justicia
Pronunciamiento Conjunto. Preocupación ante la designación de Llaven Abarca como nuevo Fiscal del estado de Chiapas
Pronunciamiento Conjunto
- Nos preocupa la justicia y derechos humanos ante la designación de un perpetrador de violaciones a los derechos humanos ante la designación del nuevo Fiscal General del Estado de Chiapas.
3 de diciembre de 2024
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión del pleno de la Sexagésima Novena Legislatura, en la que se aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado, quien estará en el cargo durante nueve años.
Este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. Se le suma también que no tomó las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, resultando en un aumento de feminicidios, a pesar de la Alerta de Violencia de Género en Chiapas.
Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión, tanto en su paso como Delegado en Chiapas de la Procuraduría General de la República (PGR) y como titular de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE). Ha sido agente del Ministerio Público, Fiscal del Ministerio Público especializado, encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio y Jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro.
Cabe recordar que, durante su tiempo en la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 solicitando una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra el recién nombrado Fiscal General del Estado por diversos delitos, incluyendo tortura y abuso de autoridad. Ambas recomendaciones fueron rechazadas, perpetuando la impunidad.
Llaven Abarca fue identificado como perpetrador en casos de detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, incluyendo la detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, y la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal en 2005, entre otros casos.
A pesar de este historial, en agosto de 2011, fue designado Delegado de la PGR en Chiapas en el contexto de la “guerra contra la delincuencia” implementada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Las organizaciones firmantes exigimos una transformación profunda de las instancias de procuración de justicia en nuestro país. En Chiapas, es urgente una fiscalía autónoma, un cambio de estructura y funcionarios, quienes están anquilosados en la corrupción y actúan bajo el cobijo de la impunidad.
El nombramiento de Llaven Abarca coloca a un Fiscal comprometido con los grupos de poder político y fáctico en Chiapas, enviando una clara señal de que su gobierno no solo apuesta por la corrupción y la impunidad, sino también por prácticas de represión y violaciones a derechos humanos.
Con este nombramiento, se evidencia una resistencia a implementar en Chiapas las reformas constitucionales en derechos humanos, la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos que el gobierno está obligado a cumplir y respetar.
Lamentamos que se continúen con viejas prácticas y costumbres que fomentan las violaciones a derechos humanos y perpetúan la tortura como una práctica generalizada y sistémica en Chiapas, por lo que el panorama de derechos humanos seguirá siendo gris.
(Continuar leyendo…)Militarización del proceso migratorio debe continuar con nuevo director del INM
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre.
Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial.
Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador.
“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó.
Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.
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