Este pasado 9 de abril, varios colectivos de Besançon y Toulouse, Francia, realizaron una jornada de ocho horas en solidaridad con los presos políticos de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en México, en la ciudad de Besançon. Anunciaron también que el 11 de junio se realizará otra jornada en la ciudad de Toulouse. Abajo, la carta de los colectivos a los presos políticos.

[Besançon, Francia] Jornadas de Solidaridad con los presos en lucha en México

Exposición, Comida, Presentación y Proyección [primera parte]

A Fernando Bárcenas Castillo
A Luis Fernando Sotelo Zambrano
A Miguel Angel Peralta Betanzos
A Alvaro Sebastián Ramírez
cc : Cruz Negra Anarquista de México [CNA ­MX]
cc : Red contra la Represión y por la Solidaridad [RvsR]

Besançon, Francia mes de abril 2016

Compañeros, antes que nada, reciban un fuerte abrazo con ánimo y rebeldía para cada uno de ustedes. Esperemos que se encuentren bien de salud y con mucha fuerza para seguir resistiendo en sus trincheras de lucha.

Por medio de estas breves líneas, queremos decirles que durante esta jornada solidaria, que se realizó el día 9 de abril 2016 en la ciudad de Besançon, varios colectivos juntamos nuestras fuerzas, rebeldías y rabias para pasar su mensaje por medio de sus cartas enviadas, mismas que hicieron resonancia entre los asistentes a esta jornada que comenzó a las 14 horas de la tarde y terminó a las 22 horas de la noche.

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Viernes 13 de mayo del 2016.

Comunidad de Candelaria el Alto Municipio de Venustiano Carranza Chiapas; Mexico.
Adherentes a la Sexta Declaracion de la Selva Lacandona, iniciativa del EZLN

A las organizaciones independientes
A los organismos de Derechos Humanos Independientes
A la Sexta Nacional e Internacional
Al Congreso Nacional Indigena CNI.
Al Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional
A la Red Contra la Represion
Al pueblo de Mexico y el Mundo.

Nuestra comunidad en lucha y resistencia ante el sistema neoliberalismo y los gobiernos actuales que destruyen y dividen con todas sus reformas estructurales, que no dan vida a nuestros pueblos y comunidades indigenas, de lo contrario; queremos decirles a todos aquellos y aquellas que creen que es necesario otro mundo donde sea posible construir desde abajo a la realidad que se presenta dia con dia, donde nuestra dignidad y derechos se respeten, nosotros como hombres y mujeres, que estamos y estaremos en defenza de nuestra madre tierra y territorio, sabemos que nuestros abuelos y abuelas, nos han dejado este regalo que debemos conservar, cuidar y defender por que es sagrado para nosotros, por que de ella dependemos, de ella vivimos.

Nos solidarizamos ante el desalojo que vivieron compañeros y compañeras., de la comunidad San Isidro Los laureles Adherentes a la Sexta Declaracion de la Selva Lacandona. del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, el dia de ayer 12 de mayo, predio que recuperaron el pasado 20 de Diciembre de 2015 y que se denomina predio El Refugio, la accion violenta de un grupo armado de corte policial al servicio de los caciques, con disparos de armas de fuego hizo que los compañeros se replegaran dejando sus cultivos, ademas de eso nuestros compañeros y compañeras adeherentes fueron intimidados con disparos frecuentes durante el trascurso del dia, despues de estos hechos resultaron con perdidas y daños, quema de monturas, chamarras, barretas, bomas para fumigar, todo esto fue realizado por el grupo armado de corte policial a peticion de los casiques de la Region.

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¡A 3 años de su asesinato: Juan Vázquez Guzmán Vive!

A l@s familiares de Juan Vázquez Guzmán
A l@s adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón
A l@s miembros de la comunidad

Compañeras y Compañeros

Reciban nuestros saludos más cálidos desde nuestro humilde rincón del mundo.

Deseamos enviarles unas palabras para la tercera conmemoración anual del querido compañero Juan Vázquez Guzmán, que fue asesinado en frente de su casa el 24 de abril de 2013, por un grupo de sicarios del mal gobierno.

Juan Vázquez Guzmán era una autoridad del ejido, que luchó con todo su buen corazón para defender las tierras y territorios de San Sebastián Bachajón desde el feroz apetito del mal gobierno y las transnacionales en México y el mundo que quieren despojar a los ejidatarios, apropiarse de sus tierras ancestrales, saquear a la madre tierra, y transformar el terreno de Bachajón en un megaproyecto turístico de lujo. Estos mismos mandaron su asesinato porque sabían que nunca hiba a renunciar de la lucha. Pero nosotros todos sabemos que, por la memoria de Juan y siguiendo el ejemplo digno de amor y compromiso que nos ha dado, la lucha continúa. Nunca va a terminar.

Ya se cumple tres años desde que Juan fue cruelmente asesinado, y la exigencia de justicia continúa. El crimen aún sigue impune, no ha habido investigaciones y nadie ha sido detenido, pero Juan permaneze con todos nosotros en nuestros sueños y esperanzas de un mundo mejor.

Honramos a su memoria y recordamos su digna lucha por su pueblo y la tierra. Juan es una luz de esperanza y dignidad que acompaña a todas nuestras luchas, y sabemos que sigue viviendo en los corazones de todos sus compañeros y compañeras en el ejido San Sebastián Bachajón. Los que dan su vida por la tierra no mueren, sino que viven en cada acto de libertad y resistencia.

Les enviamos un abrazo de solidaridad

Hasta siempre compañero

¡Tierra y libertad!
¡Juan Vázquez Guzmán vive! ¡La lucha de Bachajón sigue!

Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset
Inglaterra

A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

Haciendo historia. Notas de Radio Zapatista. Nota 1.
Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.
Ciudad de México, 5 de abril de 2016.

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

En 1982, después de dos décadas de guerra en Guatemala, la comunidad q’eqch’i de Sepur Zarco, en Izabal, fue sacudida por una violencia de proporciones inesperadas. Sus habitantes se habían organizado para defender tierras ancestrales que eran reclamadas por terratenientes. Para ello, a principios de ese año comenzaron un proceso legal en demanda del reconocimiento de sus títulos de propiedad, pero el proceso duró poco. La respuesta de los terratenientes frente al despojo frustrado fue salvaje. Se coordinaron con el ejército guatemalteco para secuestrar y desaparecer al grupo que encabezaba la defensa de la tierra. No conformes con haberse llevado a los hombres, los militares guatemaltecos arrasaron con la comunidad Sepur Zarco y violentaron sexualmente a muchas mujeres frente a sus familias.

Las que lograron huir a las montañas tuvieron que volver al paso del tiempo porque estaban viendo morir de hambre a sus hijas y a sus hijos. Cuando las familias sobrevivientes regresaron a Sepur Zarco en julio de 1982, los militares habían instalado un puesto de descanso y recreo para sus soldados sobre las cenizas de la comunidad, entre los municipios de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Y como era un puesto de descanso y recreo, los soldados giraron la instrucción de servicio para las mujeres de comunidades aledañas. Como resultado, ellas padecieron seis años de explotación sexual y laboral.

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Centro de Medios Libres-Radiozapote-La Voladora Radio.-

El Instituto Federal de Telecomunicaicones ha decidido apoyar una nueva campaña de criminalización hacia las radios comunitarias. Esta nueva campaña discursiva favorece a los actuales concesionarios y operarios de radio comercial por sobre el objetivo de esta instancia de regulación de interés público en donde está incluido proporcionar diversidad y calidad de contenidos radiofónicos que incluyan a la ciudadanía organizada a través de las radios comunitarias. En este artículo incluimos el comunicado dado a conocer por organizaciones sociales de la zona de Tlaxiaco y del estado de Oaxaca y un comunicado de una de las radios atacadas para ampliar nuestros argumentos.

“La radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto alcance sin fines de lucro que responde a las necesidades de información de las personas que viven en un lugar determinado, en los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local. Como es la región Mixteca en la que existen diversas radios comunitarias como son la Máxima 107.9, la Perla de la Mixteca 96.5 FM, la Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, Radio Tigre de Santa María Cuquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcatongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomecatl y Radio Yucuixi de San Esteban Atatlahuca, entre otras y que estas radios son impulsadas por voluntarios de la comunidad para difundir su problemática y su cultura.”

No importa si la radio comunitaria ya está reconocida en la nueva Ley de Telecomunicaciones y en otros convenios internacionales ratificados por nuestro país, como radio de uso social y que sea una práctica ciudadana que existe de manera generalizada en diversas regiones del país. El IFT ha decidido aceptar y abanderar las presiones empresariales que desean excluir a estas transmisiones y ejercicios de comunicación social a través de un discurso que denosta y criminaliza su práctica.

“Las radios comunitarias tienen su base jurídica en el artículo 2 de la constitución federal de la republica que refiere:

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.”

Se busca por robo, dice una imagen con un micrófono y un par de frases que criminalizan a las radios sin permisos. La imagen afirma que esa radio nos daña a todos y en concreto advierte que serán perseguidas por robar.

¿Qué roba una radio comunitaria? Una vez más entran a la discusión las afirmaciones que durante años se han debatido en el tema como por ejemplo que el espectro radioeléctrico es una propiedad de la nación, es decir de todxs lxs mexicanxs, pero se regula y reparte solo para quienes tienen dinero, e intereses políticos y económicos coincidentes con una visión de mercado neoliberal. La radio comunitaria surgió poniendo en tela de juicio esta condición y reivindica el aspecto de interés público y social por el que debería poder accederse a la transmisión y escucha de sus señales. Las presiones para la democratización del espectro radioeléctrico han sido muy fuertes en los últimos 15 años y la respuesta de esta fuerza política empresarial ha sido coercionar y controlar las instancias que pudieran tomar una decisión de apertura de los medios a la sociedad civil y ha bloqueado una y otra vez cualquier posible avance.

“Hace ya más de veinte años, la Corte Interamericana aclaró que, “la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a fundar o utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que los medios de comunicación cumplen un papel esencial en tanto vehículo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en sus dimensiones individual y colectiva, en una sociedad democrática, En efecto, los medios de comunicación tienen la tarea de transmitir toda clase de informaciones y opiniones sobre asuntos de interés general que el público tiene derecho a recibir y valorar de manera autónoma. En tal sentido, la jurisprudencia y la doctrina regional han reiterado que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, vigorosos, pluralistas y diversos, es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.”

La radio comunitaria no basa sus fundamentos en la explotación comercial del canal de transmisiónradios, sino en una serie de formas colectivizadas de creación y transmisión de contenidos, en donde lo comercial o lucrativo es una herramienta al servicio delas necesidades basicas para mantener la producción , transmisiones e infraestructura, mas allá de el interés de acumular riqueza, este principio, que se aplica a todas las transmisiones que se reivindican comunitarias, se enfrenta de manera directa con los argumentos de robo o los argumentos alucinantes de competencia desleal que argumentan los representantes políticos de los empresarios en los espacios legislativos Por el contrario son los intereses económicos, los intereses de sacar el mayor provecho económico y comercial los que mueven a los concesionarios a actuar criminalizando a el sector de la población que no tiene essos objetivos, son ellos quienes están interesados en la cohersion, el cohecho y el robo a través de presionar al instituto de regulación en la materia, que por lo visto es muy débil y sumiso para aceptar estas condiciones que se traducen en ataques violentos a las radios comunitarias , arresto y procesamiento judicial a sus integrantes y al decomiso y a la destrucción de equipos. Como se dice en la radio de brasil “los piratas son ellos. Ellos son los que quieren el oro”

Ahora se suma al panorama de violencia contra la población, este tipo de mensajes que acusan de robo a quienes hacen una labor social y comunitaria para dar a conocer el acontecer y la cultura local y brindar un espacio de intercambio de ideas y puntos de vista a sus comunidades y pueblos. Este nuevo perfil de criminalización es la reiteración de un discurso que había quedado en el olvido porque surtió poco efecto en el pasado y dio a las radios comunitarias la oportunidad de responder de manera directa a los argumentos empresariales del porqué de su existencia y de sus motivaciones. Sin embargo el discurso es peligroso, es de linchamiento y denostación, y no está solo en los medios sino va a acompañado del cierre de estaciones y de otras acciones de hostigamiento a estas transmisiones. Es real que este discurso excluyente y antidemocrático provocará una ampliación de un escenario de conflicto, como si en este país ahora hicieran falta más de estos espacios de conflictividad y enfrentamiento social.

“Gracias a las organizaciones sociales, a las autoridades de diferentes comunidades, al magisterio, pero sobre todo a ti que has confiado desde el inicio de este proyecto; que ha servido para escuchar a quienes no tenían voz, a quienes no tenía el recurso para comprar un espacio y expresar sus ideas. A quienes por pensar diferente se lo negaban, a quien les cerraron las puertas antes de que las tocaran. Hoy solo es un obstáculo que tenemos que saltar y juntos lo podemos lograr.

Sería muy lamentable que se pierdan espacios para el ejercicio del periodismo y más en estos momentos, donde todas las voces deben ser escuchadas, no deben faltar voces. Deben sobrar voces para la información, para el oficio que debe sustentarse en decir lo que algunos no quieren escuchar. En algún lugar de la ciudad hay festejo pero no se puede ganar perdiendo.”

Sin embargo las radios y la comunicación comunitaria ya no se encuentran en las mismas condiciones, en comparación con hace 10 o más años, el movimiento ha crecido exponencialmente, es muy diverso y está articulado ya a otros aspectos de las luchas y reivindicaciones sociales que se comunican por sus canales. La radio comunitaria ha penetrado en los más diversos espacios culturales del país y ha revolucionado ya la manera en la que ahora se comunica con la palabra, las ideas y la música. No solo existe la radio en su forma de FM sino además como radio bocina, como transmisiones digitales, como colectividades de producción, como espacios de formación y por supuesto, el fenómeno se encuentra completamente instalado en Internet. La cantidad de gente que escucha, apoya o simpatiza con la radio comunitaria es mucho mayor que hace 16 años y la repercusión de las instancias que denuncian los ataques a las radios y a la libertad de expresión son hoy realmente influyentes y se encuentran dando una batalla además en el frente de la protección al ejercicio del periodismo y contra la aprobación de leyes de censura.

En medio de la situación de cierre de radios libres y comunitarias en el país también entra en juego la capacidad de  respuesta de las y los escuchas y simpatizantes, la táctica más temida por las radiodifusoras comerciales, porque mientras estas tienden a buscar la inmovilidad del público para facilitar el consumo de bienes, la radio comunitaria moviliza actividades, acciones, respuestas, encuentros y convergencias entre la gente que escucha y se acerca a su señal, y lo hace sin coercionar al radioescucha ofreciéndole regalos y la falsa promesa de felicidad momentánea. En este terreno las radios comunitarias también han avanzado a través de la acumulación de múltiples experiencias que vuelven a poner en juego la memoria histórica del movimiento.

Por que ejercer los derechos a la comunicación no es un robo, robo es privatizarlos en beneficio de un puñado de empresarios. ¿Conoces alguna radio comunitaria cercana? Es tiempo de defenderlas, pero también de continuar creando nuevas radios y medios libres y comunitarios.

“• Libertad a las personas detenidas: Heriberto Martínez Hernández y Héctor Cruz en el operativo efectuado el día de hoy en las instalaciones de las radiodifusoras mencionadas.

• Respeto a los derechos de Libertad de Expresión y de la Información de las personas que operan las radios comunitarias La Máxima 107.9, la Perla de la Mixteca 96.5 FM, la Tlaxiaqueña 91.5 FM y Radical Stereo 98.3 FM de Tlaxiaco y como consecuencia que se les devuelva su equipo de transmisión.

• Respeto al derecho de libertad de expresión y de los pueblos indígenas que es violentado al allanar la radio comunitaria La Máxima quien mantiene un noticiero que se enlaza con radios comunitarias de la región mixteca.

• Respeto al derecho a la libertad de expresión, respetando la vida y la integridad física y la libertad personal de los comunicadores que colaboran en las radios comunitarias allanadas y todas las radios comunitarias de la región mixteca.”

:::Entra  a conocer el perfil de la radio La Tlaxiaqueña:::Entra al perfil de la radio La perla de la MIxteca:::Pagina de Radical Stereo:::Pagina de Maxima-Maxima:::

:::Organizaciones firmantes del comunicado  en solidaridad con las radios  atacadas:

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C., la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. y la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas nos pronunciamos por lo siguiente:
Maurilio Santiago reyes
Presidente del Centro de Derechos Humanos
y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C.
Víctor Ruiz Arrazola
Casa de los Derechos de Periodistas A.C.
Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas (PNVP).

A la comunidad académica, investigadora y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la Sexta Nacional e Internacional
Al Consejo Nacional Indígena
A los colectivos de todo el país que luchan por la verdad y la justicia.
A las normales rurales que resisten al embate del Narco-estado
A los ciudadanos de buen corazón que siguen nuestro trabajo
A los medios libres, alternativos o como se llamen.
A las organizaciones no gubernamentales que resisten dignamente el acoso, hostigamiento e intimidación solo por realizar su trabajo.

En el contexto de represión generalizada que se vive en el país, además de los recortes del 20% anunciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y parte de la transición hacía la nueva Secretaría de Cultura, nuestro colectivo ha sido agredido, amenazado, hostigado, en los meses recientes por medio de la policía que aguarda las instalaciones y por órdenes de la actual directora Julieta Valle que en reiteradas ocasiones ha lanzado amenazas contra el espacio del segundo piso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Cronología de los Hechos:

En Febrero del año pasado se intentó impedir la instalación de una línea telefónica argumentando una serie de argumentos ilógicos, el más prejuicioso era: que tal vez no pagaríamos la línea y que hasta la fecha pagamos puntualmente para el buen funcionamiento del servicio gratuito de Internet que compartimos con la comunidad ya que el de la Escuela es pésimo.

En Noviembre del año pasado Octavio Hernández Espejo le cuestiono a Arturo Camas acerca del uso de la antena ya que el jefe de la sala de computo Eulalio Munguia había externado su inconformidad acerca de la misma como un abuso por parte del compañero Camas, esto aunque se tenían los permisos para la operación de tal tecnología. La señal de radio Zapote no se transite por la antena de radioaficionado colocada en el edificio de la azotea de medios audiovisuales, No es una antena de FM. El despido de Arturo es consecuencia de la crítica que diversas personas dentro de la ENAH han venido haciendo acerca de los despidos injustificados de otros trabajadores, Por ejemplo: En el contexto del nombramiento de un nuevo coordinador del mismo.

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A todos los y las compañeras compañeros del EZLN, del CNI, de la Sexta Declaración  de la Selva Lacandona del EZLN, a los medios libres.

Nosotros somos presos de San Sebastian Bachajón, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, Emilio Jiménez Gómez  que llevo 2 años y Santiago Moreno Pérez que llevo 7 años, los 2 injustamente presos en el Cereso No  17 de Playas de Catazajá.

Nosotros ya estamos cansados de estar encarcelados, pero cuando salgamos vamos a seguir luchando porque no queda de otra.

Nos solidarizamos y pedimos apoyo mutuo con otros presos y presas que están luchando desde abajo y a la izquierda para lograr la libertad de todos y todas, por eso pedimos que estén pendientes de las y los presos.

Estamos junto con las y los compas de San Pedro Tlanixco, pedimos a todos y todas que le echemos ganas y estemos pendientes de sus proceso legal de sus presos y de su lucha para que salgan pronto.

Les decimos a los compañeros presos de San Pedro Tlanixco que le echen ganas desde adentro, que no se rindan y que sigan luchando por su libertad, por la defensa de sus aguas y de la tierra así como nosotros también lo haremos desde San Sebastián Bachajón, no queremos que nadie venga a quitarnos lo que es nuestro desde siempre, porque tenemos hijos y es la herencia que les dejaremos, por eso no queremos que nos despojen y por eso defendemos la madre tierra y los pueblos que la cuidan.

Saludamos y damos gracias a todas y todos aquellos que caminan a nuestro lado en la lucha por la libertad y por la defensa de la madre tierra.

“ZAPATA VIVE Y LA LUCHA SIGUE”
“JUSTICIA PARA AYOTZINAPA, SI VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS”
“JUAN VAZQUEZ GUZMAN VIVE Y LA LUCHA SIGUE”
“JUAN ANTONIO GOMEZ SILVANO VIVE Y LA LUCHA SIGUE”
“JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS”
“PRESOS POLITICOS LIBERTAD”

Desde el CERESO No 17 de Playas de Catazaja
Santiago Moreno Pérez y Emilio Gómez Jiménez
Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, del ejido de San Sebastián Bachajón.

7 febrero 2016

El pasado 26 de enero, como parte de las actividades que se realizaron durante la jornada por Ayotzinapa, se llevó a cabo un “funeral para Julio César Mondragón”. Familiares del normalista asesinado montaron guardia junto a un féretro vacío en la Procuraduría General de la República (PGR), y exigieron justicia para el normalista.
Al respecto manifestaron lo siguiente:

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