Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

El pasado 16 de diciembre la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán denunciaba una agresión armada  en contra de los comuneros Gabriel Aguilar Rojas y Noé Aguilar dos días atrás.

Nuevamente, pobladores de esta comunidad fueron objeto de acciones violentas por parte de aquellos a los que refieren como “ajenos a la comunidad” y que pretenden acabar con sus vidas para poder despojarles de su territorio.

En la denuncia señalan al responsable de los disparos que, por fortuna, no llegaron a herir a ninguno de los pobladores. También señalan la responsabilidad de las autoridades municipales por la falta de atención en la denuncia de los hechos y la promoción de proyectos ganaderos en la zona que estarían incitando a la invasión de los territorios comunales.

San Lorenzo de Azqueltán se encuentra junto al río del mismo nombre. Está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Como parte de la Región Occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), esta comunidad fue sede en 2013 de una de sus asambleas. Poco antes declaraba su autonomía y nombraba a sus autoridades. Ello los ha fortalecido al vincularse con pueblos hermanos y recibir el apoyo de comunidades vecinas.

Su lucha agraria, al igual que la de muchos otros pueblos indígenas de México, es por el reconocimiento legal de un territorio que de por sí les es propio, por ser originario y comunal.Reconocidas 94 mil hectáreas por la Corona española (en base a título virreinal datado en 1777) y por autoridades agrarias (autentificaron el documento virreinal en 1954), su titulación quedó en suspenso, negando con ello la posesión como bien comunal a su pueblo. Años después se determinaría la restitución de 8 mil 336 hectáreas, pero tampoco este trámite concluiría.

Pero la cosa no quedó ahí. A la par, y en el contexto de una situación de no resolución, se conformaba un ejido con pequeños propietarios foráneos y algunas personas de adentro, tomando el nombre de la comunidad y apoderándose de unas tierras que, afirmaban los “supuestos” ejidatarios, el gobierno les había entregado.

Lo anterior lo relataba la comunidad en su intervención en la Cátedra Tata Juan Chávez en 2013:

“(…) el trámite es sobre la restitución de las tierras de las 94 mil hectáreas. En el año de 2007 se niega la restitución a la comunidad de San Lorenzo y pues se concede por la vía de dotación de ejido una superficie de 1,090 hectáreas a un pequeño grupo de supuestos ejidatarios. De ahí en adelante se viene promoviendo muy fuertemente eso de predios rústicos, la regularización de predios rústicos. Con estos  se sufre todavía más el despojo de la comunidad donde pues ya en realidad de tener una vasta extensión de tierra pues ya la gente no tiene ni para sembrar y pide prestado para sembrar” (Intervención de comunero de San Lorenzo Azqueltán; 17/08/2013).

Los comuneros denuncian esta usurpación y señalan que “ricos líderes”, “terratenientes”,“mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra. Con ello, y a pesar de tratarse el ejido de una manera de asegurar la propiedad social de la tierra, ésta se está privatizando con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales:

“En todos estos años, en lugar de reconocer nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad” (Extracto de la última denuncia; 16/12/2017).

Se han interpuesto varias demandas (tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras)  y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal. Aunque la comunidad decidiese en asamblea no pelear por las hectáreas “otorgadas” en régimen de ejido, sí lo hacen por 38 mil  como bienes comunales.

En su última denuncia exigen que se investigue y sancione el ataque armado, que se frene la venta/renta de tierras afuera de los límites del deslinde ejidal  y que la autoridad municipal deje de promocionar proyectos que favorezcan la invasión y agresión a comuneros.

A continuación audios en donde se hace denuncia y síntesis de la problemática agraria:

Fuentes:

Agresión armada en contra de la comunidad Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán

http://www.proceso.com.mx/358696/san-lorenzo-azqueltan-historias-de-desprecio-y-despojo

Comunicado de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

Fotografía portada: fuente CNI ( Mapa Espejos de la Resistencia)

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
10 de diciembre del 2017.

A las amigas y amigos de Las Abejas de Acteal
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen
A la Prensa Nacional e Internacional
Y a la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Amanece en Acteal cubierto de neblina manto del Corazón del Cielo, del Corazón de la Tierra y de nuestra Madre Protectora y Cuidadora la Virgen de la Masacre de Acteal y de Mamá-Papá Dios de la Vida y de la liberación, abrazan a nuestros corazones mujeres y hombres miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que hoy venimos a agradecer y celebrar 25 años de resistencia y caminar como pueblo organizado.

Antes de extender nuestra palabra, primero queremos en este día dar gracias al Corazón del cielo, Corazón de la Tierra, a Mamá-Papá el Dios de la liberación y a nuestras Formadoras y Creadoras; 25 veces gracias Madre, gracias Padre; 25 veces pedimos perdón por nuestros fallos y errores; 25 veces pedimos disculpas por equivocarnos en nuestros trabajos, porque hubo momentos y ocasiones nuestro orgullo nos cegó, en que no supimos respetar a nuestras hermanas y hermanos, en que nos dio miedo a cumplir a cabalidad nuestra misión de pacifistas y de constructoras y constructores de la paz. Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, Formadoras y Creadoras 25 veces les agradecemos porque durante 25 años ni en lo que dura un latido del corazón nos abandonaron, recibe, acepta por favor estas humildes palabras, abrázanos, alivia nuestras penas, engrandece nuestros corazones porque hoy celebramos 25 años de nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, hace 25 años decidimos construir un mundo en donde haya respeto entre las personas, paz, justicia, dignidad, libertad y en donde no haya guerras.

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Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

2° Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.

a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados

b. Detención y castigo a responsables

c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.

d. Confiscación de armas

e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.

a. Utilización y aplicación de protocolos

b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas

c. Instalación de campamentos específicos para desplazados

d. Ayuda humanitaria

e. Salud integral

f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

g. Reparación integral del daño

h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.

a. Rehabilitación de vías de comunicación

b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A,C

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.
Pronunciamiento Conjunto

Foto: Brigada médica de Sadec, atención a población desplazadas en Chalchihuitán. Facebook Sadec A C Sdc

¿Qué siente un niño al irse muriendo de frío?

Al parecer, depende. Si se trata de un estadounidense (blanco), un europeo o un miembro de las élites privilegiadas de nuestra nación, la mera pregunta provoca indecible horror. No así si se trata de un niño (o un adulto mayor) indígena, pobre entre los más pobres, agonizando bajo los árboles en la montaña en noches a temperaturas bajo cero, protegido de la intemperie por un pedazo de plástico y, quizás, la única cobija que el gobierno “generosamente” aportó a cada familia desplazada.

Desde hace más de un mes, 6 mil personas están desplazadas de sus hogares. Perdieron sus tierras, sus casas, sus pertenencias, sus cosechas, sus animales… todo. Salieron con la ropa del cuerpo ante las amenazas de un grupo armado de Chenalhó, coordinado por la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la aparente complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello.

(Ver Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación de los orígenes del conflicto y Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó para un reporte sobre la situación de los desplazados.)

A pesar de que varios medios de comunicación nacionales han dado cobertura a la tragedia, hay un silencio inexplicable en los medios internacionales y una inacción por parte de los gobiernos estatal y federal que demuestra un profundo desprecio por la vida de los pueblos orginarios.

El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), después de años de inacción, finalmente “resolvió” el conflicto territorial que la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria provocó hace más de cuatro décadas, al desconocer los acuerdos comunitarios entre Chenalhó y Chalchihuitán y otorgar a este último tierras que previamente había dotado a Chenalhó. El fallo del TUA ahora desconoce la dotación de tierras a Chalchihuitán en 1975 y se las da a Chenalhó.

(Ver el comunicado conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el fallo del TUA: Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.)

Algunos medios de comunicación celebraron irreflexivamente la supuesta “paz” que ahora gozarán los pueblos tsotsiles de la región. Sin embargo, las autoridades de Chalchihuitán anunciaron que los desplazados no regresarán a sus hogares por falta de condiciones de seguridad y que impugnarán la decisión del TUA.

Independientemente de cómo se resuelva el conflicto agrario, sorprende que los gobiernos estatal y federal den por concluído el conflicto con ese fallo. Miles de personas continúan desplazadas en condiciones infrahumanas sin recibir ayuda apropiada, y la indemnización ofrecida por el gobierno por la pérdida de las tierras, casas, pertenencias, cosechas y animales, es irrisoria. Quince millones de pesos para 5 mil desplazados de Chalchihuitán son 3 mil pesos por persona, por haber perdido todo lo que tenían, por haber sufrido lo que están sufriendo, y por el trauma permanente a niños que luchan por sobrevivir con miedo, hambre y frío. Tres mil pesos por persona, mientras el sueldo promedio mensual de un gobernador es de 93 mil pesos (eso sin contar los millonarios lucros derivados de la corrupción institucionalizada). Y no se requiere mucha matemática para entender que 300 casas para 5 mil personas significa que 17 personas tendrían que vivir en una sola casa.

Pero sorprende aún más que en ningún momento los gobiernos estatal y federal hayan considerado problemático que un grupo terrorista criminal, armado, solapado y abiertamente a servicio de una funcionaria pública, destruya carreteras, asesine impunemente, aterrorice a la población, desplace a 6 mil personas, robe y destruya sus propiedades y provoque la muerte de cuatro niños menores de 4 años y cinco adultos mayores, utilizando en todo esto armas de uso exclusivo del ejército. Y si usamos el término “terrorista” no lo hacemos por amarillismo. La definición de “terrorismo” en el Diccionario de la Real Academia es: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Nada más exacto para describir la actuación del grupo armado de Chenalhó.

Lo que esto demuestra es lo que ya sabemos: En México, el crimen está a servicio del Estado, y el Estado a servicio del crimen.

Mientras eso, los legisladores aprueban la nueva Ley de Seguridad Interior, que da plenos poderes al ejército para reprimir a la población mexicana, y las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 Código Civil Federal, que dice (sí, no es broma) que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien“.

La conclusión es clara: Despojo institucionalizado; operación coordinada entre el Estado y el crimen organizado para asegurar dicho despojo; represión y criminalización a las protestas y resistencias.

Mientras eso, miles de personas siguen sufriendo ante la indiferencia general. Compartimos aquí algunos testimonios de mujeres desplazadas:

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué siente un niño, o un adulto mayor, al irse muriendo de frío?

Éstos son los fallecidos, a ellas y ellos les rendimos aquí humilde homenaje:

• Maura Pérez Luna – 1 año
• Adriana de Jesús Pérez Pérez – 2 años
• Niña de nombre y edad no divulgados.
• Niño recién nacido – 3 días de edad (nombre no divulgado)
• Domingo Girón Luna – 70 años
• Martín Girón Rodríguez – 80 años
• María Domínguez Gómez – 57 años
• Marcelino Gómez (edad no divulgada)
• Otro adulto mayor (nombre y edad no divulgados)
• Samuel Luna – asesinado el 18 de octubre mientras trabajaba su parcela.

Además, el joven Raymundo Pérez Luna, de 18 años de edad, intentó suicidarse el 3 de diciembre bebiendo herbicida. Hace 2 años, Raymundo perdió a su hermano Salvador, asesinado por un grupo armado debido al mismo conflicto agrario. Ahora, los constantes disparos de armas y el ambiente de terror que se vive en su comunidad lo llevaron a intentar poner fin a su vida.

Mientras niños y adultos mayores morían de frío y miedo y un joven intentaba suicidarse, el gobernador Manuel Velasco Coello estaba muy ocupado acompañando a José Antonio Meade Kuribreña en el arranque de su precampaña presidencial por el PRI y el PVEM. Éste último, que en definitiva no se pregunta qué siente un niño al irse muriendo de frío, declaró en Tuxtla Gutiérrez que “Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío”, en alusión a la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, explicitando inconscientemente el desprecio de la clase política hacia quienes sí sienten frío, y mucho.

Desde mayo de 2017 los pobladores de Cohuirimpo, Sonora, advirtieron excavaciones con la intención de construir una laguna de oxidación, que afectaría gravemente su territorio, en violación tanto de la legislación mexicana como el Convenio 169 de la OIT y otros acuerdos internacionales. A pesar de los diálogos con Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y otras dependencias públicas, los intentos de despojo continúan.

A continuación, la denuncia del Gobierno Indígena de Cohuirimpo (Fuente: CNI).

(Ve también: El pueblo de Cohuirimpo denuncia intimidaciones del CDI.)

El Recodo, Pueblo  de Cohuirimpo, Río Mayo, Sonora a 28 de noviembre de 2017.

MANIFIESTO

NO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL TERRITORIO YOREME MAYO DE COHUIRIMPO, SONORA

A finales del mes de mayo de este año los pobladores advirtieron excavaciones en el camino que une a las comunidades de Nachuquis y la Punta de la Laguna, no hubo anuncios, ni información por vía alguna, hasta que miembros del gobierno Tradicional, acompañados de un grupo de habitantes de la segunda comunidad ya mencionada, interrogaron a los encargados de las excavaciones, conociendo así, que se trataba de la introducción del drenaje. En ese momento, la obra se detuvo, solo para continuar 3 meses después, -en septiembre- ésta vez trazando la construcción de la laguna de oxidación en un predio de uso común de pastoreo perteneciente al territorio de Cohuirimpo y situado en las cercanías de la comunidad de Rancho Camargo, congregación integrante del citado Pueblo ancestral.

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El 24 y 25 de noviembre se documentaron  hechos muy lamentables , 4873 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas ancianos y ancianas viven en condiciones de desplazados, viviendo la mayoría en las montañas con mucho frío en la noche, otros están viviendo en la cabecera de Chalchihuitan. Hay muchos enfermos sobre todo niños y niñas, ancianos y ancianas, hay varias mujeres embarazadas, no pueden salir a buscar sus alimentos porque están bloqueados los tres caminos de salidas y entradas, solamente por la vía Simojovel hay acceso.

Se necesita urgentemente: maíz, frijol, cobertores, medicinas, doctores, maseca, sal, azúcar, jabón, ropa para niños. Hay varias casas quemadas.

Por favor, urge nuestra solidaridad nacional e internacional, para atender esta crisis humanitaria. También, urge que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal.

Antecedentes[1]:

La violencia y el conflicto son por los límites territoriales entre Chalchihuitán y Chenalhó que data de 45 años sin solución, ocasionada por la ineficacia e intereses de grupos de poder, de las instituciones de los gobiernos federal y estatal. Esto dio cause a la confrontación entre dos pueblos cuando en 1975 San Pablo Chalchihuitán obtuvo su Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) que se ejecutó en 1980, beneficiando a 1,787 campesinos con 17,948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17,696 hectáreas y en 1981 se entregaron 252 hectáreas más, como complemento a la RTBC. Y se inconformó el municipio vecino Chenalhó, Chiapas. En el aspecto legal, desde 2005 hay demanda de juicio vigente con número de expediente 181/2005, está actualmente en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia solicitada.

Comunidades con sus habitantes cifras aproximadas, están en calidad de desplazados:

• Comunidad de Ch’en Mut: 700 habitantes, 120 familias
• 8 mujeres embarazadas
• Comunidad de Pom: 436 familias, más de 2000 habitantes, 100 mujeres embarazadas
• Tzomolton:107 familias, 800 habitantes, 6 mujeres embarazadas
• C’analumtic:191 familias, 600 habitantes
• Bejelton: 30 familias, 150 habitantes
• Tulantic: 50 familias, 350 habitantes
• Vololch’ojon: 40 familias, 150 habitantes
• Cruz c’ac’ao nam: 200 habitantes
• Cruz ton: 20 familias desplazadas, 73 personas

4873 personas son desplazadas

Comunidades afectadas, pero no desplazadas:

Balunac’o, Cotolchij, Lobolaltic, Pacanam, Pat C’anteal, Chiqun xulum, Saclum

**Fuente de información: las autoridades de cada comunidad afectada y del ayuntamiento, párroco Sebastian. cel 9191442128

Para apoyar, comunicarse en Caritas de la Diócesis de San Cristobal de las Casas con la coordinadora. Norma cel: 9671203722″

1] De la Acción Urgente del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

Luego de que fuerzas de seguridad desalojaran el jueves pasado a la comunidad mapuche que reclama sus tierras en la zona del Lago Mascardi, se produjo hoy un nuevo cruce que terminó con dos heridos y un muerto.

Imagen: Gentileza Diario Río Negro

El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió en la ciudad de Bariloche tras ser baleado por las fuerzas de seguridad federales que la perseguían desde el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y represión desatado en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció de un disparo en el estómago. Otros dos integrantes de esa comunidad, un hombre y una mujer, fueron heridos con balas de plomo y trasladados al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad.

La muerte de Nahuel provocó la reacción de centenares de personas que se congregaron frente a las oficinas de Parques Nacionales, bajo cuya órbita se encuentra el predio que la comunidad reivindica como ancestral. Durante la protesta hubo algunos incidentes. También hubo manifestaciones en la catedral local, donde la policía montó un fuerte operativo.

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Carlos Aznárez – Resumen Latinoamericano, 26 noviembre 2017

Un nuevo comunero mapuche asesinado. Se llama Rafael Nahuel y su nombre se suma al de Santiago Maldonado y una larga lista de luchadores y luchadoras marcados a fuego por el Sistema. Esta vez no podrá haber pistas falsas ni ocultamiento durante meses de lo sucedido. Los uniformados que operaron a las órdenes del juez lo hicieron a la luz del día. Pertenecen al temible grupo de la Prefectura Naval, los Albatros, que durante la dictadura militar y en otros episodios ligados al golpismo que sufrió Argentina durante décadas, actuaban con total impunidad cazando y asesinando militantes políticos. Como ahora, exactamente como ahora, en que las órdenes las reciben de un gobierno que se dice “democrático” y poco a poco va instalando una auténtica dictadura militar. Para ello cuenta con prefectos, gendarmes, policías de distintos uniformes y también con la complicidad de muchos y muchas que llegado el momento de repudiarlos, los votan. O sea, impunidad para sus crímenes con aval “popular”, que es lo peor que le puede suceder a un pueblo.

Lo que está ocurriendo en el sur, en la Patagonia mapuche es muy grave. Léase que no escribo “argentina” cuando me refiero a ese territorio, porque fueron los antecesores de estos que gobiernan actualmente, los que les arrebataron esas tierras ancestrales a sus legítimos dueños, el pueblo mapuche. En realidad, es un calco de lo que ocurre en casi todo el continente que en sus mejores momentos (cuando no habían llegado “ellos”) se denominaba Abya Yala.
Son precisamente en esas tierras en disputa, donde el gobierno de los ricos, el de Macri, en el plano político y Patricia Bullrich (la ministra de Seguridad) en el quehacer represivo cotidiano, desea asegurar una paz de los cementerios para que sus amigos que hoy las poseen, los Benetton, los Lewis y una larga lista de terratenientes millonarios puedan seguir usufructuando de las mismas. Esos mismos y siniestros personajes que nucleados en la Cámara de Comercio o en la Sociedad Rural de Bariloche, Rio Negro o Neuquén, salían a festejar el asesinato de Nahuel al grito de “un indio menos”. Claro que Macri podrá argumentar que el problema no comenzó con él, sino que fueron todos los gobiernos que le precedieron los que abrieron el camino de entregar la Patagonia a las trasnacionales y al latifundismo, es cierto, pero es el actual presidente el que hoy ha decidido aplicar un plan de exterminio contra los auténticos y originarios habitantes de esas tierras. Desde que llegó a la Casa Rosada, puso a rodar la data de que en el sur “operan grupos terroristas”, potenció el nombre de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en grados superlativos, imaginó junto a su ministra de Seguridad que allí también hay “gente de las FARC, los Montoneros y hasta de ETA”. Suena imbécil pero hay muchos que por desgracia, lo creen de la A a la Z porque “lo dice la tele”. Armaron entonces toda una ensalada de siglas con el único objetivo de generar el clima en la población de que “a esos indios hay que matarlos a todos”, como suele leerse en las redes o en los foros de los medios hegemónicos. Medios estos que ayudan a poner en la superficie este tipo de conjeturas y mentiras, y que luego cuando ocurre un crimen como el actual, son los que titulan “mapuche muerto en un enfrentamiento” e insultan el sentido común, apuntando que “se resistió con piedras”, pero no remarcan que el joven mapuche fue ametrallado.

Para “pacificar a estos salvajes”, como en algún momento de nuestra historia sentenció y llevó a la práctica el genocida general Julio A.Roca entra en juego la idea de Bullrich de militarizar ese territorio, igual que lo viene haciendo durante todo su mandato Michelle Bachelet en Chile. Quien hoy quiera recorrer esa zona a ambos lados de la Cordillera se encontrará con cientos de gendarmes, prefectos, policías, carabineros, y hasta soldados israelíes (que vienen a vacacionar al sur del mundo para descansar de sus continuas masacres del pueblo palestino). No olvidar que al Estado terrorista sionista, siempre, desde Teodoro Herzl en adelante, le interesó la Patagonia como objetivo de vida futura. Es lógico, allí hay agua, hay minerales, hay excelente explotación turística, y hasta petróleo.

De allí que no asombre lo que ahora está ocurriendo. El plan imperial y de la oligarquía local, al igual que lo que ocurre con los palestinos o con los zapatistas, consiste en expulsar de sus tierras a los Mapuche, ponerlos en la mira de la criminalización constante, difamarlos, estigmatizarlos y luego comenzar a cazarlos como animales. Y a todo aquel que los apoye o se solidarice, también meterle el terror o la muerte en la piel, como ocurriera con Santiago. Coincidentemente con esos operativos de guerra contra un enemigo construido desde los medios, también el Gobierno desarrolla otra tarea “necesaria” para sus fines. Amedrentar a la población en general, golpearla con medidas de capitalismo salvaje, que desde que Macri llegara al poder se vienen aplicando un día sí y otro también: despidos, cierre de fábricas, inflación galopante, eliminación de conquistas sociales logradas a fuerza de lucha, impunidad y puerta abierta de las cárceles para los genocidas de la dictadura militar, apagón informativo para que las medidas neoliberales se deslicen sin oposición, cooptación de dirigentes sindicales y persecución a sus pares que no bajan los brazos, ataques judiciales y encarcelamiento de luchadores y luchadoras, aprietes a la luz del día para lograr que quienes deberían convocar a la movilización pacten bajar su discurso y propongan “asegurar la gobernabilidad”.

Son mil y uno los ataques a las posibilidades de reacción popular, pero sin embargo no pueden ni podrán ocultar lo que se ha hecho evidente.Este Gobierno es parte fundamental de la escalada imperialista en Sudamérica, responde al FMI y al Banco Mundial, y como tal busca amordazar con hambre y represión la respuesta de un pueblo que hasta en las peores circunstancias dio muestras claras de resistencia y lucha. De eso se trata, de que las calles, las plazas y los confines más remotos de este país, muestren el repudio al terror, a los crímenes contra el pueblo mapuche, a las políticas de exterminio social contra el resto de la población. Si no se hace ahora, ellos seguirán ganando terreno y después no servirá de nada quejarse del estado de destrucción social al que se ha conducido al país. Ya se vivió con la dictadura, con Menem y con De la Rúa. Es cuestión de autodefensa no permitir que se repita.

(Descarga aquí)

Más de 2 mil personas han sido desplazadas forzadamente de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, por la acción de grupos armados que han provocado una situación de violencia generalizada. Desde el 13 de noviembre, se han refugiado en el monte centenares de familias, sin comida ni servicios médicos. La población más vulnerable son niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas hace un llamamiento para que se exija al Estado mexicano que se implementen las medidas cautelares necesarias a fin de respetar, garantizar y proteger la vida de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó, y se apliquen principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, que garanticen condiciones dignas de vida y respeto a los derechos humanos de la población desplazada.

Firma aquí: https://frayba.org.mx/accion-urgente-violencia-generalizada-en-los-municipios-de-chalchihuitan-y-chenalho/

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de noviembre del 2017.

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las Juntas de Buen Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las y los Defensores de los Derechos Humanos Nacional e Internacional
A las Organizaciones Sociales y Políticas
A los Medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen
A la Prensa Nacional e Internacional
Y a la opinión pública.

Hermanas y hermanos:

Un día como hoy aquí en Acteal, pero hace 20 años, a un mes de la Masacre de Acteal, la Organización de Las Abejas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la diócesis de San Cristóbal de Las Casas e incluso algún medio de comunicacion, estábamos tratando por todos los medios de alertar a la opinión pública y a las autoridades de los tres niveles de la tragedia que se aproximaba. Pero todo fue inútil las autoridades no hicieron nada para detener la violencia y sucedió lo que se temía: la masacre de Acteal donde 45 hermanas y hermanos nuestros más 4 bebés que se encontraban todavía dentro del vientre de sus madres fueron masacrados por un grupo de paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, durante el contexto de guerra de contrainsurgencia como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por el Estado mexicano y encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León.

En realidad no fue solo con un mes de anticipación sino siete meses antes que estuvimos dando la señal de alarma, nada mas para que el entonces secretario de Gobernación dijera que era imposible prever lo que pasó.

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