Campesinos de la ranchería San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México a 15 de agosto del 2016.

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)
A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL

Somos un grupo de campesinos y campesinas de San Francisco, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y en defensa de la tierra y el territorio de pueblos originarios.

Hoy 15 de agosto denunciamos nuevamente al señor Pedro Hernández Espinosa quien inicio una demanda por despojo en la fiscalía de distrito altos de Teopisca, integraron una investigación y el día 17 de agosto de 2015, el juez libero 7 ordenes de aprehensión dentro del expediente penal 38/2015 en el juzgado primero de San Cristóbal de las Casas, en contra de nuestros compañeros de la Sexta miembros de nuestro grupo en defensa de la tierra y el territorio, adherentes a la Sexta Declaración del EZLN. Mismo que enestos días están siendo buscados por la policía para capturarlos y sean juzgados por las leyes del mal gobierno.

Mientras tanto nosotros ya interpusimos un amparo para demostrar que no estamos cometiendo ningún delito, lo único que estamos haciendo es defender lo que es de nosotros que son las tierras. También volvemos a denunciar al grupo de choque organizados por Pedro Hernández Espinosa, Francisco de la Cruz Estrada y Felipe de la Cruz Alvarez, que nuevamente el 31 de julio llegaron a nuestras tierras recuperadas y ocupadas mostrando documentos falsos (Contratos de compra-venta), que ya ellos son dueños de nuestras tierras, haciéndose pasar por el grupo en resistencia llamada “Luz y Fuerza del Pueblo”, adherentes a la Sexta, provenientes de la comunidad El Escalón y de otras comunidades.

Responsabilizamos al señor Pedro Hernández Espinosa y al grupo de choque que quiere invadir nuestras tierras de todo lo que suceda en nuestra lucha.

Exigimos la cancelación inmediata de las 7 ordenes de aprehensión giradas en contra de uestros 7 compañeros, de no ser así responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno y a las autoridades correspondientes de cualquier daño o detención en contra de nuestros compañeros y miembros de nuestro grupo en defensa de la tierra y territorio, exigimos el reconocimiento legitimo de nuestras tierras recuperadas y de nuestros derechos ancestrales.

ATENTAMENTE

Grupo Organizado de San Francisco
Municipio de Teopisca, Chiapas México
Adherentes a la Sexta Declaración del EZLN

Foto: Área de Comunicación de las Abejas de Acteal

Chiapas, México. 1 de agosto. “Hemos aprendido a organizarnos mejor, hemos aprendido a perder el miedo”, expresaron integrantes de las 17 familias tojolabales, del municipio de las Margaritas, que este lunes conmemoraron el 3er aniversario de la fundación de su comunidad Primero de Agosto, de las cual fueron desplazadas el pasado 23 de agosto del 2014, por un grupo armado de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H).

“Estamos cansados, pero de la omisión e impunidad del Estado mexicano”, señalaron las y los indígenas de la zona selva-fronteriza. “Ahora sabemos levantar nuestra voz, gritamos en colectivo y nadie nos callará”, agregaron en una reunión a la que asistieron comunidades solidarias de la región, así como organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales.

“A consecuencia del desplazamiento y la omisión del Estado mexicano nos estamos enfermando”, denunciaron las familias desplazadas, dentro de las cuales se encuentran personas de la tercera edad, mujeres, niñ@s y recién nacidos. “El mal gobierno no ha sido parte de la solución más bien es parte del problema”, evidenciaron.

De igual los indígenas tojolabales agradecieron las muestras de solidaridad de las diferentes comunidades de la región, que han donado víveres para su subsanar de algún modo sus padecimientos, y reiteraron su intención de buscar nuevas alternativas para seguir luchando y resistiendo contra las agresiones constantes de los integrantes de la Cioac-H.

Fotos y Audio: Área de comunicación de las Abejas de Acteal.

Audio: http://www.pozol.org/?p=13264

Quien gobierna ahora son las corporaciones transnacionales: Gustavo Castro

Por Aldo Santiago y Heriberto Paredes

Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). El camino fácil sería ahondar en torno a su papel como testigo protegido en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo de 2016, sin embargo, nuestra apuesta es por comprender los argumentos de la lucha contra este modelo de muerte, que ha dejado una destrucción en la región mesoamericana sin comparación.

En esta entrevista, Castro nos habla de lo que sucede en términos de megaproyectos, tanto energéticos como de infraestructura para que los primeros sean viables. También aborda el contubernio de gobiernos y empresas de todo tipo en el negocio del extractivismo. Habla específicamente de lo complejo que ha sido para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hacerle frente a la imposición de un modelo que pone en venta al país sin importar el costo humano y de destrucción de la naturaleza que esto implica.

He aquí, pues, la conversación que sostuvimos con él, misma que compartimos íntegra. Que sean sus palabras y las distintas investigaciones las que dibujen el contexto en el cual se encuentra la región mesoamericana:

(Continuar leyendo…)

Este 12 de mayo, la comunidad de San Isidro los Laureles fue desalojada con violencia del predio que recuperaron el pasado 20 de diciembre. El desalojo se llevó a cabo por la policía junto con guardias blancas, que llegaron a las seis de la mañana a bordo de 40 carros, camionetas y tres camiones de la policía sectorial. Los agresores quemaron las pertenencias de los campesinos.

Se trata de 60 familias, pertenecientes a la organización Semilla Digna, integrantes del Consejo Nacional Indígena y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En una denuncia en audio (escucha arriba), los campesinos se dicen preocupados por la integridad de las familias, por sus pertenencias y por sus cosechas.

Las 200 hectáreas de tierras recuperadas en diciembre de 2015 pertenecieron a sus antepasados, y en ellas muchos de sus abuelos y abuelas trabajaron en el corte de caña desde mediados del siglo pasado. Para saber más sobre San Isidro los Laureles y la recuperación de las tierras, escucha nuestro reportaje: La lucha por la tierra de San Isidro los Laureles.

Abajo, la denuncia escrita de San Isidro los Laureles:

(Continuar leyendo…)

A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

Escucha/descarga aquí:
(Descarga aquí)  

La Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia propone recopilar las experiencias y testimonios de las violaciones a derechos humanos cometidas como consecuencia de las estrategias de seguridad en la lucha contra las drogas. Partió de Honduras el pasado 28 de marzo y llegará a Nueva York a la apertura de la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Drogas el 19 de abril. En la caravana confluyen familiares de víctimas y organizaciones sociales. Berta Cáceres defensora lenca, coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras asesinada en su casa, el 03 de marzo de 2016, impulsaba La Caravana.

(Continuar leyendo…)

Haciendo historia. Notas de Radio Zapatista. Nota 1.
Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.
Ciudad de México, 5 de abril de 2016.

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

En 1982, después de dos décadas de guerra en Guatemala, la comunidad q’eqch’i de Sepur Zarco, en Izabal, fue sacudida por una violencia de proporciones inesperadas. Sus habitantes se habían organizado para defender tierras ancestrales que eran reclamadas por terratenientes. Para ello, a principios de ese año comenzaron un proceso legal en demanda del reconocimiento de sus títulos de propiedad, pero el proceso duró poco. La respuesta de los terratenientes frente al despojo frustrado fue salvaje. Se coordinaron con el ejército guatemalteco para secuestrar y desaparecer al grupo que encabezaba la defensa de la tierra. No conformes con haberse llevado a los hombres, los militares guatemaltecos arrasaron con la comunidad Sepur Zarco y violentaron sexualmente a muchas mujeres frente a sus familias.

Las que lograron huir a las montañas tuvieron que volver al paso del tiempo porque estaban viendo morir de hambre a sus hijas y a sus hijos. Cuando las familias sobrevivientes regresaron a Sepur Zarco en julio de 1982, los militares habían instalado un puesto de descanso y recreo para sus soldados sobre las cenizas de la comunidad, entre los municipios de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Y como era un puesto de descanso y recreo, los soldados giraron la instrucción de servicio para las mujeres de comunidades aledañas. Como resultado, ellas padecieron seis años de explotación sexual y laboral.

(Continuar leyendo…)

Tema: “Que corra el río”
Letra y música: Karla Lara
Guitarra: Dany Morales
Dirección video musical: Juan Pablo Méndez

Juán Pablo viajó a Honduras en agosto de 2013 para rodar dos capítulos de la serie Causa Justa, bajo su dirección y la conducción de Piedad Córdoba. Terco Producciones hizo la producción local. Este video musical es un regalo de Juan Pablo al pueblo Lenca de Honduras y su lucha por defender el río Gualcarque.

(Continuar leyendo…)

SEGUNDA ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO Y POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES

AL GOBIERNO DE MÉXICO
A LOS GOBERANDORES DE CHIAPAS Y OAXACA
A LOS PUEBLOS ORGANIZADOS
A LA SOCIEDAD CIVIL
A LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 8 de Marzo del 2016.

En el Marco del Día Internacional de las Mujeres, quienes integramos el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación y el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones, reunidas los días 6 y 7 de marzo en la Universidad de la Tierra, en nuestra segunda Asamblea, vimos como el extractivismo a nivel nacional e internacional esta despojando con crueldad a los pueblos de sus tierras, territorios y excluyendo a las mujeres de la toma de decisiones sobre esos problemas, por tanto ACORDAMOS:

Condenar el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres (Defensora de Derechos Humanos y acompañante de la lucha de los pueblos indígenas) ocurrido el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, Honduras; responsabilizamos al gobierno de ese país por los hechos, le exigimos que castigue a los asesinos; y otorgue garantías para quienes en su justo derecho rechazan los megaproyectos;

Exigir el respeto al derecho de los Pueblos de vivir en sus tierras y territorios; a su autonomía y autodeterminación;

(Continuar leyendo…)