Pueblos Indígenas
[:es]Las repercusiones del Tren Maya a las comunidades[:]
[:es]
(Ve también: Servilleta para un monero indolente, o por qué oponerse a un tren devastador.)

Texto y fotografías: Daliri Oropeza
Mapa: Geocomunes
El Congreso Nacional Indígena realizó un foro para analizar las afectaciones que los proyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generarían en los pueblos indígenas que habitan las zonas implicadas
A 23 años de los acuerdos de San Andrés Sacamch’en (o Larráinzar), el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a un foro informativo con abogados, especialistas e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno sobre el Tren maya, el Tren transístmico y la Guardia Nacional, tres proyectos que echó a andar desde el inicio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido analizados por las comunidades de la región sureste del país.
Participaron Yamili Chan Dzul y José Koyoc, concejales de la Asamblea Regional de la Península de Yucatán; Adrián Flores, del colectivo Geocomunes; Carlos González, abogado e integrante del CNI; Magda Gómez, quien es investigadora de la UPN y articulista de La Jornada; y Betina Cruz, concejal de los pueblos del Istmo y Juchitán.
A continuación, las siete coincidencias que resultaron del encuentro:
1. Es un proyecto económico regional
No sólo es el Tren Maya, sino el proyecto de interconexión vía terrestre de toda la región sureste de México, del Istmo con la Península, que no se mira de manera integral, pero que da pie a la conexión de la región con el norte del país y con Centroamérica.
Adrián Flores, del colectivo Geocomunes, mostró en mapas cómo este proyecto conecta de manera estratégica las Zonas Económicas Especiales de la Península con las del Istmo, además, abre nuevas posibilidades de transporte por los corredores multimodales ya existentes y da paso a la conexión interoceánica.
[:es]Organizaciones urgen atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán, Chiapas[:]
[:es]
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019
Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán
- Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH
Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]
Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]
Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.





