^{En portada: Conferencia de prensa de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico}

Carlos Alfonso Pérez Ricart, David de Jesús Fernández Dávalos y Eugenia Allier Montaño, tres de los cuatro integrantes pertenecientes a la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), lanzaron el pasado 7 de febrero una convocatoria a la comunidad de posibles víctimas de la guerra sucia, llevada a cabo en México entre 1950 y 1990, para que puedan dar sus testimonios de manera profesional y privada al mecanismo.

La guerra sucia es nombrada así como una lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Estado mexicano y su gobierno contra la población, principalmente guerrilleros, populares, campesinos y disidencias sexo genéricas.

El MEH es un órgano independiente al estado mexicano y extiende la invitación a compartir su testimonio a toda persona que haya sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo comprendido entre 1965 y 1990, que se encuentre en México o fuera del país, y haya sido violentada por su militancia o por haber sido asociada a alguna de las distintas organizaciones político-militares que operaron en el país.

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Las personas decidirán en última instancia el uso que se le dará a la información que proporcionen, por ejemplo, si sus declaraciones entran o no al informe final que entregará en MEH, si quieren o no que a partir de su información se desarrollen procesos judiciales o sean parte de los procesos de reparación.

“El objetivo último es que ninguna parte fundamental de la comunidad de víctimas de este país que haya sufrido violencia entre los periodos de 1965 o 1990 se quede sin hablar, se quede sin dar su testimonio”, señaló Carlos Alfonso Pérez Ricart, en conferencia de prensa. “El mecanismo de esclarecimiento histórico de la comisión de la verdad es probablemente la última posibilidad de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.

En esta convocatoria no solo hay víctimas en el contexto del combate a los grupos político militares, sino una serie de víctimas que han sido tradicionalmente olvidadas, poblaciones que fueron agredidas en lo que se calificó como “combate a narcotráfico y en el combate a la delincuencia común” o por su militancia en organizaciones urbanas populares.

El MEH desplegará investigadores e investigadoras en regiones donde sea necesario. El equipo del mecanismo tiene 49 personas investigadoras, y se ha propuesto recoger alrededor de 3000 testimonios. “Hemos recogido ya alrededor de 200 testimonios en este momento solo en el marco de la puesta a la prueba de nuestros instrumentos metodológicos”, explicó Fernández, en conferencia de prensa.

Para recibir testimonios, el MEH ha habilitado un correo electrónico donde las personas interesadas pueden escribir a inve.testimonial.meh@gmail.com.

Si vives o estás en la Ciudad de México, puedes acercarte a la Dirección General de Estrategias de Atención a Derechos Humanos, ubicada en Circular de Morelia 8, Roma Norte, Cuauhtémoc. C.P. 06700, Ciudad de México.  Teléfono 221 138 7948 / 22 27 73 53 20

En 2024 entregarán el informe final

Fernández explicó que por mandato presidencial “tenemos hasta el 30 de septiembre del año 2024, fecha en la se entregará el informe al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y al pueblo de México”. El mecanismo tiene un año trabajando en realizar un censo de archivos y afinar 17 instrumentos metodológicos que van a poner en práctica durante el año 2023. “Es el año de ir a recoger los testimonios y a investigar los archivos locales”, sostiene el comisionado.

Además, Fernández expuso que la audiencia pública será hacia mediados de marzo para la región centro del país. “Iremos a Sinaloa, Chihuahua, Guadalajara, Jalisco y la región occidente del país. También estaremos visitando Oaxaca y Chiapas con la idea de recoger el máximo testimonio”.

El mecanismo revisará diversos archivos

El objetivo del mecanismo es llenar de evidencias el informe a partir de dos formas principales. La primera tiene que ver con la parte de investigación archivística. El MEH ha comenzado desde hace más de un año un trabajo de exploración sistemática de archivos civiles, policiales y militares a lo largo de todo el país y en decenas de archivos y otros repositorios públicos y privados.

Por ejemplo, agrega Fernández, “llevamos siete meses trabajando en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también trabajamos en archivos policiales y el libro los archivos civiles, incluyendo por supuesto el Archivo General de la Nación en donde están los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y otras corporaciones”.

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La segunda es con la población “objetivo” que es amplia, en general víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, pero también familiares y personas vinculadas a las víctimas, personas que atestiguaron sobre violaciones a los derechos humanos, personas que en el ejercicio de sus labores o funciones supieron o atestiguan hechos violatorios a los derechos humanos. Esto incluye perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el ejército y que pueda dar pistas sobre violaciones a los derechos humanos.

Así funciona el mecanismo para el esclarecimiento

En entrevista para Avispa Midia la comisionada Eugenia Allier Montaño explicó que lo que diferencia a esta comisión de otras es que se compone de cinco mecanismos. El mecanismo de esclarecimiento histórico está compuesto por cuatro personas independientes cuyo objetivo central es hacer un informe histórico sobre las graves violaciones. “Pero además de eso, es escuchar a las víctimas y poder pensar qué va después, porque ninguna comisión de este tipo cierra la temática (…), simplemente la abre.”

Después está el mecanismo de impulso a la justicia, compuesto por tres abogados, también independientes: Ángela Buitrago Ruíz, Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. Este mecanismo implementará una estrategia para hacer avanzar los casos, largamente estancados, en los procesos jurídicos. Impulsará la creación de una Fiscalía Especializada y realizará un diagnóstico de los casos abiertos.

Luego está el Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en un departamento específico en torno a la guerra sucia. El objetivo es realizar la búsqueda de personas desaparecidas a través de un equipo especializado en las desapariciones perpetradas por la contrainsurgencia, sin importar en qué punto del país se les desapareció.

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El Programa Especial de Reparación Integral y Compensación a cargo de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, constará de reparación tanto simbólica como económica. La CEAV está generando un aspecto especial en torno también de la guerra sucia.

La CEAV diseñará la metodología para la compensación y reparación de daños individual y colectiva, así como realizará un análisis de derecho comparado y buenas prácticas de comisiones de verdad en el mundo para fortalecer el modelo específico de reparación.

Después está el Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración e integrado por el coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz Abreu; el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila Espinosa; la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Gabriela Pulido Llano; el director de Educal, Fritz Glockner; y la representante de la organización Memoria Abierta de Argentina, Verónica Torres.

El Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición es responsable de las iniciativas de ley referentes al tema de Memoria.

Una comisión con características especiales a otras

De acuerdo a Allier, cada país o cada comisión trabaja de distintas maneras. Una ventaja de la MEH, por ejemplo, es que posee acceso al campo militar. “Eso es algo que no ha ocurrido en ningún país, ninguna comisión de la verdad tuvo acceso a los lugares donde hubo detención y más aún estamos accediendo a los archivos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), algo que tampoco nunca, hasta donde yo conozco, había ocurrido”, señala Allier.

Además, sostiene, habrá un centro de memoria. Un lugar en donde van a estar los archivos, los testimonios, “se está creando esta iniciativa para hacer sitios de memoria que son fundamentales”.

“El objetivo mínimo que espero es que la población llegue a enterarse de lo que existió y de lo que pasó, que en México los mexicanos y las mexicanas sepan que hubo un periodo que llamamos guerra sucia en donde la población fue violentada y fue reprimida”, concluye Allier.

Renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre

Pese a que la comisión es un órgano independiente, no han faltado las críticas, incluso internas. Una de ellas se desencadenó en septiembre del año pasado. La historiadora Aleida García Aguirre presentó su renuncia como integrante del MEH ante la “subordinación de facto” de la sociedad civil ante el gobierno federal.

“Me ha sido doloroso concluir éticamente que es imposible continuar trabajando en el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”, sostuvo García Aguirre en la misiva divulgada en redes sociales del Museo Casa de la Memoria Indómita.

“Fue imperativo marcar un alto, manifestar desacuerdo con la estructura que sostiene a la comisión y la subordinación de facto a la que se somete en presupuesto, burocracia y decisiones al ala de la sociedad civil frente a la institucional”, escribió la historiadora y actual profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua y miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral y de la Red Nacional de Investigadores del Tiempo Presente.

Señaló que fue el 10 de diciembre en Chihuahua “que aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, solo el mecanismo para el esclarecimiento histórica) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, si no sería la secretaria ejecutiva quien impondría la agenda política de la comisión”.

^{En portada: Manifestación de la comunidad maya de Sitilpech contra la operación de una megagranja de cerdos. Foto: Katia Rejón / Memorias de Nómada}

Habitantes de la comunidad de Sitilpech, Yucatán, se congregaron la mañana de este viernes (10) para protestar pacíficamente ante la reanudación de operaciones de la megagranja de cerdos Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la población maya.

Durante entrevista con este medio, Rosario, habitante de Sitilpech, aseguró que, pese a que se realizaron estudios que evidenciaron la contaminación en las fuentes de agua producto de las operaciones industriales de la mega granja porcícola, incluso reconocidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde el pasado sábado (4) y tras nueve meses de permanecer inactiva, las y los pobladores han sido testigos de la reanudación de operaciones de la empresa.

Esto ocurre después de que el magistrado Wynter García, del Tribunal Colegiado de Circuito en materia Penal y Administrativo, desechara una demanda de amparo promovida por el colectivo La Esperanza de Sitilpech, con lo cual dio luz verde a la reanudación de operaciones de la empresa porcícola.

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“El juez Wynter García negó que el pueblo tiene derechos. Él abogó por la granja y que la granja tiene la razón, sin haber consultado al pueblo, sin haber dado asamblea. Él pisoteo nuestros derechos, porque él como magistrado debió ver qué era mejor para el pueblo y no es contaminar el agua. Ninguna autoridad nos ha apoyado, ninguna, ya se cansó el pueblo”, compartió Laura durante entrevista telefónica.

Al grito de “¡Fuera granja!”, un aproximado de 180 mujeres y hombres de todas las edades se movilizaron para impedir el acceso de camiones de la empresa Kekén, los cuales transportan cerdos para suministrar a las instalaciones de la megagranja ubicada en el municipio yucateco de Izamal.

La respuesta gubernamental consistió en el envío de elementos policiacos, municipales y estatales, quienes intimidaron a los manifestantes. Los elementos de seguridad, acusan los presentes, acudieron para “escoltar” a los camiones de cerdo.

“Realmente no quieren colaborar con el pueblo”, expreso indignada Martha, habitante de Sitilpech. “Estamos luchando contra gente que tiene mucho dinero. Vinieron seis patrullas, no a cuidar al pueblo, sino a cuidar a los cerdos. Agarraron otra ruta y entraron con los camiones, nos engañaron”, resalta indignada ante la actitud de los elementos de seguridad y las mentiras que utilizaron para poder ingresar a los cerdos a la fábrica.

Amparo, desechado

La demanda de amparo desechada por el juez García fue presentada para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II. De acuerdo al colectivo Kanan Derechos Humanos, organización que acompaña la estrategia jurídica de las y los habitantes de Sitilpech, dicha megagranja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

El recurso jurídico estaba dirigido contra diversas autoridades de los tres niveles de gobierno contra la operación inconstitucional de la empresa porcícola, quien nunca consultó a la población indígena sobre su anuencia al proyecto.

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Apenas el jueves 2 de febrero, habitantes de Sitilpech difundieron una réplica pública dirigida al medio “Diario de Yucatán” debido a que, acusan, se tergiversó la noticia sobre la demanda desechada, “para señalar que la empresa ganó el juicio de referencia y, con ello, poner en duda el proceso de defensa del colectivo La Esperanza de Sitilpech”.

Las y los habitantes de Sitilpech señalan que, pese a que el amparo fue desechado, eso no significa que el tribunal le haya dado la razón a la empresa, “simplemente nunca se analizaron las exigencias por meros formalismos.Los formalismos impidieron el derecho de acceso a la justicia del pueblo de Sitilpech que en los últimos meses había vivido en paz debido al cierre de la empresa por más de 9 meses”, sostienen en el documento.

“Dentro (de la fábrica) está el representante de la granja, se presentó como notario público, y él, junto con el capataz nos quieren intimidar”, acusa otra manifestante quien aseguró que, por acuerdo del pueblo, el bloqueo a la megagranja será permanente.

Hasta el cierre de esta edición, las y los manifestantes se encontraban en el lugar, bloqueando los accesos de los camiones que transportan a los animales a las instalaciones de procesamiento industrial. Al mismo tiempo, denuncian que los hostigamientos contra su manifestación pacífica son constantes.

^{En portada: A un mes de la masacre de Juliaca, región de Puno, movilizaciones exigen justicia por el asesinato de 19 manifestantes. Foto: Juan Zapata / Wayka}

El régimen cívico-militar de Dina Boluarte encargó a la Policía y el Ejército el “control del orden interno” en las regiones del Perú donde fueron asesinadas decenas de víctimas en dos meses bajo dictadura. La tensión entre militares y manifestantes es alarmante en la frontera de la región Puno y Bolivia.

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El jueves (9), a un mes de la masacre de Juliaca (región Puno), en la que fueron victimadas 19 personas, se registraron 23 heridos, tres con impactos de bala -uno es un menor de 11 años-, en un nuevo intento de tomar el aeropuerto de la ciudad, tras una concentración masiva en memoria de los mártires.

En Apurímac, una persona fue victimada y al menos 80 fueron detenidas irregularmente, denunció la Asociación Pro Derechos Humanos. Mientras que en el Centro de Lima se desplegaron más de 10 mil policías, en una delirante exhibición de fuerzas de un Gobierno de facto policializado.

El estado de emergencia advierte a la movilización popular la disposición a la violencia estatal en las zonas más vulneradas por la represión. En Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Tacna, Moquegua y Madre de Dios, departamentos del sur andino y amazónico, la militarización se extenderá por dos meses, hasta la primera semana de abril. Para Puno se especifica que las acciones “se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas” y se decretó inmovilización social obligatoria entre las 8 pm y las 4 am, hasta el 16 de febrero.

La ampliación del mando de las fuerzas estatales en el Altiplano tiene el objetivo de liberar las vías bloqueadas. El principal paso fronterizo peruano-boliviano, en el distrito binacional de Desaguadero, se encuentra bloqueado por cientos de camiones. En estos momentos hay fricciones entre militares y protestantes indígenas en diversos puntos de la zona.

El despliegue del Ejército genera desconfianza en la población quechua y aimara, que alerta a la comunidad internacional la posibilidad de otras matanzas y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, el historiador y excanciller Héctor Béjar recordó que para las Fuerzas Armadas “esta gente no merece vivir, están de más, son nuestra carga, esa actitud permanece hoy”. Desde el racismo de las instituciones militares, “los aimaras siguen siendo vistos como raza inferior, bárbara. (…) Ahora que se han movido las comunidades de una manera sorprendente, están asombrados y buscan explicaciones tontas, como que son terroristas, los bolivianos los están financiando (…)”.

En la zona fronteriza, los tramos de carreteras despejados en las madrugadas por los uniformados son nuevamente interceptados. “Dejaremos que los chicos (los soldados) hagan ejercicio, al rato volveremos a bloquear, a ver quién se cansa, ellos o toda la nación aimara”, señaló una autoridad comunitaria a Diario Sin Frontera de Puno.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha el estallido en el Perú deja 48 civiles (incluyendo a la última víctima en Apurímac) asesinados por la represión y un policía fallecido, además de 11 muertes por accidentes y hechos vinculados a las manifestaciones.

La lucha se extiende al norte

Con un paro nacional, este jueves (9) la población movilizada respondió a los 60 días de represalias y criminalización por parte del Estado.  Las organizaciones campesinas, estudiantiles y obreras encabezaron las protestas masivas de las últimas semanas, reafirmando las demandas de elecciones presidenciales este año, la instalación de una Asamblea Contituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.

La movilización popular se fortalecerá en los próximos días, cuando la Macro Región Norte encabece un paro entre el 17 y 20 de febrero. Al igual que en el sur, los departamentos de Cajamarca, Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Amazonas y San Martín se sumarán a las medidas de fuerza.

La propuesta de adelantar las elecciones antes de 2024, incluyendo un referéndum sobre el cambio de Constitución, los dos principales reclamos de las protestas, fue rechazada por tercera vez en el Congreso el jueves 2 de febrero. A menos de 24 horas del cierre de la presente legislatura, a cumplirse este viernes (10), el Parlamento discutía la posibilidad de volver a pasar el proyecto por votación.

La responsabilidad del Congreso en la crisis se refleja en un 7% de aprobación ciudadana. El 76% desaprueba a Boluarte, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En Lima, reacia antes de las movilizaciones, ahora el 57% está a favor de la Asamblea Constituyente.

Por su parte, el régimen acelera el financiamiento de la represión. Esta semana el Ministerio de Defensa recibió una partida de 233 millones de soles para afrontar el conflicto en Lima. La alianza compuesta por la ultraderecha, militares y poderes económicos mantiene sus falsas acusaciones contra la protesta social, aumenta las detenciones de dirigentes y se estrena en la persecución de “apología al terrorismo” en redes sociales. Para este peligroso fin, el Ministerio del Interior habilitó canales de recepción de denuncias ciudadanas.

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En la provincia de San Román (Puno), la Policía agredió a periodistas locales y de medios internacionales. Los ataques a la prensa se multiplican en todo el país.

La escalada de la violencia del conflicto es visible en la sociedad peruana en forma de agresiones contra manifestantes por parte de seguidores de la ultraderecha y civiles armados, organizados y financiados por intermedio de las fuerzas del orden. En Cusco, retuvieron y torturaron a un joven; en Junín fueron captadas bandas de civiles disparando armas de fuego a huelguistas; en Lima, un grupo neofascista violentó un acto cultural por las víctimas y vándalos azuzados por policías atacaron a protestantes cerca del aeropuerto de la capital.   El régimen dictatorial del Ejecutivo de Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, el Congreso y las instituciones armadas, entramado por la oligarquía empresarial, solo se sostiene por la represión y la intimidación, con imágenes como las de los batallones policiales en Lima que resuenan a los gobiernos totalitarios más violentos del pasado y el presente. Frente al terror, las movilizaciones diarias en todo el país enuncian y reafirman que el miedo se perdió.

^{En portada: Autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.}

La minería para extraer oro en el norte de la Amazonía brasileña está destruyendo la tierra del pueblo Yanomami. Así lo han expresado integrantes de dicho pueblo indígena, quienes resaltan las consecuencias fatales contra sus comunidades: violencia y daños a la salud, así como contaminación de ríos y muerte de fauna.

Ante la gravedad de la situación, Davi Kopenawa Yanomami, chamán y líder del pueblo Yanomami, apunta como principal responsable al ex presidente Jair Bolsonaro, quien huyó a los EEUU al finalizar su mandato el 31 de diciembre del 2022.

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“Quien mató a mis parientes, a mis hermanos, a mi familia, fue el [ex] presidente Jair Bolsonaro. En los cuatro años que apoyó a los mineros trajo enfermedades, coronavirus, paludismo, gripe, disentería, verminosis y otras enfermedades. Fue él quien mató. Mató y se fue”, sostuvo Kopenawa durante una entrevista para Amazônia Real.

De acuerdo a la organización Cultural Survival, debido al avance de la minería ilegal en sus tierras, familias Yanomami se han visto forzadas a desplazarse miles de kilómetros de sus territorios para resguardar su vida.

Debido a esto, Davi Kopenawa es uno de los representantes Yanomami que actualmente se encuentran recorriendo los EEUU para denunciar la situación de emergencia de su pueblo. Ante funcionarios de instituciones como la ONU, Kopenawa exige la detención de Bolsonaro.

Genocidio

En el año 1992, el gobierno federal demarcó el territorio Yanomami al certificar una extensión de 9.4 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima, cerca de la frontera con Venezuela, el territorio indígena más grande de Brasil. Esto sucedió años después de una larga campaña internacional donde Kopenawa se involucró para defender su territorio y expulsar a los cerca de 40, 000 mineros que invadieron las tierras Yanomami.

No obstante, a pesar del reconocimiento oficial del territorio indígena, un año después un grupo de mineros entró a la comunidad de Haximú y asesinó a 16 indígenas yanomamis, entre ellos a un bebé, por lo cual cinco personas fueron juzgadas por genocidio.

En los tiempos recientes, como registra Amazônia Real, durante el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, las acciones a nivel federal y estatal promovieron la extracción de oro y estaño en tierras indígenas Yanomami. Así, se calcula que entre 20,000 y 30,000 mineros han invadido el territorio, que cuenta con una población de 30,400 indígenas y 386 comunidades.

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Sumado a la minería también ingresó el crimen organizado por medio de actividades como el lavado de dinero procedente de la venta de oro extraído de los territorios Yanomami. Ante esta situación Kopenawa, quien funge como presidente de la Asociación Yanomami Hutukara, califica la minería depredadora en su tierra de “oro de sangre Yanomami”.

Para Darío Kopenawa, vicepresidente de la Asociación, ésta es una situación de emergencia que vienen denunciando desde 2019, cuando comenzó el incremento de muertes entre los indígenas. “Hutukara lleva casi cuatro años haciendo campaña por Fora Garimpo, Fora Covid (Fuera minería ilegal, Fuera Covid). Llamamos la atención del Estado brasileño y, principalmente, de la sociedad brasileña, llamamos la atención del mundo entero. El gobierno pasado [de Bolsonaro] ni siquiera nos atendió en Brasilia. Así que esta es una situación que se está produciendo y que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo”.

Crisis sanitaria

Acorde a Darío, el gobierno de Bolsonaro lideró una estrategia para debilitar la salud del pueblo Yanomami. Desmanteló la red pública de salud en la región, al mismo tiempo que permitía el ingreso de personas no indígenas quienes contagiaron con enfermedades a la población indígena.

Apenas el pasado 23 de enero, el Ministerio Público Federal también apuntó como responsable por esta situación al gobierno. “La grave situación sanitaria y de seguridad alimentaria que sufren los pueblos Yanomami es consecuencia de la omisión del Estado brasileño a la hora de garantizar la protección de sus tierras”.

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Ante la inacción del Estado, distintas organizaciones han emprendido campañas para recoger alimentos que son enviados a las comunidades más afectadas por la desnutrición extrema y las condiciones de violencia.

Además, la vulnerabilidad de algunas poblaciones Yanomami aumenta al considerar que permanecen sin contacto, es decir, no mantienen relaciones con foráneos, ni siquiera con otras comunidades Yanomami. “Los pueblos indígenas no contactados son los más vulnerables del planeta y los invasores podrían aniquilarlos”, alerta Cultural Survival en un llamado de emergencia.

Desde este lunes (6), autoridades ambientales han puesto en marcha una operación en la selva amazónica para expulsar a miles de mineros ilegales de oro a los que se acusa de provocar una crisis humanitaria entre el pueblo yanomami.

“El avance de la minería, alentado por el último gobierno, resultó en una crisis humanitaria en la tierra indígena”, dice un comunicado del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama). “La policía federal investiga el crimen de genocidio contra los yanomami”, sostiene el documento difundido en el contexto del operativo.

El pasado jueves 2 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos que consolidan la expropiación de 412 hectáreas de tierras comunales en Ciudad Ixtepec y de 502 en Santa María Mixtequilla, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la construcción de dos parques industriales o polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) que harán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Ambas áreas fueron compradas por el gobierno federal a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).

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De acuerdo con el decreto, el cual establece la expropiación de las tierras en Ciudad Ixtepec, el gobierno mexicano pagó 111 millones 447 mil pesos a los comuneros y posesionarios.

En el decreto que expropia las tierras en Santa María Mixtequilla, se menciona que el gobierno federal aportó un anticipo de 40 millones de pesos de un total de 130 millones de pesos que deberá cubrir en su totalidad el CIIT.

El gobierno ha anunciado que serán 10 parques construidos a lo largo del corredor. Tres de ellos se prevén en el Istmo de Tehuantepec. De esta manera, aún falta el decreto expropiatorio de alrededor de 300 hectáreas de tierras de El Pitayal, en la comunidad de Puente Madera, del municipio de San Blas Atempa.

Por su parte, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera se ha movilizado y ha logrado detener la venta de las tierras. Comuneros presentaron una demanda de nulidad contra la asamblea comunal de 14 de marzo de 2021, donde se autorizó la venta de las tierras para la instalación de un parque industrial. Alegan que hubo registro de firmas de personas fallecidas.

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En declaraciones a medios de comunicación, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, ha puntualizado que, de los 10 parques industriales, se buscará que entre tres y cuatro sean para empresas que produzcan energías renovables.

A finales de febrero, adelantó Buenrostro, se presentará un programa para “generar un modelo de negocio” sobre los 10 parques industriales. “Queremos hacerlo tipo subasta para ver qué se coloca ahí”, comentó la funcionaria.

Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, ha anunciado en los medios que, para el próximo abril, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal lanzará la convocatoria para la licitación de los parques industriales a empresas nacionales e internacionales.

BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que dispone entre 1,800 y 2,800 millones de dólares en los próximos tres años para financiar proyectos de mudanza de empresas hacia México en medio del proceso de reconfiguración de las cadenas globales de valor y dijo que habría prioridad a los proyectos que decidan mudarse al CIIT.