Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Por Célia Reis

(Leia en português embaixo)

Poema “Mães de Maio” em português: (Descarga aquí)  

Poema “Madres de Mayo” en español: (Descarga aquí)  

En enero de 2006 me mudé con mi familia a la capital del estado de São Paulo, Brasil. En mayo de ese año, más de 500 jóvenes de las periferias fueron asesinados en matanzas realizadas por grupos de exterminio, con sospechas de participación de agentes de seguridad pública del Estado de la Policía Militar.Una verdadera masacre contra la sociedad civil, un crimen de Estado, según las Madres de Mayo (formado por familias de jóvenes asesinados) y de muchos otros.

Hablo de los Crímenes de Mayo, como son conocidos, vinculados a los atentados del Primer Comando de la Capital (PCC), una facción criminal que nació en los presidios de São Paulo, como reacción, entre otras cosas, a la llamada Masacre de Carandiru, en la que fueron asesinados 111 presos por la Policía Militar del Estado de São Paulo en 1992. El PCC atacó bases policiales, delegaciones y otros agentes identificados como responsables por la seguridad pública, resultando en la muerte de 59 personas, entre policías, bomberos, carceleros y otros. Eso causó pánico en la ciudad de São Paulo, lo cual en su ápice, entre rumores y noticias de ataques, hizo que todo el comercio, la industria, las instituciones públicas y las escuelas cerraran sus puertas, decretando un toque de queda informal el 15 de mayo. Hasta mi escuela despidió a todos los alumnos, profesores y funcionarios. Eso provocó un caos en la ciudad, con personas tratando de regresar a casa aterrorizadas, con miedo de ser víctimas de un posible ataque.

Pero fueron las familias de las periferias las que más sufrieron en ese episodio, pues la acción de grupos de exterminio con fuertes sospechas de participación de policías militares, cuando no la acción directa de la propia PM, durante diez días de retaliación, acabó con la vida de jóvenes de forma indiscriminada, produciendo una estadística macabra de 564 muertes.
De ahí surgió el movimiento Madres de Mayo, cuyas familias tuvieron a sus hijos muertos en esa acción impensable. Indignadas, acudieron a la justicia, acusando al Estado de responsabilidad por esa masacre. Desde entonces, bajo el lema “del luto a la lucha”, han estado denunciando los Crímenes de Mayo, exigiendo que sean investigados, que los culpados sean juzgados y condenados y que las familias sean indemnizadas. El movimiento se volvió así una referencia en la lucha contra los crímenes de Estado.

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Amy Goodman y Denis Moynihan

Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.

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A los hermanos y hermanas de Arantepacua.
A la sociedad civil en general
A Los medios de comunicación

Reciban un saludo respetuoso, combativo y fraterno, sepan que en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, tienen amigos que estamos y estaremos con ustedes en su dolor y en su lucha. Nos duelen, como nuestros, los compañeros comuneros purépechas que fueron cobardemente asesinados por la policía represora de Silvano Aureoles.

Nos duele porque conocemos el dolor y la rabia que se siente al ver un niño muerto por las balas asesinas del gobierno que responde con descaro y cinismo. Nos duele porque conocemos el miedo que queda en la mirada de los niños que crecen sintiéndose amenazados. Nos duele porque conocemos la profunda corrupción criminal del gobierno.

Nos sumamos a la exigencia de castigo a Silvano Aureoles, así como a todos los mandos políticos, policiacos y militares que orquestaron la masacre en contra de la comunidad de Arantepacua y hacemos nuestra la exigencia de libertad inmediata de todos los comuneros detenidos.

Condenamos la cobarde forma de hacer política del gobierno del estado de Michocacán, que está lleno simulación, criminalización, asesinatos y atemorización de los pueblos. Es decir, condenamos la traición en todas sus formas.

Condenamos el terrorismo de Estado operado por  los gobiernos de todos los niveles en las comunidades indígenas de Michoacán a través del uso del ejército en contra de la población civil y exigimos la inmediata salida de militares y policías del territorio de Arantepacua.

Atentamente

Abril de 2017

Comunidad de Santa María Ostula

Comunicado conjunto del CNI y el EZLN denunciando la represión contra la comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán.

A la Comunidad Purépecha de Arantepacua, Michoacán,
A los medios alternativos de comunicación,
A los pueblos del mundo.

El Congreso Nacional Indígena, los pueblos, naciones y tribus que lo conformamos, manifestamos nuestra indignación por el cobarde ataque del mal gobierno en contra de la comunidad purépecha de Arantepacua, Michoacán, los días 4 y 5 de abril del presente año.

Mientras una comisión de comuneros buscaba tener diálogo en una mesa con el mal gobierno del estado de Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles Conejo los traicionó. Primero obstruyéndoles el paso con cientos de granaderos y decenas de camiones cuando se dirigían a Morelia para tratar de llegar a acuerdos que deriven en la resolución de un añejo conflicto agrario. Después, mientras la comisión mantenía una negociación con el gobierno, cuando numerosos contingentes de la Policía de Michoacán y de la Policía Ministerial del Estado atacaron junto con fuerzas federales a la comunidad, sembrando el terror, entrando en las viviendas para detener a los comuneros y abriendo fuego indiscriminadamente, arrebatando la vida de tres comuneros de Arantepacua:

• José Carlos Jiménez Crisóstomo (25 años)
• Luis Gustavo Hernández Cuenete (15 años)
• Francisco Jiménez Alejandre (70 años aproximadamente).

Además hubo una cantidad no precisada de heridos, de los cuales dos se encuentran graves, mientras que 38 comuneros fueron detenidos por el gobierno de Michoacán el día 4 de abril y 18 más el día 5 de abril, acusándolos de delitos fabricados para criminalizar la exigencia de sus derechos.

Hermanos y hermanas de Arantepacua, su dolor por el asesinato de los compañeros es nuestro. Luchamos pues tenemos la certeza de que el castigo a los culpables surgirá de la dignidad, la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos. Sembrar verdad y justicia en la destrucción que nos traen los poderosos es lo que sabemos hacer los pueblos.

Los malos gobiernos piensan que esparciendo el terror en los territorios indígenas de Michoacán, y en gran parte de la geografía nacional, es cómo van a acallar a los pueblos y su palabra, pero eso no pasará, pues la palabra que hoy gritan en colectivo los pueblos originarios nace justamente de la indignación, el hartazgo y la decisión de no dejarse matar, despojar, dividir o comprar.

Nos pronunciamos junto con la asamblea comunal de Arantepacua por:

1. Que cese de inmediato la escalada represiva en contra de Arantepacua y las comunidades purépechas de la región.
2. La libertad inmediata de los compañeros detenidos por el mal gobierno.
3. Justicia para las víctimas de la cobarde agresión y reparación de todos los daños causados.
4. Castigo al gobernador Silvano Aureoles y a todos los responsables, materiales e intelectuales, de los crímenes cometidos.
5. Que sean retiradas las fuerzas policiacas y militares de Arantepacua, pues mientras estén presentes no cesará el hostigamiento hacia los comuneros.

Atentamente
A 6 de abril de 2017

Justicia para Arantepacua
Justicia para el Pueblo Purépecha

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Fuente: Enlace Zapatista

Roberto Paciencia Cruz fue detenido arbitrariamente por la policía el 7 de agosto de 2013 en Pantelhó, Chiapas, sin órdenes de aprehensión y sin ninguna explicación. Durante dos días fue torturado y forzado a firmar una declaración falsa en la que se autoinculpaba de un secuestro. Desde entonces se encuentra recluído en el CERSSS 5 de San Cristóbal de Las Casas. El próximo 26 de noviembre de 2016, se cumplirá el plazo para que William Hernández Ovando, Juez del Ramo Penal del Distrito de San Cristóbal de Las Casas, dicte sentencia. La inocencia de Paciencia se ha demostrado por la vía legal en varias ocasiones: el único testigo inculpatorio no se ha presentado a ninguno de los varios citatorios y, por el contrario, sí hay testigos que declararon que Roberto no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el delito.

Escucha el audio de la conferencia de prensa el 10 de noviembre en las instalaciones del Frayba: (Descarga aquí)  

A continuación, el boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la denuncia de los familiares de Roberto Paciencia, Solidarios de la Voz del Amate y el Grupo de Trabajo “No estamos todxs”:

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Foto: Frayba

Los indígenas tsotsiles Margarita Gómez y David Hernández, víctimas de tortura, obtuvieron su libertad el pasado 14 de octubre por sentencia suspendida. Este mecanismo no reconoce su inocencia, a pesar de que ambos se autoinculparon a consecuencia de la tortura, y deja impunes las violaciones a derechos humanos que sufrieron: detención arbitraria, faltas al debido proceso y violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

David fue detenido sin órdenes de aprehensión por la policía especializada el 24 de abril de 2014 en la agencia del MP de Teopisca mientras realizaba los trámites para la entrega del cuerpo de su hermano Juan Pérez Gómez, asesinado un día antes. El mismo día, Margarita fue detenida también sin órdenes de aprehensión, junto con su hijo de un año y siete meses, en el cementerio de Teopisca.

Ambos fueron torturados hasta lograr que se autoinculparan por el homicidio de Juan Pérez y sentenciados a ocho años de prisión.

Lee los detalles de la detención arbitraria y tortura aquí.

El caso de Margarita y David no es aislado; representa un patrón sistemático ámpliamente documentado de tortura como medio de fabricar delitos y crear “culpables”.

Este 20 de octubre, en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se dieron a conocer los detalles del caso. Escucha aquí y lee el comunicado del Frayba abajo.

Gil Hernández, abogado del Frayba, Zona Altos: (Descarga aquí)  

Ángel Gómez Coronel, Comité de Derechos Humanos jCanan Lum: (Descarga aquí)  

Hermana Patricia Camacho, Parroquia de San Agustín: (Descarga aquí)  

Comunicado del Frayba:

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Criminalizan a grupos de acción directa y dividen al movimiento

Manifestante detenido por la Policía Militar el domingo, en Sao Paulo, Brasil. Foto: CMI Sao Paulo

Por: Eliana Gilet

Siete días de manifestaciones diarias se vivieron en Brasil durante la última semana, desde que asumió Michel Temer, el político que vino a ocupar la presidencia de la Federación, una vez que un Congreso ultra conservador – que incluye partidos de iglesias evangélicas, por ejemplo, pero no sólo – sacó de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, por medio de un proceso amañado.

La del domingo fue clave: más de cien mil personas se manifestaron en Sao Paulo, la gran metrópoli, rechazando a Temer y al proceso político que se vive en el país. Dos grandes federaciones de organizaciones son las responsables de convocar a las marchas: el Frente Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo) y el Frente Brasil Popular. Ambos autodefinidos como defensores de la democracia, que sienten atacada por el “Golpe de Estado” que entienden ha sufrido el país.

También lo fue por las 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente antes y después de la manifestación, y por la represión policial que se desató contra los cien mil.

En los días previos, Temer encabezó una campaña mediática denostando las movilizaciones y reduciendo el descontento de miles a “40 o 50” personas. Temer también se encargó de señalar que el problema en todo caso era la “violencia de los manifestantes”. El argumento no es nuevo, ya que Brasil conoce una larga historia de criminalización de todo grupo de acción directa, particularmente los Black Blocs, que han tenido una importante participación en las manifestaciones masivas del 2013 a la fecha. Tal vez de antes incluso.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pozol. 31 de agosto. En el marco del cuarto informe de la administración de Pena Nieto, en medio de escándalos de corrupción y plagios por parte del ejecutivo federal y su familia, a Chiapas y Oaxaca arriban miles de policías contra l@s maestr@s disidentes, en huelga desde el pasado 15 de mayo.

La ola de escándalos sobre la corrupción del gobierno va desde la ilegitimidad de su cargo, llegando a la presidencia por medio del fraude, hasta la ilegalidad de su título académico, logrado a través del plagio. Así, este hombre se mantiene en el poder violentando cuanta ley se ponga en su camino, sostiene que la ley no se negocia.

Y sin embargo, el Estado le apuesta a la violencia, una estrategia que no es nueva. Ante su carencia de argumentos para imponer su autodenominada “reforma educativa”, amaga con utilizar la fuerza pública, como el pasado 19 de junio en Nochixtlán Oaxaca, donde fueron asesinadas más de una docena de personas y hasta ahora nadie ha sido llevado a juicio. El Estado mexicano se sabe impune.

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Los eventos de la última semana siguen resonando en la conciencia nacional.

Los asesinatos sin provocación que la tira hace en las calles del Medio Oeste norteamericano y los asesinatos de policías en Texas que acaban de pasar, nos muestran que se ha llegado a un nuevo instante en la más larga y cada vez más pública guerra interna de los Estados Unidos; guerra que nadie sabe cuando ni como va a terminar.

El problema de la violencia policial, naturalmente, no es nuevo.

Cuando el Reverendo Doctor Martin Luther King Jr. dirigió marchas en protesta contra la segregación racial en Selma, Alabama, en los años de los 1960s, policías no “ayudaron” a los que marchaban en protesta; los cachacos golpeaban a los que protestaban, los golpeaban salvajemente, porque se atrevían a violar las leyes injustas de la supremacía de los Blancos. Cachacos golpeaban indiscriminadamente a hombres y mujeres para protejer los privilegios Blancos.

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