Por Lourdes Álvarez Nájera
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a militares en situación de retiro y expolicías, por asesinato, desaparición forzosa, intento de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad, que habrían sido cometidos entre 1983 y 1985.
Los señalados son: Edgar Corado Samayoa, ex especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista; a Rone René Lara, Sargento mayor especialista; a José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional, al coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, subdirector del centro de adiestramiento Kaibil; a Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN y a Edgar Virgilio de León Sigüenza, Cabo especialista.
Todos están vinculados con el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte, en el que se documentan las fichas de al menos 183 personas que fueron perseguidas, vigiladas, señaladas, torturadas y detenidas desaparecidas, según organizaciones de derechos humanos y querellantes que señalan a los acusados.
La audiencia para conocer el tipo de medidas de coerción o para saber si quedarán en prisión preventiva, se aplazó para mañana jueves a las 8:30 de la mañana.
Séptimo día de audiencias
El séptimo día de audiencia de primera declaración inició con la intervención del abogado Francisco Javier Gallardo, defensor de Edgar Corado Samayoa, acusado de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, debido a que durante el día 6 de la audiencia la mayoría de los abogados logró argumentar y solo quedaba pendiente la defensa de Corado.
El defensor señaló, al igual que sus antecesores, lo que consideró una serie de inconsistencias y cuestionó la autenticidad del diario militar, así como un peritaje denominado archivístico. Dijo que el Diario Militar fue entregado a Kate Doyle, luego de pagar 2 mil dólares a un militar. “Impunidad no se combate con impunidad” señaló y destacó que el archivo se sustrajo de manera ilegal.
“Las pruebas de un delito fueron obtenidas de manera ilícita”.
Otro de los argumentos se refería a que “Esto fue un conflicto armado interno, no fue guerra. Pido falta de mérito por el delito imputado” y solicitó, en atención al principio de “beneficio al reo”, que solo se vinculara a Corado por desaparición.
Juez Gálvez: todas las declaraciones tienen para mí un sentido
Durante su argumentación el juez Miguel Ángel Gálvez se refirió a tres testimonios, entre ellos los de una joven mujer Amatitlán, que logró identificar a personas que perseguían y vigilaban a un comité de vecinos. Ella dio testimonio de que luego esos vecinos comenzaron a aparecer muertos. Ella después fue secuestrada por personas vestidos de policías. ”El Estado estaba militarizado”, indicó Gálvez.
El relato de esa joven narra a detalle el secuestro, torturas con choques eléctricos y constantes violaciones sexuales a las que fue sometida.
“Le presentaron dos opciones, colaborar con el ejército o moriría. Ella por supuesto firmó ese acuerdo pero tenía que informar de todo, a dónde iba, cuándo y con quién. Siempre la iban a vigilar”, dijo.
“Miren las características de esta declaración”, dijo el juez.
Quince días después de estar libre llegaron a pedirle informe a la puerta de su casa. Esto sucedió así durante dos años más.
El juez también habló del testimonio de Aura Elena Farfán y el secuestro de su hermano Rubén Amílcar Farfán y como surgió la idea de crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre el que también existió vigilancia.
En ese mismo testimonio se hizo referencia a Rosario Godoy de Cuevas, la violación y asesinato, y el de su pequeño hijo de 1 año, al que también torturaron arrancándole las uñas. ¿A qué nivel se llegó porque no existía control?, reflexionó el juez.
Gálvez también se refirió al testimonio de Wendy Santizo, quien declaró el 11 de junio 1999 que cuando ella tenía 9 años llegó a su casa junto a su pequeño hermano y vio a personas de civil atrancando la puerta. Querían que los niños les dijeran dónde estaban sus papás, la amenazaron con dispararle a su hermano si no decía.
Uno de esos sujetos la tiró a la cama, la tocó y abusó de ella.
“¿De qué conflicto armado estamos hablando?, ella era una niña de 9 años”, comentó el juez, al afirmar que la relación y el patrón se pueden corroborar.
Sobre los argumentos de la defensa de los exmilitares y expolicías, en relación con la autenticidad del Diario Militar, dijo que no se entregaron archivos militares ni del centro médico militar a organizaciones que los solicitaron ni a la comisión de esclarecimiento histórico.
Información desclasificada dice que se podían tomar medidas a discreción en contra de las personas que eran consideradas guerrilleras, señaló Gálvez.
Sobre el delito de desaparición forzada, comentó que es continuo y se sigue cometiendo en la medida en que no se sepa el paradero de las víctimas.
“Ese delito priva de la vida, de la víctima sin dejar rastro alguno, es un delito que deja a una madre, a una esposa, esposo, esperando que una noche ingrese aquel hijo que ya nunca apareció”.
“La mamá estará pendiente todas las noches de ese hijo. Había padres y madres que no se querían ir de la casa pensando que llegaría su hijo. Desparecer a una persona es como si el aire se la llevara y nadie sabe más de ella, por eso este delito rompe los esquemas”, dijo Gálvez.
Al contexto social y político sobre los años 70, 80 y 90, hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz, el juez añadió que se pedía documentos de identificación de vecinos catalogados como subversivos o guerrilleros, al padrón electoral y otras instituciones, se usaban fotografías de cuando llegaban a sacar las cédulas.
Se usaban sobrenombres para ocultar la identidad de los captores, porque se llevaban a la gente en paneles blancas sin presentarla ante tribunales.
“Cómo dicen que hay gente que no se va a recordar de lo qué pasó hace más de 30 años, si hubo personas que los torturaron o violaron. Una mujer nunca olvidará si la violaron”
En ese tiempo también se presentaban procesos y denuncias por los delitos pero no pasaba nada, eso habla de procesos conexados que se pueden cotejar en el diario militar.
No puedo decir que el diario es ilegal o que no es real. Esta fase no es para conocer eso. Se le debe dar un plazo al MP para que investigue, destacó el juez Gálvez.
Hasta por los peritos estaban protestando, no me puedo meter ahora con ese tema ahora. Y existen testigos con reserva de datos porque la ley los permite”, argumentó.
Dijo que en este momento no está valorando ningún tipo de prueba y explicó sobre la resolución que no estaba prejuzgando si alguien es culpable o inocente.
“Lo importante del proceso es que reconstruyen los hechos. El diario militar es un elemento no es por lo cual se dicta esta sentencia”
En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de las víctimas del Diario Militar que pedían una resolución que ligara a proceso a los acusados durante el desarrollo de la audiencia exigían: “Confiesen, digan en dónde están los detenidos desaparecidos”. “Los criminales buscan amnistía, Nosotros exigimos Justicia”, señalaba una manta.
En las gradas fueron colocadas las imágenes con los rostros de las 183 personas incluidas en dicho dossier.
