Tierra y Territorio
(Español) Denuncia el PCI-UCIZONI Oaxaca violación a derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec por parte del INPI
Comuneros mixes y zoques de Jaltepec de Candayoc y de Santa María Chimalapa, Oaxaca denuncian que funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas – el anterior INI- están ofreciendo programas de ganadería, ampliar el censo de Proagro y algunas obras a cambio de que las asambleas regionales consultivas se pronuncien a favor del megaproyecto corredor transistmico. Por su parte en la población ikjots de San Mateo del Mar con la presencia de representantes de San Dionisio y San Francisco del Mar se está realizando una reunión donde se esta denunciando las maniobras de los empleados del INPI con el fin de que de realice la mencionada asamblea.
Por su parte autoridades de diferentes comunidades indígenas de San Juan Guichicovi. Matías Romero y el Barrio de la Soledad, denuncian que a pesar de que el megaproyecto en cuestión los impacta directamente no han sido invitados a las asambleas, señalando que algunas de las 8 sedes de encuentran a casi 100 kilómetros del trazo del ferrocarril.
Por su parte comuneros de Unión Hidalgo denuncian también graves irregularidades del personal de la Secretaria de Energía en la imposición de una consulta para favorecer a una empresa eólica francesa.
UCIZONI denuncia la violación abierta a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec por parte del INPI, institución que fue creada supuestamente para impulsar el respeto a esos derechos y que hoy se pone al servicio de un proyecto que va a beneficiar directamente a empresas transnacionales.
Fraternalmente
Programa de Comunicación Indígena
Unión de Comunidades Indígenas de la zona Norte del Istmo
PCI-UCIZONI
(Español) «Error técnico» pone en riesgo el territorio de Ostula
Por Dante A. Saucedo y Regina López | Agencia SubVersiones
En la costa de Michoacán, entre las aguas del Océano Pacífico y la Sierra madre del sur, habita el pueblo nahua de Santa María Ostula. Al menos desde el siglo XIX, ganaderos, pequeños propietarios, mineros y, más recientemente, narcotraficantes, han intentado despojarlo su territorio.
La comunidad de Ostula ha sabido defenderse por todos los medios posibles, pero hoy se enfrenta de nuevo a un riesgo que parecía haberse conjurado ya: un «error técnico» en el plano de la comunidad —generado y solapado por intereses políticos— amenaza más de seis mil hectáreas de territorio comunal.
Apenas en enero pasado, un juzgado agrario volvió a dar la razón a los «pequeños propietarios» que reclaman la propiedad de las tierras bajas y fértiles al norte de la comunidad. Pero la respuesta es clara: las tierras no están «en disputa», son de Ostula y se van a defender.
I. Una historia política del despojo
Los intentos de invasión a la comunidad de Ostula vienen de lejos. Como en todos los antiguos asentamientos nahuas de la sierra-costa michoacana —y en buena parte de las comunidades indígenas del país—, la ola más agresiva de usurpación de tierras comunales fue detonada por las leyes liberales que comenzaron con las Reformas Borbónicas del siglo XVIII y culminaron con las reformas juaristas.
















