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Por Aldo Santiago. Fotografías de Pandilla y amigxs. Audio por Koman Ilel. Video por Másde131.

El espacio de coordinación y lucha Semilla Digna de los Pueblos de Chiapas, reune algunas comunidades, familias y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Conformado por la comunidad de San Francisco,  la familia organizada El Chivero (Teopisca), familias organizadas de San Isidro Ocotal, Candelaria el Alto, comunidad de Cruztón y San Isidro de los Laureles (Venustiano Carranza) y familia organizada de Alcanfores (San Cristóbal de las Casas), además del Grupo de Trabajo No estamos todxs, son a su vez miembros del Congreso Nacional Indígena. Ejemplos de organización y lucha en la recuperación de tierras contra terratenientes chiapanecos, las comunidades de Cruztón y San Isidro de los Laureles sufrieron una ola de represión durante los días recientes.

Nos disparaban a matar

El 20 de diciembre de 2015, miembros de la comunidad tsotsil de San Isidro de los Laureles tomaron posesión de un total de 165 hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza. El territorio utilizado para el ganado y cultivo de caña acaparado por caciques que dominan el negocio del azúcar en la región, fue recuperado pues «Estas tierras las trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados. Desde el año 1940 han trabajado con un sueldo mínimo, nunca les han dado prestaciones y aguinaldos. Por nuestras familias, porque ya no tenemos donde vivir o trabajar para el sustento de las familias como indígenas, recuperamos las tierras» mencionaron los también adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tras recibir amenazas de desalojo en días posteriores.

Tras 83 días defendiendo el territorio, la mañana del 12 de mayo de 2016, alrededor de 35 camiones con policías y guardias blancas entraron a los predios para desalojar violentamente a la comunidad de San Isidro de los Laureles. Entre los responsables civiles de la agresión se encuentra Octavín Albores, pariente del ex gobernador Roberto Albores Guillén, quien con armas de alto calibre disparó a matar. «Nosotros pues retrocedimos porque ya era mucho, ya estabamos viendo que las balas nos pasaban cerca, ya sentiamos la muerte, los balazos ya casi nos llegaban a la cabeza pero gracias a dios nadie salió herido» relata un miembro de la comunidad tsotsil.

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A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

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TO THE PEOPLES OF THE WORLD
TO THE ALTERNATIVE PRESS

The National Indigenous Congress (CNI) declares itself in maximum alert following the cowardly betrayal of the indigenous Ñatho community of San Francisco Xochicuautla, municipality of Lerma in the State of Mexico, in order to implement the highway project Toluca Naucalpan, as well as after the assault on community police in Ostula. We call upon all peoples, organizations, and individuals in solidarity to be attentive and to heed the call made by the community of Xochicuautla.

We denounce that:

On Monday, April 11, at 9am, over 1000 state police from the State Commission for Citizen Security (CES) and the Action and Reaction Forces (FAR) began to enter the community from three directions: through the Buenavista neighborhood; via Cuauhtémoc street to the “Lampeni” location; and to “Lapondishi,” the site of the Encampment for Peace and Dignified Resistance, which was then destroyed by the police forces.

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Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).[:en]

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. (Continuar leyendo…)

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Haciendo historia. Notas de Radio Zapatista. Nota 1.
Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.
Ciudad de México, 5 de abril de 2016.

Escucha aquí: [podcast]https://radiozapatista.org/Audios/HaciendoHistoria/NotasRZ_nota1_audio.mp3[/podcast]

En 1982, después de dos décadas de guerra en Guatemala, la comunidad q’eqch’i de Sepur Zarco, en Izabal, fue sacudida por una violencia de proporciones inesperadas. Sus habitantes se habían organizado para defender tierras ancestrales que eran reclamadas por terratenientes. Para ello, a principios de ese año comenzaron un proceso legal en demanda del reconocimiento de sus títulos de propiedad, pero el proceso duró poco. La respuesta de los terratenientes frente al despojo frustrado fue salvaje. Se coordinaron con el ejército guatemalteco para secuestrar y desaparecer al grupo que encabezaba la defensa de la tierra. No conformes con haberse llevado a los hombres, los militares guatemaltecos arrasaron con la comunidad Sepur Zarco y violentaron sexualmente a muchas mujeres frente a sus familias.

Las que lograron huir a las montañas tuvieron que volver al paso del tiempo porque estaban viendo morir de hambre a sus hijas y a sus hijos. Cuando las familias sobrevivientes regresaron a Sepur Zarco en julio de 1982, los militares habían instalado un puesto de descanso y recreo para sus soldados sobre las cenizas de la comunidad, entre los municipios de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Y como era un puesto de descanso y recreo, los soldados giraron la instrucción de servicio para las mujeres de comunidades aledañas. Como resultado, ellas padecieron seis años de explotación sexual y laboral.

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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

México.

Febrero del 2016.

A l@s compañer@s de la Sexta:

A quien corresponda:

Compas y no compas:

Esto que les contamos viene de la propia voz de indígenas partidistas que viven en las distintas zonas del suroriental estado mexicano de Chiapas. Aunque militan, simpatizan o colaboran en los distintos partidos políticos institucionales (PRI, PAN, PRD, PVEM, PMRN, PANAL, PT, PES, PFH,… más los que se sumen de aquí al 2018), tienen en común el haber recibido los programas de asistencia del mal gobierno y ser material humano para votos y acarreos terrenales y celestiales, además, claro, de ser indígenas y mexican@s.

Lo que ahora leerán ustedes no sólo no ha aparecido, ni aparece, ni aparecerá en la prensa de paga local, nacional e internacional; también contradice puntualmente la propaganda gubernamental y las loas que sus medios cantan (muy mal, por cierto).

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[:es]Compartimos boletines de la conferencia de prensa Hacia el Encuentro Latinoamericano Con la Encíclica ”Laudato Si” defendemos los derechos a la tierra, el territorio y los bosques, que se realizó el día 03 de febrero de 2016 en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Solicitamos y agradecemos apoyo en difusión.

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[:es]2 de feb. de 2016

COMUNICADO DE PRENSA

Naciones Unidas exige la libertad inmediata de Nestora Salgado

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU hoy emitió su decisión sobre el fondo del caso de Nestora Salgado, quien es representada por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle (EE. UU.).  El Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes de derechos humanos, estudió el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica, así como las respuestas del Estado de México.  Sostuvo que la detención de la señora Salgado es ilegal y arbitraria, su proceso injusto, y exigió tanto su libertad inmediata como una “compensación apropiada” por las varias violaciones a sus derechos humanos.

Hace un año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México proteger la vida e integridad personal de la señora Salgado. Emitió medidas cautelares en respuesta a sus alarmantes condiciones de detención y el grave deterioro de su salud.  Sin embargo, sigue detenida.

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[:es]A la Red contra la Represión y la Solidaridad
A las JBG y pueblos zapatistas
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A las/los/loas estudiantes de la Escuelita Zapatista

Somos distintos espacios colectivos, estudiantes/as de la Escuelita y adherentes a la Sexta en Córdoba, Argentina que consideramos necesario compartir como AVISO URGENTE información en apoyo a la resistencia y rebeldía que están realizando desde septiembre del 2013 compañeros y compañeras –Autoconvocados- en el Acampe contra la corporación transnacional genocida MONSANTO, bloqueando el ingreso al predio e impidiendo la construcción de una planta almacenadora y procesadora de semillas de maíz transgénico en la localidad de Malvinas Argentinas, a escasos kilómetros de la ciudad de Córdoba (planta que pretende ser la más grande de América latina).

Los y las compas han informado que el 30 de diciembre pasado llegó una orden judicial al acampe para levantar el bloqueo en el ingreso de la planta en construcción y dejar entrar “personas y cosas”, junto con amenazas y hostigamientos de policía y civiles armados. Ante la grave situación actual hacen un llamado para difundir y estar atentos/as ante cualquier acto represivo. Mientras, y como manera preventiva, mantienen cortes de ruta informativos frente a dichas instalaciones y diferentes acciones en solidaridad y de difusión en todo el país.

Sabemos que la instalación de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas es parte de la materialización de uno de los tentáculos de la Hidra Capitalista en tanto representa un proyecto que quiere dar continuidad al modelo productivo sustentado en el despojo, la represión, la destrucción, la contaminación y la muerte de la Madre Tierra y de la humanidad, en un país donde casi 20 millones de hectáreas están cultivadas ya con soja transgénica y un total de 24 millones sumando al maíz y algodón transgénicos, despojando a campesinos/as, indígenas, agricultores/as, deforestando y envenenando con agrotóxicos no sólo la tierra y el agua sino a gran parte de la población. Es gracias a los administradores estatales del capital que dicha trasnacional quiere zigzaguear estas tierras hoy defendidas por l@s Autoconvocad@os, jóvenoas de entre 16 y 25 años que en reciprocidad junto a otros/as compañeros/as y organizaciones han venido manteniendo la resistencia desde la autonomía y la autogestión en el Acampe contra Monsanto, sin buscar la contienda electoral ni mucho menos partidaria, sino el hacer colectivo “desde abajo y del lado del corazón”.

Cabe aclarar que a lo largo de estos años de resistencia junto al pueblo de Malvinas Argentinas y numerosas organizaciones sociales lograron el 8 de enero de 2014 el Fallo de la Cámara II del Trabajo que aceptó el Recurso de Amparo y declaró INCONSTITUCIONAL la Ordenanza Municipal N°595 que permitía la instalación de Monsanto. Sumado a la resistencia constante proponen una acción de solidaridad para el próximo viernes 8 de enero.

Socializamos los contactos,

Mail y medios de difusión de los y las compas: 0351- 156837142 | acampedemalvinas@gmail.com

Facebook: Bloqueo a Monsanto Malvinas Argentinas – Córdoba.

Espacio de aprendizaje y desaprendizaje Autónomo desde la Sexta
Piratas por Tierra Mojada
FOB Regional Córdoba
Estudiantes de la Escuelita zapatista
Personas adherentes[:]