^{Una versión de este texto fue publicado en Corriente Alterna}

^{En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortesía de la familia Uruchurtu.}

“¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.

–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.

Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.

–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.

Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.

Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.

En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.

“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.

“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.

Claudia Uruchurtu

El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.

La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.

Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.

Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.

Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.

Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”

Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.

Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.

“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.

“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.

La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de  la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.

Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.

“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.

Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.

El tamaño de la impunidad

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).

El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.

Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.

Aprender a rastrear

Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.

En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.

“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.

Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.

La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.

Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.

Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.

Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.

Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.

Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.

Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.

–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.

–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.

Lo que no hace el Estado

A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.

Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.

Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.

Abrir paso a la esperanza

Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.

“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.

^{En portada: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.}

A unos días de concluir el evento denominado ‘Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021’ organizado por el gobierno de México y Canadá entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2021, diversos pueblos, colectivos y comunidades indígenas de Oaxaca se deslindaron y denunciaron una “simulación de hermandad” con la que se pretende “desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto”.

En un posicionamiento firmado el 29 de septiembre por autoridades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, Ocotlán y de Capulálpam de Méndez, así como por las comunidades El Rebollero, Río Minas y Los Arquitos, San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, se advierte que “el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros”.

Comuneros, comuneras y pobladores hacen un recuento del dolor y la violencia colonial que han sufrido los pueblos y comunidades indígenas de ambos países, desde el reciente descubrimiento en Canadá de fosas con cientos de cuerpos de infantes en antiguos internados para niñas y niños indígenas, hasta las concesiones mineras en México que han sido otorgadas a empresas canadienses en tierras comunales sin el consentimiento de los pueblos, las cuales han causado conflictos socioambientales que han provocado el asesinato de defensores y la contaminación impune de ríos y suelos.

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“Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral Sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para explotación mineras son otorgadas a empresas de dicho país” recalcan.

El comunicado también es firmado por el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, el Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra “Las Meñas”, el Colectivo Matza, San Miguel Chimalapas y la Articulación Por la Vida, Contra la Minería en el Valle de Ocotlán.

En el documento, los colectivos y las comunidades que han vivido en carne propia el embate de megaproyectos de capital extranjero con la anuencia de las autoridades locales, advierten que no le van a permitir ni material ni simbólicamente el avance “a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena (…) a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”.

Los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” surgieron “gracias a la invitación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a sumarse a las diferentes conmemoraciones que México celebra este 2021”. Así lo establecen en su página web. “En ese contexto, se decidió hermanar al pueblo de Canadá con el pueblo oaxaqueño”.

Mientras tanto, las comunidades señalan que se encuentran en alerta máxima ante este acto de simulación de hermandad. “Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio”, finaliza el documento de denuncia.

^{En portada: Campesino es cercado por aerogeneradores en el itsmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.}

Comuneros de Juchitán de Zaragoza, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron la suspensión del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), una de las más importantes a nivel mundial en el sector energético.

Los comuneros argumentan que se pretende construir el parque en tierras comunales sin la autorización del pueblo indígena que vive en Juchitán y sus cinco anexos: Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.

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Un juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros en septiembre de 2020. El abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, quien lleva el caso, explica que el amparo fue interpuesto en el sexto juzgado de distrito, en Salinas Cruz, uno de los dos juzgados de la región que tienen competencia para este tipo de asunto. “Cuando algún grupo de personas, algún colectivo, alguna población, solicita algún amparo en contra de estas empresas, de manera sistemática, [en estos juzgados se] niega la suspensión de los actos”, explica.

Eso fue lo que pasó con los comuneros de Juchitán. El juzgado sexto de distrito negó a los comuneros que se suspendiera las actividades de la empresa hasta que, por lo menos, se resolviera el juicio de amparo interpuesto. Entonces los comuneros acudieron al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, donde interpusieron una queja y les fue concedida la suspensión.

“(…) Que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”, declaró el colegiado por unanimidad.

El juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros que viven en el anexo Santa María Xadani. “Se quiere construir el parque en terrenos de otros anexos, Unión Hidalgo y La Ventosa. Por ser todo Juchitán terreno comunal y de uso común entonces les reconoce este interés legítimo”, explica el abogado.

Más allá de Juchitán

En 1964, Juchitán obtuvo una resolución presidencial en la cual se reconocía sus tierras como propiedad comunal. En esta resolución se reconoce Juchitán como la cabecera, junto con sus anexos.

“Con el tiempo, el gobierno buscó sacar de la propiedad comunal algunas franjas de tierras, otorgando títulos individuales. Eso provocó que la comunidad se organizara y que iniciara una lucha muy importante. Eso lleva a la intervención del gobierno y del ejército en contra de la comunidad, entre 1975 y 1977. La represión fuerte llevó al desmoronamiento de parte de esta organización”, explica el abogado. Como resultado hasta el día de hoy Juchitán no cuenta con representantes agrarios.

Sin embargo, en la decisión judicial, se reconoce el “interés legítimo de los comuneros para acudir en defensa de los derechos colectivos y del total de la superficie de los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán”, sostienen los indígenas en un comunicado.

Este reconocimiento es histórico para Juchitán, argumenta González. “Juchitán ha estado indefenso para defender sus bienes agrarios, justamente porque no posee representante de bienes comunales. Cuando ha interpuesto amparos generalmente se hace por cuestiones ambientales, de afectación de la salud. Pero en este caso estamos planteando una afectación sustantiva a la tierra, al territorio. Por primera vez en muchos años se logra un triunfo”, afirma González.

El hecho de que en la decisión judicial se otorgó a un grupo de comuneros legitimidad para actuar y para defender los intereses colectivos de la comunidad, sin una representación comunal, abre una importante línea en la defensa del territorio en todo México, según González. “Esta decisión puede sustentar las luchas de multitud de comunidades que están en esta situación en todo el país, incluso casos en los cuales las comunidades tienen comisariados de bienes comunales pero que están a favor de los proyectos”, explica.

La resolución transciende para múltiples casos de comunidades o de grupos de comuneros y ejidatarios que “defienden las tierras de sus pueblos con todo encima de ellos, con el gobierno federal, gobierno del Estado, gobierno municipal, las organizaciones corporativas, los medios de comunicación en contra”, agrega González.

Sobre el proyecto

De acuerdo a datos oficiales, proyecto Gunaa Sicarú fue otorgado en la 2ª subasta eléctrica realizada en el 2016 por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a Energía Eólica Oaxaca, asociada de Energies Nouvelles Group como proyecto verde y consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de una central eólica con capacidad de 252 MW.

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En el Istmo de Tehuantepec hasta el momentos se han instalado 29 parques eólicos. En Juchitán de Zaragoza son 15, todos construidos en tierras comunales.

Indígenas zapotecas pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados denuncian que el gobierno del estado de Oaxaca está preparando la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional.

Alertan que éste ha sido un acuerdo que se ha firmado con instancias de gobierno, las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero, vecinos de esta comunidad. “El objetivo es tomar el control de estás tierras para explotar tres concesiones mineras, apoderarse del agua y el bosque”, aseveran.

Este 20 de junio, los comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mapas donde han ubicado las concesiones mineras.

“Desmentimos el posicionamiento de las autoridades de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades de San Pablo Cuatro Venados, que más de una vez nos han tachado de paracaidistas. Nuestros documentos demuestran lo contrario”, denunciaron mediante rueda de prensa en la cual algunos mostraron su credencial de elector y también las actas de posesión de sus tierras.

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De acuerdo con estas comunidades, éste ha sido el motivo por el cual han sido atacados en diversas ocasiones, como sucedió el 19 de mayo del 2019, cuando las autoridades de Cuilápam: Pedro Pérez Rojas, Erick Carrasco Vázquez, Maura Silva Fernández y el ex diputado Flavio Sosa Villavicencio, advirtieron que, si el gobierno estatal no aplicaba la ley contra los supuestos invasores, se suscitaría un baño de sangre. “Esto fue una amenaza, porque fuimos atacados brutalmente el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Destruyeron nuestras viviendas, quemaron nuestras cosechas y se robaron lo que pudieron”, sostuvieron los campesinos.

Además, agregaron los campesinos, que, tras estos ataques, “se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía y se abrieron seis carpetas de investigación” contra los agresores, en este caso, hacia las autoridades del municipio vecino. Pese a ello, hasta el momento no han sabido qué ocurrió con esta investigación.

Por el contrario, Magdiel Hernández Caballero, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que se “emitieron medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero” con la denuncia de ataques de los supuestos invasores.

Tras estos supuestos ataques “que ha sufrido la comunidad de Cuilápam”, los comuneros en resistencia afirman que desde el día 5 de julio denunciaron el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero de color rojo y un día después fueron atacados.

“Alrededor de 15 camionetas se internaron en el bosque y gente que los acompañaba nos comenzó́ a disparar. Hecho que también denunciamos mediante un comunicado”.

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Los comuneros de estas localidades advierten que se ve venir un nuevo ataque con las declaraciones del gobierno de Oaxaca, pues no se ponen de acuerdo “si hay un problema de límites de tierra o si somos invasores”.

Las declaraciones oficiales del representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, es que dará seguimiento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, “a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam”.

Los indígenas pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados agregan que se están violentando una serie de derechos con las concesiones mineras y con estas acciones, “como los derechos: a la información, a la participación, a la seguridad, al libre albedrío, a la justicia, a la autodeterminación, a nuestro territorio y como indígenas que somos, están violentando acuerdos y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.

Al final de la conferencia de prensa señalaron al gobierno del estado de Oaxaca, al gobierno federal y a las autoridades de los municipios de Cuilápam y Cuatro Venados como responsables de lo que les pueda suceder como comunidad.