios y campesinos. Las comunidades están siendo amenazadas por una guerra de despojo y destrucción para arrebatarles sus territorios y sus recursos.
Tomando en cuenta la campaña global de solidaridad con las comunidades zapatistas atacadas por paramilitares promovidos por el mal gobierno en contra de las comunidades autónomas, convocamos a participar en este cadenazo radiofónico. Del lado de los zapatistas la vida, la organización y la dignidad, del lado de los tiranxs la muerte, la militarización, los megaproyectos y la esclavitud moderna. Solidaridad con la comunidad de Moises y Gandhi, por la libertad de Manuel Gómez Base de apoyo zapatista.
Súmate con una cápsula, o una programa de radio, en vivo o pregrabado. También si estás en CdMx nos reuniremos en la el plantón en el Zócalo por el Alto a la Guerra a las comunidades zapatistas para hacer cabina presencial.
En el marco de la Acción Global “Del HORROR de la GUERRA a la RESISTENCIA por la VIDA”.
INVITAMOS a los colectivos, redes, pueblos, comunidades e individu@s, a sumar su Arte, Resistencia y Rebeldía” en contra de la Guerra que desde arriba imponen los dueños del poder y del dinero, a nuestr@s herman@s zapatistas. Te esperamos este 15 de julio, a partir de la 12:00 Hrs. y hasta que el cuerpo aguante, en el Zócalo de la CDMX, frente a Palacio Nacional, donde realizaremos diversas actividades y si quieres participar apúntate y comunícate por este medio.
No olvidemos, que contra las Guerras Capitalistas: “Arte, Resistencia y Rebeldía”
Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN Alto a la GUERRA contra los Pueblos Zapatistas
Entrevista con el compañero abogado JUAN CARLOS FLORES SOLIS y la compañera ambientalista LILIANA VELÁSQUEZ, defensores de la vida y el agua del Frente De Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala, quienes buscan justicia para Samir Flores.
Actualización A 4 años y 4 meses del cobarde asesinato de Samir, aún no hay justicia ni parece haber avances en este sentido, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua pide que la Fiscalía Federal atraiga el caso de Samir y concretamente la Fiscalía de Delitos contra la libertad de expresión.
Además Platicaremos sobre la labor que tuvo Samir como parte de la Radio Comunitaria Amilzinko y el impacto que ha tenido el Proyecto Integral Morelos, con la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto en las comunidades aledañas.
¡Justicia para Samir! ¡Agua Sí Termo No! ¡Viva la autodeterminación de los pueblos! ¡JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA!
Desde La Tormenta es un programa en colaboración de Radio Zapote y la Ke Huelga Radio
PANAMÁ: Concentración en contra de las políticas antipopulares y nuevo contrato minero en el marco del nuevo periodo de legislatura en Panamá. Radio temblor
PERÚ: Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión Por Javier Bedía Prado
CDMX: México amanece desmembrado, pero “el Narco-estado no exite”. Entrevista a familiares de victimas de violencia, acosados y agredidos por la CNDH. Por Krista.
OAXACA: Comuneros Zoques de Chimalapas exigen aplicacion de la justicia sobre la resolución judicial para regresarles su territorio invadido. Realizan plantón frente a Palacio Nacional y la Corte. Noticias de abajo
PUEBLA: Denuncia por el intento de desaparición forzada y la persecucion judicial contra defensor del agua y comunicador comunitario Alejandro Torres Chocolatl
MEDIOS LIBRES: Un recorrido por los programas y producciones de las radios libres de America y el mundo. No odies los medios,crealos libres.
Andalgalá es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Allí se instaló, en pleno menemismo, Minera Alumbrera. Fueron más de 25 años de explotación sin cumplir las promesas de trabajo, desarrollo local, ni cuidado del ambiente. Andalgalá también es un epicentro de la resistencia: desde hace más de veinte años se movilizan en rechazo al extractivismo. Llevan 696 caminatas (cada sábado) en defensa del agua y la vida. Y están en alerta por la llegada de la multinacional Pan American Silver (PAS), que intenta explotar el cuestionado proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen los ríos que brindan agua a la región.
El cartel es enorme, blanco con letras negras y ubicado en un lugar estratégico, en la esquina de la plaza 9 de Julio, pleno centro de Andalgalá: “En defensa del agua y de la vida. Andalgalá libre de megaminería”. Y debajo de una bandera de Argentina, aporta otro concepto: “Más letal que el Covid-19 es la corrupción de los gobiernos y de las mineras”. Resume el clima que se palpa en esta ciudad, la segunda en cantidad de población (luego de la capital provincial). El mensaje refleja buena parte del sentir de la población, que -desde la llegada de la actividad- sufrió una decena de represiones, judicialización y la modificación radical de su forma tradicional de vida.
En ese contexto, se conoció que la multinacional canadiense Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo) adquirió a la minera Yamana Gold, principal accionista del proyecto MARA. El comunicado corporativo informa: “Se completó la adquisición de Yamana Gold. Se espera un aumento significativo en la producción de plata y oro y mejores márgenes operativos”. El proyecto MARA (antes llamado solo Agua Rica) estaba en manos del consorcio de Yamana Gold, Glencore y Newmon. La incorporación de PAS intentaría darle impulso.
Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo -histórico espacio en lucha por la defensa del agua- recuerda que el proyecto minero MARA es “ilegal” porque está en zona protegida por la Ley Nacional de Glaciares (26.639) y precisa la vigencia de la ordenanza 029 que protege los ríos de Andalgalá. “Siempre les decimos a estas empresas, sea PAS o sea Yamana, que no permitiremos la explotación de estos proyectos, porque violan derechos humanos, porque está en juego nuestra el agua y la vida del pueblo”, afirma.
La organización canadiense Mining Watch sigue de cerca el accionar de la empresa y emitió un comunicado en el marco de la reunión anual de accionistas de la empresa: “Pan American Silver adquiere más activos tóxicos con la fusión con Yamana. La empresa ha declarado un compromiso con los derechos humanos, pero este discurso es contrario a su patrón de adquisición de activos con historial de violaciones de derechos indígenas, violencia y fuerte oposición local”.
El malestar contra la megaminería en Andalgalá tuvo un punto alto en abril de 2021, cuando ardió la sede de Yamana Gold. Sobrevino más represión: una decena de vecinos y vecinas (la mayor parte integrantes de la Asamblea El Algarrobo) fueron apresados durante dos semanas, sin ninguna prueba de haber sido culpables del incendio. En mayo de 2022 también hubo dos represiones en la vecina localidad de Choya, donde cerraban el paso a la minera. El Poder Judicial volvió a criminalizar a los vecinos: hubo decenas de judicializados. No es casual que en Andalgalá se afirma, por el incumplimiento de derechos, de la vigencia de una “dictadura minera”.
Rosa Farías, abuela y parte de Asamblea El Algarrobo, remarca que seguirá la lucha contra la megaminería porque saben que el proyecto MARA pone en riesgo a toda la población de Andalgalá. “No es agradable enterarse de la llegada de PAS, sabemos que es una empresa poderosa y que tiene el aval del Gobierno, ambos hacen como que no existimos, no nos escuchan, pero haremos respetar nuestros derechos, de nuestros hijos y nietos”, advierte.
“Fuera, fuera, fuera las mineras”, es el grito que resuena cada sábado al atardecer en Andalgalá. Desde hace más de 10 años es un rito el caminar alrededor de la Plaza 9 de Julio con decenas de pancartas y banderas que grafican el rechazo al extractivismo. Sergio Martínez resume el pasado y presente: “La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina, no solo con Alumbrera en Andalgalá. No pueden demostrar que no destruyen, que no contaminan y que no nos saquean. Es un sistema de destrucción, contaminación y saqueo que no es viable como modelo de desarrollo para Andalgalá ni para ningún lugar del país”.
El mismo Martínez aporta un dato más de “las mentiras” de empresas y gobiernos, en base al propio presupuesto oficial: las regalías por la megaminería representan solo el 1,68 del presupuesto provincial. Recuerda que el 1 de julio se cumplieron 700 caminatas en Andalgalá, donde volvieron a flamear dos banderas históricas: “El agua vale más que el oro” y “Andalgalá no se vende. El Aconquija no se toca”.
Pan American Silver es una compañía ya conocida en Argentina y América Latina. Desde hace 15 años intenta la explotación en Chubut el proyecto de plata y plomo llamado Navidad. Contó con el apoyo de todos los gobiernos (provinciales y nacionales), pero no pudo avanzar por el amplio rechazo de la población. Un hecho histórico se dio en diciembre de 2021, con una movilización popular conocida como “el chubutazo”, cuando tras siete días de movilización en las calles (e incluso incendio parcial de la Casa de Gobierno), el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás y restituir las restricciones a la megaminería.
Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.
Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.
Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.
En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.
Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.
Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.
Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.
Lo que sigue
Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.
El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.
Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.
Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.
Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.
“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.
En portada: María Dolores y su esposo en su hogar, a pocos pasos del trazo del tramo 6 del Tren Maya. Foto: Santiago Navarro F
Bacalar, en el estado de Quintana Roo, fundada por los mayas en el año 415 d.c., fue uno de los principales centros de resistencia del pueblo Maya contra la colonización española. Hoy, los vestigios monumentales de la antigua ciudad maya de Ichkabal, los más antiguos de esta civilización que se conocen hasta ahora, y su Laguna de Siete Colores atraen turistas de diversas partes del mundo, quienes ocupan los hoteles y restaurantes que forman una especie de muralla alrededor de la laguna, restringiendo su acceso a los que pueden consumir los diversos servicios.
A unos pocos kilómetros del alboroto turístico, el equipo de Avispa Mídia se internó por pequeñas brechas en el bosque tropical, que aún sobrevive en las orillas del municipio, para encontrarse con el trazado por donde pasará el Tren Maya, la megaobra estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto “fortalecerá la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán”, según argumentan los documentos oficiales del gobierno, y atraerá aún más turistas para la región, a pesar de los cortes frecuentes de energía, la falta de agua y el drenaje colapsado.
Después de caminar alrededor de quince minutos, aparece una gran brecha de 60 metros de ancho con una largura que parece infinita. A las orillas yace parte de la vegetación moribunda, el resto fue retirado hacia un paradero desconocido. La brecha fue rellenada con una capa de arcilla arenosa conocida como sascab y compactada más de una vez. Todo está listo para la siguiente fase que es el tendido de las vías, los durmientes y el balasto que cargará los vagones del tren que cruzará por esta región.
Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago
De pronto, a lo largo de la brecha, aparece una humilde casa, como si hubiera bloqueado la línea recta del desmonte. Sobrevivió al ir y venir de la maquinaria pesada que devastó miles de árboles a su paso. La casa pertenece a una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, donde vive con su familia, su esposo y dos hijos, desde hace12 años.
Casa de María y su familia. Foto: Santiago Navarro FDeforestación causada por el trazo del tramo 6 del proyecto tren maya. Foto: Santiago Navarro F
La resistencia de esta familia es lo que aún mantiene la casa en pie. “A nosotros nos quieren sacar de nuestro hogar bajo amenazas. Vienen personas y nos amenazan para que salgamos, nos dicen que van a reubicarnos, que agarremos lo más necesario de nuestras cosas y que nos van a llevar”, cuenta María para Avispa Mídia, sosteniendo que personas del propio Ejido de Bacalar y, otras veces, personas que no se identifican son quienes les amedrentan.
Un día después que el equipo de este reportaje estuvo con María y su esposo, personas vestidas de militares fueron a su casa amenazándoles nuevamente con que se retiraran. Pero ella afirma que va a defender hasta las últimas consecuencias estas tierras.
No obstante, este gran proyecto avanza a marchas forzadas. Esta región comprende el tramo 6, previsto para estar listo para operar a finales de 2023. Es uno de los tres tramos del Tren Maya que están bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El tramo 6 del Tren Maya posee una longitud de 250.84 km y 4.66 km de gaza de conexión con el Tramo 7, dando un total de 255.50 km, entre las ciudades de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo. La línea ferroviaria es de doble vía, considerada para tráfico mixto, de pasajeros y de carga. Las locomotoras viajarán a velocidades máximas de 160 km/h para trenes de viajeros y mínima de 85 km/h para los trenes de mercancías. Pasará por las poblaciones de Nuevo Progreso, Pedro Antonio Santos, Limones, Miguel Hidalgo y Costilla, San Isidro de la Laguna, Buenavista, Caan Lumil, Bacalar, Aarón Merino y Cuauhtémoc, mismas que integran la región prioritaria de influencia del proyecto ferroviario.
El proyecto suma una superficie de 1,582.13 has., de acuerdo con estudio de Greenpeace, sin considerar otras obras vinculadas, como pasos vehiculares, obras de drenaje, campamentos, centros de acopio y subestaciones. El Tren Maya, en sus siete tramos, tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos notificó sobre las obras del tren. Un día, hace cuatro meses, nos despertamos y vimos que personas estaban derrumbando los árboles. Nos acercamos para preguntar porque estaban derrumbando y fue cuando la gente que estaba trabajando nos dijo que iba a pasar el tren”, se acuerda María con gran tristeza.
Foto: Renata Bessi
Un día, sin pedir permiso, llegaron a mover la cerca que delimita la propiedad de María. “Salimos a hacer compras, cuando regresamos habían movido la cerca, disminuyendo nuestras tierras. Mi esposo la puso nuevamente”, cuenta esta mujer Maya. Mientras, sus vecinas fueron abandonando sus predios una a una. “Quién sabe para dónde fueron. No sabemos”, agrega María.
Trabajan día y noche en la construcción de la vía. Deforestaron toda el área. Tumbaron todo lo que había, rasparon la tierra negra, característica del bosque tropical, y trajeron una tierra de color amarillo claro, rellenaron y aplanaron la vía. Cerca de la casa de María, alrededor de un kilómetro, está la construcción de lo que está previsto para ser la estación de pasajeros de Bacalar.
Cuando María se dio cuenta de lo que significaba el proyecto que se desarrolla frente a su vivienda, inmediatamente se dirigió a la casa ejidal de Bacalar. “Nosotros compramos las tierras del ejido. Tenemos papeles firmados y sellados por ellos (los ejidatarios). Como compramos de ellos tenían la responsabilidad de notificarnos. Teníamos todo el derecho de saber lo que se avecinaba”, comparte María con cierta rabia.
Foto: Renata BessiFoto: Aldo Santiago
Tampoco los intentos hechos por la familia directamente en la casa ejidal han resultado en la apertura de un canal de diálogo. “No hay ninguna comunicación. Ellos se cierran a nuestras preguntas. No se prestan para hablar con nosotros, se nos cierran las puertas. Nos dan vueltas. Dicen cosas, pero no hay una respuesta concreta. Nos tratan con la punta del pie”, agrega María.
María y su familia no piensan en salir de su casa. “Estamos firmes. No queremos dinero, tampoco queremos ir a otro lugar. Esta casa tiene un valor muy especial. Empezamos de cero. Primero con una casa de maderita y fuimos luchando poquito a poquito. Es muy triste ver todo esto que, de repente, vengan y te digan, no, pues tienen que salir de tu casa” y, además, “destruyen nuestros arbolitos, alejan a los animalitos que aquí vivían, como las guacamayas, los loritos, los venaditos, el jaguar”.
La mayor parte del bosque que se destruyó es conformada por “arbolitos como estos”, exclama María al señalar una Ceiba, que aún sobrevive en su patio. Es considerado por el pueblo Maya como el árbol divino, el de la vida. “Es el árbol que nos conecta con los dioses”, comparte con certeza.
De los 1,582.13 has. que suma la superficie del proyecto, 92.22% es considerado como terreno forestal para cambio de uso de suelo. Alrededor de 1,388 hectáreas son de Selva Mediana Subperennifolia, 48.0989 hectáreas son consideradas como terrenos forestales que sostienen vegetación del tipo Selva Baja Subperennifolia, así mismo se consideran 15.3584 hectáreas de Tular y 6.6751 hectáreas de Manglar.
¿Qué pasó con las tierras?
Las tierras para el proyecto fueron vendidas por el Ejido Bacalar al gobierno federal. Fueron consideradas de utilidad pública y expropiadas. El decreto fue publicado recientemente, el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.
De acuerdo con el decreto de expropiación, el 9 de julio de 2022, en asamblea general, los 167 ejidatarios del Ejido Bacalar aprobaron el convenio de ocupación previa con Fonatur, respecto de las tierras de uso común que comprenden la superficie de 56 hectáreas, 80 áreas y 44 centiáreas.
El 14 de septiembre de 2022, Fonatur solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la expropiación, por causa de utilidad pública.
Foto: Renata BessiFoto: Renata BessiFoto: Aldo Santiago
A los integrantes del comisariado del Ejido Bacalar se les notificó el 11 de febrero de 2023, la solicitud de expropiación y la superficie a expropiar. De acuerdo al documento, se les informó que contaban con 10 días hábiles para que “manifestaran lo que a sus intereses conviniera”. En dicho plazo no realizaron manifestaciones.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió, el 21 de diciembre del 2022, una evaluación en la cual determinó que el monto total de indemnización, con base en el valor comercial, asciende a $150 millones y 276 mil pesos.
Va porque va
El ejidatario Luis Chimal Balam, autoridad agraria que estuvo al frente de las negociaciones con el gobierno federal, dijo para el equipo de Avispa Mídia que el pago por las tierras ya fue realizado. “Nos pagaron lo que pedimos”, comenta.
Foto: Renata Bessi
El ejidatario se acuerda que, en el inicio de las negociaciones, en 2020, el gobierno federal envió al ejido a varios representantes de diversas instancias gubernamentales. “Incluso un teniente fue enviado para negociar. Nos dijo que iban a depositar el dinero de la expropiación en el banco. Nos dijo: ´cuando ustedes quieran lo pueden cobrar, y si no lo quieren, no lo cobren. El tren va a pasar, porque va a pasar´”, se acuerda.
Entonces, “les dijimos que estaban equivocados, que no era así, que nos iban a dar lo que nosotros pidiéramos; no porque somos gente humilde nos van a venir a humillar, no se equivoquen, les dijimos”.
Así que se abrió un proceso de negociación de cuatro reuniones, “hasta llegar a un arreglo”.
El ejidatario admite que el Tren Maya “no nos va a beneficiar; nos dijeron que iba a dar trabajo a la gente del pueblo, no hubo nada”.
Sin acuerdo
Uno de los puntos que los ejidatarios quisieron negociar con el gobierno federal, sin lograrlo, como moneda de cambio para el avance del Tren Maya, fue que se resolviera el litigio en que se encuentran 368 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores.
En 1971, se decretaron 368 hectáreas de las tierras del ejido, que están alrededor de la Laguna, a favor del gobierno del Estado. Y el gobierno las vendió, “para puros políticos y funcionarios de gobierno”, lo que permitió la privatización de gran parte de las orillas de la Laguna. Los ejidatarios han metido demandas para recuperar las tierras, “pero han salido sentencias negativas”.
Embarcaciones en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar. Foto: Aldo Santiago
Los ejidatarios presentaron la demanda directamente al gobierno federal. “Con López Obrador he tratado personalmente, he llevado las carpetas, para que se haga justicia, que se devuelva las tierras. Y hasta a la fecha no hay ninguna solución a favor de nosotros”, reclama el ejidatario.
El ejido no representa el Pueblo Maya
El integrante de la Asamblea Múuch´Xíimbal del Pueblo Maya, Aldair T´uut´, considera que no se respetó el derecho a la autonomía y a la libre determinación del Pueblo Maya en las decisiones tomadas por los 167 ejidatarios.
Foto: Renata Bessi
“Ellos tienen su papel como ejidatarios, pero no representan al territorio maya. Dejaron en manos de un puñado de personas ese tipo de decisiones que al final corresponden a toda la comunidad Maya”, dijo para Avispa Mídia.
Sostuvo que “milenariamente hemos estado acá, antes de que existiera la Constitución, antes que existiera el presidente, antes que existiera el propio Estado de México; entonces, somos nosotros quienes debemos de decidir”.
Este tipo de situación ha pasado en toda la Península de Yucatán, advierte T´uut´. “El gobierno federal, a lo mucho, se acerca con los comisarios y ahí sabemos que el Estado ya tiene experiencia en ese tipo de cosas de corromper a las autoridades ejidales. Ya son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan acá, pues ya tienen como que un plan bastante servido a donde confrontan y juegan con el propio ejido. Unos quieren vender las tierras, otros no lo quieren. También juegan con la necesidad y el empobrecimiento de las comunidades”.
Foto: Renata Bessi
Mientras tanto, María y su familia, gente que no figura en las negociaciones, terminaran por ser desplazados y posiblemente olvidados por las autoridades.
José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la FGE
Ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad, sin garantía de una defensa adecuada y juicio justo por parte del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Cuatro BAEZLN en riesgo inminente de ser arbitrariamente detenidos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exige la libertad inmediata del Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) José Díaz Gómez (José Díaz), quien lleva ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas.
José Díaz, indígena Cho´l, originario de la Ranchería “El Trapiche”, ubicado en el municipio oficial de Salto de agua, perteneciente al municipio autónomo Francisco Villa, Junta de Buen Gobierno “Que habla para todos”, Caracol V, Roberto Barrios, es un campesino detenido de manera arbitraria y con señales de uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en su momento desaparecido forzadamente e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva quienes llevaron a cabo la orden aprehensión.
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, le ha vulnerado la garantía al debido proceso, acusado del delito de robo ejecutado con violencia. Además, existen órdenes de aprehensión por el mismo delito en contra de otros cuatro BAEZLN, que los ponen en inminente riesgo a su dignidad y derecho humano a la libertad, lo anterior, como una forma de intimidación y acoso a la autonomía zapatista.
El Frayba documentó que el 25 de noviembre de 2022[1], José Díaz fue detenido aproximadamente a las 16:00 horas, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas. En compañía de un familiar, fueron interceptados por una camioneta de color negra, con policías abordo, le enseñaron una supuesta orden de aprehensión, lo subieron a la góndola de la camioneta, esposado, vendado de los ojos, golpeado en varias partes de su cuerpo, fue despojado de 1,400.00 pesos, cartera y su credencial.
Fue trasladado a la Fiscalía en el municipio de Palenque, Chiapas donde le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, refiere que en todo momento no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni mucho menos por un abogado. Allí permaneció detenido los días 25 y 26 de noviembre.El 27 de noviembre le realizaron una audiencia dando inicio su proceso judicial, ese día le cambiaron de ropa, y ahí mismo se enteró que lo acusan de un supuesto robo agravado por la cantidad de 22 mil pesos en septiembre de 2022.
El Frayba evidenció la situación jurídica, en donde existe contradicción de modo, tiempo y lugar frente a la detención ejecutada por los policías adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva; en la Carpeta de Investigación refiere que la detención de José Díaz fue el 27 de noviembre a las 21:05 horas en el municipio de Palenque, evidenciándose las contradicciones sobre su verdadera detención, vulnerando sus derechos humanos, bajo una detención ilegal, arbitraría y con acciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.
Por otra parte, la Fiscalía del Distrito Selva solicitó una orden de aprehensión con datos de prueba deficientes y sin apego a los principios de eficacia, profesionalismo y objetividad, en la que no se encontraron mayores indicios para asumir la responsabilidad penal directa.
Actualmente José Díaz, está en espera de llevar a cabo su audiencia de etapa intermedia, ya que la Fiscalía solicitó plazos de investigación complementaria desde diciembre de 2022, sin embargo, la situación de dilación procesal, criminalización y contubernio de autoridades trae como consecuencia el riesgo de seguir privado ilegalmente de su libertad por más de 1 año.
Exigimos a la Fiscalía el desistimiento de la acción penal perpetrada en contra de José Díaz indígena Cho´l, con fines de criminalizarlo de manera injusta y mantenerlo privado de su libertad.
Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse y a exigir a la Fiscalía General y Poder Judicial del Estado la Libertad Inmediata del compañero José Díaz Gómez BAEZLN.
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[1](sobre la detención hay un documento enviado por el Juez rural autónomo de Francisco Villa) citado textualmente: “José Díaz es BAEZLN, edad 44 años viven en Trapiche municipio de salto de agua, Chiapas detenido el viernes 25 de noviembre a las 5 pm no sabemos porque motivo lo detuvieron que sea urgente la búsqueda”
