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represión
Riesgo a la vida de 17 personas integrantes del Pueblo Tseltal en Agua Clara
Grupos con armas de fuego sitian a 7 menores de edad, 2 mujeres y 8 hombres.
Dos familias pertenecientes al Pueblo Tseltal, integrantes de la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), que forman parte del Congreso Nacional Indígena, se encuentran sitiadas por grupos con armas de fuego y vinculadas con autoridades del ejido Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas, México.
El 4 de agosto de 2019, aproximadamente a las 7 de la mañana, un grupo de personas encabezadas por las autoridades ejidales, agredieron físicamente a Pedro Díaz Pérez y Sebastián Díaz Pérez habitantes de Agua Clara, quienes se refugiaron en sus domicilios con sus familias.
Posteriormente los agresores realizaron disparos de armas de fuego, lanzaron piedras a las casas de las familias, golpearon con un machete a María Guillén y amenazaron con violar a una menor de edad.
De acuerdo a testimonios, aproximadamente a las 12 del día, personas vinculadas a una organización en la región, arribaron en varios vehículos portando armas de fuego, rodearon las casas, las rociaron con gasolina y amenazaron a las 2 familias con quemarlas. En riesgo 7 menores de edad, 2 mujeres y 8 hombres.
El lunes 5 de agosto, familiares de las personas sitiadas acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público de Salto de Agua, a poner la denuncia formal por los hechos de violencia, el Ministerio Publico solicitó que tenían que llegar las víctimas el día miércoles 7 de agosto a ratificar la denuncia, lo cual representa una omisión para proteger la vida, la seguridad e integridad personal de las familias.
Por lo anterior el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas urgimos al Estado mexicano a:
Garantizar la vida, seguridad, integridad personal y libertad de las 17 personas que se encuentran sitiadas y con amenazas en el ejido Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, en la región norte de Chiapas. Así como de las demás familias que integran la organización Tsijibä bij (Nuevo Camino), habitantes del Ejido Agua Clara, que pertenecen al Congreso Nacional Indígena.
Investigar de manera urgente y efectiva los hechos de violencia y sancionar a los responsables.
Cesar actos de agresiones, hostigamientos e intimidaciones a comunidades de Pueblos Originarios integrantes del CNI, respetando su derecho a la autonomía y al territorio, en Chiapas y México.
Libertad a 5 presos integrantes de Pueblos Originarios víctimas de Tortura
Exhortamos a investigar 13 casos que se encuentran ante la Fiscalía Contra la Tortura, en Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, además de otras violaciones a derechos humanos, en cinco casos de presos integrantes del Pueblo Tsostil, en reclusión en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 05, en San Cristóbal de Las Casas y No. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas, México.
Adrián Gómez Jiménez, Juan de La Cruz Ruiz, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el CERSS No. 05; y Marcelino Ruiz Gómez, en el CERSS No. 10 se encuentran en ayuno como parte de las acciones civiles y pacíficas de protesta que iniciaron el 15 de marzo de 2019, en demanda de su libertad inmediata. Durante más de 4 meses han denunciado públicamente la Tortura durante su detención, violaciones al debido proceso en la investigación, tratos crueles en sus condiciones carcelarias, violaciones a su derecho a la protesta, así como riesgo a su salud y vida.
Estas cinco historias forman parte de 20 denuncias públicas de Tortura, de las cuales 13 casos (1) se encuentran en registro de atención, en la Fiscalía Contra la Tortura, (Fiscalía) perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde el 1 de abril de 2019.
De acuerdo a la documentación, que incluyó revisión de los expedientes penales de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, el Frayba registró la Tortura como método de investigación con el objetivo de autoinculpación que viola derechos humanos a integrantes de Pueblos Originarios, en un sistema penitenciario discriminatorio. Algunas de las pratrones de tortura que este Centro de Derechos Humanos encontró son: privación sensorial, desnudez, golpes en diferentes partes del cuerpo, asfixia, toques eléctricos y amenazas de muerte hacia ellos y sus familiares.
Los 5 presos expresaron en diferentes momentos de su proceso jurídico que fueron torturados, en uno de los casos desde hace 15 años, sin que se iniciara una investigación inmediata de los hechos. Los responsables de estas violaciones a derechos humanos son los agentes aprehensores, en su mayoría elementos policiacos de diversas corporaciones estatales, así como Fiscales del Ministerio Público, peritos especializados y jueces que fueron omisos ante la denuncia.
La ineficacia en la procuración de justicia mantiene en la impunidad el delito de Tortura en los casos de Adrian, Juan, Abraham, Germán y Marcelino, quienes además viven en entornos torturantes en encierro. Lo cual contraviene la Ley general para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que: «Serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos».(2)
Por lo anterior el Frayba exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas:
Dictaminar la libertad de Adrián Gómez Jiménez, Abraham López Montejo y German López Montejo, víctimas de Tortura y otras violaciones a derechos humanos entre ellas la Privación Arbitraria de la Libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial; además de faltas al debido proceso legal como: a la debida diligencia, a la presunción de inocencia, a la fundamentación y motivación.
A la Secretaría General de Gobierno de Chiapas:
Liberar a Juan de La Cruz Ruiz y Marcelino Ruiz Gómez, por las violaciones a derechos humanos que se encontraron en la revisión de sus expedientes, especialmente la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.
A la Fiscalía Contra la Tortura solicitamos:
Investigar eficazmente los 13 casos que se encuentran en registro de atención desde el 1 de abril de 2019.
Recordamos al Estado mexicano que urge garantizar las medidas necesarias para cesar la Tortura como una práctica sistemática cotidiana que en Chiapas vulnera especialmente a integrantes de Pueblos Originarios.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
1 de agosto de 2019
Boletín No. 17