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Okupa de PIKPA

Denuncia de represión al movimiento okupa en Grecia

El amanecer del miércoles 18 de diciembre del 2020 el Estado, en un crescendo de represión y siguiendo fielmente la doctrina de «Ley y Orden», desalojó las tres casas de la Comunidad de Okupas del barrio Koukaki. Esa mañana nuestros barrios se llenaron de cada tipo de policía, antimotines, agentes de los Grupos de Prevención y Represión de la Delicuenncia (OPKE) y de la Unidad Especial Represiva y Antiterrorista (EKAM) que no sólo parecían a un ejército de ocupación sino actuaron como tal. Bloquearon las calles alrededor de las casas okupadas, impidieron a lxs vecinxs moverse libremente, lanzaron granadas aturdidoras en un barrio residencial densamente poblado, provocando terror a lxs niñxs que en estos momentos iban a la escuela. Pidieron las identificaciones a la gente solidaria que llegaba, detuvieron cinco compañerxs sin ninguna justificación y nunca dejaron a lxs demás acercarse a las casas okupas. En la casa de la calle ‘Matrozou 45’, después de la fuerte resistencia que opusieron lxs okupantes, los maderos, no pudiendo arrestar ninguno, irrumpieron autoritariamente y sin permiso, a una casa vecina y no dudaron no sólo en golpear brutalmente lxs residentes y detenerlos dentro de su propia casa sino también en fabricar acusaciones infundadas de que formaban parte de la okupa. En la casa-okupa de la calle Panetoliou, dispararon en el interior con balas de goma que las nombraron «pelotas de goma», como si así se disminuyera el dolor y las contusiones en los cuerpos de lxs okupantes.

Aliados – y quizás coorganizadores de este operativo maquiavélico – eran los medios leales al sistema. Llegaron a las casas okupas antes de la policía y montaron una «fiesta» de desinformación y de prensa amarilla. Se apresuraron a informarnos del perfil «cruel» de lxs okupantes, ocultando el hecho de que no hubo ni un vecino apoyando a la policía. Al contrario, muchas voces se levantaron contra las fuerzas represivas y las ordas goebbélicas de los medios.

En los barrios de Petralona, Thisseio y Koukaki sabemos muy bien que las okupas no son parte del problema. Parte de problema son ellos que imponen la gentrificación para poder estafar con nuestras vidas. Ellos que transformaron nuestros barrios a zonas de entretenimiento desalojándonos de nuestras casas porque nuestras carteras no pesan tanto para satisfacer sus exigencias canibalísticas y devoradoras. Parte del problema son los indignantes aumentos de los precios de las rentas, los bancos y el estado que nos despojan de nuestros hogares.

Las okupas son parte de la respuesta. La respuesta de lxs de abajo, nuestra respuesta. En un mundo donde prevalece el afán de lucro, nosotrxs anteponemos la solidaridad, la resistencia, la autoorganización. En una sociedad que respeta a la propiedad más que a la dignidad humana, recuperamos edificios vacíos para cubrir nuestras necesidades básicas, de vivienda y de socialización. Construimos redes sociales, nos organizamos y luchamos en nuestros barrios.

Manifestación de solidaridad el lunes 23 de diciembre 2019, a las 18:00.

Punto de concentración: Parque Infantil de Koukaki.

Nada se termina, todo comienza hoy!

Solidaridad con lxs detenidxs de la Comunidad de las Casas-Okupas de Koukaki!

Solidaridad con las Okupas!

Comunidades en lucha en cada barrio!

Okupa de PIKPA.

 

Fuente: Enlace Zapatista

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Radio Zapatista

Éxodo migrante: Policía de CDMX golpea y detiene a defensores de derechos humanos y migrantes

Este 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México agredió, golpeó y detuvo arbitrariamente a personas migrantes y defensores de derechos humanos afuera del albergue temporal Magdalena Mixhuca. Presentamos aquí el reporte de organizaciones de derechos humanos presentes al momento, así como algunos videos y un audio grabado por uno de los detenidos, grabado a bordo de la patrulla.


Ciudad de México, 15 de febrero de 2019.

Denunciamos el hostigamiento, uso de la fuerza y la detención arbitraria de migrantes y personas que acompañan el caminar de las Caravanas del Éxodo Centroamericano por parte de la Policía de la Ciudad de México.

Entre la noche del domingo 10 y el 11 de febrero arribó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 1500 personas que forma parte de las llamadas Caravanas del Éxodo Centroamericano. Al ingresar el grupo más grande al albergue temporal en el deportivo Magdalena Mixhuca el lunes 11, tuvo lugar un momento de tensión derivado de un desacuerdo con el reglamento interno del albergue, en concreto, la decisión de las autoridades de que la temporalidad de estancia se redujera 3 días, a pesar de que el reglamento indica que las personas pueden alojarse por un periodo de 10 días. En estas discusiones, se registró la denuncia de un migrante que declaró que fue sacado del estadio y le rompieron su tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Este incidente derivó en una negociación entre las personas representantes del grupo y las autoridades que llevan el control del espacio, y se logró el acuerdo de que se respetaría el tiempo de estancia de 10 días para que las personas pudieran esperar a sus familias que seguían en tránsito o sacar sus tarjetas de visitante por razones humanitarias.

Sin embargo, en una clara ruptura de este acuerdo, el jueves 14 de febrero las autoridades comenzaron a sacar a familias y grupos, con el pretexto de que se les habían acabado los 3 días de estancia, y estas personas tuvieron que acampar fuera del deportivo. Este viernes 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían continuar su camino, que no podían quedarse a esperar a los demás y que no podían permanecer en la Ciudad de México. Además, los amenazaron con llamar a los granaderos.

En el desalojo hubo forcejeos y se registraron heridos, la Policía quitó la pulsera que permite entrar al albergue a las personas de la Caravana que veían tomando fotografías o videos. Además, los agentes policiales comenzaron a detener personas sin presentar ninguna orden de detención por escrito, utilizando la violencia en contra de migrantes y defensores y acompañantes de la Caravana. Desde las 15:00hrs de hoy tenemos registro de la detención arbitraria y violenta de al menos seis personas: cinco de ellas migrantes y uno de ellos defensor de derechos humanos, que trató de evitar la detención de un migrante. Adicionalmente otras dos compañeras defensoras fueron agredidas por la policía, al igual que otras dos personas migrantes.

Testimonio del defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez, a bordo de la patrulla MX704 N2:
Haz clic aquí para escuchar o descargar

Video de la agresión y detención arbitraria:

Además, el miércoles 13 de febrero se registró una detención arbitraria en las inmediaciones del albergue de la Ciudad de México en la que personas vestidas de civil, sin portar uniforme oficial y sin identificarse, detuvieron y subieron en una camioneta sin logotipos a una persona que llevó rol de liderazgo en esta caravana. Se sabe que fue detenida por agentes del INM porque ya se encuentra deportada en Guatemala.

Preocupaciones:

  • Denunciamos la creciente criminalización a las personas migrantes y las personas que viajan con las Caravanas para documentar, acompañar y monitorear su caminar. Desde la frontera Sur se han registrado acciones de hostigamiento y criminalización que llevan incluso a detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza y deportaciones, lo cual se ha agravado al llegar a la Ciudad
    de México.
  • Nos preocupan las represalias contra las personas migrantes que documentan los abusos policiales
    grabando con sus celulares. Al arrancarles las pulseras que les permiten el acceso, se les niega la
    atención humanitaria y se les pone en una situación de mayor vulnerabilidad.
  • Lamentamos el clima de hostilidad percibido en el albergue de la Ciudad de México por parte de
    algunas autoridades hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha causado que estas se
    retiren del espacio donde prestaban sus servicios.
  • Nos preocupa la discriminación y el hostigamiento a las personas de la comunidad LGBTTI+, incluso
    al interior del albergue no hay espacios diferenciados para las mismas y algunas fueron sacadas
    del albergue sin considerar su condición de vulnerabilidad.
  • Urgimos a tener mecanismos accesibles de para la regularización migratoria y a mantener la ayuda
    humanitaria para quienes continúan su tránsito.
  • Llamamos a trabajar de manera conjunta desde un enfoque de paz, sensible a las necesidades de
    las personas en situación de vulnerabilidad y que a través de la comunicación efectiva y no desde
    la violencia construyamos un trabajo por las personas y por nuestras comunidades que nos piden
    coincidencias y no violencia.

Exigimos:

A las autoridades el cese al hostigamiento y a las detenciones arbitrarias por parte de la policía de la Ciudad de México y agentes del Instituto Nacional de Migración tanto a personas migrantes como a defensores de derechos humanos.

A las autoridades federales; al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y a Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el alto al hostigamiento, intimidación, detención y deportación de las personas organizadas en la Caravana y de quienes les acompañan.

Firman:

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
Colectivo Ustedes Somos Nosotros
Programa Casa de Refugiados

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Ke Huelga

Policías de la CDMX golpean y detienen a activistas y migrante

La Policía del Distrito Federal acaba (a las 14:45 horas el día 15 febrero) de GOLPEAR y de DETENER ARBITRARIAMENTE a varias personas afuera del Estadio Palillo de la Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. Entre esas personas, golpeadas (no detenidas) están las defensoras de derechos humanos Andrea Gonzalez y Andrea Margarita Nuñez Chaim, y entre los golpeados y también detenidos está el defensor de derechos humanos Cristóbal Sanchez Sanchez y el migrante hondureño Denis Omar Contreras.

A Cristóbal Sánchez y a Denis Omar Contreras lo llevan en la patrulla MX704 N2. Los policías actuaron de forma muy violenta y arbitraria, y no se quisieron identificar.

Urgimos a las autoridades competentes acabar con esta criminalización y caza de defensores de derechos humanos y migrantes. Urgimos también saber el paradero de Cristóbal Sánchez y Denis Omar Contreras y que se liberen junto con las demás personas detenidas.

Foto de portada: Conexión migrante

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Frayba

Perpetradores de la Tortura a Sergio Alberto González no han sido sancionados

Sergio Alberto González Castro (Sergio Alberto) obtuvo su libertad después de 3 años de injusta prisión. Sergio Alberto es sobreviviente de Tortura, fue privado arbitrariamente de su libertad por Policías Municipales de La Concordia, el 05 de noviembre de 2015. Se encontraba en prisión en el Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados No. 08 de Villaflores, Chiapas.

Guillermo González Rodríguez, Juez Penal del Distrito Judicial de Villaflores, determinó el 04 de octubre de 2018, sentencia de libertad a Sergio Alberto por: “No haberse considerado penalmente responsable por el delito de abigeato agravado”. En el dictamen de la sentencia el Juez consideró que “los estudios médicos y psicológicos practicados a Sergio Alberto González Castro confirman ese hecho, siendo evidente que no deja lugar a dudas que el citado acusado fue torturado de una forma cruel e inhumana para obligarlo a firmar la declaración ministerial”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) y su defensa presentaron diversas pruebas que demuestran que Sergio Alberto fue torturado y que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público de La Concordia se basa en confesiones obtenidas bajo Tortura así como otras pruebas ilícitas.

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Medios libres

Desalojo violento de maestros en San Cristóbal afecta gravemente a niños

San Cristóbal de Las Casas, 19/abril/2018.- Tras el operativo de desalojo contra profesores, que operó el día de hoy la policia estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas a la altura de la explanada de El Carmen, padres y madres de familia de las escuelas primarias y preescolares de la zona denunciaron la grave afectación a la salud de los menores que se encontraban en clases.

Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y por aire, desde un helicóptero, ocasionaron la salida inmediata de alumnos, que se vieron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo que no consideró ningún protocolo.

Aquí el testimonio de algunas madres de familia:

(Descarga aquí)  

 

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Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños

RESLAC repudia asesinato de la defensora brasileña Marielle Franco

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.

El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.

En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.

La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.

De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.

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Concejo Indígena de Gobierno

Concejo Indígena de Gobierno denuncia agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero


Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Radio Zapatista

Madres de Mayo – “Del luto a la lucha”, pues “nuestros muertos tienen voz”

nossosmortos

Por Célia Reis

(Leia en português embaixo)

Poema “Mães de Maio” em português: (Descarga aquí)  

Poema “Madres de Mayo” en español: (Descarga aquí)  

En enero de 2006 me mudé con mi familia a la capital del estado de São Paulo, Brasil. En mayo de ese año, más de 500 jóvenes de las periferias fueron asesinados en matanzas realizadas por grupos de exterminio, con sospechas de participación de agentes de seguridad pública del Estado de la Policía Militar.Una verdadera masacre contra la sociedad civil, un crimen de Estado, según las Madres de Mayo (formado por familias de jóvenes asesinados) y de muchos otros.

Hablo de los Crímenes de Mayo, como son conocidos, vinculados a los atentados del Primer Comando de la Capital (PCC), una facción criminal que nació en los presidios de São Paulo, como reacción, entre otras cosas, a la llamada Masacre de Carandiru, en la que fueron asesinados 111 presos por la Policía Militar del Estado de São Paulo en 1992. El PCC atacó bases policiales, delegaciones y otros agentes identificados como responsables por la seguridad pública, resultando en la muerte de 59 personas, entre policías, bomberos, carceleros y otros. Eso causó pánico en la ciudad de São Paulo, lo cual en su ápice, entre rumores y noticias de ataques, hizo que todo el comercio, la industria, las instituciones públicas y las escuelas cerraran sus puertas, decretando un toque de queda informal el 15 de mayo. Hasta mi escuela despidió a todos los alumnos, profesores y funcionarios. Eso provocó un caos en la ciudad, con personas tratando de regresar a casa aterrorizadas, con miedo de ser víctimas de un posible ataque.

Pero fueron las familias de las periferias las que más sufrieron en ese episodio, pues la acción de grupos de exterminio con fuertes sospechas de participación de policías militares, cuando no la acción directa de la propia PM, durante diez días de retaliación, acabó con la vida de jóvenes de forma indiscriminada, produciendo una estadística macabra de 564 muertes.
De ahí surgió el movimiento Madres de Mayo, cuyas familias tuvieron a sus hijos muertos en esa acción impensable. Indignadas, acudieron a la justicia, acusando al Estado de responsabilidad por esa masacre. Desde entonces, bajo el lema “del luto a la lucha”, han estado denunciando los Crímenes de Mayo, exigiendo que sean investigados, que los culpados sean juzgados y condenados y que las familias sean indemnizadas. El movimiento se volvió así una referencia en la lucha contra los crímenes de Estado.

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Democracy Now!

Donald Trump cumple con una de sus promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones

ferguson

Amy Goodman y Denis Moynihan

Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.

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Comunidad de Santa María Ostula

Santa María Ostula: Solidaridad con Arantepacua

A los hermanos y hermanas de Arantepacua.
A la sociedad civil en general
A Los medios de comunicación

Reciban un saludo respetuoso, combativo y fraterno, sepan que en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, tienen amigos que estamos y estaremos con ustedes en su dolor y en su lucha. Nos duelen, como nuestros, los compañeros comuneros purépechas que fueron cobardemente asesinados por la policía represora de Silvano Aureoles.

Nos duele porque conocemos el dolor y la rabia que se siente al ver un niño muerto por las balas asesinas del gobierno que responde con descaro y cinismo. Nos duele porque conocemos el miedo que queda en la mirada de los niños que crecen sintiéndose amenazados. Nos duele porque conocemos la profunda corrupción criminal del gobierno.

Nos sumamos a la exigencia de castigo a Silvano Aureoles, así como a todos los mandos políticos, policiacos y militares que orquestaron la masacre en contra de la comunidad de Arantepacua y hacemos nuestra la exigencia de libertad inmediata de todos los comuneros detenidos.

Condenamos la cobarde forma de hacer política del gobierno del estado de Michocacán, que está lleno simulación, criminalización, asesinatos y atemorización de los pueblos. Es decir, condenamos la traición en todas sus formas.

Condenamos el terrorismo de Estado operado por  los gobiernos de todos los niveles en las comunidades indígenas de Michoacán a través del uso del ejército en contra de la población civil y exigimos la inmediata salida de militares y policías del territorio de Arantepacua.

Atentamente

Abril de 2017

Comunidad de Santa María Ostula

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