Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 20 de Diciembre del 2020.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

Nosotros, nosotras mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños y niñas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que somos los pueblos Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicano y Mestizo, del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz, con rabia y dolor. El día de ayer 19 de Diciembre del 2020, al medio día fueron encontradas asesinadas nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Todas y todos indígenas Nahua de la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, nuestros hermanos y hermanas desaparecieron desde el día viernes 18 de Diciembre. Ayer al medio día sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa – Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado «Tiro de gracia».

Justamente se cumple un mes que rompimos el cerco narco-paramilitar, el 18 de Noviembre, miles de indígenas Nahua volvimos a recuperar la movilidad en nuestro territorio. 22 comunidades cercadas por el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» decidimos decir ¡Ya Basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos.

Nos atrevimos a denunciar al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la 4T, Alejandro Encinas. Quien solo vino a sembrar división y compra de conciencias, justamente en Alcozacan donde el 17 de enero del 2020, fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre. Y ahora lejos de llegar la justicia solo nos envían más muerte, y nos mandan sus señales de Guerra. Encinas y López Obrador, ustedes no son diferentes al PRI, ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir.

Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la Montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animal. Sin que nadie escucha, sin que nadie hace nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa, nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad.

Hacemos responsables de los asesinatos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo de Jesús Parra García del PRI, al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI, a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador de MORENA. Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado.

Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de «Los Ardillos» y Bernardo Ortega Jiménez es el mando político, la policía ministerial de Chilapa de Álvarez, como ya lo habíamos denunciado, son parte del problema y la Guardia Nacional lo sabe todo esto, después de tanto tiempo en el lugar solo están espiando nuestra organización en vez  de desmantelar la delincuencia organizada.

Nuestros promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades de base del CIPOG-EZ, CNI-CIG, está cada vez más recio. Ahora el asesinato nuevamente y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades, solo nos deja ver sus complicidades. Por eso Encinas se niega a brindar medidas cautelares, por eso la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones a los Derechos Humanos en Chilapa y las 22 comunidades que han sufrido el cerco narco-paramilitar.

Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos, ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del «progreso», que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras nos estaremos movilizando y reiteraremos nuestro decidido ¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad, no queremos ser esclavos del crimen organizado, ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados.

ATENTAMENTE:

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

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“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí

15, dic. CI.- Dos nuevas capturas a líderes sociales sucedieron esta tarde. Teófilo Acuña y Adelso Gallo, ambos integrantes del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, sufrieron detenciones arbitrarias que son reflejo de la estigmatización, juducializacion y persecusión al movimiento social por parte del Gobierno de Iván Duque.

Adelso Gallo, reconocido dirigente del centroriente colombiano fue detenido en Villavicencio, con una orden de captura emitida por un juez de Santa Marta y fechada para el día de hoy.

Mientras tanto, Teófilo Acuña se desempeña como vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar. Acuña fue detenido en la tarde de hoy en el municipio de Barranco de Loba.

En ambos casos las organizaciones denuncian que se trata de montajes judiciales que ya han sido utilizadospor el Gobierno para perseguir y criminalizar al movimiento social en Colombia.

Fotos de las movilizaciones recientes en distintas ciudades de Francia / Acta Zone

Por Eugenia López

El 24 de noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la llamada “Ley de Seguridad Global”, la cual pretende otorgar más herramientas a las fuerzas policiacas para el “mantenimiento del orden público”, así como asegurar la protección de los funcionarios de policía y militares.

“Se trata de proteger a los que nos protegen”, argumentan sus defensores mientras el texto, apoyado por el gobierno y los principales sindicatos policiales, ha provocado la preocupación y el descontento de grandes sectores de la sociedad, así como de periodistas, organismos públicos nacionales e internacionales y asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Para Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación de Francia, la iniciativa de ley representa una acumulación sin precedentes de medidas de seguridad que amenaza el equilibrio democrático del país europeo. Según él, con esa ley “un Trump a la francesa” elegido en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, tendría a su disposición, sin necesidad de cambiar la ley, “todas las herramientas legales que le permitirían monitorear a la población y controlar a sus oponentes políticos”.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Global?

La propuesta está dividida en una diversidad de artículos que implican toda una serie de cambios al sistema de seguridad del país.

El texto planea así la extensión de los poderes de las policías municipales, las cuales trabajan bajo órdenes de los alcaldes, para otorgarles poderes hasta ahora limitados a la policía nacional.

La extensión de poderes también beneficiaría a los agentes de seguridad privada, orquestando así la privatización de la policía. Agentes de seguridad privada podrían entonces dar multas, o proceder a verificaciones de identidad que podrían llevar a la detención de las personas controladas.

“Yendo aún más lejos en la escalada de seguridad”, como lo denuncia la Liga de los Derechos Humanos, el proyecto de ley prevé el establecimiento de una vigilancia generalizada del espacio público, autorizando al Estado a utilizar drones con cámaras, explícitamente dirigidos a monitorear a manifestantes en contextos de movimientos sociales.

En su artículo 21, la ley especifica que las imágenes podrían ser analizadas automáticamente mediante tecnologías de reconocimiento facial y utilizadas de manera inmediata por las fuerzas de policía, las cuales podrían llevar a cabo operaciones de detención preventiva, violando así la libertad de manifestación de las y los ciudadanos.

El artículo que creó más polémica es el 24, que pretende prohibir la difusión de imágenes de policías o gendarmes (cuerpo de policía militarizada) durante su servicio, cuando la difusión se haga “para socavar su integridad física o psíquica”.

Tal medida, de adoptarse, castigaría con penas muy severas (un año de prisión y multas de 45,000 euros) la difusión de imágenes de los funcionarios, lo cual impediría cualquier control ciudadano sobre la policía, e incluso el trabajo de los periodistas. A la vez, promovería la impunidad de los autores de la violencia policial.

De hecho, el miércoles 9 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el gobierno francés a retirar dicho artículo.

“La ley merece ser debatida por el pueblo francés”, dijo Bachelet en una conferencia de prensa en Ginebra. “Pero es la sección 24 lo que nos preocupa especialmente. Y es por eso que decimos que debería ser revisado y, me imagino, hasta ser retirado”.

En una carta publicada a principios de noviembre, tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habían denunciado que el artículo 24 y varias otras disposiciones del proyecto de ley ponen a Francia en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, la nueva ley haría imposible la reducción de condena para personas encarceladas por haber sido declaradas culpables de violencias sobre agentes de seguridad.

Brutalidad policíaca

La propuesta de ley llega en un contexto ardiente: en los últimos años, la brutalidad ejercida por la policía contra la población ha sido muy mediatizada y denunciada, en particular a partir de las movilizaciones de los llamados “Chalecos Amarillos”.

Durante las movilizaciones, que se extendieron del 2018 al 2019, la represión sistemática dejó al menos 2,495 heridos según las cifras oficiales. De estas personas, 25 perdieron un ojo, cinco una mano, un hombre fue amputado de un testículo y otro perdió el olfato, según el periodista independiente David Dufresne, quien lleva años cubriendo la violencia policiaca en el país.

Pero los “Chalecos Amarillos” no hicieron más que visibilizar una realidad denunciada desde hacía ya décadas en los barrios populares de Francia, donde la población, que en su mayoría proviene de varias olas de migración desde las antiguas colonias francesas, en particular de África, sufre los abusos de la policía en su vida cotidiana.

De hecho, en un informe de 2017, la Defensoría de los Derechos, un órgano constitucional independiente del estado francés ya había señalado que “los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una probabilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás”.

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Junto con las denuncias acerca de la violencia ejercida por la policía, colectivos y organizaciones autónomas han surgido y se han fortalecido durante los últimos años para denunciar el racismo sistémico en el país, construyendo un movimiento antirracista fuerte que cuestiona y amenaza el status quo.

Autoritarismo

La propuesta de ley actual también se inscribe en un contexto en el que las leyes sobre seguridad así como las declaraciones del “Estado de emergencia” se han hecho cada vez más frecuentes, en particular en el contexto de las llamadas “amenazas terroristas”.

En el 2017, Amnistía Internacional ya alertaba sobre la multiplicación de leyes de seguridad que amenazan las libertades, no sólo en Francia sino en todo Europa.

Según Dominique Curis, de Amnestía Internacional Francia, el argumento de la lucha contra el terrorismo está siendo instrumentalizado por los gobiernos del continente, y las medidas tomadas rebazan por mucho el tema del terrorismo.

“El término terrorismo está muy mal definido, y está siendo introducido en las leyes con fórmulas muy vagas, sujetas a interpretación, lo cual permite la implementación de medidas sin garantías, que toman como blanco a personas por sus compromisos sociales y políticos o por su religión”, explica Curis.

En Francia, la lucha contra el terrorismo ha sido instrumentalizada de manera constante para controlar a activistas, así como para vigilar y estigmatizar a la población musulmana, con discursos y leyes islamofóbicas que confunden Islam con terrorismo.

Actualmente, la propuesta de Ley de Seguridad Global se ve acompañada de otra propuesta de ley llamada “contra el separatismo”, la cual pretende luchar contra el “islam radical”, pero que en realidad no es más que otra medida discriminatoria hacia la población musulmana en general.

El 19 de noviembre, el gobierno francés también anunció la disolución oficial del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF), creado en 2003 para luchar contra la discriminación y las violencias dirigidas hacia la población musulmana.

Ahora, el gobierno francés está siendo acusado de utilizar el contexto de la emergencia sanitaria para  para acelerar su escalada autoritaria y discriminatoria hacia estos sectores de su población.

Protestas en aumento

La aprobación de la Ley de Seguridad Global por el Parlamento provocó una ola de protestas en el país, a pesar del confinamiento impuesto para frenar la epidemia de Covid-19.

El descontento inmediato fue aumentado por dos episodios de extrema violencia.

El día 21 de noviembre, un productor de música negro, Michel Zecler, fue brutalmente golpeado e insultado por policías de París en la entrada de su estudio de grabación. Afortunadamente, la golpiza fue grabada por cámaras de seguridad, las cuales fueron difundidas por el sitio Loopsider y alcanzaron los 13 millones de vistas en unos cuantos días. Como lo recuerda el sitio de información independiente Mediapart, sin estas imágenes, “Michel Zecler estaría muy probablemente encarcelado por ultraje y rebelión contra un agente de la ley”.

En la noche del 23 al 24 de noviembre, centenas de personas migrantes, muchas de ellas originarias de Afganistán, Eritrea y Sudán, tomaron la Plaza de la República, en la capital, con el apoyo de voluntarios y abogados.

Levantaron un campamento con tiendas de campaña, para exigir su derecho a descansar: estas personas no sólo sufren el hecho de no tener hogar sino que luchan cada noche para dormir, ya que viven el hostigamiento continuo de la policía capitalina quien, cada media hora a veces, los despierta con violencia, impidiéndoles el descanso.

El campamento apenas sobrevivió una hora antes de ser brutalmente desalojado por la policía. Las personas presentes fueron golpeadas y atacadas con gases, algunas hasta fueron arrastradas mientras seguían dentro de su tienda de campaña. Dos periodistas también fueron agredidos.

Para el sábado 28 de noviembre, amplias protestas surgieron en 70 ciudades del país. Según las y los organizadores, fueron 500,000 personas las que tomaron las calles, mientras el gobierno habló de 133,000 participantes.

Periodistas, sindicalistas, “chalecos amarillos”, estudiantes. jóvenes, activistas, algunos políticos de izquierda así como colectivos organizados contra la violencia policiaca y el racismo se mezclaron para marchar y denunciar un gobierno que ataca los derechos fundamentales de la población en plena cuarentena.

Durante los días sábado 5 y 12 de diciembre, manifestaciones fueron organizadas nuevamente en todo el país. Según un comunicado firmado por varias organizaciones sociales, “al menos 60,000 personas marcharon este sábado 12 de diciembre, y más de 150 ciudades, de las metrópolis hasta las ciudades más modestas, han vivido al menos una movilización desde el 28 de noviembre”.

Hasta ahora, la respuesta del Estado ha sido la represión.

Este último fin de semana, las organizaciones denunciaron una larga lista de abusos cometidos por las fuerzas de policía en ciudades como París, Lyon y Caen, como las detenciones masivas, a veces sin motivo legal y con duraciones que rebasan el plazo legal o el rechazo de contactar a un abogado para las personas detenidas. En París, cerca de 150 personas fueron detenidas, incluyendo a 19 menores de edad.

También, denunciaron el uso de una estrategia de control de las y los manifestaciones, llamada de “saltos ofensivos”: ofensivas repentinas y brutales de policías dentro de la marcha, utilizadas para romper la organización y unión entre la gente y detener a personas de manera arbitraria.

Con esta reacción, la violencia del Estado no parece calmar las tensiones sino aumentarlas, reforzando las críticas y el descontento.

Por Sandra Suaste

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 494 se publicó la declaración de utilidad pública. Es el inicio del procedimiento para efectuar el decreto expropiatorio del predio Zacatecas 74, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Esto sucede dos meses después de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, tendrá que pasar al menos un mes para que se cumpla todo el procedimiento jurídico.

Mario Camaño, director de Concertación Política de la Ciudad de México, dio a conocer el procedimiento que se llevará a cabo: El primer paso es la publicación en la Gaceta del 15 de diciembre. En el segundo paso se notificará a los involucrados y se les presentará una propuesta de indemnización junto con el derecho de diez días hábiles para que alguna de las ocho personas que aparecen Registro Público de la Propiedad se inconformen; de no ser así se publicará un segundo aviso, 15 días después de la publicación en la Gaceta.

El tercer paso es la publicación definitiva autorizada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por lo que la Comunidad Indígena tendrá que esperar al menos hasta el 14 de enero, de acuerdo con las proyecciones que comunicó Juan Romero Tenorio, representante de la Consejería Jurídica y de servicios legales de la CDMX.

“Muchas gracias por la información, siempre nos mienten. Dijeron que el decreto ya estaría para hoy” afirma Isabel Valencia, mujer de la comunidad.  “Se lo arrebatamos al gobierno, es un logro de la comunidad” dicen los otomíes, pues el trámite es producto de las gestiones que han realizado previamente. “La toma del INPI fue para obligarlos a hacer su trabajo”.

La Ciudad de México atraviesa una situación riesgosa debido a la pandemia por COVID-19, por lo que la Comunidad Indígena anunció que se resguardará hasta el 12 de enero de 2021.

Desde sus primeros pasos en 2012, el proyecto de gas esquisto en Bolivia, ha avanzado más hasta este 2020, con la concreción de la exploración mediante el contrato con la empresa canadiense Cancambria en 2018, y el impulso de autoridades de estado y YPFB en 2019 y 2020 ya bajo el régimen de Añez.

En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.

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Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian

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Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios

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El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio

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YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos

(Foto de portada: CRIC Colombia)

Ante la promoción turística que han hecho institucionalidades públicas y empresas turísticas sobre el eclipse, comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales Mapuche, a través de una declaración pública, calificaron dichos actos como irresponsables, denunciando que han mercantilizado y distorsionado saberes ancestrales por medio de prácticas colonialistas.

A su vez, dieron cuenta de las contradicciones con respecto a las medidas sanitarias en el manejo de la pandemia , anunciando controles territoriales en algunas zonas para resguardar espacios e integridad.

A continuación, la declaración pública.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como Territorio Mapunche de Panguipulli, los diferentes lof en procesos reivindicativos, resistencias, y organizaciones territoriales, abajo firmantes, frente a la promoción irresponsable del fenómeno natural conocido como eclipse, de parte de la institucionalidad pública de los gobiernos regionales y local, así como instancias privadas como cámaras de comercio y empresas ligadas al turismo, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra preocupación y advertir las consecuencias de ello, por tanto declaramos lo siguiente:

Kiñeke / Primero les hacemos saber que, para nosotros los mapunche el eclipse no tiene relación con un evento turístico, económico o de festejo, sino muy por el contrario es un momento en el que las personas necesitan permanecer tranquilas y protegidas de las energías que se desprenden durante ese momento, resguardarse para prepararse a los tiempos que traerá dicho anuncio. Con la promoción del eclipse, tanto el gobierno local como regional y los empresarios turísticos, en lugar de respeto al conocimiento propio mapunche, han promocionado la mercantilización de nuestro conocimiento, utilizando lenguajes inadecuado, creando nuevos conceptos afines a sus intereses económicos, ignorando la visión propia mapunche. Lo que trae consecuencias distorsionadas, perpetuando así las prácticas colonialistas y negacionistas, no solo con el ser humano mapunche, también con naturaleza y atropellando lo más trascendental de nuestras vidas, como es la espiritualidad. Lamentamos que en 500 años de convivencia o permanente irrupción, aún no se considere ni respete nuestra visión sobre todo en tiempo de crisis mundial y calentamiento global.

Epuke/ segundo Desde el punto de vista sanitario: constatamos la contradicción en las medidas de manejo de la pandemia que por un lado restringe la movilización social y comunitaria pero no limita las aglomeración que genera la promoción irresponsable de este fenómeno, ya que miles de personas llegaran desde fuera de la región, con el propósito de ver por unos minutos el fenómeno natural. Claramente al día de hoy, fase II, no están dadas las condiciones que protejan a la población que habita y convive en el territorio y es claro darse cuenta, la “utilización de la pandemia” para obedecer a los poderes que tienen intereses económicos en el territorio mapuche, dejando en segundo plano el bienestar y la salud de los habitantes de este territorio. Conjuntamente con esta omisión de deberes que implica la flexibilizacion de las medidas sanitarias, tampoco se ha considerado el colapso de la infraestructura básica, ni los efectos colaterales al medioambiente, también se desconocen las medidas de mitigación y reparación posterior que sin duda, nos afectara a todos. Frente a esto responsabilizamos tanto al gobierno regional como local de los efectos en la salud de las personas y del daño ambiental.

Külake/tercero Desde nuestra preexistencia mapunche en territorio Wallmapu, tenemos el deber, como lo han hecho siempre nuestros antepasados, de defender nuestros territorios de las invasiones, a nuestros lugares de relevancia espiritual, histórica, social y cultural, ejerciendo nuestro derecho ancestral y actual a vivir en paz y armonía, considerando además los convenios y leyes que el propio estado de Chile ha firmado, como es la Reserva de Biosfera, la ley indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT. Que establece que; “a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. Donde además se define que “La utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”. Así como otros instrumentos de derechos que resguardan nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

En ese contexto, dejamos claro que seguiremos defendiendo nuestro peweñentu, (parque nacional Villarrica) pu lafken, y otros espacios sagrados ante la invasión de quienes solo los moviliza el interés para la explotación económica empresarial, y atropello a la existencia y formas de vida mapunche como es kümefelen y küme mogen.

Melike/ Cuarto; ante el actual estado de desprotección, los diferentes lof hemos acordado de manera autónoma hacer controles territoriales en algunas zonas para no permitir la entrada a algunos territorios y sitios sagrados dentro la comuna; por otra parte, ante la necesidad económicas de nuestros hermanos mapunche, con y sin emprendimientos que ven en este evento como oportunidad comercial, recordarles que los mapuche hemos sido empobrecidos por el propio sistema neocolonial, a través del despojo de nuestras tierras, las cuales nos ha dado desde siempre el sustento para el buen vivir. Es por ello que, hoy más que nunca debemos cuidar lo que tenemos y recuperar lo que nos han quitado, ejerciendo nuestro derecho como pueblo mapunche.

Finalmente hacemos un llamado a la convivencia en armonía de todos los habitantes dentro un mismo territorio a participar y actuar frente a los problemas que nos amenazan a todos tales como la perdida de agua, la invasión inmobiliaria, la desprotección de ríos y humedales y el acaparamiento de tierras de algunos privilegiados y la falta de un desarrollo construido por los pueblos mapuche y chileno que habita esta comuna.

Firman

• Lof Pilinhue mapu,
• Lof/comunidad Dionisio Manquel Chepo.
• Lof Malchehue mapu.
• Lof Kona rupu Futa mapu
• Lof Trafun
• Lonko Pucura
• Lonko Traitraico
• Lof tralkapulli mapu
• Representante Cultural pu lof Hueitra, Ragintuleufu, Llashkawe.
• Koyagtun Koz koz mapu.

Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

Por Sare Frabes

Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).

La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.

Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.

Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.

Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.

Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.

Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Obrador

En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.

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El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.

Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.