_{Foto: Archivo de Avispa Midia}

Pese a que Obrador se comprometió en dos momentos distintos a establecer el diálogo con las comunidades que denuncian afectaciones por la empresa de capital canadiense Minera Cuzcatlán, Semarnat se ha negado a abrir un canal de comunicación.

El Frente No a la Minería Por un Futuro de Todas y Todos, compuesto por autoridades municipales y agrarias de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, emitió este lunes (7) un comunicado en el cual exige que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) niegue la autorización la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

La función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.

Este Frente de comunidades sostiene que la empresa minera no declara en su estudio los impactos acumulativos por 10 años más de explotación. La MIA “presenta información sesgada y minimiza los impactos producidos por el proyecto minero; en el documento los impactos son evaluados como ‘moderados’ y ‘positivos’”, sostiene el Frente.

Las comunidades de los Valles Centrales denuncian que han sido testigos “de la contaminación del agua, la emisión de polvos, ruido, el desplazamiento de fauna silvestre en la región, el impacto en el paisaje, además de graves violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales producidos por el proyecto minero”.

Los pueblos que constituyen este Frente de resistencia, todos ellos indígenas zapotecas, tuvieron acceso al MIA porque la Semarnat organizó en su sitio web una consulta pública, que es distinta de la Consulta Libre, Previa e Informada, prevista por el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), específica para pueblos indígenas y que debe llevar en consideración sus derechos, no obstante, nunca fue llevada a cabo.

Además, la consulta tuvo carácter exprés, denuncia el Frente, con duración de 10 días. Fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 13 de noviembre, dando como fecha máxima para recibir observaciones el 23 de noviembre. “Dichos plazos resultan limitados, máxime cuando nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicha acción violenta nuestros derechos a la información pública y participación ciudadana”, sostienen las comunidades.

Obrador

En 2019 las comunidades interceptaron el carro del presidente de la República Andrés López Obrador, que pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo no lo cumplió.

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, secretaria de la Semarnat, de manera que se pueda establecer un canal de comunicación con estos pueblos. “Desde esta fecha, hemos buscado un canal de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido negado porque ‘no han podido encontrar un espacio en la agenda’”, señala el comunicado del Frente.

Medidas contundentes

Los pueblos en resistencia emplazan al gobierno federal para establecer una mesa de dialogo, solicitada por el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, desde el día 03 de noviembre de 2020, para exponer la problemática y construir soluciones conjuntamente con los pueblos y comunidades afectadas por el proyecto minero San José, de la Minera Cuzcatlán.

Las comunidades advierten que “en caso de que la Semarnat siga favoreciendo intereses privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos, nos movilizaremos y tomaremos medidas contundentes para garantizar que nuestros derechos sean respetados”.

Los municipios que componen la Frente son: Autoridades agrarias y municipales de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Por Rafael E. Lozano

• Frente a la crisis sanitaria y económica, el tianguis naciente propone trueque y autogestión. Después de la agresión policiaca se declara en resistencia.
• La Regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, opinó: “Si castigamos a policías e inspectores, abrimos una puerta para que la autoridad se vea impedida para aplicar la normatividad”.

El pasado sábado 7 de noviembre de 2020 se instaló -por cuarta ocasión consecutiva en un mes- el Tianguis Autogestivo y Disidente en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, ubicado en la zona centro de la ciudad de Oaxaca. Ese mismo día, alrededor de las 12:30 h, llegaron inspectores municipales acompañados por elementos de la policía municipal y estatal a desalojar con gritos, golpes y gas pimienta a las personas (en su mayoría jóvenes y mujeres) que se encontraban intercambiando a través del trueque sus productos y enseres personales y artesanales. Así lo denunciaron quienes participaron en el Tianguis a través de un pronunciamiento contra la criminalización de la autogestión y el trueque.

Brutalidad policíaca

En el comunicado señalan que, “dirigidos por el inspector municipal Joaquín González Santiago, Jefe de Departamento de Control de la Actividad en Vía Pública y encargado del operativo, quien en compañía de otros inspectores de comercio ambulante: Jonathan Díaz Barrita, José Ramón Rodríguez Martínez, Juan Eduardo Vásquez Cruz, Raúl Ramiro Reyes Ramos, comenzaron a quitar de manera arbitraria los puestos instalados y a desalojarnos de manera violenta a quienes nos encontrábamos truequeando, al mismo tiempo que gritaban insultos machistas y homofóbicos, nos golpeaban con cascos y bastones, rociaban gas a nula distancia de los ojos y nos derribaban para patearnos entre varios elementos. Todo esto, ordenado por Víctor César Vásquez Bocanegra, encargado de la Subdirección de Regulación de la Actividad en Vía Pública”.

En entrevista para Avispa Midia, participantes del Tianguis, cuyo nombre pidieron se omitiera por temor a más represalias, relataron las agresiones que sufrieron el sábado pasado: “Llegaron inspectores dentro de las patrullas de los policías municipales estatales y un grupo de élite del Estado llamado ‘Grupo Urbano de Fuerzas Especiales’, y se mofaban. Nosotrxs estábamos intentando dialogar, decirles que no estábamos cometiendo ningún acto delictivo ni estábamos haciendo nada en contra de la sociedad civil. (…) En ningún momento la autoridad que estaba ahí, contó cuál era el delito que se perseguía. Nunca se nos dijo el delito que estábamos cometiendo y por el cuál se justificaba un despliegue policiaco de más de 30 elementos en nuestra contra. Entraron a agredirnos; se nos fueron directamente a las compañeras a golpes. También habían mamás, niñas, niños. Agredieron principalmente a tres compañeras mujeres y un compañero trans, que pertenecemos a esto que llamamos disidencia sexual y de género. Las golpearon brutalmente. Hay varias mujeres que tienen heridas internas”.

Después, exponen: “A una de esas compañeras la golpearon con un bastón retráctil. Le lanzaron gas pimienta a al menos una decena de las personas que estábamos ahí. A otro de los compañeros trans, que estaba videograbando la represión, le estrellaron el teléfono contra el piso. Primero le aplicaron gas pimienta en los ojos, después uno de ellos le grito: “¡puto deja de grabar!” y le estrelló el teléfono contra el piso, y se le fue encima. Él y otros tres policías más lo patearon en el piso (…) comentan unas compañeras que están orinando sangre, les cuesta caminar, les cuesta sentarse; quedaron con muchas heridas internas. Ya están haciéndose estudios, pero no contamos siquiera con un seguro médico. (…) Fue una barbaridad, se llevaron productos, los destrozaron frente a lxs compañerxs”.

Frente a las crisis, Tianguis Autogestivo y Disidente:

A casi 8 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria en México por Covid-19, las medidas de distanciamiento social, el cierre de locales, mercados y negocios, el despido masivo de trabajadoras y trabajadores y la incertidumbre sanitaria y económica ha precarizado aún más a los sectores de la población que de por sí ya vivía en situaciones de vulnerabilidad. Así lo expresan algunas de las personas que participan en el tianguis con quienes Avispa Midia conversó. Ante las múltiples crisis, nace la iniciativa del Tianguis Autogestivo y Disidente. En su propia voz: “El tianguis surgió como una respuesta ante la necesidad. La mayoría de personas que hemos estado yendo a los tianguis no contamos con un trabajo estable, con un sueldo fijo, con alguna prestación por parte del Estado o alguna otra institución empresarial. Entonces surgió la idea de poder juntarnos y apropiarnos del espacio público ante el cierre que el mismo Estado ha desplegado”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR ⇒ El trueque, acciones para enfrentar crisis sanitaria y económica

Detrás de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en una explanada en la que yace el busto de Ricardo Flores Magón, se auto-convoca una vez a la semana a todas aquellas personas que quieran traer productos y enseres esenciales para la vida y el cuidado cotidiano: ropa, alimentos, plantas, libros y utensilios, elaborados o usados, para ser intercambiados y ofertados en un intento por encontrar alternativas económicas y “poder establecer desde la economía solidaria un intercambio equitativo para las partes que vienen; tomando en cuenta la propia fuerza de trabajo que dichas personas invierten en los productos que elaboran, para poder llegar a un intercambio justo. (…) La mayoría de lo que se intercambia ahí es hecho por nuestras propias manos, y lo que principalmente se hace en este tianguis es el trueque”, añadieron.

Es autogestivo no sólo porque la mayoría de las cosas son elaboradas por propia mano, sino porque la organización misma del tianguis no tiene liderazgo individual, sino una organización política colectiva que trabaja para establecer sus objetivos y sostenerse: “Hay que dejar en claro que estamos intentado construir un espacio autónomo que parte de la autogestión. Autogestionarnos implica la organización colectiva fuera de las dinámica de poder vertical que tienen algunas organizaciones de tianguistas o vendedores. Intentamos construir un espacio seguro para mujeres y para compañerxs que integramos la comunidad de la desobediencia sexual”, puntualizaron.

Es disidente porque cobija y acuerpa a la comunidad feminista y a la comunidad de la desobediencia sexual y de género, al tiempo que converge con habitantes de comunidades y pueblos originarios e indígenas que se encuentran cerca de la ciudad y que han visto todas las puertas y las calles cerradas para vender sus productos. Más aún, comentan que son señalados por no cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas oficialmente para la nueva normalidad, “pero los cuidados colectivos e individuales también son una estrategia de la autogestión y la autonomía para sobrevivir la pandemia. Aquí venimos a truequear y a extender nuestros pequeños productos y artículos destinados a la alimentación y al cuidado personal”.

Discrepancias en la posición oficial del Municipio de Oaxaca

En un boletín de prensa fechado el 11 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informó sobre los “pormenores de la actuación de servidoras y servidores públicos municipales con relación al retiro de un tianguis”, en el que señalan que el operativo comenzó por una denuncia vecinal “en la que se reportó la instalación de vendedoras y vendedores en el parque ubicado en las calles de Santos Degollado y Rayón”, y que “no se trató de un operativo de desalojo sino de presencia para resguardar el orden”.

Dicho boletín describe que los funcionaros municipales arribaron y “en todo momento intentaron entablar un diálogo respetuoso con las personas ahí reunidas”. Aseguran que “personas del sexo masculino que presuntamente estaban bajo los efectos del alcohol agredieron a los inspectores municipales” quienes habían exhortado en dos ocasiones y realizado “una amonestación de manera verbal, reiterándoles que en caso de no acatar la solicitud, se procedería en apego al artículo 45, fracción II del Reglamento para el Control de Actividades Comerciales y Servicios en Vía Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez”. Por lo que se inició “el aseguramiento de mercancías y utensilios”. Sin embargo, no especifican que la fracción II del artículo mencionado contempla como sanción “una multa de 5 a 100 días de salario mínimo general vigente”, y no el aseguramiento del puesto comercial.

En ese sentido, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez en la que se discutió el caso, y que fue celebrada el mismo 11 de noviembre; Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública, manifestó que le pareció excesiva la actuación de las fuerzas policiales, y expuso que por algo hay un procedimiento explícito en el artículo 48 del mismo reglamento para realizar aseguramientos de implementos y mercancías en vía pública que establece los pasos de advertencia, amonestación y multas que se tuvieron que haber impuesto antes de proceder a un aseguramiento.

Asimismo, el regidor reconoce que, “se ha divulgado en las redes sociales que sin mediar amonestación o multa, los colaboradores, de la subdirección arrebatan la mercancía a los vendedores sin seguir los procedimientos establecidos (…) mucho menos levantando el acta circunstanciada que cumpla con las formalidades establecidas, y en ocasiones utilizando la violencia física en contra de estas personas”.

Igualmente, la Síndico Primera, Indira Zurita Lara, exhortó al resto del cabildo a crear un espacio para que esta situación no vuelva a ocurrir, y se pueda permitir la actividad de trueque, “al final estos jóvenes y estas mujeres se están dedicando a algo que no es un crimen, es preferible que los jóvenes y las mujeres estén realizando este tipo de actividades, a que se estén organizando para crear mafias delincuenciales aquí en la ciudad”. Asimismo, comunicó que expidió un oficio a la contraloría del municipio para que inicie una investigación para saber si hubo abuso de autoridad.

En cuanto a la Regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, Mirna López Torres, opinó que: “Si castigamos a policías e inspectores, abrimos una puerta para que la autoridad se vea impedida para aplicar la normatividad. Si no atendemos las denuncias podemos vernos como violadores de derechos humanos”; y esto lo vuelve, aseguró, “un caso difícil, complejo, porque ninguna resolución sería plenamente satisfactoria”. Finalmente, remató su participación, “yo comparto lo bueno de su causa, pero para abrir una plaza para ellas implica abrir una caja de pandora con interese de otro tipo”.

Por su parte, el presidente municipal Oswaldo García Jarquín dijo que “condenar la violencia siempre tiene que ser de ambos lados” e hizo alusión a los balazos que la policía en Cancún disparó para dispersar una manifestación feminista el 10 de noviembre: “No logro entender qué habrá pasado para que los policías hayan salido disparando, no lo pudo concebir; pero seguramente algo pasó”. Con respecto a la petición de investigar y remover de sus cargos a quienes hayan cometido abuso policiaco contra las mujeres del tianguis autogestivo, el Presidente Municipal –quien citó a Mirna López- opinó, “no abramos puertas que afectan a la administración municipal por impulsos políticos”, e insistió, “no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, bajo ninguna circunstancia, no de hoy, sino desde toda mi vida, y sobre todo en mi ejercicio profesional; y mucho menos a las mujeres. En ese sentido, ratifico ese compromiso. Pero también apeguémonos a la ley y no mandemos un mensaje equivocado de que aquí en Oaxaca la gente puede hacer lo que se le plazca, eso yo creo que también no genera la inversión que tanto necesitamos en nuestra ciudad capital”.

Cabe recordar que el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín -y su esposa Martha Patricia Benfield López- serán sometidos a juicio por actos de violencia política en razón de género ejercidos en contra de Jaquelina Escamilla Villanueva en mayo de 2020. Con ello, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez corre el riesgo de aparecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres, y de perder “el modo honesto de vivir”, el cuál es un requisito legal para competir por un cargo de elección popular en el futuro.

El tianguis resiste

En su pronunciamiento, el Tianguis Autogestivo y Disidente anunció su intención de retomar el mismo espacio público a un costado de Flores Magón el próximo sábado 14 de noviembre a las 10 h, para realizar un evento político y cultural contra la represión policiaca, en el que se compartirán testimonios, circulará un boteo para apoyar los gastos económicos de las personas golpeadas, y se retomará el trueque. Convocan “a compañeras feministas, personas sexodisidentes, quienes se autogestionan y hayan sido reprimidxs por el Estado, a que hagamos presencia”.

“Estamos acuerpando cualquier acción que las compañeras agredidas quieran organizar”, comentan a Avispa Midia al final de entrevista, “una de ellas va a ir a presentar una queja a la Defensoría de los Derechos Humanos, y también se va a presentar una queja en el Órgano de Control Interno para solicitar que se despidan a estas personas. Sin embargo, no confiamos ni en el sistema jurídico injusto ni en la justicia que se pueda acceder a través de él. (…) La consigna sigue siendo que ninguna agresión va a quedar sin respuesta, y que si tocan a una, responderemos todas”.

texto por Aî Daki y Susana / video de Susana

El 3 de noviembre del 2020 se realizó la toma simbólica de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Como narra el comunicado difundido a la par de la acción “mujeres y disidencias nos encontramos haciendo esta toma simbólica de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, como una forma de apoyo a las madres de víctimas de violencia sexual y feminicidios, a colectivos feministas de diferentes corrientes ético-políticas y mujeres Otomí, quienes el 4 de septiembre tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México”.

EN CONTEXTO ⇒ Oaxaca: a un año de la despenalización del aborto aun no hay acceso real

Al calor de un aquelarre y desde la consigna “Las calles y las noches son nuestras”, mujeres y disidencias marcharon por las calles marcando en el asfalto las huellas de las mujeres asesinadas y desaparecidas. También se hizo presente el fuego de las que ya no están y se escucharon las voces de tierna rabia de Mare Advertencia Lírica, Doma Press y Yadhii Boz.

Se escuchó el grito colectivo que denuncia cotidianamente la violencia patriarcal y heterosexista que ha causado más de 463 feminicidios en lo que va del año en Oaxaca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR ⇒ Feministas en Latinoamérica se movilizan por el aborto legal en medio de la pandemia

El grito de “Juntas somos fuego”… retumbó en apoyo a las compañeras de la Casa Refugio “Ni una menos”, a las compañeras Otomíes que mantienen tomadas las instalaciones del INPI y a todas aquellas que desde las periferias resisten diariamente.

Consulta el comunicado completo aquí

Comunidades Zoques, Zapotecas e Ikoots hacen un recorrido de vigilancia en territorio concesionado por el gobierno federal a la minera Minaurum Gold.

Pobladores, comuneros y autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y sus alrededores se reunieron el pasado 30 de octubre en un lote concesionado por el gobierno federal a una de las filiales en México de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., denominado “La Jackita”.

EN CONTEXTO ⇒ ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

La movilización tuvo la finalidad de “verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”, así lo expresaron en un comunicado firmado, entre otros, por las autoridades de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de San Miguel Chimalapas, así como miembros de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.

Con el título de concesión número 225472, el lote denominado “Jackita” abarca 1,499.88 hectáreas de superficie entre los municipios de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec. Dicho polígono es parte de un proyecto más grande llamado “Santa Martha”, de 6,410 hectáreas de superficie en el que la empresa de origen canadiense Minaurum Gold Inc., tiene la intensión de extraer oro y cobre.

Para ello, el 23 de julio de 2020 ha presentado a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una Manifestación de Impacto Ambiental (20OA2020MD038) para la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica, publicada el 13 de agosto del presente año.

Ante ello, las comunidades Zoques de San Miguel Chimalapa denuncian que “la empresa minera ha realizado incursiones en nuestro territorio de manera ilegal puesto que la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación”. Y exigen que la SEMARNAT no otorgue el permiso de exploración pues la empresa no cuenta con la autorización de las comunidades, quienes revindican su derecho al territorio y a la Autonomía.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR ⇒ Pueblo Zoque hace frente a exploración y explotación minera en los Chimalapas

Asimismo, denuncian el ocultamiento de información por parte de SEMARNAT, pues la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca les ha negado acceder a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Minaurum Gold S.A. de C.V., y exhiben las falsedades expuestas por parte del Director General de Minas de la Secretaría de Economía, Eduardo Enrique Flores Magón y López, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quienes el 28 de septiembre de 2020, en conferencia oficial de prensa aseguraron que en los Chimalapas no existen concesiones mineras ni Manifestaciones de Impacto Ambiental.

“Lo real es que dicho documento si existe (…) y se encuentra en la SEMARNAT, que de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”, destacaron en el comunicado.

Por último, en el comunicado reconocen que la actividad minera es una amenaza para los ríos, la tierra y el aire de las comunidades. En específico “el proyecto minero “Santa Martha” que atenta a la cuenca del Ostuta, Espíritu Santo, y las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”. Asimismo, retoman como ejemplo las afectaciones provocadas por otros proyectos mineros en el estado, particularmente en San José del Progreso y en San José de Gracia.

OAXACA, Oax.- Indígenas zoques de San Miguel Chimalapas recuperaron sus tierras comunales para impedir que Minaurum Gold Inc continúe con el megaproyecto “Santa Marta”.

La minera canadiense atenta contra la cuenca de los ríos Ostuta y Espíritu Santo, y de las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Cuestionaron al gobierno federal por “los engaños, opacidad y “traición”.

El pasado viernes 30 de octubre de 2020, hombres y mujeres zoques se vieron obligados a dejar sus actividades normales.

“Nos movilizamos (y) nos posicionamos en nuestras tierras para verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”.

Denunciaron que la empresa minera ha incursionado en su territorio ilegalmente, porque la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación.

De igual forma, denunciaron la complicidad gubernamental de la Cuarta Transformación.

El director de Minas, Eduardo Enrique Flores Magón y López, afirmó que “no existen concesiones mineras ahí” en la región de los Chimalapas.

La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró “y mucho menos tienen una Manifestación de Impacto Ambiental.

“Para tener una Manifestación de Impacto Ambiental tienes que tener una concesión”, lo real es que existen.

Para reforzar su argumento, sostuvieron que “dicho documento sí existe y es la Manifestación de Impacto Ambiental con número 20OA2020MD038.

“Se encuentra en la SEMARNAT, de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”.

Por consiguiente, “desde nuestro territorio, señalamos el ocultamiento de la información por parte de la SEMARNAT, pues nos apersonamos en la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca para solicitar la MIA, y nos fue negada.

“Posteriormente hemos permanecido en la incertidumbre de conocer ¿Cuál es la resolución de SEMARNAT respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold?”.

Exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dé a conocer la resolución respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold Inc.

Y que dicho resolutivo se haga público, con negativa a los permisos de exploración para la empresa venida de Canadá.

Aclararon que “durante años hemos mantenido la defensa de nuestras tierras comunales que actualmente vemos amenazadas por este megaproyecto minero.

“Es por eso que este 30 de octubre de 2020 nos vemos obligados a posicionamos de nuestras tierras”.

“Nosotras mujeres y hombres angpøn (zoques) milenarios habitantes de San Miguel Chimalapas declaramos ante los pueblos de la región y el mundo que nuestro territorio ha sido y continuará prohibido a la minería”.

Insistieron que “en el ejercicio pleno de nuestro derecho al territorio y a la autonomía hacemos presencia en la congregación de La Cristalina.

“En el área denominada en los registros del Gobierno Federal como polígono de concesión minera “La Jackita” mismo que abarca 1,499 hectáreas.

“Cuyo número de título de concesión minera es el 225472 otorgada por la Secretaria de Economía a la empresa Minaurum Gold Inc.”

Ante la amenaza de que ríos, tierra y aire se contaminen por la exploración y explotación minera llamaron a las comunidades, pueblos y municipios zapotecas e ikoots.

Les pidieron estar atentos ante cualquier posible incursión de la empresa.

Sabemos que la activación de los proyectos mineros va de la mano con la imposición del mega proyecto del Corredor Interoceánico.

Como pueblos zoques, zapotecos e ikoots nos posicionamos a nivel regional en rechazo total al proyecto minero “Santa Marta”.

“Sabemos que no somos los únicos pueblos afectados por la ambición de las empresas en Oaxaca.

“Todas y cada una de las regiones padecen la incertidumbre y presión provocada por el avance de las mineras y los efectos de minas instaladas.

“Tanto en San José del Progreso del Valle de Ocotlán como en San José de Gracia”, añadieron.

Y agregaron que “sabemos también que mientras existan las concesiones mineras aprobadas y solicitudes en trámite no podremos tener paz y tranquilidad.

“Por eso nos declaramos territorio prohibido para la minería.

“¡Rechazo total a la entrada exploración y explotación de las empresas mineras!”.

Finalmente, exigieron “al gobierno federal, directamente la secretaría de Economía, la cancelación de todo tipo de concesión, solicitud o asignación minera en sus tierras.

“Lo hemos manifestado una y otra vez, no hemos permitido ni permitiremos la entrada de proyecto minero alguno en nuestras tierras”.

https://pagina3.mx/2020/11/ante-traiciones-del-gobierno-zoques-impiden-avance-de-empresa-canadiense-en-los-chimalapas/

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este, sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inició el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

Cuentan los vecinos que eran las primeras horas de la mañana cuando, de una camioneta cerrada, descendieron autoridades del municipio de Santa Lucia y, sin palabra alguna, “comenzaron a disparar contra los manifestantes y entonces todos corrimos y buscamos refugio”, dice una vecina que se presenta como Soledad Martínez.

La señora Martínez, comenta que unos minutos después todos los manifestantes se reorganizaron, pero también las autoridades junto con policías municipales. “Ahí volvimos a avanzar con cohetones y piedras, entonces corrieron. Ya cuando llegamos cerca de la camioneta algunos compañeros le prendieron fuego y empezó una tronadera. Eran las balas que había dentro de la camioneta”, agrega Martínez.

A 14 años de estos acontecimientos, ahora se sabe que quien dio la orden de utilizar estas armas fue el sobrino del presidente municipal de Santa Lucia en ese momento, Manuel Martínez Feria.

Ese día Brad llegó a este lugar y en las primeras imágenes que registra se aprecia que la camioneta de estas personas ya estaba casi calcinada, a lo lejos se pueden observar a personas disparando contra los manifestantes. “Brad se iba cubriendo con las llantas de los camiones mientras estaba grabando”, comparte Javier Santis.

La trifulca duró horas, hasta que las personas armadas se fueron replegando hacia la presidencia municipal. “De pronto se escucha que el compa dice me dieron, me dieron”, comparte Javier.

Varios manifestantes lo cargaron y comenzaron la búsqueda de un doctor y de un carro. En el camino uno de sus colegas guardó la cámara que se le iba cayendo de las manos, una vecina recogió uno de sus zapatos que, varios meses después, le fue entregado a la madre de Brad.

Minutos después lo subieron a un vehículo Volkswagen que llevaba varios días sin circular y con poca gasolina. Desesperadamente iban intentando esquivar las barricadas, las piedras, los palos. Mientras intentaban hablarle a Brad para que no se durmiera. De pronto el carro se apaga, la gasolina se había acabado.

Las personas que decidieron ayudar al periodista se desesperaron y pidieron ayuda al chofer de una camioneta que pasaba por donde se quedaron varados, que, tras varios minutos de explicación, “decidió llevarlo, pero ya no pudo llegar”, cuanta Jazmín López.

Justicia

Momentos después de este asesinato, en la terminal de autobuses ADO fueron interceptados algunos de los participantes armados del municipio, pero fueron liberados tiempo después.

Ese 27 de octubre, el gobierno que aún presidia Ruiz Ortiz desplegó a través de la policía y de diversos grupos de civiles armados conocidos como el “escuadrón de la muerte”, operativos para intentar retomar el control de la ciudad.

Con la muerte de Brad, se justificó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa internacional, la participación de la policía militar, que ese momento era la Policía Federal Preventiva (PFP), que arremetió indiscriminadamente contra los manifestantes para retomar el control de la ciudad.

Según la denominada Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) reveló que el saldo de este conflicto fue de 26 asesinatos, entre ellos, el periodista Brad Will.

Las instancias de gobierno encargadas de impartir justicia a nivel estatal y federal inculparon y llevaron presos a personas inocentes y con líneas de investigación sin fundamentos. Mientras que, los policías que aparecen disparando directo hacía dónde se encontraba Brad, así como de otros manifestantes que también fueron asesinados durante estas protestas, no fueron inculpados de ninguna responsabilidad.

Pero esto no es novedad. La sociedad oaxaqueña sabe bien que estas instancias no funcionan porque son juez y parte. El asesinato de Brad aún no se ha saldado, por el contrario, se ha sumado a un sin fin de activistas y periodistas asesinados en México que han quedado en la impunidad.

Brad, una luz

Después de que fue asesinado el periodista independiente, su fotografía figuraba, junto a la de los otros caídos en esta “insurrección popular” en un altar con ofrendas, con el fin de festejar y recordar a los seres queridos durante el día de los muertos. Esa ofrenda simbólica estuvo en una de las úlimas barricadas que quedaban, la de 5 señores, la cual protegía Radio Universidad. La PFP ya casi había recuperado la mayor parte de la ciudad, pero, en torno a esa ofrenda, cientos de personas se reunieron de todas partes y salieron a defenderla, reduciendo con ello el potencial de la policía.

Desde entonces, en varios altares, de muchas familias oaxaqueñas, sigue figurando la imagen de Brad Will. Pero, también, su referencia camina con varios jóvenes que ejercen el periodismo independiente. Detrás de varias cámaras, grabadoras y bolígrafos está la figura de Brad Will. Por ello, en memoria, desde Avispa Midia, a la 2ª generación de la escuela de comunicadores y comunicadoras independientes para jóvenxs indígenas y de barrio a realizarse en 2021, se la ha bautizado con el nombre de “2ª generación Brad Will”.

●EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre,previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores dederechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú

●La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla suobligación de respetar los derechos humanos. La comunidad tuvo que acudira instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobiernomexicano.

Ciudad de México/Berlín, 13 de octubre de 2020.Miembros de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentaron el día de hoy en París una demanda civil en contra del gigante energético Electricité de France (EDF) por violación a sus derechos humanos.Se trata de la primera acción legal de su tipo iniciada por una comunidad indígena de las Américas​, y es acompañada por la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. ProDESC, y el European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR.EDF sería responsable por​ contribuir a violaciones serias a los derechos de lacomunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos deinformación y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa. UniónHidalgo buscó justicia en México.A partir de un amparo presentado por personas defensoras, en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió.Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos. Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos. La demanda presentada solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos, establecida desde 2017 en la Ley francesa del deber de vigilancia, y con ello evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de la comunidad.