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Avispa Midia

América Latina, la región más letal del mundo para defensores del territorio

  • Fecha:20 Sep 2023

Fuente: Avispa Midia

En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness

América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.

Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.

Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.

Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.

Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.

Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos – 125 asesinatos de un total de 177 – ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.

Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.

Explotación minera ilegal en el territorio indígena Yanomami (Brasil), 2023. Foto: Alan Chaves

México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.

En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.

Julia Francisco Martínez, viuda del defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro del grupo en defensa de los derechos indígenas MILPAH que apareció asesinado en 2015. Giles Clarke/Global Witness

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La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

  • Fecha:20 Sep 2023

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de septiembre de 2023

Boletín No. 20

 

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

  • Informe de Amnistía internacional México revela patrón de criminalización en el país contra Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios tseltales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), incluyendo uno en su territorio, San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.

El desarrollo de la infraestructura militar en Bachajón se realizó sin consentimiento previo, libre, informado y culturalmente pertinente, violando los derechos a la autonomía, libre determinación y a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras. La oposición a la militarización se remonta a su lucha histórica desde el levantamiento zapatista de 1994 y la experiencia de tener una base militar en su territorio que trajo consigo casos de acoso sexual, violaciones, ataques, inseguridad y despojo.

El 15 de octubre de 2020 el pueblo de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción del cuartel en el crucero Temó, tramo carretera Ocosingo – Palenque. Fueron detenidos César y José Luis, se documentaron en su contra actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y faltas al debido proceso por parte de los agentes aprehensores, así como la criminalización mediante la acusación por el delito de motín[1].

A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos,[2] y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, tras 2 años de proceso[3]. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada.

La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado tanto de la fuerza, como de la justicia penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como el caso de Cesar y José Luis.

En Chiapas, como en México existe un patrón de criminalización de las personas derensoras, enfáticamente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

El derecho a la protesta social, en este caso particular por las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido tanto en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales, lo que implica para las autoridades tomar medidas para respetar, garantizar y protegerlo.

 

[1] Este delito implica “perturbar el orden público” u “obstruir las vías de comunicación”, en este sentido habría sido utilizado para describir los efectos de una protesta y también para criminalizar la protesta por su ambigüedad o vaguedad.

[2] En su contra se comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos, los testigos no acreditaron pertenecer a la policía estatal ni su participación el día de la protesta, ni la calidad de peritos y legistas expertos en su materia.

[3]    Se concedió el beneficio de la sustitución de la pena, por poco más de 6,000 pesos.

Descarga el Boletín No. 20 en pdf (192.52 KB)

 

México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

¡Lee el informe completo!

INFORME_CRIMINALIZACION-PROTESTA_AMNISTIAMEXICO_2023

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Radio Pozol

Afirman en territorio cochimí que las mineras “nos están pegando en la madre”

  • Fecha:19 Sep 2023

Rancho Maravilla, California Mexicana. 18-09-2023. “Antes, los cochimíes sacábamos unos granitos de oro, pero ahora en nombre del progreso están tumbando cerros, matando un montón de pajaritos y cactus por la vanidad de una mujer presumida que quiere portar oro. Pero tenemos que hacer consciencia que la Madre Tierra es un ser vivo y debemos afectarla lo menos que podamos. Las mineras son empresas de muerte y nos están pegando en la madre. Además, se está acabando el calamar, los mariscos y el pescado por la contaminación brutal. Se llevan el abulón y la langosta al extranjero cuando siempre han sido nuestro alimento”.

En entrevista con Medios Libres, el concejal del pueblo Cochimí del Congreso Nacional Indígena, “Águila” Francisco Grado, declara que “siempre Baja California le ha interesado al capitalismo para hacer sus negocios: los mares, las playas, los recursos minerales del desierto y los valles de la agroindustria que se están llevando el agua; porque están sacando nuestro agua del desierto central; hay una mafia del agrobusiness que engancha mano de obra barata de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los traen con engaños; prometen que las comidas van a ser gratis, y el viático se lo descuentan al final como la mitad del pasaje, y les tienen en galerones compartidos entre familias y hombres jornaleros donde se dan caso de abusos y violencias. Se mueve mucho billete”. Por ejemplo, comenta que la Bajamil, una carrera off road, a campo traviesa, es “un negociazo del sistema capitalista” que cruza los terrenos de los pueblos originarios, destruyendo caminos, tumbando cercos y matando ganado.

“El despojo de mineras como las mexicanas del Grupo México y de Carso, lo vienen haciendo como los lobos con disfraz de oveja: vienen a quitarnos el territorio. Fue lo que le pasó a los hermanos nativos norteamericanos, les quitaron de sus territorios y los llevaron a reservas donde les dieron permiso de vender alcohol y drogas, que es lo que está acabando con ellos; el gobierno los tiene bien jodidos, se me hace muy triste pero es lo que está pasando ahí. Tenemos aquí la tierra que nuestros viejos abuelos nos han heredado, pero nos vamos muriendo, y entre los que quedan hay algunos que tratan de venderla para sacar un dinero, gastárselo, pero no se compra la dignidad”.

“El pueblo Cochimí nos distribuimos a lo largo del desierto central de la península desde Loreto hasta San Felipe más o menos, y nuestros hermanos son los pueblos Cucapá, Kumyai, Pai Ipai, Kohal y Kiliwa. Somos seis pueblos que conformamos la familia Yumana. Ahora nos piden documentos para comprobar nuestros territorios, pues el gobierno entregó tierras a los ejidos que se creen los dueños del territorio. Por eso está el despojo: no tenemos documentos que nos emparen que somos los dueños de la tierra. Es irónico: ¡Qué más documentos nos piden si están las pinturas de nuestros antepasados en las cuevas! El animal sagrado que conocemos como borrego cimarrón ahora lo cazan con dron y helicóptero; un permiso para matar te cuesta entre 60 y 80 mil dólares, y hay gente que lo paga y viene a cazarlo del extranjero. No queremos que maten a nuestros hermanos los borregos cimarrones”.

El luchador indígena afirma que el pueblo cochimí se opone a los megaproyectos de muerte que están amenazando el territorio de los pueblos originarios tanto al norte como en centro y el sur del país. El compañero Águila del CNI se refiere al movimiento indígena zapatista de Chiapas que le trajo “una semillita que se va diseminando y floreciendo en el desierto central de la California mexicana”. “El zapatismo lo vemos como una filosofía de los pueblos indígenas, que ha venido a sembrar la semilla de la resistencia y nos enseña a buscar el bien vivir, cuidar la tierra, luchar por la vida, por eso decimos que estamos contra el desarrollo capitalista pero queremos lo mejor para las próximas generaciones”.

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CONGRESO NACIONAL INDÍGENA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Convocatoria Alto a la Guerra Contra los Pueblos de México y del Mundo, hacia los Pueblos Zapatistas y hacia los Pueblos Originarios de México

  • Fecha:19 Sep 2023

12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA

 

CONVOCATORIA

 

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

 

A los pueblos de México y del mundo,

Al Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra,

A la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida,

A los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

 

A 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de la guerra de invasión y conquista capitalista y en el marco de los 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena (CNI) como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México, CONVOCAMOS a los pueblos de México y del mundo a redoblar nuestras resistencias contra la muerte que hoy más que nunca nos impone el capitalismo patriarcal a escala planetaria.

 

El 12 de octubre marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión, contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y territorios, contra el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, cultura y tradiciones; es decir, contra la muerte que el capitalismo global produjo y sigue produciendo.

 

Junto con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida declaramos que la guerra que enfrentamos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, tribus y naciones en todo el territorio nacional, es desarrollada y sistematizada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, para garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narco Estado; además, militariza todo el país, como garantía para imponer sus mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que, basados en el colonialismo, el patriarcado, la homogeneización, la imposición, el odio y el miedo, pretenden ordenar y reordenar nuestro territorio. Por tanto, denunciamos que el crimen organizado y grupos paramilitares colaboran sistemáticamente con las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal, al punto tal en que no podemos ya entenderlos como fenómenos distintos, sino piezas codependientes, músculos y ligamentos del brazo armado del Narco Estado Capitalista.

 

El cerco hacia los pueblos zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), masacres como la de Acteal, o las ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emilano Zapata y de la comunidad nahua de Santa María Ostula, así como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto a la creciente y continuada violencia hacia las mujeres, o el asesinato de defensores de la tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, son señales contundentes de esta guerra.

 

De la mano del Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra decimos que Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941 homicidios dolosos, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 69 periodistas y 94 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio. Concluyendo que, en este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.

 

Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar y paramilitar y la estrategia contrainsurgente dirigidos contra el EZLN y las comunidades zapatistas; y contra los pueblos originarios de México, a traves de la militarización, el militarismo, la paramilitarización, el crimen organizado o los mal llamados planes de justicia indígenas que el indigenismo oficial impulsa; nos organizamos para frenar esta guerra que se vertebra por medio del despojo y la explotación crecientes que implican el saqueo del agua, la extracción y distribución de hidrocarburos, la minería y los megaproyectos de infraestructura encaminados al ordenamiento salvaje de las poblaciones, de las fronteras y de los territorios de nuestros pueblos.

 

Por todo lo anterior, como acuerdo de la Reunión Ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG, llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido y a las organizaciones sociales, civiles y políticas, así como a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo, contra la guerra hacia los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México y, en consecuencia, les CONVOCAMOS para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías:

 

EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2023, LLEVEMOS A CABO UNA:

 

ACCIÓN GLOBAL POR EL ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

Y nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar, del crimen organizado y de las corporaciones capitalistas y en defensa de la vida, registrando la actividad al correo cnicomunicacion@gmail.com. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer y planear en colectivo una JORNADA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACCIONES DISLOCADAS, así como nuestra participación en el TERCER ANIVERSARIO DE LA TOMA DEL EDIFICIO DEL INPI (hoy Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes) por parte de la Comunidad Indígena Otomí en la Ciudad de México y una MOVILIZACIÓN CENTRAL EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MÉXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA.

 

A 531 AÑOS DE GUERRA SEGUIMOS RESISTIENDO. 27 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.

 

 ATENTAMENTE

¡Nunca más un México sin Nosotros!

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Jornada de carteo por la libertad de los presos políticos en Chiapas

  • Fecha:15 Sep 2023
Las jornadas de carteo a personas presas son acciones que grupos de acompañantes anti carcelarios realizan para romper el aislamiento y darles rostro a quienes se encuentran privadas de su libertad por parte del Estado.
 
En México, pese a que se tiene derecho a la comunicación con el exterior, y a que hay recomendaciones al respecto, hay dificultades para la entrega de las cartas. Sin embargo, como acto de solidaridad y sensibilización de sus casos es efectiva, además de que se suman sus familiares para la reivindicación solidaria.
 
Esta acción se va a realizar el próximo 27 de septiembre en el Paliacate espacio Cultural -Calle 5 de mayo #20, Colonia Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas-, en donde en conjunto con actividades culturales se venderán también materiales para ayudar a la autogestión, además de que estarán presentes familiares para que vendan sus productos y vender artesanías de los compañeros presos.   
 
Hacemos un llamado para que a partir del 18 de septiembre compañeras solidarias de todas las geografías rebeldes lleven a cabo una acción de carteo masivo que haremos llegar a los compas presos en resistencia en distintos Centro Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Chiapas:
 
a) Manuel Gómez Vázquez, preso desde diciembre de 2020. Joven maya tseltal, Base de Apoyo del EZLN, acusado de un delito que no cometió a base de fabricación de pruebas, tortura, además desaparecido forzadamente  y procesado penalmente en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena.
 
b) Los 5 de San Juan Cancuc -Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco- privados de su libertad desde mayo de 2022. Han resistido a la imposición de proyectos de infraestructura carretera y la militarización de su territorio. Se les fabricaron pruebas y fueron condenados por homicidio calificado.
 
c) José Díaz, indígena Ch’ol y campesino, Base de Apoyo del EZLN, detenido arbitrariamente con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. 
Manda tus cartas al correo: noestamostodxs@riseup.net
 
Guía básica para carteo a compas presxs: 
 
– Nombre. Utilizar un pseudónimo para salvaguardar identidad, de no ser así esta en la libertad de dar su verdadero nombre, o el nombre de nuestrx coletivx u organización.
– El contenido de las cartas depende de quién sea nuestro interlocutor, en una primera carta es importante que nos presentemos.
-También es esencial contarles un poco quiénes somos.
– Utilizar letra clara posible, discurso sea breve y sencillo.
– Informarnos lo más posible de quien es la persona presa a cartear.  
– No hacer promesas, ni intentar enamorarles, esto último es especialmente cruel, puesto que son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
– Lo más importante es mostrar empatía y solidaridad; las personas presas sufren de un aislamiento provocado por el Estado a conciencia, que puede destruirles a muchos niveles.

Jornada de Carteo en el Paliacate, SCLC, Chiapas

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Ké Huelga Radio

Conferencia de prensa rumbo al cese de prisión preventiva a los presos de Eloxochitlán

  • Fecha:15 Sep 2023

El día 12 de septiembre de 2023 las mujeres mazatecas y personas solidarias realizaron una conferencia de prensa con el fin de exigir el cese de prisión preventiva para los presos políticos Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán. La rueda de prensa se realizó en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad Monstruo.

Las mujeres mazatecas, en voz de Argelia Betanzos, denunciaron que los presos políticos de Eloxochitlán llevan 9 años de prisión preventiva sin que se les dicte sentencia, a pesar de que la ley señala que este tipo de prisión no debe rebasar los 2 años. Mencionaron que a los presos políticos se les han violado sus derechos lingüísticos y de pertenencia a una comunidad indígena al no tener acceso a un traductor. También denunciaron que a los presos políticos se les ha vulnerado su calidad de vida; en especial a Jaime Betanzos y Herminio Monfil que tienen edad avanzada.

A pesar de que a los presos políticos les corresponderían sentencias absolutorias, las mujeres mazatecas han aceptado una audiencia para buscar el cese de prisión preventiva. Tal audiencia, producto de denuncias y movilizaciones, se realizará el próximo 18 de septiembre en el juzgado de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Las compañeras advirtieron que no van a aceptar una respuesta negativa por parte de las autoridades. Llamaron a acompañarlas en esta movilización.

A la conferencia de prensa llegaron dos mujeres del Barrio Escopeta de Eloxochitlán que forman parte de Comité de Autodefensa que se formó en este lugar para parar las detenciones arbitrarias y los cateos ilegales a los hogares de los perseguidos políticos. Recientemente ellas denunciaron que han sido vigiladas y hostigadas con drones.

Les compartimos los audios de la Conferencia de Prensa y convocamos a estar atentxs a la movilización y audiencia del próximo 18 de septiembre.

¡Basta de injusticias! ¡Libertad a los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón!

Javier Hernández

Argelia Betanzos

Comité de Autodefensa de Eloxochitlán

Preguntas y respuestas

Mensaje e invitación a la marcha del 18 de septiembre

Ver en línea : Descarga y difunde los audios

radio
redtdt.org.mx

Riesgos a la población de la Región Frontera de Chiapas ante la omisión estatal

  • Fecha:14 Sep 2023

Llamamos a asegurar la vida e integridad frente al control de grupos criminales

A más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.

Desde el 7 de julio de 2021, después del asesinato en la capital del estado de Chiapas de una persona vinculada a uno de los grupos criminales, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones. Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro[1].

Las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.

El enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados. Inició la mañana del 23 de mayo, después de la desaparición de autoridades ejidales un día antes; duró alrededor de cuatro días sin intervención alguna del Estado, y fue hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.

Estos hechos provocaron que alrededor de 3,500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio. Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte, ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones.

Después de los enfrentamientos, los grupos criminales limpiaron evidencias y levantaron casquillos, armas y cuerpos de personas heridas y sin vida. Hasta después de estos sucesos, alrededor de 1, 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Policía Estatal llegaron al territorio. Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan.

Posterior a la guerra de los 4 días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos.

En las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas.

La población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual. Con la presencia de los grupos delincuenciales se ha incrementado también el narcomenudeo y el consumo de drogas entre jóvenes; sin programas ni espacios educativos, recreativos o deportivos, las “opciones” son desplazarse o incorporarse forzadamente a las actividades ilícitas.

Existe un intento de total sometimiento y silenciamiento de la población, la cual está constantemente amenazada, en medio de la complicidad de autoridades municipales, ante las que no se tiene confianza para pedir apoyo y denunciar.

Desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto. La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población.

Nos preocupan de manera particular las afectaciones que la violencia está provocando en los medios de vida de la población y en el ciclo campesino en la región, así como la obstaculización constante del comercio y transporte de productos básicos, lo que pone en riesgo el derecho a la alimentación a corto y mediano plazo, agudizando la violencia económica, lo que se suma a las causas estructurales de desplazamiento forzado de la población. Derivado del incremento exponencial de la violencia en la región, la migración de la población, que constituye una forma paulatina de desplazamiento, se ha venido desatando aun con mayor fuerza, pues ya no hay condiciones para la vida en esos territorios.

Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Por ello exigimos al Gobierno mexicano:

  • Una investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos de “la guerra de los 4 días” en el municipio de Frontera Comalapa, así como de los mecanismos de control poblacional y del territorio de la Región Frontera por parte de estos grupos de delincuencia organizada, que desde el 2021 mantienen amenazada y sometida a su población.
  • El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas.
  • Una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo.
  • Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
  • Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas.
  • Que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género

Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS)

 Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja

[1] Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Presos injustamente de Cancuc exigen su libertad inmediata

  • Fecha:14 Sep 2023

San Cristóbal de las casas Chiapas 10 de septiembre del 2023

 

C. Derechos Humanos

C. Compas Solidarios

C. Sexta

C. Medidas Libres

C. Diócesis De San Cristóbal

C, Pueblos Creyentes

 

Nosotros presos tseltales de San Juan Cancuc C. Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez hacemos saber que estamos presos injustamente por un delito que no cometimos ya que llevamos 16 meses de presos queremos pedir justicia y la libertad inmediata y queremos pedir apoyo y solidaridad para que mas personas conozcan nuestro caso que sea llevado injustamente por la juez de enjuiciamiento la lic . Maria Guadalupe Flores Rocha que no toma en cuenta las pruebas que presenta nuestro abogado y que nos tiene recluido, queremos y solicitamos nuestros hermanos creyentes que recen por nuestra pronta liberación inmediata

 

Agradecemos mucho la atención que presta en esta carta

 

C.  Agustín Pérez Domínguez

originario del pueblo de San Juan Cancuc

 

C. Agustín Pérez Velasco

radio
Noticias de Abajo

Noticias de abajo 12 septiembre 2023

  • Fecha:12 Sep 2023

—ESTADOS UNIDOS: STOP COP CITY Alto a la Ciudad Policía en Atlanta.
En estos días fueron criminalizados los activistas que resisten en la lucha contra la Ciudad Policía, enfrenten cargos bajo la ley RICO hecha para mafiosos, pero ahora ocupada contra quienes protegen el bosque donde pretenden construir Cop City. Fuente: Democracynow y Stop COp City Press Community

—ESTADOS UNIDOS: LUGARES INDIGNOS PARA ANCIANOS: LAS PRISIONES
Una nota del Centrodemedioslibres y Amigos de Mumia
Una nota de Mumia Abu Jamal, que nos sigue demostrando que en el norte más que un sueño está una pesadilla americana. La situación de las personas adultas en el país que tiene más presos y donde su situación carcelaria es igual a la esclavitud.

—ECUADOR: Tejemedios Amazonicos. El internet que soñamos.
Por Noticias de abajo. En Puyo, Ecuador, Organizado por la CONFENIAE, se realizó el “Tejemedios amazónico” se realizaron talleres, charlas, mapeos y mesas de análisis sobre los sistemas de comunicación comunitaria que se están organizando en sus comunidades y para pensar-soñar en las posibilidades que estas tienen.

—ARGENTINA: Yéssica Bonnefoi: presa por mujer y por mapuche.
Por Redes por la Libertad de Yessica Bonnefoi y Canal Abierto.
La joven mapuche fue detenida por el litigio de tierras de la lof Lafken Winkul Mapu, por el que sus hermanas estuvieron presas ocho meses y fueron liberadas tras el acuerdo con el gobierno nacional. Denuncian el ensañamiento racista y patriarcal de la justicia. Actualmente en huelga de hambre.

—VERACRUZ: Corrupción mantiene encarcelados a dos cafetaleros de Veracruz; otro de los acusados por AMSA murió hace 19 años
Por: educaoaxaca
Una transnacional ECOM Trading también de nombre AMSA, están reprimiendo a las comunidades cafetaleras que se organizan para la defensa de sus derechos, mantienen a dos personas en prisión a otras en prisión domiciliaria, amenazan con más detenciones, todas promovidas por la empresa en complicidad de una policía al servicio del gran capital. El gobierno de la 4t se hace el sordo.

—OAXACA: Denuncian vigilancia ilegal y hostigamiento contra mujeres autodefensas de Eloxochitlán. Sobrevuelos de drones sobre las casas de mujeres organizadas.
Corrupción y caciquismo político en México, en Oaxaca la represión a la lucha por la autonomía de un pueblo es promovida y sostenida por la encargada de la dependencia Estatal de la Mujer, Elisa Zepeda, “La cacique”.
y la nota de la columna Los de abajo de Gloria Muñoz- Justicia para los presos mazatecos publicado en la jornada.

—CHIAPAS: Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas. Por: NotiFrayba sobre el patrón de criminalización contra personas defensoras en Chiapas, acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente

—PODCAST INVITADO Homenaje a Victor jara EL TEMA DE FONDO. Producido por Noticias de abajo.

Música: Que viva la resistencia, música del paro nacional ecuatorianos en 2021. Y puras mujeres con Esther Zapatista.

radio
Avispa Midia

Ejidatarios recuperan derechos agrarios y tierras despojadas por megagranja porcícola en Yucatán

  • Fecha:12 Sep 2023

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey

Este lunes (11), la comunidad maya de Celestún, en Yucatán, informó sobre la resolución de una controversia agraria, la cual ordena la restitución de tierras a 72 ejidatarios despojados ilegalmente de sus derechos agrarios por el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV (Kekén), el mayor productor de carne de cerdo en México.

Mediante conferencia de prensa, contextualizaron que esta victoria está relacionada al despojo de 3,513 hectáreas de tierras de uso común en Celestún. Explicaron que el Comisariado Ejidal, asesorado por el licenciado Rafael Acosta Solís, firmó el 28 de abril de 2019 un convenio confidencial con Kekén cuya consecuencia sería el despojo de sus tierras de uso común y sus derechos agrarios.

Los ejidatarios denunciaron que el acuerdo les obligaba a mantener estricta confidencialidad respecto de cualquier información que les proporcionara la empresa. También que la empresa intentó legalizar el convenio mediante el Tribunal Unitario Agrario, “pero el 21 de noviembre de 2019 dicho Tribunal ‘resolvió improcedente calificar de legal y aprobar el convenio aludido, esencialmente porque con su suscripción dicho núcleo agrario [Celestún] pareciera que pierde la superficie de 3,513 hectáreas’”, contextualizan mediante comunicado.

Los habitantes de Celestún acusaron que, durante 2019 y mediante engaños, Rafael Acosta les convenció para aceptar un pago de 12 mil pesos por ejidatario, consecuencia de una supuesta victoria de la comunidad maya en un juicio contra Kekén, debido a que desde 2012 exigen el retiro de la megagranja porcícola que está ubicada en las proximidades. Los ejidatarios sostienen que, a cambio de la firma del convenio, Rafael Acosta recibió, de parte de la empresa, un pago de casi un millón y medio de pesos.

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A cambio, les solicitaron la firma de documentos en blanco. “Luego usaron nuestras firmas para quitarnos nuestros derechos ejidales, afirmando falsamente que habíamos renunciado. Afortunadamente, la sentencia concluye que se nos engañó para firmar esos papeles y nunca dimos nuestro consentimiento para que se nos despojaran nuestros derechos, y ordena que se nos devuelva la condición de ejidatarios”, afirma Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los ejidatarios de Celestún.

Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey

Según Ávila, la sentencia actual demuestra la nulidad de los escritos impugnados por los ejidatarios, pues el despojo de sus derechos ejidales atenta contra diversos artículos de la Ley Agraria, el Código Civil Federal y otras normativas.

“La sentencia también refleja la complicidad del notario Raúl Pino Navarrete, titular de la Notaría 76 de Yucatán, que fue también demandado por los ejidatarios en este juicio, y que protocolizó las renuncias de derechos declaradas como nulas por el Magistrado Dr. José Lenin Rivera Uribe”, divulgaron los ejidatarios.

Por su parte, Saúl Rodríguez Gutiérrez, ejidatario de Celestún, aseguró que nunca estuvieron de acuerdo con la entrega de tierras a Kekén, ni con la participación de Solís como asesor legal del ejido. “Con esta sentencia, salen a la luz los actos ilegales cometidos por este abogado y por comisariados ejidales corruptos. Kekén nos está despojando de nuestras tierras de uso común y afecta nuestra salud con la contaminación del agua provocada por su megagranja. Esta sentencia nos alegra y anima a continuar con más acciones legales para la defensa de nuestro territorio, hasta lograr el cierre de la megagranja y la recuperación de nuestras tierras de uso común.”

Comunidades frente al despojo

En la rueda de prensa también participaron representantes de las comunidades mayas de Kinchil, quienes señalaron afectaciones por contaminación y despojo de tierras realizado por la empresa Kekén. Matilde Edilberta Dzib Dzul, del Colectivo Cantukún e integrante del Consejo Maya del Poniente, enfatizó el procedimiento fraudulento mediante el cual la empresa cometió el despojo.

“Se otorgaron las tierras a prestanombres de Kekén que ni siquiera viven en la comunidad, en lugar de a las familias campesinas y apicultoras que siempre las hemos trabajado y conservado”, sostiene Dzib Dzul, habitante de Kinchil.

Ella también enumeró las graves afectaciones ambientales en la comunidad maya. Entre varias, la contaminación del manto acuífero derivada de las excretas de los cerdos, así como del amoniaco de los orines que afectan la salud de todos los habitantes.

“Vemos cada vez más cólicos, cáncer y otras enfermedades. El gobierno solo piensa en las ganancias de sus aliados en Kekén y otras empresas, y le da igual el precio que pagamos las comunidades mayas, al quedarnos sin tierras, sin selva, sin nuestra producción y modos de vida, y con toda la contaminación y los efectos a la salud”, sostiene.

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Dzib Dzul resaltó las consecuencias negativas a la producción de miel, actividad a la cual se dedican los habitantes de la región. “En mi familia somos apicultores, y la empresa Kekén ha deforestado y afectado a nuestra actividad, la cantidad de miel se ha reducido y hemos perdido certificaciones orgánicas por el impacto de la granja. ¿Será posible que esto los gobiernos no lo vean? Debemos defender nuestra tierra y nuestras actividades y formas de vida como pueblo maya”.

Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile orgánico de Kinchil, aseguró que su comunidad también sufre las mismas amenazas que Celestún. “La noticia de Celestún es una fuente de esperanza para nosotros, nos motiva para seguir luchando por la defensa de nuestras tierras. Además de la megagranja de lechones de Kekén, en nuestro territorio hay también una granja de engorda de cerdos que añade más contaminación a los mantos freáticos. Es increíble que se autorice esto en una zona con un acuífero tan vulnerable. Nuestra agua se llena no solo de estiércol, sino también de antibióticos y productos químicos tóxicos”, aseveró.

Otra de las amenazas, refiere Cuitún, está relacionada a los tratos que los comisariados ejidales realizan a espaldas de la comunidad maya, donde también existen intereses de la industria inmobiliaria para despojarles de 5 mil hectáreas de tierras.

“Están usando a otra comunidad para robarnos nuestras tierras como prestanombres para que caiga en manos de inmobiliarias y proyectos contaminantes. Hemos escuchado que Rodrigo Vega y Armando Ceballos están vendiendo estos proyectos a inversionistas, como si la tierra fuera de ellos. Estamos en riesgo de perder gran parte de nuestro territorio y la gran riqueza natural que tenemos por culpa de la ambición desmedida de políticos y comisarios ejidales, a quienes los especuladores sobornan para apropiarse de nuestras tierras”, denuncia el habitante de Kinchil.

En el anuncio de la victoria de los ejidatarios de Celestún también participaron miembros de la comunidad maya de Ixil, quienes alertaron por el intento de despojarles de sus tierras colectivas.

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De acuerdo al testimonio de Ansunción Chi Tejero, el pasado 17 de agosto, más de 300 elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado cerraron los accesos a las tierras de cultivo de la comunidad. “Actuaron con completa impunidad, nunca mostraron documentos, solo un volante de la Fiscalía. Entraron como bandidos, de noche y sin avisar al pueblo, sin orden judicial, solamente porque Chikri Abimerhi solicitó a la Fiscalía que cerrasen el acceso a nuestras tierras”.

Según Tejero, este operativo tenía el objetivo de infundir miedo en la población maya, “pero toda la comunidad está decidida a defender estas tierras. Yo soy uno de los afectados, nuestros sembrados están cerrados por alambre de espinos, tenemos que brincarlos con nuestras herramientas y no podemos entrar con nuestras motos y camionetas. Pero no vamos a abandonar nuestras tierras, pues eso es lo que buscan estos ladrones con la complicidad del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado”.

Alejandra Kantún, miembro de un grupo de mujeres que mantiene un vivero en Ixil, señaló que desde aquel día se les ha impedido el acceso al mismo. En contraste, “funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Estatal dejan entrar todo el rato a camionetas sin placas y vehículos con materiales de construcción”, denuncia.

Por ello, los miembros de Ixil convocaron a la población para participar en la marcha del próximo sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde en Ixil. También a la marcha estatal que tendrá lugar el 30 de septiembre en Mérida con el objetivo de “detener el despojo y defender nuestro territorio y naturaleza”.