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CDH DIGNA OCHOA A.C.

Chiapas: Allanamiento y Robo en casa de Concejal del Concejo Indígena de Gobierno

Centro de Derechos Humanos
Digna Ochoa AC
Tonalá, Chiapas a 03 de Octubre de 2017
AU-01
El día 02 de Octubre de 2017, aproximadamente a las 4:00 AM personas desconocidas allanaron y sustrajeron pertenecías en el domicilio particular de la Sra. Guadalupe Núñez Salazar, ubicado en la Calle 1º de Mayo núm. 73 de la Colonia Evolución en la ciudad de Tonalá, Chiapas.
Las puertas y chapas de la casa no fueron forzadas, los sujetos ingresaron por la parte trasera de la casa, hasta llegar a la habitación de la Sra. Guadalupe en donde sustrajeron únicamente un celular marca Lanix, una TV, y su cartera que contenía la cantidad de $1500.00 así como sus credenciales personales.
Este acto se da durante la etapa de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto del 07 de Septiembre de entrega de Ayuda Humanitaria y reconstrucción de viviendas y del proceso del Concejo Indígena de Gobierno en donde la Sra. Guadalupe ha tenido una participación importante en la región costa con los pueblos y comunidades para el fortalecimiento del CIG-CNI en Chiapas.
Llamamos a organismos de Derechos Humanos y redes nacionales e internacionales a la solidaridad y a estar alertas ante cualquier situación que pueda acontecer durante los días subsecuentes, ya que existe un riesgo inminente y estos actos de hostigamiento ponen en riesgo la vida e integridad física de la defensora de los Derechos Humanos y su familia, así como a los integrantes de este organismos de Derechos Humanos, del Frente Cívico Tonalteco y el Concejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.
Por lo que este Centro de Derechos Humanos expresa su preocupación por los actos de allanamiento y robo en contra de la Sra. Guadalupe que pone en riesgo su vida e integridad física y exige al Estado Mexicano y al Gobierno de Chiapas:
· Se ponga fin a todo acto de amenaza, intimidación, hostigamiento en contra de la Sra. Guadalupe Núñez, Concejala del Concejo Indígena de Gobierno en la Costa de Chiapas.
· Se garantice su integridad física y su vida así como la de su familia ante cualquier situación presente o futura.
· Se investigue y castigue a los responsables del allanamiento y robo de objetos en contra de la Sra. Guadalupe Núñez.
· Se adopten las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos en el marco de la propuesta política del Congreso Indígena de Gobierno y de apoyar a las personas damnificadas por el terremoto en la costa de Chiapas.
Antecedentes:
La Sra. Guadalupe Núñez Salazar, defensora de los derechos humanos y actualmente es concejala del Concejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional Indígena en la Costa de Chiapas, y participa en los procesos del Frente Cívico Tonalteco y Concejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, integrante de la Red Nacional de Resistencia Civil y ha participado en diversas iniciativas y procesos de organización a favor de la defensa de la madre tierra y el territorio, los altos cobros de energía eléctrica y contra las reformas estructurales.
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Raúl Zibechi

Lo que aprendí del pueblo mexicano

Tuve la inmensa fortuna de haber estado en Ciudad de México el 19 de septiembre. A las 13.15 horas estábamos con el compañero y amigo Luis Hernández Navarro cerca de la colonia Juárez. En los días siguientes estuve con compañeros y compañeras en Ciudad Jardín y en la calle Zapata, donde habían colapsado edificios mientras otros presentan severos daños, compartimos con los voluntarios y vecinos sus dolores y afanes para superar el difícil momento.

Lo vivido y convivido esos días en la capital mexicana, y luego en el estado de Chiapas, me inspiran cuatro reflexiones, breves e incompletas.

La primera es comprobar la solidaridad del pueblo mexicano. Maciza, extensa, consecuente, absolutamente desinteresada, sin el menor afán de protagonismo. No se trata de caridad sino de responsabilidad, como señaló Gloria Muñoz en una breve conversación. Una actitud profundamente política, que dijo a las autoridades algo así como váyanse, nosotros nos hacemos cargo porque no les creemos.

En los puntos de derrumbe que pude visitar había hasta tres mil voluntarios que compraron sus palas, cascos y guantes, que recorrieron decenas de kilómetros con sus motos, a pie o en bicicletas llevando mantas, agua, comida y todo lo que podían. Es probable que más de 100 mil personas se hayan movilizado, sólo en la capital. Cantidad y calidad, energía y entrega que ningún partido político puede igualar.

Interpreto esa maravillosa solidaridad como hambre de participación para cambiar el país, como un deseo profundo de involucrarse en la construcción de un mundo mejor; como una actitud política de no delegar en las instituciones ni en los representantes, sino de ayudar poniendo el cuerpo. En la cultura política en que se formó mi generación, esa actitud se denomina militante, y es lo que permite intuir que un país tan golpeado como México tiene aún un futuro luminoso.

La segunda es el papel del Estado, desde las instituciones hasta las fuerzas armadas y la policía. Llegaron a los puntos críticos al día siguiente del sismo y lo hicieron como máquina de impedir, de bloquear la participación de los voluntarios, de rechazarlos y enviarlos a otros sitios. Esta labor de dispersar la solidaridad la hicieron con esmero y con esa disciplina que caracteriza a los cuerpos armados, que no sirven para salvar vidas sino para proteger a los poderosos y sus bienes materiales.

Lo que aprendí del pueblo mexicano

Me llamó profundamente la atención que en los barrios pobres, como Ciudad Jardín, el despliegue de uniformados era mucho mayor que en los barrios de clase media, aunque el drama humano ante los edificios colapsados era similar. Diría que las clases peligrosas fueron rigurosamente vigiladas por los militares, porque sus patrones saben que allí anida la revuelta.

La tercera es el papel del capital. Mientras los armados se dedicaban a dispersar al pueblo solidario, las empresas empezaban a lucrar. Dos mil edificios dañados en la capital es un bocado apetecible para las constructoras y el capital financiero. Las grandes empresas hicieron gárgaras de solidaridad. Fue tan grande la marea solidaria que el capital tuvo que hacer como que dejaba de lado su cultura individualista, para disfrazarse de una cultura que le es ajena y le repugna.

Vale registrar la división del trabajo entre el Estado y el capital. El primero dispersa al pueblo para que el segundo pueda hacer sus negocios. Jugando con las palabras, podemos decir que la solidaridad es el opio del capitalismo, ya que neutraliza la cultura del consumo y frena la acumulación. Aquellos días de desesperación y hermanamiento, muy pocos pensaban en comprarse el último modelo y todo se focalizaba en sostener la vida.

La cuarta cuestión somos nosotros y nosotras. La actitud del pueblo mexicano, esa generosidad que aún me hace temblar de emoción, se estrelló contra los diques del sistema. Los de arriba expropiaron buena parte de las donaciones concentradas en los centros de acopio y desviaron la solidaridad: cuando se trataba de una relación abajo-abajo, la invirtieron para convertirla en caridad de arriba-abajo.

Sabemos que el sistema se sostiene destruyendo las relaciones entre los abajos, porque dinamitan el esqueleto de la dominación construido sobre los pilares del individualismo. Pero aún nos falta mucho para que las relaciones entre los abajos se desplieguen con toda su potencia. Es cuestión de autonomía.

En los días posteriores al sismo tuve largas conversaciones con dos organizaciones de la ciudad: la Brigada Callejera y la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. En ambos casos encontré una actitud similar, consistente en rehuir los centros de acopio para trabajar directamente con los afectados. Nos reservamos, dijo una dirigente de Los Panchos en la comunidad Acapatzingo, en Iztapalapa.

La solidaridad se dirige a quien la necesita, pero funciona por capas o círculos concéntricos. Primero atiende a los miembros de la organización. Luego a los miembros de otras organizaciones amigas o aliadas, y también a las personas que no están organizadas, pero en este caso es también directa, cara a cara, para evitar desviaciones.

El mundo nuevo ya existe. Es pequeño si lo comparamos con el mundo del capital y del Estado. Es relativametne frágil, pero está mostrando resistencia y resiliencia. Nuestra solidaridad debe recorrer los cauces de ese mundo otro, fluir mediante sus venas, porque si no lo hace se debilita. La tormenta es un momento especialmente delicado, como comprobamos desde el 19 de septiembre. El sistema está empeñado en destruirnos y para eso está dispuesto, incluso, a fabricarse un camuflaje humanitario.

La increíble solidaridad del pueblo mexicano se merece un destino mejor que engrosar los bolsillos y el poder de los poderosos. Pero eso depende de nosotros, porque de ellos ya no podemos esperar nada. Si es cierto que la solidaridad es la ternura de los pueblos, como escribió Gioconda Belli, debemos cuidarla para que no la ensucien los opresores.

 

 

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Comité Cerezo México

#19S: No fue el temblor, fue el Estado

Como Comité Cerezo México organización de derechos humanos hemos denunciado desde hace algunos años que México se encuentra bajo la implementación de una política estatal que se está construyendo como un Estado terrorista que, a condición de paliar la crisis capitalista, responde con la profundización de las medidas neoliberales. Esa profundización, en los hechos ha implicado, desde hace varios años, una política estatal que, por un lado, ha permitido e incluso está involucrada con la proliferación del mercado ilegal (pues genera mayores ganancias) y, por el otro, ha implicado el abandono total de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos para con la población. En conjunto, estas dos estrategias implican arrebatar a la población las condiciones de vida digna que le pertenecían o el despojo de los derechos que como pueblo mexicano hemos ganado en nuestra lucha histórica, lo que en los hechos se realiza por medio de la instrumentación de diversos mecanismos entre los que se encuentra la privatización de bienes y servicios indispensables para la vida digna, la omisión ante los actos delictivos de empresas legales e ilegales que atentan contra la población en general y la protección por medio de la impunidad de los actores (estatales o no) que emprenden estas acciones.

Como si no fuera suficiente el grado de violencia socio política que estos hechos implican, el Estado ha desplegado una estrategia de control social de la población mexicana mediante el terror (por medio de la militarización, paramilitarización, polarización social, destrucción del tejido social y la omisión y fomento de la descomposición social que se traduce en el aumento de la delincuencia y la violencia común que no es frenada ni combatida por el Estado, sino más bien se fomenta por medio de la impunidad y la corrupción) que busca prevenir la organización popular para reaccionar ante la violencia estatal. Estrategia que se acompaña de una de represión política que implica la construcción de un enemigo interno (todo aquel que se oponga a las reformas de profundización neoliberal), la criminalización y judicialización de ese enemigo al que se ataca con mecanismos represivos tan violentos como la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial, los ataques y el hostigamiento dirigido, las amenazas e incluso la desaparición forzada, actos de represión estatal que, pese a ser denunciados, quedan en la impunidad total.

México, incluso antes de los desastres naturales que vivimos en el mes de septiembre, era un país cuyo pueblo está siendo atacado violenta y continuamente por una política estatal que por un lado arrebata, niega y privatiza las condiciones indispensables para vivir; que condena a poblaciones enteras al miedo y el terror ante actos delictivos (muchos de los cuales se cometen en aquiescencia con el Estado) que no son castigados ni investigados, por el otro, despliega a sus fuerzas policiaco militares y paramilitares para impedir a toda costa que la población se organice y exija una vida digna; utiliza al ejército, la marina, la policía federal, estatal y del mando único no sólo para agredir indiscriminadamente a la población en general, sino para atacar de manera dirigida a aquellos que no respondan con docilidad ante la estrategia de control social mediante el terror. El pueblo de México, incluso antes de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre era un pueblo atacado, robado, asesinado, desaparecido por el Estado mexicano cuya obligación es proteger, impulsar y dotar a la población de las condiciones necesarias para vivir dignamente.

El día 19 de septiembre de 2017 un terremoto de gran magnitud sacudió la Ciudad de México y los estados de Morelos, Estado de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Un suceso natural afectaba directamente al pueblo mexicano que de por sí ya había visto mermada su calidad de vida debido al constante aumento de los precios, a los salarios precarizados, a los trabajos sin seguridad social y con jornadas que rebasan los límites establecidos, al limitado acceso a ciertos servicios de salud. Un suceso natural trajo más miedo al pueblo de México que ha tenido que horrorizarse ante los actos altamente delictivos y violentos que el Estado no detiene en sus poblaciones o colonias, ante la militarización que no ha traído sino nuevos abusos a la población, ante el actuar impune de elementos de la marina, ante las poblaciones que han sido abandonadas como tierra de nadie para que el narcotráfico (en muchos casos en contubernio con elementos estatales) haga en ellas lo que les plazca. El pueblo al que sacudió el sismo es el pueblo que ha visto quemarse a 49 bebés en la guardería ABC; a 19 ancianos en el asilo “Hermoso Atardecer”; es el pueblo que encontró la fosa en la que ocurrió la Masacre de San Fernando, Tamaulipas en la que asesinaron al menos a 289 personas; es el pueblo que ha mirado estupefacto cómo el Estado ha desaparecido a 43 jóvenes que aspiraban a ser maestros rurales, como el Estado ha matada a 22 civiles en Tlatlaya. Es un pueblo que ha mirado en los últimos años, uno tras otro, actos en los que se agrede a la población indefensa y el Estado no hace nada, actos en los que el mismo Estado agrede a la población indefensa. Al Estado no le alcanza con minar nuestra vida con sus políticas de robo y arrebato contra quienes diariamente trabajan para mantener a sus familias; les es preciso también, ejecutarnos, desaparecernos, encerrarnos.

El Estado mexicano, aún a pesar de la desgracia, aun sabiendo que había gente con vida enterrada bajo los escombros, aun sabiendo que había riesgo de regresar a algunos edificios, aun sabiendo que se necesitaban cosas difíciles de conseguir actuó exactamente igual que desde hace algunos años: frente a la emergencia del sismo, desplegó la estrategia de control social y de represión política en contra no sólo de la población más afectada por el temblor, sino en contra de la población que quería ayudar y solidarizarse con los afectados. El sismo no hace más que evidenciar de manera aún más cruda y descarnadamente lo que se ha venido denunciando por años: el Estado mexicano es un estado terrorista, que desplegó las siguientes estrategias sin importar la emergencia por la que atravesaba la población:

 1. Un estado omiso que privilegió las ganancias de las grandes empresas y no la seguridad de los mexicanos

Si bien el sismo fue muy fuerte y es un desastre natural que no se puede predecir, lo que es cierto es que es sabido que la CDMX es zona sísmica y existen leyes y regulaciones para los tipos de construcción y normas de seguridad necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas. Si bien la magnitud del sismo fue fuerte, esa magnitud se amplió a grados catastróficos debido a la omisión del Estado en la revisión y el cumplimiento de esas normas de seguridad. Lo primero que el sismo desnudó fue la política previa del Estado que prefirió favorecer a las empresas inmobiliarias y a escuelas particulares y se hizo de la vista gorda ante las evidentes violaciones a las normas de seguridad. Esto quiere decir que el Estado no supervisó, no hizo su trabajo o que lo hizo y aun sabiendo que se violaban esas normas dejó a las empresas seguir haciendo. También desnudó la política omisa del Estado quien no atendió ni reparó estructuras que habían quedado dañadas desde el terremoto de 1985. Esto es sólo un ejemplo más de cómo las políticas neoliberales y la política omisa del Estado que privilegia a empresas y sus ganancias no son sino actos graves que atentan directamente contra la seguridad de la población. Es una omisión igual a la del Estado al dejar que las mineras se apropien de territorio y lo contaminen, es la misma omisión que no castiga frente a los feminicidios, es la misma omisión que nos daña cotidianamente. Un Estado que no hace para proteger a la población y que deja hacer a otros aun en contra del bienestar de la población, desgraciadamente, el sismo la dejó ver con más nitidez porque en este caso, esa omisión agravó las consecuencias del desastre natural.

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Chaski Clandestinx

La obstinada lucha por el territorio y la dignidad en el TIPNIS, Bolivia

Militarización, hostigamiento y la obstinada lucha por el territorio y la dignidad en el TIPNIS

I PARTE:

El año 2014,  posterior a la Novena Marcha Indígena en defensa del Tipnis y a la resistencia a  la Ley 222 de “consulta previa” , circulaba un proyecto de Ley que tenía la clara intención de anular la Ley 180 de protección a ese territorio. La dirigencia no sabía quién lo había escrito, ni el verdadero peligro que éste representaba para el Tipnis. Según Emilio Noza, para entonces presidente de la Subcentral Sécure, había salido de alguna instancia gubernamental para que alguna dirigencia paralela la pudiese presentar al órgano legislativo.

El documento, según algunos comunarios del Tipnis, había sido filtrado por la dirigencia paralela afín al gobierno central.

Finalmente, el 3 de julio de 2017, indígenas afines a Evo Morales hicieron entrega del Proyecto de Ley de protección, desarrollo integral y sustentable del territorio indígena – TIPNIS, el cual anula la intangibilidad y da luz verde a la rechazada carretera que parte en dos el corazón de su territorio.

Los indígenas del Tipnis, habían sido traicionados por el presidente de su ente matriz, Domingo Nogales Morales. Nadie entendía que pasaba, y cómo Nogales Morales se pudo volcar tan rápido contra sus hermanxs.

La iniciativa de Nogales fue a título personal, dice el resto de dirigentxs de la Subcentral del Tipnis, no hubo consulta con la dirigencia y menos con las comunidades del territorio. Alguna hermana dice que hubo muchas “fichas”, ( dinero),  que convencieron a Nogales a tomar semejante decisión.

El colectivo Chaski Clandestinao, había entrevistado a Nogales los años 2012 y 2014. Según sus palabras, aquel entonces él seguía manteniendo una postura de rechazo a la carretera y su posición “firme” en la defensa de su territorio.

El año 2012, en plena resistencia de las comunidades del Tipnis a la consulta fraudulenta[1] y la construcción de la carretera,  nos decía lo siguiente:

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El Kilombo

El efecto ‘Hodor’ que paraliza la izquierda estadounidense

En entrevista con Anna Curcio, Álvaro Reyes, miembro de El Kilombo, Carolina del Norte, analiza la situación actual en los Estados Unidos bajo la administración Trump, el resurgimiento de la supremacía blanca y el neonazismo, en particular a partir de los eventos en Charlottesville, así como las resistencias en el país.

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El efecto ‘Hodor’ que paraliza la izquierda estadounidense

Anna Curcio: ¿Podría darnos un breve resumen de los eventos ocurridos en Charlottesville y ayudarnos a entender su contexto?

Alvaro Reyes: Como algunos de sus lectores sabrán, el 11 y 12 de agosto del presente año, unos 500 neonazis y supremacistas blancos marcharon por las calles de Charlottesville, Virginia, como parte de una manifestación que llamaron “Unir la Derecha” [Unite the Right]. El propósito de la marcha fue protestar contra el plan del gobierno local de retirar un monumento en honor a Robert E. Lee, el general que lideró al ejército de los Estados Confederados –el bando que defendía la permanencia de la esclavitud– durante la guerra civil estadounidense. Los organizadores de “Unir la Derecha” aclamaron a la manifestación como la mayor reunión de supremacistas blancos en varias décadas.

En respuesta, cientos de manifestantes antifascistas también convergieron en esa ciudad para repudiar lo que denunciaron correctamente como “terror racista”. En la tarde del día 12, James A. Fields, un neonazi vinculado al grupo de supremacistas blancos “La Vanguardia de América” (Vanguard America), atacó a los antifascistas, atropellándolos con su carro (una táctica que, como sabemos, las organizaciones de derecha promovieron en Internet durante los meses anteriores), hiriendo a 35 personas y matando a Heather Heyer, de 32 años, miembra de los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA).

El furor suscitado por el asesinato de Heyer fue tal que por todo el país se extendió la exigencia de que de una vez por todas se removieran todos los monumentos a los confederados. El lunes 14 de agosto, aquí en Durham, Carolina del Norte, los manifestantes tomaron las calles y derrumbaron una estatua de un soldado confederado, tirándola de su pedestal al piso. La exigencia de retirar los monumentos confederados se ha propagado como incendio por el país y ha crecido hasta incluir una amplia gama de monumentos que conmemoran a figuras vinculadas a la esclavitud, el genocidio de los pueblos indígenas y la masacre de mexicanos en los Estados Unidos, e incluso monumentos del pasado más reciente: por ejemplo, un movimiento importante se ha formado en Filadelfia para exigir el derrumbe de una estatua en honor a Frank Rizzo, el comisario general de la policía y alcalde de esa ciudad de finales de los 1960 a principios de los 80, quien aterrorizaba a los filadelfianos negros y latinos con una política de “disparar primero, preguntar después”.

Creo que es importante señalar que, tanto para las fuerzas fascistas como las antifascistas, la lucha sobre estos monumentos tiene que ver no sólo con las formas de contar la historia, sino con dos visiones distintas de lo que deberíamos hacer con relación al extraordinario nivel de racismo presente hoy en el país. Los fascistas señalan a estos monumentos como un recordatorio de la supremacía blanca sobre la cual los Estados Unidos fueron constituidos, y argumentan que este precedente fundacional justifica plenamente la encarcelación de los negros, la criminalización y deportación de los migrantes latinos y la exclusión de los musulmanes. Mientras tanto, las fuerzas antifascistas señalan a los monumentos para argumentar que, a menos que enfrentemos la naturaleza fundacional de la supremacía blanca en este país –una supremacía blanca que, cabe recordar, sirvió como inspiración directa, aunque raras veces mencionada, para el fascismo hitleriano–, no podremos explicar de manera adecuada el auge contemporáneo del extremismo racista. Dicho de otra manera, es como si sólo en el momento en que las condiciones globales de posibilidad para este proyecto llamado Estados Unidos se desvanecen rápidamente, estuviéramos obligados a ver a ese proyecto por lo que verdaderamente es y sigue siendo.

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Comité de Padres y Madres de los 43

El sismo de nuestra lucha por nuestros 43 hijos

Ayotzinapa, Guerrero a 26 de septiembre de 2017.- A tres años de la desaparición forzada de nuestros 43 hijos, los Padres y Madres de los normalistas, seguimos de pie, presentes en el corazón de la Patria para refrendar nuestra lucha al lado de las familias damnificadas, que en medio del desastre, buscan también a sus seres queridos. El dolor y la indignación nos han unido y en este abrazo solidario, enfrentamos a un gobierno que no atiende nuestros reclamos. Desde aquella noche funesta del 26 de septiembre, no hemos dado tregua al gobierno que mantiene intocado un pacto de impunidad con los perpetradores del estado coludidos con la delincuencia organizada. Nuestras noches de insomnio y los días de incertidumbre han marcado un nuevo derrotero en nuestras vidas; somos ahora un movimiento volcado a dar la batalla para desmontar la verdad histórica urdida por la PGR para dar con el paradero de nuestros hijos.

Las autoridades insensibles, displicentes y corruptas se han empecinado en mantener como conclusión de la investigación una mentira. Pese a que su verdad histórica ha quedado destruida científicamente y que no existen bases legales que la sustenten, en cada oportunidad que se presentan, se empeñan en golpearnos para obstruir el avance en las líneas de investigación propuestas por el GIEI. Así lo hicieron Roberto Campa Cifrian Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el marco de la audiencia pública de la Comisión Interamericana el día 18 de marzo y Tomás Zerón de Lucio Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública en los primeros días de este mes. Esas actitudes mezquinas y de desprecio por la justicia de las autoridades, ha querido desangrar más la herida causada por las 43 desapariciones

A tres años la investigación de la desaparición de nuestros hijos hemos peleado palmo a palmo con el gobierno para contener su arremetida impuesta con su versión inverosímil de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Nuestra lucha ha estado marcada por cuatro etapas muy difíciles con resultados que no satisfacen nuestras demandas de verdad y justicia:

  1. La primera, que abarca los últimos meses del año 2014, una investigación lenta con una intervención tardía de la Federación que concluyó con lo que denominaron la “verdad histórica” una tesis basada en cinco testimonios de personas que recibieron torturas y malos tratos y que peritajes de gran rigor científico mostraron la imposibilidad de un fuego capaz de quemar 43 cuerpos en un espacio abierto como el basurero de Cocula. Con esta conclusión oficial se pretendía cerrar el caso Ayotzinapa.
  2. La segunda etapa abarca el año 2015, la lucha de los Padres y madres de los 43 por revertir la verdad histórica, lo que se logró de manera contundente en el mes de septiembre con el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se afianzaría con un ulterior peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense.
  3. La tercera Etapa que comprende el 2016 que estuvo marcada por el intenso trabajo del GIEI por indagar nuevas líneas de investigación y la campaña de desprestigio que desplegó el gobierno para medrar el trabajo de los Expertos, campaña sucia que se extendió hasta los Padres de los 43 y sus representantes legales y que orilló al GIEI a salir del País.
  4. La cuarta etapa comprende el año 2017 y se caracteriza por una lucha de los Padres para que el Estado Mexicano retome, profundice y dilucide las cuatro líneas de investigación a saber: el ejército mexicano, Huitzuco, la telefonía celular y el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil del crimen.

Las cuatro líneas de investigación son el último reducto de esperanza para dar con el paradero de nuestros hijos, pero el gobierno se ha negado a avanzar. En las últimas reuniones que hemos sostenido los resultados que han presentado son ínfimos porque no hay resultados concretos y más bien siguen obstruyendo el camino de la justicia, porque hasta la fecha no han realizado las detenciones de los policías de Huitzuco ni de los policías federales. Se resisten también a llamar a cuentas al Ejército.

La conformación del Mecanismos Especial de Seguimiento ha sido un gran impulso para las líneas de investigación propuestas por el GIEI, sin embargo, la misma Procuraduría se niega a corregir las irregularidades en la investigación detectadas por el GIEI. Hoy en día el gobierno quiere colocarnos contra la pared, pisoteando nuestros legítimos derechos de acceder a la verdad y la justicia, al mantener estancadas las líneas de investigación.

Compañeras y compañeros a 3 años de los crímenes de Iguala sufrimos el dolor indescriptible que nos provoca la incertidumbre de no saber el paradero de nuestros 43 tesoros y el dolor y rabia que nos provoca la insensibilidad de un gobierno corrupto que nos niega el derecho a la verdad y la justicia.

Sin embargo les decimos no nos doblegaremos ante la represión, las amenazas y la indiferencia del gobierno, seguiremos luchando hasta encontrar con vida a los 43 y miles más. Cada 26 escucharán nuestras voces en las calles y las plazas públicas de nuestro País exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y todos los desaparecidos del País.

Por ahora los Padres y Madres de familia hemos decidido posponer nuestra marcha nacional y las protestas que se realizarían en la ciudad de México y dedicarles nuestra palabra y nuestra solidaridad a las víctimas del sismo del 19 de septiembre. A todos ellos les decimos de todo corazón que nos unimos a su dolor. Su dolor es nuestro, que los entendemos porque hemos caminado en esta ruta sorteando innumerables obstáculos, pero sobre todo enfrentando a un gobierno que se ha coludido con los perpetradores y se ha empeñado en sostener su verdad histórica, como la forma más efectiva y segura de que el pacto de impunidad con los responsables no se resquebraje.

Llevamos tres años buscando a nuestros hijos, tres años derramando lágrimas por no saber dónde están. Pero son lágrimas que han sembrado esperanza, que han robustecido nuestro espíritu y que ha abierto el camino para enlazar nuestras luchas y generar una conciencia social de no permitir que en nuestro país se siga desapareciendo a más personas

Las madres y padres de los 43 y la normal de Ayotzinapa los abrazamos en estos momentos marcados por la tragedia. Sentimos muy hondo su clamor y nos hermanamos también en su búsqueda para que se remuevan los escombros de la injusticia y encontremos a las personas que amamos. Sabemos que el gobierno tratará de sacar ganancia política de su dolor. Recuerden que solo el pueblo ayuda al pueblo. Es el pueblo quien ha sostenido nuestra lucha y que en momentos difíciles nos ha ayudado a levantarnos.

Nos pronunciamos porque el gobierno agote las labores de búsqueda y permita la libre organización de la sociedad civil que se apresta a ayudar y que se destinen los presupuestos suficientes para la reconstrucción de los daños ocasionados por el sismo.

FRATERNALMENTE

¡Porque vivos se los llevaron vivos los queremos!

Comité de padres y madres de los 43

 ¡Por la liberación de la juventud y la clase explotada, venceremos!

Comité Estudiantil “Ricardo Flores Magón” de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

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Radio Zapatista

Ayotzinapa a tres años de la desaparición forzada de los 43

Tras 1095 días de resistir a las mentiras, a la represión y a la desaparición forzada de sus hijos, los padres y madres de Ayotzinapa antepusieron a su dolor la solidaridad con las víctimas y lxs afectadxs del terremoto del pasado 19 de septiembre. Esta nueva noche de 26 de septiembre, a la par de la organización y solidaridad colectiva de esta semana, los padres y madres persistieron en privilegiar la búsqueda de la vida como razón de ser de lxs de abajo, por lo que postergaron el anuncio sobre su marcha nacional y las próximas acciones de protesta a realizar: “Las madres y padres de los 43 y la normal de Ayotzinapa los abrazamos en estos momentos marcados por la tragedia. Sentimos muy hondo su clamor y nos hermanamos también en su búsqueda para que se remuevan los escombros de la injusticia y encontremos a las personas que amamos. Sabemos que el gobierno tratará de sacar ganancia política de su dolor. Recuerden que solo el pueblo ayuda al pueblo. Es el pueblo quien ha sostenido nuestra lucha y que en momentos difíciles nos ha ayudado a levantarnos”.

Bajo la lluvia y sobre la ciudad de nuevo derrumbada, de entre los escombros de la nación, quienés buscan a los 43 y a miles más aseguraron esta noche que si no nos hemos caído es porque somos nosotrxs -y más nadie- quienés nos levantamos a nosotrxs mismos.  Pese a todo y contra todo, seguimos  demostrándonos que en verdad no estamos solxs y que, como señaló Felipe de la Cruz, quizás cada día que pasa nos fortalecemos más:

(Descarga aquí)   El sismo de nuestra lucha por nuestros 43 hijos. Palabras del Comité de padres y madres de los 43.

(Descarga aquí)   Palabras de Felipe de la Cruz

(Descarga aquí)   Palabras de Vidulfo Rosales, abogado de los 43

(Descarga aquí)   Palabras de Mario César González, padre del normalista César González Navarrete

(Descarga aquí)   Palabras de Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González

(Descarga aquí)   Palabras de Cristina Bautista, madre del normalista Benjamím Ascencio Bautista

(Descarga aquí)   Palabras del Comité Estudiantil de Ayotzinapa

 

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Medios-Frayba

[Medios-Frayba] Empresas mineras provocan división comunitaria en Chicomuselo

Chicomuselo, Chiapas. 26 de septiembre de 2017.

Boletín Informativo.
A las y los defensores de la Madre Tierra y el territorio
A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
A los Centros de Derechos Humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación independientes y alternativos nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
CONTINUAN HOSTIGAMIENTO CONTRA EJIDATARIOS POR SU POSICIONAMIENTO CONTRA LA EXPLOTACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, manifiesta su preocupación ante la falta de atención por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad, y es que desde la experiencia que vivieron en el año 2007 cuando permitieron el paso de la minera canadiense Blak Fire, fueron afectados con el ruido de los camiones, polvos que dejaban a su paso, deterioro de sus carreteras, además de daños a su salud, entre otros, hasta el día de hoy mantienen firme su decisión de no permitir el paso de compañías mineras.
Esta situación ha derivado que la Asamblea General, representado por su comisariado ejidal hayan acordado la destitución de un grupo de 10 ejidatarios de las Asambleas y no tomarlos en cuenta en los trabajos comunitarios, de igual manera fue destituido del cargo como Agente municipal de la comunidad el C. Rolando Hernández López, por los motivos antes expuestos.
El 14 de mayo del presente año cuando este grupo de ejidatarios participaba en labores de vigilancia para cuidar la entrada de mineros a sus territorios junto a otras personas de otras localidades fueron amenazados de muerte por una persona que responde a nombre de Isidro López Alvarado, vecino del mismo lugar quien portaba un arma de fuego. Hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Publico de Chicomuselo por el cual se abrió el Registro de Atención Número 016-030-0605-2017, en el cual este sujeto reconoció los hechos y se comprometió a respetar la integridad de las personas, turnando el archivo como caso concluido por conveniencia de las partes.
Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado en el año 2009 por oponerse a la explotacion minera en Chicomuselo, que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público quince días después fue asesinado, hechos que hasta el momento sigue sin esclarecerse.
Por otro lado manifestamos que la insistencia de compañías mineras por explotar minerales en distintas localidades del municipio de Chicomuelo, sigue provocando división del tejido social, toda vez que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero, situación que provoca aumento de la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y de quienes están a favor.
Por información que proporcionan las comunidades tenemos conocimiento que la empresa MINERA BARITA DE CHIAPAS, representado por el Señor Alfonso Alarcón, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo, es la que se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia donde pretenden explotar los recursos minerales que hasta la fecha se mantiene suspendida.
Cabe mencionar que actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por todo lo anterior este Comité de Derechos Humanos solicita al Estado Mexicano
en sus distintos niveles:
  • Cancelación definitiva de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo, toda vez que es decisión de las comunidades que manifiestan su rechazo a los proyectos mineros.
  • Intervención urgente de la Procuraduría Agraria como órgano de apoyo por parte del estado para de defensa de los derechos de los ejidatarios quienes desde el mes de mayo no han sido atendidos pese al conocimiento de la mencionada dependencia.
  • Proteger y salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Por último queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país para articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones han decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país. Por tal motivo los y las invitamos para que participen a la mega peregrinación denominado “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra”, que estaremos realizando el día 2 de octubre partiendo desde la comunidad Ricardo Flores Magón a las 8:00 de la mañana y culminando en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas. 
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Amenazas, hostigamientos y despojo a ejidatarios antimineros
Me llamo Silvestre Hernández Sánchez soy originario del Ejido Flores Magón del Municipio de Chicomuselo, Chiapas; integrado por 72 ejidatarios/as, del cual soy parte.
Soy PROMOTOR del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, defensor de los derechos humanos y del medio ambiente.
Desde el 2003 la empresa Caracol empezó con la exploración y explotación de la Barita en la Mina la Revancha II del Barrio San Ramón del Ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, Chiapas. en el 2005 transfiere las concesiones a la empresa minera canadiense denominada Black Fire Ltd, esta empresa por ser más grande redoblo horarios de trabajo y aumentaron más sus actividad de saqueo del mineral barita, es decir del diario pasaban de 20 camiones o más cargados de la barita, y en nuestro ejido vivimos muchos a la orilla de la carretera, todo el polvo que emitían al pasar los carros llegaban a nuestras casas y esto nos estaba enfermando los ojos, empezamos a padecer de conjuntivitis, mucha tos y enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua, hablamos en una de las asamblea que ya no se permitiera el paso a los camiones y se levantó un acta de acuerdo de ya no permitir el paso de la empresa, estuvimos de acuerdo y firmamos el acta, se mantuvo este acuerdo por mucho tiempo.
Lamentablemente con la entrada de la nueva autoridades ejidales, el presidente del Comisariado ejidal y su directiva, son pieza claves para obtener la anuencia de la comunidad, les compran su voluntad a las personas. Ya que estas empresas invierten en la compra y división de las comunidades. Reparten despensas y regalos, apoyan fiestas, pagan algunos gastos para mejoras de la comunidad y con esto les permite tener el apoyo de la comunidad. él comisariado ha manipulado a la asamblea para que se acepte este proyecto, y empieza la división del ejido.
El 30 de abril del 2016 un grupo de 12 ejidatarios en la asamblea manifestamos nuestra inconformidad y dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que está haciendo el Sr. Cesar López Alvarado actual Presidente del comisariado y su directiva, ya que estos defienden los intereses de la empresa, y por este motivo han intimidado y condicionado a muchos que están inconformes: por ejemplo de quitarles el agua, de no firmarles oficios o documentos cuando lo necesiten. Prácticamente negarles todo servicio que necesite del ejido si no apoyan a este proyecto minero
Como defensor de los derechos humanos y en conjunto con otros compañeros/as nos han amenazado de muerte, nos han intimidado por defender la vida y la madre tierra ante estos proyectos mineros. En las asambleas ejidales hemos demostrado nuestra postura de No a la minería, si a la vida, sabemos bien que estos proyectos únicamente nos traen afectaciones, muerte y nada de desarrollo como la empresa minera lo dice. Me han acusado de que soy el alborotador en la comunidad y que me iban a destituir del ejido
El 30 abril 2017 en la asamblea ejidal al no aceptar firmar acta de acuerdo de paso de la maquinaria y los camiones de la empresa Minera Barita de Chiapas (MIVACHI), nos dijeron que para que asistimos a la reunión si no vamos a firmar los acuerdos que era mejor que ya no asistiéramos a las reuniones porque nada más les estorbamos y que no buscamos el bien del ejido.
Por lo tanto pido a las autoridades correspondientes que me restituyan mis derechos ejidales ya que mi única falta ha sido defender mis derechos, el derechos de todos/as y los derechos de la Madre Tierra ya que he cumplido con las cooperaciones económicas, trabajos y servicios en el ejido.
Se ha solicitado a la Procuraduria Agraria que hagan presencia en el ejido y aclaren cual es la función de cada uno de los representantes de autoridades del ejido y si el defender nuestros derechos nos deben de destituir del ejido.
Para nosotros los campesinos/as, La tierra y territorio son un elemento fundamental para la vida, es el sentido de nuestros pueblos y comunidades. Sin territorio no hay pueblo.
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radio
Radio Zapatista

Momentos de las 72 horas de búsqueda en la fábrica colapsada durante el sismo del 19/9/17 en CDMX

La tarde del martes 19 de septiembre del 2017 ,  poco después de las 13 hrs. la fábrica ubicada en la calle de Bolívar esquina Chimalpopoca,  colonia Obrera, fue colapsada tras el sismo de 7.1 grados.

Durante las 72 horas posteriores, una multitud se volcó a la búsqueda de sobrevivientes.  Miles de personas acudieron al lugar , la mayoría de los presentes eran voluntarios-rescatistas improvisados- quienes desde el primer momento llegaron para  incorporarse al rescate;  pocas horas  después llego el   acopio, la comida preparada , los servicios  médicos,  psicológicos y las  largas filas de voluntarios quienes por turnos,  se rolaban el ingreso  a la “zona cero” con la esperanza de poder ayudar. Las largas filas de brigadistas se extendían sobre la calle de Fray Servando y sobre Chimalpopoca ; entre éstas, se encontraban estudiantes, amas  de casa , desempleados, jubilados y trabajadores, los cuales,  tenían que esperar hasta 4 horas formados para poder ingresar . En ocasiones lo lograban , en otras no les fue  posible , pues  los que lograban entrar no querían salir.

“ Lo lamento pero los que están adentro no quieren salir, ya se les nota  el cansancio, tienen entre  8 y 10 horas trabajando , se les doblan las patitas,  pero no quieren salir… son aferrados.”

Ese fue el espíritu de los dos primeros días de búsqueda, cientos de voluntarios ayudando, escuchando, hablando y coordinándose entre ellos; todos dispuestos, todos con un solo objetivo, encontrar vida entre los escombros .

Al cumplirse  el tercer día de rescate,  se restringió el ingreso de voluntarios y el lugar fue ocupado en su mayoría por militares y personal de  la CDMX;  solo permanecieron en la periferia de la “zona cero” , en las calles aledañas,  los comedores improvisados quienes seguían  repartiendo alimentos  a los presentes y algunos voluntarios-aferrados  que aún querían continuar. Justo a las 2:30 de la tarde del viernes 22 de Septiembre se dio por concluida la búsqueda, a pesar de que los cientos de  voluntarios ya no estuvieron presentes  en la clausura de la misma , en la “zona cero” quedo un testimonio de su hazaña.  La bandera de la escuela contigua  Simón Bolívar; bandera que los voluntarios recuperaron de la escuela junto a la fábrica colapsada y a la cual le grabaron  las leyendas .

“ No nos cansaremos …. Fuerza voluntarios … La banda.

Ésta bandera fue testigo hasta el último momento de lo que ahí sucedió. En presencia de este símbolo los militares rindieron homenaje,  cantaron el himno nacional,  clausuraron la búsqueda y con ella la esperanza. Al final de la ardua jornada fueron muchas las dudas -aun sin responder- que surgieron tras la clausura de la búsqueda: ¿Cuántas personas fallecidas?, ¿Cuántas rescatadas con vida?, ¿Cuántos desaparecidos?, ¿Cuáles eran las condiciones laborales de lxs que ahí trabajaban?,  ¿Por qué el ejército tomó el control?,  ¿Por qué portaba  armas largas?,  etc., etc.

Entre tantas dudas, solo había una certeza, en Chimalpopoca y Bolivar ,  “La  banda se la rifó”.

CDMX  26/9/17.   A tres años de la desaparición forzada  de 43 estudiantes Normalistas.

radio
CNI

Declaración del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno a 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa

A los padres y madres de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa desparecidos por el mal gobierno
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A la Sexta Nacional e Internacional

Los que somos El Congreso Nacional Indígena, somos también el dolor, indignación y rabia que sigue y seguirá viva hasta traer de regreso a los compañeros estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a tres años de que el Estado Mexicano, desapareciera 43 esperanzas. Encontrarlos con vida nos mantiene unidos a sus padres y compañeros.

Los  compañeros normalistas siguen desparecidos y el Estado no ha hecho mas que apostar al olvido y al desprecio a la memoria. En la destrucción está  su apuesta, y desde las ruinas nosotros, nosotras, reconstruimos la consciencia, la esperanza y un nuevo mundo.

Nuestro llamado es a reconstruir este país y para reconstruirnos con él necesitamos de regreso a nuestros compañeros estudiantes de la Escuela Normal Rural Raul Isidro Burgos, y a los miles de desaparecidos que el México de abajo no deja de buscar reconstruyendo  desde ahí la verdad y la justicia.

Por quienes no están, por quienes están y por quienes vendrán, reiteramos nuestra palabra. Estamos y estaremos con la lucha por la presentación de nuestros hermanos estudiantes de Ayotzinapa hasta el final. ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!

Convocamos a todas y todos los que somos el pueblo de México, de los pueblos, barrios, naciones y tribus originarias, a los pueblos no indígenas  que estamos en el campo y las ciudades, a no parar en la lucha por traerlos de regreso a casa y que los culpables sean castigados.

Llamamos a todas y todos a participar en las marchas y movilizaciones que convoquen las madres y padres de los 43 desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero a tres años de este crimen de estado.

A 26 de septiembre de 2017
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México sin Nosotros
Congreso Nacional IndígenaConcejo Indígena de Gobierno

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