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Amy Goodman y Denis Moynihan

Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.

Poco después, agrupaciones de derecha como The Heritage Foundation comenzaron a hablar del “efecto Ferguson”, alegando que los decretos de consentimiento o cualquier otro tipo de supervisión judicial o civil de la policía en realidad incrementan los delitos por atarles las manos a las fuerzas del orden. Este argumento, de hecho, no tiene ningún fundamento. No obstante, al igual que muchas de las políticas que impulsa el gobierno de Trump, ahora parece estar guiando la política oficial.

Tras la muerte de otro joven afroestadounidense, Freddie Grey, que sufrió graves lesiones en la médula espinal mientras se encontraba bajo custodia policial en abril de 2015, se produjo un nuevo estallido de disturbios y protestas que condujeron a otro decreto de consentimiento. Sessions intentó retrasar la implementación de ese acuerdo, pero la semana pasada un juez federal rechazó la moción. En un memorándum del 31 de marzo, Sessions instruyó al Departamento de Justicia que revisara todos los “decretos de consentimiento existentes o contemplados”, lo que señala su intención de socavar los más de cien acuerdos de monitoreo de las fuerzas policiales alcanzados durante el gobierno de Obama.

Nuevamente, Sherrilyn Fill, presidenta del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, expresó: “El estatuto que regula estas investigaciones y decretos de consentimiento… el Estatuto sobre Conducta Indebida de las Fuerzas de Seguridad, 42 U.S.C. 14141 fue promulgado como parte del proyecto de Ley penal de 1994 como resultado de la golpiza propinada por un grupo de policías a Rodney King y la absolución de esos oficiales en el primer juicio. Ese estatuto autoriza al fiscal general a investigar el comportamiento policial inconstitucional y llegar a este tipo de acuerdos de consentimiento. Si tenemos en cuenta que [Sessions] es el fiscal general y, como tal, encargado del cumplimiento de la ley y el orden, esta es una ley que está dispuesto a ignorar por completo”.

Se puede decir que Norm Stamper sabe algunas cosas sobre la policía. Oficial veterano de 34 años de servicio, el ex jefe de policía de Seattle es autor del libro “To Protect and Serve: How to Fix America’s Police” (Proteger y servir: Cómo arreglar la policía de Estados Unidos). El Departamento de Policía de Seattle se encuentra bajo un decreto de consentimiento, y Stamper afirma que ha hecho maravillas para mejorar la situación: “Ha habido una reducción del 60% en el uso de la fuerza por parte de los oficiales de policía de Seattle. Hubo una disminución drástica en el uso de armas de fuego, pistolas Taser y garrotes”.

Pero este es el giro inesperado: “Los propios agentes de policía, a través del presidente del Sindicato de Oficiales de Policía, están diciendo: ‘Estamos agradecidos de estar en esta etapa de nuestro progreso’. La tasa delictiva ha seguido bajando. Las lesiones de los oficiales se mantienen en el mismo nivel o han bajado. Así que no hubo ningún supuesto efecto Ferguson o disminución del poder de control de la policía”. Acerca de Sessions, Stamper expresa: “Sessions sstá claramente en sintonía con su jefe, el presidente. Es claramente un defensor de la peor clase de práctica policial en este país”.

Sherrilyn Ifill, abogada de derechos civiles desde hace muchos años, resume: “Esto es lo que pienso que va a desencadenar el fiscal general Jeff Sessions en este país si no estamos atentos y vigilantes. Si no ofrecemos verdadera resistencia”.

© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

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By Amy Goodman & Denis Moynihan

As the world focuses on state violence from Syria to Iraq to Yemen to North Korea, the groundwork is being laid in the United States for unchecked state violence here at home. Donald Trump is making good on at least one of his many campaign promises: promoting unfettered police power. His point person on these goals, Attorney General Jeff Sessions, is leading the Justice Department through a tectonic shift, abandoning Obama-era efforts to protect civil and voting rights, threatening more deportations and resuscitating the decades-old, failed “War on Drugs.”

This week, Sessions told the International Association of Chiefs of Police, “Unfortunately, in recent years … law enforcement as a whole has been unfairly maligned and blamed for the crimes and unacceptable deeds of a few bad actors.” Sherrilyn Ifill, president and director-counsel of the NAACP Legal Defense Fund, said on the “Democracy Now!” news hour, “What we see with Attorney General Jeff Sessions is an effort to basically take us back in time … this is a person who’s stuck in the ‘80s, and in some instances, stuck in the ‘50s.”

Ifill continued, “It’s a kind of a retro view of law enforcement and policing in which he’s attempting to wipe out the last 30 years of progress in this country, to the extent that it’s been made—the last four years, in particular, where we’ve really been focused on the issue of policing reform.” Much of the recent efforts emanate from the summer of civil unrest in Ferguson, Missouri, in 2014. There, on Aug. 9, an unarmed African-American teenager, Michael Brown, was shot dead by Ferguson Police Officer Darren Wilson, sparking months of protest. By March of 2016, the City of Ferguson and the Justice Department, then under Attorney General Loretta Lynch, entered into a consent decree “with the shared recognition that the ability of a police department to protect the community it serves is only as strong as the relationship it has with that community.”

Before long, right-wing groups like The Heritage Foundation began referring to “The Ferguson Effect,” claiming that consent decrees or any other type of judicial or civilian oversight of police actually increases crime by tying the hands of law enforcement. This argument has no basis in fact, but, like many of the policies being pursued by the Trump administration, now appears to be guiding official policy.

After the death of another young African-American man, Freddie Gray, who suffered serious spinal-cord injuries while in Baltimore police custody in April 2015, more civil unrest and protest led to another consent decree. Sessions attempted to delay implementation of that agreement, but last week a federal judge dismissed the motion. In a March 31 memorandum, Sessions instructed the Justice Department to review all “existing or contemplated consent decrees,” signaling his intention to undermine the more than 100 such accords agreed to under the Obama administration.

“The statute that governs these investigations and consent decrees … the Law Enforcement Misconduct Statute, 42 U.S.C. 14141 … was enacted as part of the 1994 crime bill as a result of the Rodney King assault and the acquittal of those officers in the first trial,” Ifill explained. “[It] authorizes the attorney general to investigate unconstitutional policing, to engage in these consent decrees. To the extent that he [Sessions] is a law-and-order attorney general, this is a law he’s willing to completely ignore.”

Norm Stamper knows a thing or two about policing. A 34-year veteran officer, the former Seattle police chief is author of the book “To Protect and Serve: How to Fix America’s Police.” The Seattle Police Department is under a consent decree, and Stamper says it has done wonders to improve the situation there: “There’s been a 60 percent reduction in use of force by Seattle police officers. There has been a dramatic decrease in the use of firearms, Tasers and batons.”

Here is the kicker: “Police officers themselves, through the president of the Police Officers’ Guild, are saying, ‘We’re grateful that we’re at this stage of our progress.’ The crime rate has continued to go down. Officer injuries are either flat or dropping. So there’s been no so-called Ferguson effect or de-policing,” Stamper says. About Sessions, Stamper says: “He’s clearly in lockstep with his boss. … He is clearly an apologist for the worst kind of policing in this country.”

Longtime civil-rights attorney Sherrilyn Ifill sums up, “This is what Attorney General Sessions will unleash … if we are not vigilant and resistant.”
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