¡Libertad para la Defensora de los Bosques María Cruz Paz Zamora!

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida.

Su detención, irónicamente sé dio durante el llamado Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que sostenemos que, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes verdaderamente defienden el territorio comunal y los bosques.

Durante los últimos años, la compañera María Cruz Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, ha impulsado la reforestación masiva en su comunidad, ha creado brigadas para combatir los incendios forestales, ha defendido los bosques de los talamontes y el crimen organizado y ha luchado en contra de los monocultivos de aguacate. Su lucha constante ha sido por la vida.

De igual forma, la comunidad de Ocumicho se ha caracterizado históricamente por defender su territorio; lleva más de un siglo de luchas, represiones, criminalizaciones y muertes por la reconstitución integral de sus tierras comunales, iniciando con la revolución y continuando hasta nuestros días.

En este contexto, la Fiscalía General de Michoacán, busca reprimir y criminalizar a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por ello, exigimos la libertad incondicional e inmediata de María Cruz Paz Zamora, presa política de los pueblos originarios de Michoacán.

Exigimos a la Fiscalía que no fabrique delitos a las defensoras ambientales y no cree chivos expiatorios para eximir a los verdaderos culpables. En el sistema de justicia de Michoacán impera la paradoja de la impunidad: los culpables libres y los inocentes encarcelados.

México, a 6 de junio de 2024.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.

La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.

Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado. 

Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.

Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.

Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.

Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias. 

El contexto legal

En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.

Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.

Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar. 

Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian. 

Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.

Más concesiones

Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.

Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia  Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C. 

En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad. 

Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí. 

Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Una vez concluida la jornada electoral, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunieron la tarde de este lunes (3) con familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace casi una década.

Acorde al Centro de Derehos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, durante la reunión el presidente no presentó avance alguno en términos de búsqueda y de investigación. La organización, que acompaña el movimiento por la aparición de los jóvenes normalistas, relata que las madres y padres salieron de la reunión con pocas esperanzas ante lo que califican como un gobierno indolente. 

Mediante el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra, detallaron sobre la información que compartió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que destaca cientos de acciones de búsquedas en terreno.

“Se reconoce la labor que hace el gobierno, pero resultados sustantivos no tenemos. También se informó de los procesos, que ya sabemos cómo están avanzando, y que a juicio de nosotros en lugar de tener victorias se han tenido derrotas, porque a los militares se les ha modificado la medida cautelar y hoy en día están en libertad”, sostiene el abogado.

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Nueve meses transcurrieron desde la última reunión entre los familiares de los normalistas y el Estado mexicano, y la exigencia principal, la entrega de 886 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aún no ha sido cumplida.

Simulación

La insistencia de los familiares se debe a que, con la coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2022 ubicaron un conjunto de documentos relevantes entre los archivos militares. Estos contienen datos, obtenidos por medio de una intervención telefónica realizada por el ejército durante la noche del 26 de septiembre del 2014, sobre el traslado de 17 estudiantes del centro de detención municipal de Iguala a la colonia Loma de Coyotes. 

Ante ello, las madres y padres de los normalistas denuncian una simulación en el manejo de los documentos compartidos por el Estado. Mientras la presidencia asegura que compartieron, este lunes (3), 15 nuevos folios de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 documentos relacionados con dichas comunicaciones, los familiares aseveran que esa información ya estaba en manos de la Covaj.

A esto, se suma la demora en la extradición, desde EEUU e Israel, de dos funcionarios implicados en los hechos criminales. En el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de México, Obrador argumentó que no se puede avanzar porque México no tiene tratado en la materia con Israel.

La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana en diciembre de 2021. Para el 14 de diciembre del 2023, el Ministerio de Justicia de Israel informaba que la solicitud está en la etapa final de análisis. 

No obstante, para abril de 2024 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público un reclamo hacia el gobierno de Benjamín Netanyahu. En este considera que “la falta de progreso en la resolución de este caso se interpreta como un amparo de facto por parte del Gobierno israelí a Tomás Zerón”. El argumento de las autoridades es que la acción legal solicitada involucra a una persona que ejerció actos de violencia, tortura y se mantiene prófugo de la justicia mexicana.

En tanto, la extradición de José Ulises Bernabé, director de barandilla (centro de detención) de Iguala, es de suma importancia para los familiares en búsqueda de justicia. Él es considerado uno de los primeros testigos de la presencia militar durante las horas en que ocurrió la desaparición de los normalistas. Incluso, es señalado por un policía municipal como la persona que entregó un grupo de jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos.

Bernabé huyó a Estados Unidos donde obtuvo asilo político en abril del año 2015. Acorde al abogado Rosales, EEUU actuó de manera sesgada al otorgar el asilo al ex funcionario de Iguala sin considerar las acusaciones que pesan sobre él en los tribunales mexicanos.

Informes, insuficientes

En contraste a la postura de presidencia, para los familiares de los normalistas desaparecidos es claro que la administración de Obrador falló en su trabajo. En un mensaje a la prensa, mientras esperaban en las inmediaciones de Palacio Nacional, antes de la reunión, Melitón Ortega, vocero de las madres y padres, compartió que los familiares saben que Obrador concluye su mandato sin resolver el caso.

El abogado Rosales resalta que durante la reunión con funcionarios del gabinete de seguridad, el presidente Obrador se limitó a criticar los trabajos del GIEI, trasladando al organismo la responsabilidad del estancamiento en las investigaciones. Aún mas lamentable, relata el defensor de derechos humanos, es que el presidente se retiró tras esa breve participación. “Hoy las madres y padres se van sin avances en las búsquedas y en las investigaciones. Lo peor es que a casi 10 años no saben nada de sus hijos”, reclama.  

Obrador ofreció nuevo encuentro, con fecha tentativa para próximo julio. Los familiares exigieron que en dicha reunión asista la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues expresaron su preocupación debido a que el temano figuró entre los compromisos que promovió en su plataforma de campaña.

“Están desilusionados de este gobierno. A pesar de la postura tajante del presidente de seguir defendiendo al ejército y de responsabilizar a los expertos y a los abogados esperan que, en la próxima reunión, el gobierno sí tenga resultados consistentes”, aseveró el abogado Rosales.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Unión Hidalgo se manifestaron pacíficamente para detener la tala masiva de árboles en tierras comunales derivado de los trabajos de rehabilitación de la Línea K del CIIT.} 

En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar). 

Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.

En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.

Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta. 

Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.

“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.

El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.

Afectaciones

El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.

Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.

El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata. 

Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.

Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.

Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.

“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.

Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo. 

El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.

El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.

“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.

Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos. 

Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.

Persecución y militarización

El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.

Durante los últimos meses, debido a su activismo ambiental ha denunciado el allanamiento de su vivienda en dos ocasiones en menos de un mes. Además, Martín señaló que, en por lo menos 20 ocasiones, un camión de volteo arrojó basura, escombro y tierra frente a su casa, lo que califica como hostigamiento por su trabajo en la defensa del territorio.

El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede. 

“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.

En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.

En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.

Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.

En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.

Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.

“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En medio de diversos escenarios catastróficos que vive Brasil, donde se encuentra el pulmón más importante del mundo, se han presentado datos donde la deforestación alcanzó un pico inédito el año 2023. Este país sudamericano perdió la exorbitante cantidad de 1 millón 829 mil 597 hectáreas de vegetación nativa en 2023, según el último Informe Anual sobre la Deforestación en Brasil (RAD), de MapBiomas, una red de colaboración entre ONGs, universidades y nuevas empresas tecnológicas.

Más de la mitad de toda la superficie deforestada se concentró en una sola región, conocida como el Cerrado, una de las más ricas del mundo, ya que, según Conservación Internacional, alberga más de 10 mil especies de plantas, de las cuales el 45% son exclusivas de esta sabana. En este bioma habita el 5% de las especies de plantas y animales del planeta, más de 11 mil especies de plantas.

La superficie media deforestada por día, en 2023, marca el record de 5 mil 013 hectáreas, es decir, 228 hectáreas por hora. Más de la mitad de esta cifra se registró en el Cerrado, según el documento. Mientras que en la Amazonia se perdieron 1 mil 245 hectáreas al día, lo que equivale a unos ocho árboles por segundo. 

“El día con mayor área deforestada en 2023 fue el 15 de febrero, cuando en sólo 24 horas se estima se deforestó una superficie equivalente a casi seis mil campos de fútbol”, puntualiza MapBiomas.  

Se señala en el informe que la acelerada deforestación tiene que ver con el avance de la agricultura industrial, especialmente la producción de soya y la ganadería para la venta de carne de res. 

En el caso del Cerrado, en la década de 1950 aproximadamente el 50% de esta vegetación ya había sido destruida, y las proyecciones son aún peor. En el documento MapBiomas se advierte que esta tendencia devastadora continuará en la próxima década.

La región de Matopiba, que abarca los estados de Bahía, Piauí, Tocantins y Maranhão, se ha convertido en el epicentro de la destrucción ambiental. Maranhão, en particular, emerge como el líder entre los Estados que más deforestaron en 2023, con cifras alarmantes que superan cualquier precedente. En esta región se han declarado 30 municipios en estado de emergencia y uno en estado de calamidad, por las recientes inundaciones. En esta región se cultivan más de 10 mil hectáreas de soja, según los propios datos del gobierno de Brasil. 

El Cerrado y la Amazonia representan más del 85% de la superficie total deforestada del país, siendo que el Cerrado ahora representa el 61% de la superficie deforestada en todo el país, mientras que la Amazonia ocupa el 25%.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.

ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN DÍAS PASADOS Y EL DIA DE HOY.

“Dios preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» Respondió: «No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?» Entonces Dios le dijo: «¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra” (Gn. 4,9-10)

Hermanas y Hermanos. El día jueves 23 de mayo, peregrinamos para que haya paz en nuestro País, nuestro Estado y nuestro pueblo de Simojovel. Hicimos oración porque queremos vivir en paz y que todos los procesos sociales y políticos transcurran en paz. Sin embargo, la violencia no deja de hacerse presente en la vida de nuestra comunidad: Asesinatos, disparos, intimidaciones, amenazas, etc. Sabemos que NO es esta la vida que nuestro Dios y Padre quiere para nosotros. Sabemos que NO son estos los caminos por los que el progreso y el desarrollo de un pueblo pueda lograrse. Un pueblo que vive en violencia se encamina al fracaso y a la miseria.

En días pasados y, hoy mismo, en nuestro municipio, y ante la cercanía de las elecciones, se han suscitado actos violentos que han cobrado la vida de DOS personas (muertes suscitadas en diferentes hechos violentos), además de otros que han resultado heridos en estas agresiones. Como Iglesia Católica nunca estaremos de acuerdo con la violencia, nunca estaremos de acuerdo con cualquier acto de provocación, intimidación y agresión verbal o física que hagan unos en contra de otros, sea cual sea condición social, política o religiosa.  Es por ello que, como Iglesia Católica:

CONDENAMOS ROTUNDAMENTE TODO ACTO DE VIOLENCIA, AGRESIÓN, INTIMACIÓN Y MUERTE QUE SE REALICE EN CONTRA DE CUALQUIER PERSONA SIN IMPORTAR SU IDEOLOGIA POLITICA.

EXIGIMOS AL GOBIERNO DEL ESTADO QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL DE SIMOJOVEL DESDE ESTE MOMENTO Y PARA EL PROXIMO 2 DE JUNIO, PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA EJERCER SU DERECHO AL VOTO DE MANERA LIBRE Y DEMOCRÁTICA.

EXIGIMOS AL GOBIERNO MUNICIPAL APORTAR LO QUE LE CORRESPONDE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VELAR PARA QUE LAS PROXIMAS ELECCIONES SE REALICEN DE MANERA PACÍFICA.

HACEMOS UN LLAMADO A QUIENES PARTICIPAN DE MANERA DIRECTA EN LOS PROCESOS ELECTORALES A MANTENER LA CORDURA Y LA SENSATEZ; Y PRIORIZAR, POR ENCIMA DE INTERESES PERSONALES, EL BIEN DEL PUEBLO DE SIMOJOVEL Y SUS COMUNIDADES.

Estamos orando a Dios nuestro Padre para que la paz reine en Simojovel ahora y siempre; le pedimos a nuestro hermano mayor San Antonio de Padua que eleve sus suplicas a Jesucristo, príncipe de la paz, para que todo lo bueno que soñamos para nuestro pueblo y sus comunidades, sea pronto una realidad.

“Santa María de Guadalupe, Reyna de la paz, Ruega por nosotros”.

Simojovel de Allende, Chiapas. México. A 28 días del mes de mayo de año 2024.

ATENTAMENTE

PUEBLO CREYENTE DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA.

240528_Comunicado_simojovel.pdf(324.38 KB)

A todos los compañer@s, colectivos, redes, organizaciones, pueblos, comunidades e individu@s que este 27 de mayo nos acompañaron y que de manera solidaría se sumaron a esta acción de resistencia y rebaldía contra el mal gobierno, les queremos agradecer su apoyo y solidaridad.

El día de ayer, teniamos una mesa de diálogo con representantes del Gobierno de la CDMX y el INVI, mesa en la que se supone darían repuesta a nuestras demandas; sin embargo, esto no sucedió. Es lamentable que después de más de 25 años de estar demandando el derecho a una vivienda; después de más de 3 años 7 meses de haber tomado el INPI y en la víspera de cumplir 3 años (17 de junio de 2021), de haberse expropiado el predio de Zacatecas 74, seguimos sin tener acceso a una vivienda digna y decorosa como lo estable el Art. 4o Constitucional. A diferencia de quienes la reciben así nada más, como dádiva del proselitismo electoral, nosotros la exigimos pagada, no regalada. Frente a tanto desprecio e indiferencia gubernamental, y por mandato de nuestra comunidad DECIDIMOS QUEDARNOS DENTRO SE SUS INSTALACIONES, HASTA ENCONTRAR RESPUESTA A NUETRAS DEMANDAS.

La reacción a nuestra decisión fue totalmente criminalizada, juzgada, tachada de irresponsable, nos dijeron que seríamos responsable de los que sucediera por acciones como estas, pues ellos tenían en este momento una gran responsabilidad con el proceso electoral en puerta, con el evento de cierre de campaña de #ClaudiaSheinbaum y que no podían perder el tiempo en acciones irresponsables.

#IntiMuñoz, ya nos había dicho, “que con nuestras acciones le hacemos el juego a la derecha”, Ja!!. En su berrinche institucional y su falta de ética política para escuchar y atender las demandas de un pequeño grupo de indígenas que resisten a su desprecio e indiferencia, llevó a que los Sres. representes del Gobierno de la “4a Transformación”, que se cansaban de evocar una “Ciudad de Derechos”, y después de acusarnos de “romper el diálogo” y de “tener secuestrados” a muchos ciudadanos por el solo hecho de que otros miembros de la comunidad bloquearon el acceso de las oficinas de gobierno, estos dos servidores públicos Inti Muñoz, Secretario de la SEDUVI y Erasto Ensastiga, Subsecretario de Gobierno, SE PARARON DE LA MESA Y SE RETIRARON. ¿Quien rompió el Diálogo?, ¿Quien perdió la paciencia?, Quie haciendo uso de su encargo de gobierno desprecia así a los pueblos y comunidades indígenas? Pues Inti Muñoz, ese que cada vez que nos reuníamos, “reiteradamente nos decía que llevaba en su corazón la lucha zapatista”, “que entendía nuestra lucha”. QUE INCONGRUENCIA INTI MUÑOZ, el día de ayer, como hace ya muchos años, la lucha zapatista dejó de latir en tu corazón. Solo que no lo aceptas y lo que te queda, son los discursos, mal hechos por cierto.

Algo pasó por su mente, de ambos funcionarios, que en menos de 5 minutos ya estaba nuevamente sentados en la mesa, pensamos que no regresaron preocupados por haber dejado a unos indígenas sentados en la mesa, represaron porque su jefe #MartíBattesGuadarrama, los regañaría por su incapacidad, por su intolerancia, por su soberbia de no entender algo muy simple, el derecho a la Ciudad, que tienen los pueblos y comunidades indígenas.

Bueno, pues para no hacer tan larga la historia y después de más de 10 horas de haber decidido quedarnos dentro sus oficinas para exigir una respuesta oficial a nuetras demandas, finalmente, el Gobierno de la CDMX, hizo entrega de un oficio en el que asume su responsabilidad para dar fin (dicen ellos) al “conflicto”que ha generado la #TomaDelINPI y se comprometieron a cumplir con la parte que les corresponde!

Está administración está por irse y tiene prisa en resolver lo que no pudieron hacer en más de 20 años, y en más de 3 años y 7 meses de la toma del INPI.

Si cumplen a su palabra ya hablaremos de lo que biene, si no cumplen sus compromisos, también ya hablaremos de lo que viene y, muy seguramente será la la “flamante” administración que llega! Bueno, eso si no quiere hacer una UTOPÍA de la Casa de los Pueblos y comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”

No nos vendemos, No Claudicamos y No Traicionamos

Nuestros Sueños, Nuestras Pesadillas, Nuestros Muertos y Nuestr@s Desaparecid@s no Caben en sus Urnas

ATENTAMENTE

¡¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!!
¡¡TENER TECHO, ES UN DERECHO!!
¡¡VIVIENDA PAGADA, NO REGALADA!!
¡¡NUNCA MÁS UNA CIUDAD SIN SUS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS!!
¡¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!!
Viva el #CNI. Viva el #CIG, Viva el #EZLN

COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX

Ciudad de México, mayo 28 de 2024

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Guatemala, rejón del Estor. Foto por Santiago Navarro F}

El Colectivo Semillas de América Latina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (RedSag), autoridades ancestrales y la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador realizaron acciones simultáneas en las sedes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en El Salvador, y en la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en Guatemala, para que dejen sin efecto el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para usos Agropecuarios. 

La normativa, conocida como “reglamento transgénico”, permite el transporte, movimiento transfronterizo, investigación, experimentación, manejo y producción de semillas transgénicas. Está en vigencia en Guatemala y Honduras desde 2019 y, en El Salvador, desde 2023.

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De acuerdo con David Paredes, de la RedSag, el reglamento se ha realizado con varias violaciones a los derechos de los pueblos entre ellos la ausencia de una consulta libre, previa e informado. “Representa un peligro a los sistemas alimentarios ancestrales. Guatemala es reconocidamente centro de origen del maíz. La semilla nativa lleva mas de 10 mil años de evolución, procesos llevados a cabo por los pueblos que aquí vivieron siempre”, sostiene.

Hay muchos estudios científicos que comprueban los impactos negativos de los transgénicos en los territorios indígenas y campesinos, señala Paredes. Entre ellos está la “contaminación genética” de las semillas nativas. “Solo por el simple hecho de estar contaminadas, pasarían a ser propiedad de las empresas que poseen las patentes de las semillas modificadas”.

Además, las semillas modificadas están vinculados al uso de los paquetes tecnológicos, que incluyen los agrotóxicos. “El objetivo es privilegiar a las empresas transnacionales, en este caso las empresas más grandes de semillas”, como Bayer-Monsanto y Syngenta.

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Las organizaciones denunciaron que a través de este tipo de reglamentos se permite experimentos con los tipos de maíz amarillo, mostaza y petunia, según datos que fueron incluidos en un informe de la Embajada de Estados Unidas en Guatemala en 2022 y que fue enviado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El expediente realizado en el año 2022 también señala que se han importado de Estados Unidos 1.3 millones toneladas métricas de semillas de maíz genéticamente modificado. Una de las justificaciones es que este tipo de cultivo es más resistente a las plagas, según una publicación del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la biotecnología.

De acuerdo con el informe, ya se han implementado tres experimentos transgénicos en Guatemala. Y hay otras solicitudes que están en proceso. Organizaciones de la RedSag han solicitado al gobierno de Guatemala nombres de empresas y lugares dónde se han hecho los experimentos. “Pero no hay respuesta”, afirma Paredes.

Las organizaciones han logrado, con el apoyo de la Universidad de California, algunas pruebas para determinar la presencia, o no, de transgénicos en territorios indígenas y campesinos en Guatemala. “Detectaron en el departamento de Petén [norte del país]. Eso nos tiene sobre alerta”. 

Seguimiento

Desde El Salvador, las organizaciones que comparecieron a la sede de SICA, para entregar a las autoridades una carta donde exponen los motivos que sostienen su demanda, lamentaron el trato que recibieron de los funcionarios del Sistema de Integración Centroamericano.  

“Tuvimos que hacer toda una lucha para que dejaran entrar una delegación. Solicitamos el seguimiento del contenido de la carta. Queremos una audiencia para que podamos expresar nuestros argumentos. Pero [hay que haber] un mejor trato a los pueblos. Es de suma importancia que nos tomen en cuenta”, dijo la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, de Guatemala.   

Generar dependencia

Una de las formas de fomentar el uso de las semillas transgénicas en las comunidades es a través de acciones de dependencia, dijo Luz Emilia Ulario, exalcaldesa indígena de Santa Lucía Ututlán. “El año pasado regalaron 25 libras de semillas mejoradas y junto con esto va el paquete de todos los agrotóxicos, que si no se aplican no dan resultado. Aplicándolo va a dar resultado. Eso crea dependencia para agricultor, y lo que uno después compra ya no va a dar el mismo resultado, mientras tanto uno va contaminando su semilla y su territorio”, señaló la exalcaldesa indígena.

A inicios de mayo, el Consejo Indígena Maya Chortí y la Comunidad Indígena de Quetzaltepeque también alertaron sobre la entrega de semillas híbridas en el territorio del pueblo Chortí, sin la realización de una consulta libre, previa e informada. Las semillas fueron entregadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

El Consejo promueve la defensa y el rescate de la semilla nativa y criolla. “El uso de semillas mejoradas representa una amenaza para las semillas ancestrales”, alerta en un comunicado.

Las organizaciones que hacen parte de la RedSag manifestaron su oposición a la distribución de variedades de semillas, que son generadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola de Guatemala. “Creemos firmemente en la importancia de preservar y promover el uso de semillas nativas y criollas, como ha sido desde hace miles de años, pedimos el fomento de prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de la agricultura a pequeña escala y familiar campesino (…), que privilegie la diversidad de cultivos, el respeto por los ciclos naturales, la conservación de los recursos naturales y la justicia social en el campo”. 

Antecedentes

En Guatemala, en 2014, se aprobó la llamada Ley Monsanto. “Con la presión popular se derogó la ley. Pero se volvió a revivir en 2023 y de nuevo pone en peligro nuestras semillas nativas. Esta amenaza todavía está latente”, recuerda Paredes.Con informaciones de Prensa Comunitaria

Fuente: Somoselmedio

Por MarioMario

La comunidad de El Zapotillo reclama el incumplimiento de acuerdos por parte de Conagua y exige mejoras en infraestructura y servicios básicos, mientras ciudadanos de Yahualica se suman a la protesta en busca de atención gubernamental.

Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo 2024.- Por segunda ocasión, los habitantes de la comunidad de El Zapotillo, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, Tomaron la presa El Zapotillo. La medida es una protesta debido al incumplimiento de los acuerdos establecidos el pasado 25 de abril, cuando se realizó la primera toma de la presa como presión para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) atendiera sus demandas de mejoras en infraestructura y servicios básicos.

Desde las cinco de la mañana, los pobladores cerraron las dos entradas a la presa en protesta a no cumplir con los acuerdos del 25 de abril, donde autoridades de la Conagua se comprometieron a reunirse nuevamente el 23 de mayo para revisar los avances en las exigencias. Sin embargo, la reunión fue cancelada.

En entrevista con Miriam Vanessa, presidenta del Comité Representativo de la comunidad El Zapotillo, explicó que la toma de la Presa El Zapotillo se decidió después de realizar un recorrido por la comunidad de Acasico, donde vieron a las autoridades que debían asistir a la junta y las grabaron. Entre estas autoridades se encontraba Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Conagua. Tras esta situación, decidieron realizar otra toma de la presa, con el apoyo de habitantes de Yahualica. Miriam Vanessa resaltó que la protesta no se detendrá hasta que sus derechos sean atendidos.

“El Comité fue a dar un recorrido a Acasico y allí encontraron a la gente de la Conagua que supuestamente iba a asistir a la junta. Nos dijeron que no iban a venir porque tenían otro compromiso importante en México. Sin embargo, de pura casualidad, los miembros del Comité los vieron en Acasico, los grabamos y les tomamos fotos. La gente de Conagua se enojó y les pidió que borraran las fotografías. Así se descubrió la mentira, y por eso se tomó la decisión de volver a revisar el caso de la presa.”

Dentro de las demandas de la comunidad de El Zapotillo resaltan el pago de terrenos pendientes, el reacondicionamiento del lugar conocido como El Chorro y la finalización de la carretera que conecta El Zapotillo con Cañadas de Obregón.

Ciudadanos de Yahualica se sumaron a la protesta, exigiendo también la atención del Gobierno Federal y Estatal para ser incluidos entre los beneficiados con el agua de la presa El Zapotillo y la construcción de la carretera Zapotillo-Yahualica.

El municipio de Yahualica, a través de un comunicado firmado por la presidenta municipal Danniela J. Vázquez, convocó a un plantón de cierre indefinido de las vialidades que conectan Yahualica y la presa El Zapotillo.

En el comunicado, las autoridades explicaron que la toma de la presa El Zapotillo, que inició a las  5:00 a.m., busca respuestas a las peticiones de agua de suficiente en calidad y cantidad para el municipio, la construcción de la carretera Zapotillo-Yahualica, la reparación de calles afectadas por el paso de camiones de la empresa a cargo del proyecto El Zapotillo y el mantenimiento constante de la carretera Tepatitlán-Yahualica.

La Presa El Zapotillo

La presa El Zapotillo, promovida por la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, comenzó en 2005 sin consultar a las comunidades locales, generando controversia.

Concebida para abastecer de agua a 14 poblaciones de los Altos de Jalisco y áreas metropolitanas de Guadalajara y León, el proyecto incluía una cortina de 105 metros y un acueducto de 140 km, lo que inundaría las comunidades de Temacapulín, Acasico, y Palmarejo y 4,800 hectáreas de tierra fértil.

Las comunidades afectadas resistieron durante más de 16 años a pesar de la represión y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Finalmente, el 10 de noviembre de 2021, lograron un acuerdo con el gobierno federal para evitar la inundación, marcando una victoria histórica en la defensa del agua y el territorio.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias maya q’eqchi’ son expulsadas de la comunidad Buena Vista, en el norte del lago de El Estor. Foto: Juan Bautista / Prensa Comunitaria}

La mañana del miércoles (22), cientos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desalojaron a la comunidad maya Q’eqchi’ de Buena Vista Tzinté, ubicada en la parte norte del Lago de Izabal, departamento del mismo nombre, Guatemala.

Tras la afectación de su previo asentamiento, cuya condición inhabitable fue declarada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a deslaves ocurridos en la sierra Santa Cruz, desde el año 2015 las familias de Buena Vista ocupaban las tierras que sus abuelos reivindicaban ancestralmente y donde hasta hace unos días sembraban alimentos para el autoconsumo.

En total, 29 familias fueron expulsadas de un terreno de siete caballerías (un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas) pertenecientes a la micro región “El Bongo” y cuya propiedad reclama el agroindustrial Luis Fernando Arriaza Migoya, dueño de monocultivos de palma aceitera que suministra insumos a la empresa Naturaceites, también señalada por utilizar violencia para expandirse en la región del Valle del Polichic.

Según reporta Prensa Comunitaria, el conflicto por las tierras tiene su origen debido a que, en el año 1980, Arriaza Migoya “se apropió de 7 caballerías del Bongo”, por lo que entre 2019 y 2021 las familias campesinas ya habían sido objeto de intentos de desalojo por parte de los agroindustriales que mantienen monocultivos de palma aceitera en aquellas tierras.

Ya desde el año 2016, la Cámara del Agro acusaba los campesinos de invasión y usurpación contra la Finca Tzinté. A través del empresario cafetalero Nils Pablo Leporowski Fernández, el gremio agroindustrial presionaba al poder judicial de Guatemala para efectuar el desalojo de las familias al sostener, mediante denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la destrucción del bosque por los campesinos.

Ahora, niños y adultos padecen el desabrigo tras ser desalojados debido a la orden emitida por la jueza Sandra Nineth Ayala Tello, del Juzgado de Paz de El Estor, atendiendo los reclamos por supuestos delitos medioambientales.

Un comunicado firmado por el Comité de Unidad Campesina (CUC) asevera que dicha sentencia aún no está firme, ya que está siendo revisada en un recurso extraordinario de casación. “A pesar de esto, el Juzgado de Paz ha procedido con la ejecución del desalojo”, denuncia la organización que es acompañada por articulaciones sociales a nivel internacional.

Resalta que desde la Finca Tzinté se provee de racimos de frutos frescos a la procesadora Pataxte, al sur del Lago de Izabal y propiedad de Naturaceites, quien a su vez vende el aceite de palma a Ferrero, la tercera empresa de confitería de chocolate más grande del mundo.

“Está claro que la ejecución del desalojo es promovida por una orden judicial que presenta evidentes de irregularidades. La finca Tzinté, en la que habitan estas familias, es parte de un grupo de propiedades bajo investigación judicial por diversas irregularidades, investigación que hasta la fecha no ha avanzado. Estas acciones son promovidas por los poderes ocultos que tienen cooptado a jueces y cortes corruptas que avalan estas ordenes ilegales”, asevera el CUC.

Para agravar la situación, de acuerdo a testimonios recabados por el periodista Carlos Ernesto Choc, además del desalojo existen siete personas con órdenes de captura, tres de ellas mujeres, lo que mantiene a los campesinos en estado de alerta.

En estado de alerta

En el año 2019, durante el intento de desalojo de la comunidad Plan Grande y el caso de criminalización contra Abelino Chub Caal, el historiador Harald Waxenenecker presentó un peritaje para coadyuvar en el proceso penal de Chub Caal, perseguido por las empresas Inversiones Cobra S.A y Bananera de Izabal S.A, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya.

En su estudio, el historiador demuestra el entretejido familiar-empresarial de los Arriaga por medio del cual consiguió el título de propiedad de las fincas donde ahora producen palma de aceite. El documento “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal” detalla que fue gracias a los beneficios otorgados a empresarios y militares, durante y después del conflicto armado interno (1960-1996), lo que les permitió a los Arriaga apoderarse de grandes extensiones de tierra.

En ese contexto, las afectaciones no se limitan a la comunidad de Plan Grande, -como en el caso de Chub Caal-, ni de Buena Vista solamente. Habitantes de la comunidad maya Q’eqchi’ de Chapin Abajo, al sur del lago de Izabal, aseguran que sus tierras también fueron despojadas durante los años de la guerra por lo que actualmente mantienen procesos de recuperación de sus tierras ancestrales. 

En entrevista con Avispa Mídia, Pedro Cuc Pan, autoridad ancestral de Chapín Abajo asegura que en días previos recibieron información, cuya fuente se mantienen en anonimato por seguridad, sobre el desalojo de Buena Vista y el preludio de nuevas agresiones por parte de la agroindustria, en complicidad con el poder judicial guatemalteco a través del Ministerio Público (MP).

Desde el pasado viernes (17), autoridades ancestrales de comunidades alrededor del Lago de Izabal emitieron la denuncia sobre las amenazas de desalojo. Peor aún, aseguraron que la empresa Naturaceites pretende capturar o asesinar a líderes comunitarios.

Cuc Pan detalla que, de acuerdo a la información obtenida, el plan de la agroindustria es detenerlo junto con Pedro Choc Ico y Mariano Choc Bol, también autoridades Q’eqchi’. Según Cuc Pan, si no logra capturar a las autoridades ancestrales, la empresa Naturaceites está dispuesta a contratar sicarios para ordenar su asesinato.

El indígena Q’qechi’ sostiene que estas amenazas ocurren en un contexto de intimidación, debido a que, desde el mes de enero de este 2024, han escuchado detonaciones provenientes de un embarcadero naval cercano. Cuc Pan asegura que los disparos son realizados con armas de grueso calibre. 

“Nos pueden capturar, asesinar un par de nosotros, no importa, de todos modos tenemos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que se le están inculcando sobre estos derechos históricos”, destaca la autoridad, pues asegura que las tierras son propiedad indígena, “no como lo dice un documento, sino como lo declara la historia”.

Por su parte, la mañana de este jueves (23), autoridades ancestrales de Iximulew -con la participación de pueblos mayas, xingas y garífunas-, se pronunciaron contra el que calificaron como “desalojo ilegal” de las 29 familias de Buena Vista Tzinté.

Mediante comunicado, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ del Estor condenó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el MP y la jueza Ayala Tello, así como declaro como non grata a la Fiscal General, Consuelo Porras.

“Alzamos nuestra voz como autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ en el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos, especialmente al MP, que está al servicio de la corrupción, del crimen organizado, de terratenientes y empresas extractivas, como también de jueces cooptados y que criminalizan a las y los hermanos quienes defendemos la Madre Tierra y los territorios”, sostienen en el documento, y exigen un alto a los desalojos y criminalización.