Cuetzalan del Progreso, Puebla a 2 de junio de 2018.

                Desde julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubicó como la segunda del país con más casos de este tipo, solo después del Estado de México donde hubo 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de Derecho  Ambiental  dado a conocer en este año.

En lo que va de este año en el país al menos se han registrado el asesinato de 4 defensores de la tierra y el territorio. Guadalupe Campanur, el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, Miguel Vázquez y el pasado miércoles, Adrián Tihuilit.

Ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papel  que ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos, las autoridades mexicanas han sido omisas. No terminan de comprender las autoridades mexicanas en todos los niveles, que el ejercicio de los derechos humanos debe pasar de ser una mera declaración a la posibilidad de proporcionar un ambiente de libertad y de igualdad y cumplir con ellos con principio básico de garantizar la dignidad del ser humano a través de respetar ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos.

La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras (equivalente al 28% del territorio poblano), proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, según información de la organización PODER, (www.colaboratorio.org) y Jaime Patiño Ruíz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (http://www.e-consulta.com/nota/2017-08-24/sociedad/mas-de-10-mil-pozos-planean-perforar-con-fracking-en-puebla-denuncian).

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
22 de abril de 2018

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Con tristeza y con mucha indignación denunciamos una agresión armada en la sede de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza por un grupo de personas armadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esta situación no es un problema por partidos políticos ni religioso, es una agresión a nuestra autonomía y a nuestra lucha pacífica.

Hechos:

El día de ayer, 21 de abril de 2018, realizamos trabajos de alambrado en el perímetro de la sede de la Organización y Casa de la Memoria y la Esperanza, para delimitar nuestro territorio haciendo el alambrado perimetral. Y construir una casa en la orilla de la carretera, en la entrada de nuestra sede, ya que en una asamblea acordamos hacer estos trabajos.

Pero, antes de que empezáramos nuestro trabajo, llegaron un grupo de personas: Antonio Gómez Pérez presidente del grupo “Concejo Pacifista Sembradores de Paz”, (grupo usurpador del nombre de nuestra Organización Las Abejas de Acteal) junto con su esposa Catarina Vázquez Pérez, María Vázquez Pérez, Javier Luna Pérez y su esposa Micaela Vázquez Pérez, Rosa Vázquez Pérez y su hijo Romeo Hernández Vázquez y Juan Vázquez Pérez, para sembrar hizotes para delimitar según ellos su terreno, dentro del área de nuestra sede, esto como a las 7:30 de la mañana.

Aproximadamente a las 18:45 horas, se comenzaron a escuchar disparos de armas de fuego desde la casa del señor Javier Luna Pérez del (PVEM), lo que hicimos las mujeres, hombres y niñas y niños que nos encontrábamos en nuestra sede, correr y refugiarnos en la iglesia de la Virgen de la Masacre de Acteal y, creímos que ahí nomas iban a parar su agresión.

Pero, como a las 10:30 de la noche, un grupo de 6 personas jóvenes de nombres: Juan Vázquez Pérez, Eulalio Ruiz Gutiérrez, Mariano y Juan Gabriel Luna Vázquez hijos de Javier Luna Pérez y Esteban Pérez Gutiérrez, la mayoría son del PVEM, llegan a nuestra sede con armas de fuego, palos, piedras y comenzaron violentamente a destruir el alambrado que habíamos hecho alrededor de nuestra sede y al mismo tiempo realizaban disparos de armas de fuego. Y cuando terminaron de destruir el alambrado realizaron 4 disparos de armas de fuego y de ahí se regresaron a sus casas.

Después de esta destrucción del alambrado, como a las 23:20 horas, este mismo grupo de personas armadas regresa a destruir la casa de la Organización de Las Abejas que se había construido en la orilla de la carretera, en ese momento estábamos varias mujeres realizando un cinturón de seguridad para evitar que destruyeran la casa, pero, no nos respetaron y así com

etieron su acto violento, aventando a la carretera las maderas y algunas se las llevaron a su casa. Su acto de destrucción duró aproximadamente 10 minutos. Una vez que terminaron el destrozo, y se fueron a juntarse en la puerta de la casa del presidente del “Concejo Pacifista Sembradores de Paz” y desde ahí le dispararon con un arma al foco del alumbrado público y diciendo jactanciosos: “¡terminamos el trabajo vayan a tomar su pozol!”.

Contexto

En el año de 1998, después de la masacre de Acteal nuestro hermano Francisco Vázquez Hernández (fallecido en el año de 2016) junto con nuestra hermana María Vázquez Gómez y Juan Vázquez Luna todos sobrevivientes de la Masacre de Acteal, decidieron voluntariamente donar una parte de su predio para que sea la sede de nuestra Organización Las Abejas de Acteal y porque ahí están enterrados nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 no nacidos, dicha otorgación del terreno cuenta con un acta de donación y su respectivo croquis.

Queremos dejar en claro que los que están detrás de toda esta agresión son “Los Sembradores de Paz”, porque antes de que este grupo de personas armadas actuaran, los señores Patrocinio Hernández Gómez, Lázaro Arias Gómez y Porfirio Arias Hernández de la comunidad Yaxgemel, se encargaron de dividir y manipular a unas familias de sobrevivientes de la masacre de Acteal y, después hicieron lo mismo con las hijas de nuestro hermano Francisco Vázquez.

Cabe señalar que los “Sembradores de Paz”, en varias ocasiones han intentado despojarnos de nuestra sede y el año pasado también llegaron a agredirnos en nuestra sede, esto lo denunciamos públicamente. Pero hoy sus malas acciones ha subido de nivel.

Hermanas y hermanos tememos que nos pueda pasar algo lamentable, porque hace rato como a las 10:30 de la mañana, el mismo grupo de personas armadas estuvieron tirando piedras sobre el techo del Mukinal, (lugar en donde están enterrados nuestras 45 hermanas y hermanos y más 4 no nacidos).

Es muy triste y doloroso lo que sucedió ayer y lo que sigue sucediendo, porque nos recuerda como vivimos el 22 de diciembre de 1997, cuando los paramilitares llegaron a masacrarnos, porque este grupo de jóvenes copiaron la forma como actuaron los paramilitares priistas de Chenalhó. Muchas mujeres sobretodo las sobrevivientes tuvimos mucho miedo, causando crisis emocional así como en niñas también, pero, tuvimos que hacernos fuerte y apoyarnos entre todas.

Este hecho que está pasando es consecuencia de la impunidad sobre la Masacre de Acteal y el Estado mexicano es responsable de lo que está pasando ahora en nuestra sede.

Esta agresión en nuestra sede, es un ataque directo a la Memoria de nuestras hermanas y hermanos mártires de Acteal y la construcción de la Otra Justicia. Acteal es la Casa de la Memoria y la Esperanza y lo hemos dicho públicamente que es para toda las personas que luchan y construyen la paz y la justicia. Acteal después de la masacre se convirtió en dignidad y ejemplo de lucha No Violenta, y es por eso que quieren destruirnos y el mal gobierno sabemos que está detrás de todo esto.

La violencia en Chenalhó ya es el infierno, porque en donde quiera hay grupos armados, como lo acaba de señalar el gobierno estatal, que desde hace meses se oyen disparos de armas de fuego “sin identificar quién o quiénes lo realizan”, causando desplazamientos forzados y matando a gente inocente y la presidenta municipal de Chenalhó Rosa Pérez Pérez no hace nada para detener a su gente, al contrario permite la violencia y los asesinatos, así es su uso y costumbre para gobernar al municipio oficial.

Ante todo lo anterior exigimos:

• Al mal gobierno municipal, estatal y federal detener urgentemente esta violencia y se garantice nuestra seguridad como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en las diferentes comunidades en las que habitamos.
• A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie pronto sobre la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la Masacre de Acteal y, debido a este retardo, el Estado mexicano ha aprovechado para administrar la impunidad y generado más violencia en nuestra región.

Hermanas y hermanos y compañeras y compañeros de lucha, no permitan que nos maten como lo hicieron los paramilitares priistas de Chenalhó el 22 de diciembre de 1997, les pedimos hacer acciones y presionar al Estado mexicano que evite otra masacre.

Los responsables de cualquier agresión a nuestra organización son los tres niveles del mal gobierno y el grupo “Concejo Pacifista Sembradores de Paz”, en especial su presidente Antonio Gómez Pérez.

Con mucho dolor e indignación, desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

ATENTAMENTE

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Martín Pérez Pérez                           Mariano Gómez Ruiz

Pedro Pérez Pérez                           Manuel Pérez K’oxmol

Alonso Ruiz López                       Manuel Nuñez Gutiérrez

Por las mujeres sobrevivientes de la masacre de Acteal y compañeras miembros de Las Abejas de Acteal:

Marcela Pérez Sántiz
Elena Pérez Luna
María Guzmán Pérez
Verónica Hernández Sántiz
Guadalupe Vázquez Luna
Antonia Pérez Pérez
Luvia Arias Pérez
Guadalupe Arias Pérez

La reconocida cultora de los conocimientos tradicionales del pueblo shipibo konibo, Olivia Arévalo Lomas, fue asesinada de cinco balazos al mediodía de ayer en su comunidad Victoria Gracia, Pucallpa (en las riberas del río Ucayali a pocas horas de la frontera brasileña).Un sicario motorizado le disparó a Olivia a pocos metros de su casa de habitación. Arévalo se une a una larga lista de indígenas del Perú, como Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y otros, que se sospecha fueron ultimados por madereros ilegales y narcotraficantes que los tenían amenazados.

El día de ayer, 19 de abril, el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno alertaban de la desaparición de dos de sus compañeros de Azqueltán y San Lorenzo Azqueltán, el concejal Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, comunero y hermano del Concejal Gabriel Aguilar Rojas. Tal y como  se señala en la denuncia, a las 13,00 horas personas no conocidas y que estaban armadas subían a los dos compañeros a una camioneta marca Toyota Hilux de color gris; esto sucedía a la altura de Temastián, en el estado de Jalisco y se sospecha que con rumbo a San Martín de Bolaños, del mismo estado.

Igualmente, en la tarde de ayer y en el marco de la cuarta sesión del Conversatorio “Miradas, escuchas, palabras: ¿prohibido pensar?, Ma. De Jesús Patricio Martínez, como vocera del CIG, pedía la aparición con vida de Catarino, representante agrario de la comunidad, y de Noé, indicando que la comunidad responsabiliza al gobierno municipal de Villaguerrero y al gobierno estatal de Jalisco de su integridad.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, San Lorenzo Azqueltán también  denunciaba la agresión armada en contra de los hermanos Noé y Gabriel Aguilar Rojas por parte de personas “ajenas a la comunidad” y se exigía a la autoridad municipal que dejara de promocionar proyectos que instaban a la invasión de tierras y a la agresión a comuneros. Recientemente, la cosa se habría ido agravando con amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de la delincuencia organizada vinculada a su vez a grupos de poder local y por la presencia de carteles como el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo.

San Lorenzo de Azqueltán está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika.  Forma parte del Congreso Nacional Indígena y su lucha agraria es por el reconocimiento legal de sus bienes comunales en base a título virreinal datado en 1777 y autentificado por las autoridades agrarias en 1954. La titulación quedó en suspenso largo rato negándose en el año de 2007 al conceder por la vía de dotación de ejido una parte del territorio a un pequeño grupo de “supuestos ejidatarios.”

Los comuneros han venido denunciando esta situación de continuo despojo territorial y de usurpación del mismo nombre de la comunidad manifestando que “ricos líderes”, “terratenientes”, “mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra.

Conformaron un gobierno agrario y se han interpuesto varias demandas -tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras- y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal y el cese de proyectos con los que se estaría privatizando el territorio con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales dado que también se otorgaron permisos para planes de aprovechamiento forestal y ganadero.

El día de hoy a las 13:00 hrs aproximadamente, en el municipio de Temastián, Jalisco, personas desconocidas y armadas subieron a una camioneta Toyota Hilux color gris doble cabina y se llevaron, al parecer, con rumbo a San Martín de Bolaños, Jalisco, al Concejal de San Lorenzo de Azqueltan, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, Catarino Aguilar Márquez y a Noé Aguilar Rojas compañero comunero de la misma comunidad y hermano del Concejal Gabriel Aguilar Rojas.

Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros y responsabilizamos al gobierno municipal de Villa Guerrero y al gobierno estatal de Jalisco, por su integridad.

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

Ma. de Jesús Patricio Martínez, vocera del CIG

San Cristóbal de Las Casas, 19/abril/2018.- Tras el operativo de desalojo contra profesores, que operó el día de hoy la policia estatal y municipal de San Cristóbal de Las Casas a la altura de la explanada de El Carmen, padres y madres de familia de las escuelas primarias y preescolares de la zona denunciaron la grave afectación a la salud de los menores que se encontraban en clases.

Los gases lacrimógenos que lanzaron por tierra y por aire, desde un helicóptero, ocasionaron la salida inmediata de alumnos, que se vieron obligados a abandonar la escuela en medio del operativo de desalojo que no consideró ningún protocolo.

Aquí el testimonio de algunas madres de familia:

Suljaa’, Guerrero, 12 de enero de 2018.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria se moviliza en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para exigir justicia para los comunitarios ejecutados por policías ministeriales y estatales, así como libertad para los comunitarios detenidos el pasado 8 de enero en la comunidad de La Concepción, bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

En entrevista Sabas, vocero de la CRAC – PC, manifestó que las movilizaciones son para “repudiar las acciones del gobierno del estado, respaldado por el gobierno federal en contra de la CRAC – PC y del CECOP.” Así mismo exigen respeto al sistema jurídico de las comunidades indígenas en donde los policías comunitarios “son nombrados en asamblea, están para defender los pueblos, están para defender los territorios y los recursos naturales, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y del gobierno federal.”

Por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que fueron detenidas 38 personas, de los cuales 23 son del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), 11 de la CRAC y otros dos que estaban en reeducación, todos acusados de homicidio calificado. Durante las detenciones se cometieron violaciones graves de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, el uso de la fuerza letal, refiriendo las ejecuciones extrajudiciales contra dos policías, lo que “es gravísimo para un gobierno que se dice democrático”, así como la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos contra Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP.

Fuente: Radio Ñomndaa

Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

Escucha aquí:

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”
Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

Acapulco, Guerrero a 08 de enero de 2018.- Ayer por la madrugada, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor. Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Al momento de que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso.

El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos expresamos nuestra gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

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